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Editorial del New York Time ssobre el juicio a Garzón (traducción libre de El rey de la baraja):

Crímenes terribles fueron cometidos sistemáticamente durante y después de la guerra civil de 1936-39 de España que ningún tribunal ha examinado o juzgado. Nadie sabe cuántas personas resultaron desaparecidas, torturadas y asesinadas. Ahora, uno de los más importantes jueces de instrucción en España, Baltasar Garzón, está siendo juzgado por haberse atrevido a abrir una investigación sobre esas atrocidades.

España es ahora una democracia vibrante, pero el juicio del juez Garzón, que se inició la semana pasada, es un inquietante eco del pensamiento totalitario de la era de Franco. Se enfrenta a cargos penales que le podrían suspender como juez durante 20 años por desafiar a una amnistía promulgada en 1977 para facilitar la transición a la democracia. Con razón, Garzón argumenta que, en virtud del derecho internacional, no puede haber amnistía para los crímenes de lesa humanidad y que las desapariciones no resueltas – miles de fosas comunes han sido abiertas – constituyen un delito continuado.

En 2008, el juez Garzón brevemente inició una investigación oficial, ordenando la apertura de 19 fosas comunes y simbólicamente acusando al general Francisco Franco y varios ex funcionarios, ninguno aún con vida, por la desaparición de más de 100.000 personas. Un tribunal de apelaciones canceló la investigación. Al año siguiente, dos grupos de extrema derecha se querellaron contra el juez por desafiar la ley de amnistía. La fiscalía argumentó que Garzón no había cometido ningún delito, pero el Tribunal Supremo aceptó el caso.

Por otra parte, el juez Garzón se enfrenta a cargos penales por fallos en otros dos casos políticamente cargados. No podemos juzgar los méritos en estos casos. Pero el enjuiciamiento penal de magistrados por sus resoluciones es poco frecuente en España, y podría verse afectada la independencia judicial.

El juez Garzón se hizo famoso por sus casos contra terroristas vascos, torturadores argentinos, el ex dictador de Chile, el general Augusto Pinochet, y políticos españoles. Sus poderosos enemigos ahora ven una oportunidad para poner fin a su carrera.

Al juez Garzón le gusta sin duda llamar la atención y se extralimita a veces, pero perseguirlo por investigar los crímenes del franquismo es un delito contra la justicia y la historia. El Tribunal Supremo español no debería haber aceptado este caso. Ahora debe absolverle.