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El lavado de dinero en Colombia, cuyo monto supera el 3% del producto interno bruto, se ha ampliado más allá del narcotráfico, al sumarse la minería ilegal, la corrupción, el tráfico de armas y la financiación del terrorismo.

Así lo manifestó la presidenta de Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria), María Mercedes Cuéllar, en el XII Congreso Panamericano sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, que comenzó hoy en Cartagena de Indias.

«Hace unos años se hablaba fundamentalmente del narcotráfico, hoy día se ha ampliado enormemente el espectro de acción hasta incluir por ejemplo delitos ambientales, corrupción administrativa y delitos en contra del presupuesto del Estado», indicó Cuéllar.

Además, la delincuencia organizada está usando formas «más diversas y creativas» en sus prácticas de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

«Lo que ha venido pasando es que los delitos fuentes del lavado de activos y financiación del terrorismo se han ampliado», manifestó en una rueda de prensa posterior a la inauguración del foro.

Y uno de los fenómenos nuevos es que «muchos delitos han venido saliéndose del sistema financiero para meterse en otros sectores que hoy en día no tienen los grados de protección que sí tiene el sistema financiero colombiano», agregó.

La dirigente gremial afirmó que si bien «se habla de lavado de activos relacionado con la minería, el oro, el comercio exterior, otra cosa a destacar a nivel internacional son los escándalos que ha habido en el sistema financiero».

Hizo así referencia «a una serie de bancos (extranjeros) que venían recibiendo recursos que claramente se han tipificado como lavado de activos y vinculados al tráfico de armas y al terrorismo».

La presidenta de Asobancaria, entidad organizadora del congreso, informó de que el lavado de dinero en Colombia se estima en 20 billones de pesos (11.100 millones de dólares), lo que supondría más del 3% del producto interno bruto (PIB).

Como ejemplo, detalló que esa cantidad supone «el 20% del ingreso de la nación» en términos de la recaudación de impuestos que se prevé para 2012, cuando el Estado espera recibir por ese concepto un total de cien billones de pesos (unos 55.500 millones de dólares).

Y agregó: «si el gasto público en la policía y la rama judicial es de 14 billones de pesos (7.700 millones de dólares), o sea que ahí se da uno cuenta de que esa plata puede comprar a toda la policía y a todos los jueces, y todavía sigue sobrando».

«Tres por ciento suena como chiquito, pero si se mira el poder de compra pues empieza a dimensionarse la capacidad de hacer daño y de comprar y corromper al país, que es lo que hemos vivido todos estos años», manifestó la dirigente gremial.

En su discurso inaugural, Cuéllar expresó, no obstante, de que pese a las nuevas formas del delito el narcotráfico sigue siendo una «preocupación mundial».

Hizo referencia a un reciente informe de la ONU en el que se asegura que «el crimen organizado en el mundo moviliza 320000 millones de dólares al año, producto del negocio de drogas ilícitas».

Asimismo dijo que «los flujos económicos generados por la producción y el tráfico de cocaína se aproximan a los 13,6 billones de pesos anuales (7500 millones de dólares), de los cuales el 71 % corresponde a la comercialización de la droga y el 29 % restante se distribuye entre las diferentes etapas de cultivo y procesamiento».

Para concluir, Cuéllar explicó que el delincuente aumenta sus posibilidades de éxito cuando maneja grandes volúmenes en efectivo, en operaciones donde se dificulta identificar el origen ilícito de los recursos y en sectores que movilizan importantes sumas.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), en Colombia se incrementaron en un 3 % los cultivos de hoja de coca en 2011 hasta las 64000 hectáreas, aunque debido a la caída de la productividad el potencial de cocaína descendió un 1 % hasta las 345 toneladas.

Fuente: lainformacion.com