La Delegación del Gobierno de Madrid ha prohibido la manifestación «Ningún privilegio a las iglesias. De mis impuestos, a las iglesias CERO», convocada por varias asociaciones laicas para el jueves 5 de abril en Lavapiés. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que recurrieron las organizaciones convocantes, ratificó la decisión de la Delegación de Gobierno, vetando la manifestación.
Las razones aducidas por ambos estamentos asustan al más pintado: el TSJM afirma, por ejemplo, que la fecha elegida es “una de las festividades claves en la religión católica“ y que “Se ha de hacer hincapié en que esa festividad tiene una relevancia fundamental dentro del mundo católico por la conmemoración del día y en que, consecuentemente, es merecedor de protección, pudiendo justificar la restricción del uso de la vía pública a otros grupos de personas cuando su uso no sea compatible“. Más claro no podría haber sido el tribunal: ante igualdad de derechos, se protegen los actos con relevancia dentro del mundo católico, dado que son merecedores de protección en detrimento de la libertad de expresión y de reunión.
Pero tengamos cuidado con la lectura: no se estaba pidiendo la prohibición de ningún acto religioso, sino la coincidencia en fecha de otra expresión popular: una manifestación en contra de la financiación pública de las iglesias, algo que apoyamos millones de españoles. Ni la religión ni las procesiones son incompatibles con el hecho de que las iglesias se financien por medios propios. No hay incompatibilidad alguna y, por lo tanto, no se ha elegido una opción frente a otra. Por el contrario, como dice muy claramente el TSJM, se ha impedido que algunos católicos se sientan molestos porque otras personas expresen su opinión y hagan uso de la vía pública. Todo un ejemplo de estado libre y aconfesional.
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