Entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche de cada domingo es el lapso en el que son más frecuentes episodios de violencia en los hogares de Colombia, de acuerdo con el informe anual de 2008 de Medina Legal.
Son los papás que más golpean a sus hijos los domingos, mientras que las mamás lo hacen cualquier día y a cualquier hora.
Que los domingos los padres den más golpizas a sus hijos se debe a “la mayor exposición por la permanencia en el hogar a razón del receso escolar y la acumulación de tensiones propias del inminente cese del descanso y el reinicio de la actividad laboral”, explica el informe.
Otra razón que explica el documento es que el rol prioritario de los papás es ser el proveedor económico de la familia “y no desarrollan otro tipo de relaciones vinculantes que les permita manejar los conflictos en los pocos momentos que comparten con mayor intensidad”.
Pero el domingo en la noche no sólo es trágico para los niños. También lo es para los adultos. Parece que se trata de un tiempo de intolerancia entre todos los miembros del hogar porque en ese momento también se reportan la mayoría de los casos de violencia entre parejas y contra los abuelos mayores de 60 años.
Estar en familia parece que ya no significa en Colombia estar a salvo.
Familias reunidas pero no unidas
Esa es la violencia que está aumentando, la de la familia. En comparación con 2007, creció el maltrato familiar y también los delitos sexuales, cuyas víctimas en su mayoría son niños y niñas, violados o acosados dentro de sus casas por algún pariente o persona cercana.
Los casos de violencia entre familiares crecieron de 77.745 en 2007 a 89.803 en 2008. Y esos fueron los más graves, que son los que suelen ser registrados por Medicina Legal. Violencia contra los viejos, maltrato infantil, entre las parejas, todas ocurren en casa.
En 2008, Medicina Legal analizó 13.523 casos de maltrato infantil en los que encontró que los papás son las personas que más lastiman físicamente a los niños y adolescentes. “Esta situación se repite todos los años, las personas que más cerca están de ellos son los principales victimarios”, reseña su reporte. Generalmente, los golpes los dan con la mano, cinturones, zapatos u objetos de madera.
Sobre los casos de violencia entre la pareja, Medicina Legal registró un incremento el último año. Mientras en 2007 fueron reportados 57.495 casos, en 2008 fueron 58.533 en los que 67 de cada 100 hechos violentos ocurrieron adentro de la vivienda de la familia.
Casi todos los casos reportados a Medicina Legal son heridas por golpes o uso de cuchillos, navajas y machetes, que “se convierten en un factor de riesgo adicional, dado que su uso sugiere un peligro mayor para el miembro de la pareja afectado”.
Llama la atención que las edades que registraron más casos fueron entre los 25 y 29 años, pues “se esperaría que por la edad temprana sean parejas de reciente constitución donde debería primar la afectividad sobre la conflictividad”
Al respecto, Medicina Legal recomienda “explorar si los factores que fundaron esas uniones están asociados a la rigidez de los valores predominantes en una sociedad dada, por ejemplo el matrimonio ante un embarazo accidental, la creencia común de que se debe consolidar una familia antes de los 30 años, la conveniencia, entre otros, donde se pondera en mayor grado la formalidad del compromiso frente a una decisión madura, libre y responsable por una vida compartida”.
Las tres principales razones para que las parejas se peleen a golpes son la intolerancia, con 24 de cada 100 casos; los celos, con 17, y el alcoholismo, con 11.
A ese violento panorama que viven algunas familias justo en los pocos momentos que hay para compartir juntos, se suma el maltrato contra los adultos mayores. “Durante el 2008, el Instituto valoró a 1.175 personas mayores de 60 años que fueron agredidas físicamente por parte de familiares. Para esta población los victimarios más frecuentes son los hijos, seguido por otros familiares”, reporta Medicina Legal.
La mayoría fueron agredidos mientras descansaban o hacían actividades en la casa y 36 de cada 100 fueron golpeados en la noche de un domingo cualquiera.
“Estos hallazgos plantean que si la agresión ni siquiera se detiene contra los propios padres, qué esperanza le quedaría a un grupo social que enfrenta una cascada de violencia a todos los niveles. Esto es indicador de la ruptura de importantes vínculos en una sociedad que se fragmenta y solamente ve la lesión como la salida ciega para la resolución de los conflictos”, comenta el informe de Medicina Legal.
