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El magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Cáceres ha denunciado ante la Fiscalía la presunta comisión de estafas por parte de una empresa con la oferta y cobro de supuestos cursos de riesgos laborales.

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece en su artículo 40 que cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si hubiera lugar al ejercicio de acción penal, y esto es lo que ha hecho González Casso.

Fue el pasado miércoles cuando en el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad se celebró el juicio derivado de la demanda que Educanet, o también Prescal, domiciliada en la localidad sevillana de Rinconada, había interpuesto contra una cacereña por el impago de 210 euros correspondientes a un supuesto curso de formación en emergencias, primeros auxilios y lucha contra incendios.

A la vista no se presentó el demandante, pero pese a esta incomparecencia, indica el juez en su sentencia, la demandada alegó interés en que se celebrara el juicio «manifestando en esencia que estábamos en presencia de una estafa». Los hechos que alegó al respecto es que ella «nunca llegó a contratar un curso de formación con la empresa Educanet»; y que lo que ocurrió, según añadió, es que recibió en su establecimiento comercial la llamada de una persona, «que por el motivo que fuera conocía sus datos personales, que haciéndose pasar por empleado de una empresa semipública le explicó que era preceptivo que hiciera un curso de prevención en primeros auxilios y lucha contra incendios, y que incluso podría ser multada si no lo hacía». Y cuando ella les indicó que no le interesaba el curso, «se le informó que era obligatorio y tenía que pagarlo».

Ella no lo hizo y la empresa, a pesar de su presunta ilegalidad, acudió a los tribunales de justicia para reclamar 210 euros del supuesto curso. Pero el juez falla a favor de la demandada, a la que absuelve, mientras que, como se ha indicado, contra la empresa actúa instando del Ministerio Fiscal una investigación.

En su sentencia, el magistrado González Casso también pone de manifiesto que contra este tipo de empresas hay un comunicado de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración «denunciando a estas empresas que se amparan en una normativa inexistente para exigir la obligatoriedad de cursos de prevención de riesgos laborales».

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