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CEDRO, que dice representar los derechos intelectuales de un grupo de 20 000 autores y editores, presentó sendas demandas judiciales contra las dos universidades por piratería, considerando que violaba la propiedad intelectual al copiar ilícitamente materiales en sus Campus Virtuales.

Pues bien, los señores de CEDRO consideran que las universidades están “pirateando” derechos de autor por colgar materiales protegidos en sus campus virtuales. No conozco exactamente que textos ofrecerán como recurso docente los filólogos árabes o los profesores de escultura en Bellas Artes, pero sí se lo que ofrecen los profesores de Biología y son fundamentalmente separatas de artículos científicos, presentaciones de power point con fotos escogidas de diferentes fuentes (libros, revistas, internet), archivos de datos para realizar distintos análisis, algunos documentales y cosas por el estilo.

La mayor parte de ellos incluyen el derecho a la consulta por parte de la comunidad universitaria, como es lógico. Mal funcionaría una biblioteca si no pudiera dejar leer sus libros más que al funcionario que realizó la compra. Un campus virtual no deja de ser el equivalente a una Facultad online, con su biblioteca incluida, pero con un acceso aún más restringido; cualquier ciudadano puede entrar a una biblioteca universitaria y consultar un libro en la sala, pero solo los alumnos matriculados de una asignatura pueden acceder con su contraseña a su espacio en el campus virtual.

Y es que la versión de la Conferencia de Rectores es muy diferente a la de CEDRO. La CRUE ha remarcado que las universidades no se han negado a negociar, tal y como afirma la empresa demandante. Por el contrario, celebraron negociaciones con CEDRO desde julio de 2010 con la mediación del Ministerio de Cultura. Sin embargo, según la versión universitaria, CEDRO se retiró unilateralmente de la negociación cuando se le pidió una relación de los autores a los que representa, algo lógico si se pretende cobrar por una producción intelectual: habrá que saber si se está pagando al autor o a otras personas diferentes que se embolsarían el trabajo ajeno.  CEDRO pretende que las universidades le paguen 5 euros por alumno matriculado en concepto de derechos de autor, haciendo tabla rasa y sin conocer ni el volumen ni la autoría de los recursos por los que supuestamente se pagaría ese importe,  que alcanzaría los 7.5 millones de euros anuales en todo el estado. Todo ello sin poder saber a qué autores o entidades se les va a entregar.

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