Resulta paradójico que en los pocos momentos que estas familias tienen para compartir, los conflictos se resuelvan a golpes. Esto ocurre, según analizan los funcionarios de ese instituto, porque “la familia está reunida, pero no unida”. De tal suerte que la sugerencia que hacen en su informe es no intentar evitar los conflictos, sino crear campañas que ayuden a superarlos dialogando.
La vivienda también es el escenario donde más agresiones sexuales se cometen contra los menores de edad. De las 21.202 víctimas de violaciones y abusos sexuales registradas por Medicina Legal en 2008, 16.120 fueron niños y adolescentes. Según se registró en 74 de cada 100 casos, los posibles victimarios fueron familiares o conocidos de la familia que tocaron sus genitales o los obligaron a tener relaciones sexuales.
El informe dice que “este delito se puede prevenir -por el alto índice de agresores conocidos- con medidas como las comunidades de vigilancia, acompañadas de programas de educación no formal específicamente dirigidos a víctimas-agresores-familias”, dice el informe de Medicina Legal.
La creciente violencia contra las personas más vulnerables de las familias: los niños, los ancianos, las mujeres; el creciente uso de la violencia para manejar los conflictos, dice mucho de la calidad de la educación de los colombianos; también de la crisis de valores, que finalmente se metió en las casa de las personas y se expresa en la falta absoluta de aprecio por la vida y la libertad de los más queridos.
Otros datos
El número de homicidios disminuyó, al pasar de 16.318 en 2007 a 15.250 en 2008.
Las muertes en accidentes de tránsito tuvieron un leve incremento, al pasar de 5.642 en 2007 a 5.670 en 2008.
Los suicidios aumentaron, al pasar de 1.775 en 2007 a 1.840 en 2008.
Las muertes violentas de manera indeterminada pasaron de 962 en 2007 a 984 en 2008.
Si quiere conocer el informe completo, pulse aquí.
Fuente: Semana.com
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El asesinato a balazos de una abogada, embarazada de ocho meses, a manos de dos sicarios de 14 y 19 años, el miércoles en Medellín, ha reabierto el debate sobre los beneficios judiciales de los que gozan los menores de edad en Colombia y su utilización por parte de organizaciones del narcotráfico para realizar sus crímenes. ¿Está cumpliendo el Estado con su responsabilidad de proteger los derechos de niños y jóvenes? ¿Les da la atención requerida cuando éstos comenten delitos menores? ¿Se deben corregir estos errores para frenar el aumento de crímenes cometidos por ellos o, al contrario, el camino es endurecer la legislación penal que los cobija, que para muchos es muy laxa?
La polémica no es nueva, pero ha revivido tras el asesinato el miércoles de Julieth Patricia Mejía, de 28 años, embarazada. Los dos sicarios que dispararon a sangre fría, a plena luz del día, tenían 19 y 14 años. El bebé sobrevivió. Los médicos pudieron salvarle y permanece en una incubadora. Los dos asesinos fueron capturados tras salir tranquilamente del despacho donde acababan de cometer el salvaje crimen. El primero, para evadir la justicia, aseguró tener 16 años; el segundo, 11. Tras las primeras investigaciones, la policía lo desmintió. El mayor, de 19 años, responderá ante la justicia ordinaria; el de 14 años, según la Ley de Infancia implantada hace tres años, irá a una institución especial de reeducación. A esta edad se inicia la responsabilidad penal pero no hay castigo de cárcel.
Según ha trascendido, los dos jóvenes habían pasado por programas de atención al menor y a delincuentes, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por droga, robo y lesiones personales. «Esto revela que no se está cumpliendo con lo que la ley establece en relación con la atención a estos jóvenes y con los programas que se necesitan para alejarlos de la posibilidad de seguir delinquiendo», dijo Jesús María Ramírez, secretario de Gobierno de Medellín.
No es el primero que lo afirma. Según varios estudios, no se ha asignado el presupuesto necesario para que la nueva Ley de Infancia se respete en su totalidad.
