Amina Filali, de 16 años, no aguantó más. A primera hora de la tarde del sábado tragó unas cucharadas de matarratas en la casa de sus suegros en el pueblo de Chourfa, en la costa atlántica de Marruecos, a mitad de camino entre Arcila y Larache. Cuando arreciaron los dolores y Amina empezó a gritar, su marido, Mustafa Sallak, de 25 años, la introdujo en un taxi y la llevó al hospital de Larache, a una veintena de kilómetros.
Llegaron tarde. Antes de agonizar, el mismo sábado, Amina confesó a los médicos lo que había ingerido. Su cuerpo permanece aún en el depósito de cadáveres a la espera de que los forenses le hagan una autopsia. La legislación marroquí obliga a hacérsela a los suicidas.
“La vida de Amina cambió hace ocho o nueve meses”, recuerda un miembro de las fuerzas de seguridad destinado en la zona y que pide que no se revele su nombre ni graduación. “Tenía 15 años cuando Mustafá la agredió sexualmente”, prosigue el agente. El padre de la pequeña, Lahcen Filali, le denunció ante la fiscalía por “perversión de menores”.
“Una familia se ofreció entonces a mediar entre Lahcen y el padre del agresor”, añade la misma fuente. Propuso recurrir al artículo 475 del Código Penal marroquí que permite al agresor o violador de una menor casarse con su víctima y evitar así el juicio y la probable pena de cárcel. Al hacerlo reconoce su culpabilidad.
Los padres de Amina y Mustafa dieron su acuerdo. Un juez de familia de Larache autorizó entonces el matrimonio de la menor como lo requiere la moudawana, el código de familia en vigor desde 2004.
En verano Amina se fue a vivir a Chourfa, a casa de sus suegros, porque su marido, trabajador agrícola, carecía de ingresos regulares para disponer de su propio domicilio. La adolescente no debía de ser feliz porque, según Al Massae, el diario de Casablanca que ha destapado hoy el suicidio, intentó volver a casa de su padre, pero este se negó a readmitirla.
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