En Medellín, en pleno apogeo del narcotráfico, se hicieron tristemente famosos los sicarios de apenas 13 y 15 años, que por sumas irrisorias de dinero apretaban el gatillo. Un joven de apenas 14 años asesinó al candidato presidencial de izquierda Bernardo Jaramillo en los años noventa. Este año han matado por dinero cuatro muchachos de 17 años, uno de 16 y otro de 15. Uno de ellos entró como si nada a un hospital y remató a un paciente que había llegado herido.
En Cali, la tercera ciudad colombiana más importante, en 2008, en uno de cada cinco homicidios ha participado un menor de 18 años. Este año, en Bogotá, 19 jóvenes han sido detenidos por crímenes.
Elvira Forero, directora del ICBF aseguró que detrás de un 17% de los delitos que se comenten en el país hay un menor de edad. Para ella deben endurecerse las penas para castigar a los adultos que están detrás de estos pequeños delincuentes.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aseguró hoy que a lo largo de 2008 se registraron al menos 1.610 violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Colombia, perpetradas por «todas las partes» en el marco del conflicto interno de este país. Entre estas violaciones se produjeron al menos 300 casos de ejecuciones sumarias, 289 desapariciones, más de 370 malos tratos y psicológicos y 76 secuestros de civiles, precisó la organización, que informó también de que el año pasado debió incrementar en más de un 10 por ciento la asistencia de emergencia a la población desplazada.
«Las infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) fueron cometidas por todas las partes, tanto las fuerzas del Estado como los distintos grupos armados», declaró el coordinador del CICR en Colombia, Yves Heller, durante la presentación en Madrid del Informe de Actividad del Comité en el conflicto colombiano.
Durante 2008, explicó, el CICR documentó 300 casos de ejecuciones sumarias, asistió a casi 1.500 personas amenazadas para que se trasladaran a un lugar más seguro y cubrió los gastos fúnebres de numerosas familias de víctimas de la violencia. Estas informaciones, prosiguió, son el resultado de las visitas sobre el terreno que efectúa el CICR para recoger testimonios, «entrar en contacto con todos los actores del conflicto armado» y mantener «contactos bastante estrechos con la población civil».
Mediante estos procedimientos, el Comité recogió también testimonios sobre al menos 289 desapareciones registradas el año pasado, que se unen a los más de 4.730 documentados por el CICR desde 1994. «Estas cifras no son exhaustivas», advirtió Heller. «Fuentes oficiales y de la sociedad civil hablan de entre 10.000 y 40.000 desaparecidos desde que comenzó el conflicto hace más de 40 años», agregó.
Aparte, el CICR también documentó el año pasado 35 casos de infracciones cometidas en contra de las misiones médicas, como amenazas individuales, privación de libertad del personal de salud, obstrucciones a la atención médica de heridos y ataques directos a unidades médicas o personal de salud.
La organización también registró el año pasado hasta 118 «ocupaciones de bienes civiles». «Las partes en conflicto ocupan bienes civiles para controlar mejor el territorio o para tener ventajas militares, lo cual supone una grave infracción del DIH», denunció. «Las ocupaciones de escuelas son bastante comunes», añadió.
SECUESTROS Y EMBLEMA DE CRUZ ROJA
En 2008, según el informe, el CICR participó en la liberación de 29 civiles y dos militares secuestrados por los distintos grupos guerrilleros, quienes fueron entregados a sus familiares y a las autoridades. Entre las 1.600 infracciones al DIH registradas el año pasado, explicó Heller, el Comité documentó al menos 76 casos de tomas de rehenes civiles por parte de los grupos armados.
Al respecto, Heller advirtió de que, para poder realizar sus labores, tanto de mediación para la liberación de rehenes como de recogida de informaciones sobre el terreno, el CICR debe contar con plenas garantías de seguridad de todas las partes, para lo cual es «importante que se respete totalmente el emblema de la Cruz Roja».
Por ello, lamentó profundamente la utilización de los distintivos de la organización por parte del Ejército colombiano durante la ‘Operación Jaque’ de julio de 2008, que permitió la liberación de Ingrid Betancourt y de otros rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El uso del emblema fue reconocido por el propio presidente del país, Álvaro Uribe, quien «presentó sus excusas», recordó Heller. «El CICR tomó nota de las excusas, pero sigue muy preocupado por el uso indebido del emblema en la ‘Operación Jaque'», manifestó.
DESPLAZADOS
Durante la presentación del informe, Yves Heller dedicó un capítulo especial a la situación de los desplazados, cuyas cifras totales se desconocen pero oscilan, según las fuentes, entre los 2,5 y los cuatro millones.
En los últimos once años, el Comité ha asistido a más de 1,2 millones de desplazados por el conflicto armado. Sólo en 2008, según el informe, el CICR brindó ayuda de emergencia a más de 73.000 civiles (unas 18.000 familias), un 10,6 por ciento más que en el año anterior. El 80 por ciento de las personas atendidas el año pasado corresponde a casos de desplazamientos individuales, provocados en su mayoría por amenazas de muerte, malos tratos psicológicos o temor al reclutamiento forzoso.
Este aspecto supone una diferencia respecto a hace unos diez años. Por entonces, explicó Heller, la mayoría de los desplazamientos eran masivos, de poblaciones enteras, mientras que en la actualidad predominan los desplazados individuales que, precisamente por esa circunstancia, suelen tener «más dificultades para lograr la asistencia de las organizaciones humanitarias».
Un alto porcentaje de los desplazados de los últimos tiempos corresponden a campesinos del oeste de Colombia, de departamentos como Cauca, Arauca, Nariño –con importante presencia de población indígena– o Chocó –donde la inmensa mayoría de la población (más del 90 por ciento) es afrocolombiana–. Como consecuencia de ello, el 14,6 por ciento de los desplazados de todo el país son afrocolombianos, cuando apenas constituyen el 10 por ciento de la población total, y el ocho por ciento de los desplazados son indígenas, pese a no representar más del tres por ciento de la población colombiana.
Asimismo, más de la mitad de los desplazados son menores de 18 años. «Son niños, con las consecuencias que se pueden esperar para el desarrollo económico y social del país», afirmó Heller. Aparte, advirtió, «se calcula que, por motivos de seguridad, más del 70 por ciento de los desplazados no pueden volver nunca a sus casas», con lo que pasan de ser campesinos con tierras propias para ganarse la vida por sí mismos a pobres necesitados de la ayuda humanitaria en las ciudades, advirtió. «Los desplazados son el grupo de población más pobre de Colombia», explicó.
Fuente: EuropaPress
Ese es uno de los datos más reveladores de un estudio que divulgó sobre la eficacia del nuevo sistema Penal Acusatorio y que tiene varias alarmas encendidas en Gobierno, Fiscalía y Judicatura.
La cifra sale de sumar los 62.737 homicidios que hubo en el país desde el primero de enero del 2005 hasta mayo del 2008 y confrontarla con los 1.699 casos que terminaron con condenas en el mismo lapso.
La investigación, que fue realizada por dos académicos que se basaron en cifras de la Fiscalía, es hasta ahora el estudio más amplio sobre el nuevo modelo penal en el país.
Aunque la discusión por la validez de sus resultados es fuerte, parece haber consenso en que cuatro años después del arranque del nuevo sistema llegó la hora de hacer ajustes importantes.
El balance es crítico y, de hecho, no es compartido por el Consejo Superior de la Judicatura: «Los cambios de naturaleza procesal poco inciden en la reducción de la criminalidad y de la impunidad -dice el informe de la Unión Europea-(…) La impunidad antes del sistema procesal actual giraba en torno al 95 por ciento; ahora lo hace alrededor del 97 por ciento».
En los primeros tres años del sistema oral hubo 1,4 millones de ‘noticias criminales’. Pero en 612 mil casos no hubo mayores avances y otros 252 mil apenas están en etapa previa; es decir, no hay una investigación formal contra nadie.
Uno de los frentes urgentes es el de los capturados en flagrancia (cometiendo un delito), pues de cada diez casos solo tres terminan en una condena que, se supone, debía estar asegurada.
El mismo presidente Álvaro Uribe ha mencionado en las últimas semanas su preocupación por el problema. El mandatario hizo referencia a dos decisiones de jueces de garantías de Córdoba que dejaron en libertad a 10 personas que, según la Policía, estaban en bandas criminales.
El primer caso ocurrió el pasado 20 de febrero, cuando fueron capturados cinco hombres que tenían en su poder dos fusiles AK-47, un revólver y una pistola calibre nueve milímetros. A uno de ellos le descubrieron cuatro fotografías de las que se supone iban a ser sus víctimas en lo que probablemente sería un nuevo episodio de la guerra entre ‘don Mario’ y ‘Los Paisas’. La captura se cayó porque el juez consideró que fue ilegal.
«Es claro que el sistema debe respetar las garantías, pero no se puede caer en que el exceso de garantismo termine rayando en la impunidad», dice el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos.
La historia se repitió tres semanas después en San Bernardo del Viento, donde cinco hombres fueron capturados. Cuando la Policía llegó hasta el sitio, encontró dos pistolas y 97 paquetes de a kilo que contenían una sustancia blanca. Era coca, pero todos quedaron libres por supuestos errores de procedimiento.
Noticia completa en: ELTIEMPO.COM (Colombia)
El narcotráfico es uno de los mayores desafíos para el Estado, pues muta y se adapta a los cambios mucho más rápido que las instituciones.
Tras el colapso de las ‘pirámides’ y la intervención de DMG, el presidente Uribe dijo en una de sus numerosas intervenciones que “podríamos estar en presencia de un coletazo del narcotráfico, de un coletazo de la guerrilla, de un coletazo del paramilitarismo, tratando de ‘lavar’ dineros por la vía de engañar a los colombianos”. Con todo respeto, creo que se equivoca y que, como el Gobierno en pleno, no vio, no oyó y no entendió el fenómeno.
Si nos atenemos a la definición del DRAE —el diccionario de la lengua madre—, del término “coletazo, en sentido figurado significa “última manifestación de una actividad próxima a extinguirse”. Lo de DMG no creo que sea, ni mucho menos, un coletazo del narcotráfico. Es solo una de las cabezas de una hidra cuyas dimensiones parecen escapársele al Gobierno.
No hay que llamarse a engaños, el narcotráfico —la más notoria manifestación del crimen organizado— se ha enquistado en la sociedad más de lo que estamos dispuestos a admitir. Incluso, como lo señala el investigador Juan Carlos Garzón en su libro Mafia & Co. (Planeta, 2008) hasta “ha llegado a negociar directamente con las instituciones”. De ahí la validez de la pregunta que formuló el decano de Economía de la Tadeo, Salomón Kalmanovitz, en su columna en El Espectador: “¿Hasta qué punto está capturado el Estado colombiano por el crimen organizado?”
Me atrevería a decir que hasta el tuétano, sobre todo en los niveles local y regional. Basta pensar en la tenebrosa parapolítica y en escandalosos casos como los del ex fiscal de Medellín Guillermo León Valencia Cossio, el empresario Juan Felipe Sierra y el general Pedreros, para solo mencionar uno de los más recientes, para darse cuenta de que la policéfala culebra del narcotráfico está vivita y coleando.
DMG, un sofisticado sistema de lavado de activos mediante la captación ilegal de dinero del público, es solo una de sus manifestaciones. Y aunque su objetivo inicial parecían ser sectores no integrados a sistemas regulados por el Estado, para quienes invertir en la organización era una forma de inserción económica, también acabaron involucrados políticos en el oscuro negocio —cosa rara— e incluso, directa o indirectamente, profesionales estrato 16 y prestigiosos abogados y asesores financieros que ahora pretenden desmontarse por las orejas con argumentos que no se creen ni ellos mismos.
El crimen organizado diversifica actividades y crea conexiones con la legalidad. Paga asesores para blindar empresas con fachada legal (según Mafia & Co., hasta mediados de 2007 estaban identificadas 8.000 empresas de apariencia sospechosa y a la ‘Lista Clinton’ había vinculadas cerca de 600 empresas y más de mil personas). Busca influir en el Congreso y financiar campañas con miras a los contratos; soborna a miembros de los organismos de control y de seguridad del Estado para frenar investigaciones, obtener información, arreglar sentencias; tiende lazos hacia el Ejecutivo para garantizar el tráfico de influencias…
DMG parece haber seguido el modelo de la parapolítica. “Tenemos 10 ganadores (se refiere a alcaldes y gobernadores), esto es mejor que haber montado mil empresas”, le dice Murcia a su mano derecha William Suárez, en una conversación revelada por La W. Y hasta donó el transporte de las firmas del referendo.
La lección que deja esta crisis que mostró cómo millones no ven la línea que separa lo legal de lo ilegal, debería servir para que los bancos reflexionen sobre cómo acercarse a la gente y mejorar su imagen de sanguijuela. Y sobre todo para que el Gobierno se pellizque, pues el narcotráfico lejos de ser un fenómeno marginal es uno de los mayores desafíos, pues muta y se transforma y se adapta a los cambios con mucha mayor rapidez que las instituciones. La capacidad de respuesta y la comprensión del fenómeno por parte del Estado se han quedado más que cortos.
P.D. ¡A machar el viernes por la liberación de los secuestrados! Y solidaridad con el director de Semana Alejandro Santos, a quien el controvertido magistrado Alfredo Escobar Araújo quiere ver en la cárcel.
Fuente: Cambio (Colombia)
Desde el punto de vista estrictamente económico, algunas de las mal llamadas pirámides son tal vez la expresión más ‘benigna’ del lavado de recursos del narcotráfico. Son una especie de redistribución masiva de parte de los enormes ingresos de esa actividad ilícita entre centenares de miles de personas. Su modalidad comercial incrementa el consumo de productos de empresas legales, beneficia la generación de empleo y, por tanto, aumenta los ingresos fiscales del Estado. Hay otras formas más perversas de lavado de dinero como son el contrabando, que arruina la industria nacional, destruye empleos y, al no pagar impuestos, reduce los ingresos fiscales. O la masiva inversión inmobiliaria, que distorsiona el mercado, produce inflación de precios de la vivienda y, a la larga, ocasiona burbujas especulativas que cuando estallan causan graves daños sociales.
Obviamente, frente a las pirámides las autoridades se ven ante complicados dilemas éticos y legales. No pueden dejar de perseguirlas, puesto que su músculo financiero proviene de una actividad ilícita. Actividad esta que, dicho sea de paso, presenta situaciones muy paradójicas: la siembra de coca es un delito, pero los productos derivados de la coca se venden legalmente en las tiendas naturistas, así como se sospecha su uso en la elaboración de cierta afamada bebida gaseosa. Pero, con la dimensión que ha alcanzado el fenómeno, perseguir las pirámides y cerrarlas se ha convertido en un problema social y de orden público que se ha vuelto explosivo. Las asonadas, los motines con heridos y homicidio incluidos, que obligaron a las autoridades a imponer toque de queda durante varios días en diversas poblaciones, en última instancia se originaron por la acción de control sobre una de esas pirámides por parte de las autoridades.
Porque, a pesar de lo tardío de su actuación, es hasta cierta medida injusto acusar a las autoridades de inacción o pasividad frente al fenómeno, puesto que, a pesar del ensañamiento de los medios contra el Ministro de Hacienda, el Superintendente Financiero y el Fiscal General, es evidente para cualquier observador desapasionado que fue precisamente la inminencia de la acción de las autoridades lo que llevó a los directivos de DRFE a tomar la decisión de cerrar sus oficinas, suspender sus pagos y levantar el negocio, con lo cual decenas de miles de ciudadanos vieron amenazada la recuperación de sus inversiones en esa empresa. La cruda conclusión es que es probable que esa situación calamitosa no se habría presentado si la acción de las autoridades de control no hubiera llegado hasta donde llegó. Así pues, inacción y pasividad no ha habido, falta de diligencia, sí.
Pero vamos al fondo del asunto. Soy de los que piensan que la actual estrategia de lucha contra el narcotráfico es un completo y absoluto fracaso, sin atenuantes. Después de los gigantescos esfuerzos realizados por Colombia y, en menor medida, por otros países del mundo, hoy día hay mucha más producción y consumo de cocaína que hace 20 años. Es una batalla perdida que los Estados temen reconocer. Por esta razón creo que es necesario salir de los esquemas actuales y empezar a enfocar de manera distinta el fenómeno del consumo y la producción de ciertas drogas que hoy son ilícitas. El prohibicionismo y la represión son un absoluto fracaso.
Sin decirlo abiertamente, muchos países han asumido esta realidad y han empezado a obrar en consecuencia. Políticas más preventivas que represivas frente al consumo, mirar para otro lado frente al lavado de recursos, y represión implacable de acciones criminales como el homicidio y el secuestro. Nadie ha sabido de la captura de grandes capos de la droga o de la incautación de sus enormes fortunas en Europa o en Estados Unidos. Claro, allá el narcotráfico no ha estado alimentando a grupos irregulares que enfrentan al Estado y victimizan a la sociedad como las guerrillas y los paramilitares en Colombia. Por eso aquí hemos tenido que ser mucho más implacables en la lucha contra el narcotráfico.
Pero en la medida en que estamos llegando al final de nuestro conflicto armado, que desaparecieron los paramilitares como tales, que las guerrillas se redujeron a menos de la mitad y que, en consecuencia, se ha reducido tanto la intensidad de la violencia, ¿no será que es hora de empezar a revisar nuestros propios esquemas en relación con el tema de las drogas? Digo yo, para dejar de estar entre la espada de las ideas fijas de unos, y la pared de la hipocresía de otros.
Fuente: semana.com (Colombia)
Las condiciones precarias de vida son el principal factor que determina el reclutamiento de niños y por lo menos el 70 por ciento de los niños reclutados no tenían oportunidades para salir adelante.
Así lo revela el informe ‘Prisioneros Combatientes’, de la analista y consultora Natalia Springer sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado.
«Básicamente más de la mitad de la muestra reportó no tener ninguna oportunidad de acceso a la tierra, estudio o dinero. La única perspectiva de desarrollo estaba en el trabajo. Un tercio de los entrevistados 34.7 por ciento, manifestó no haber dispuesto de absolutamente ninguna perspectiva para el avance económico o social», dice el informe.
Según la analista el documento visibiliza un crimen que se viene cometiendo sistemática y masivamente y que no es visible para la sociedad.
«Este crimen es invisible por que son niños y son muy pobres, la condición social de los niños que los expulsa hacía el conflicto es la violencia intrafamiliar y el hambre, son niños que lanzamos a ese reglón de lo ilegal, esa fue su estrategia para sobrevivir», aseguró Springer.
«Esos niños que son pobres y sufren de hambre esos niños no tienen políticos interesados en ellos, esos niños no son del interés del Congreso de la República que ahora está exclusivamente dedicado a defenderse, esos niños no votan, no saben ni leer ni escribir, ellos no consumen, no tienen cuentas bancarias, esos niños no existen para el país, no se les cuenta», señaló la analista.
Tambien dice el informe que el 6.5 por ciento de los jóvenes entrevistados reportó que, de no haber ingresado al grupo armado, estaría muerto. Un 16.8 por ciento dijo que estaría peor, lo que confirma que para algunos jóvenes sería una estrategia de guerra.
Sitios de mayor reclutamiento de niños en el país
El informe revela que el departamento de Antioquia es el que registra los más altos niveles de vulnerabilidad, lo departamentos que más han aportado niños para el reclutamiento son Caquetá Putumayo Tolima y Meta.
Factores como el narcotráfico y el desplazamiento siguen siendo determinantes a la hora de facilitar el reclutamiento de los menores.
«Las poblaciones desplazadas eran usualmente una población que servía para la llegada de grupos armados y sacaban niños y niñas para sus propios propósitos, ahora tenemos el efecto contrario, desplazados huyendo para evitar a que se lleven a sus niños al conflicto» señaló springer.
Cada vez se reclutan niños más jóvenes
El documento señala que el promedio de edad de reclutamiento de menores es de 12.9 años, se hallaron niños que aseguraron haber sido reclutados desde los 4 años, sin embargo hay un patrón sistemático de reclutamiento desde los seis años de edad.
Los código de guerra de los grupos armados ilegales en Colombia muestra que sus integrantes no pueden ser menores de edad.
«Los tres rechazan el reclutamiento de menores y los tres establecen unas edades mínimas en el caso del ELN es de 18 años, en el caso del las autodefensas y las Farc dicen 15 años. Sin embargo las Farc nos responden que ellos jamás en su historia han vinculado a alguien menor de 18 años», dijo Springer.
«Lo que hemos encontrado es que el 45 por ciento del ELN está conformado por niños, niñas y adolescentes, en el caso de las Farc es el 42 por ciento, y en el caso de las AUC encontramos que ellos no entregaron a los niños en las desmovilizaciones, los niños que estaban en las AUC no han sido entregados, varios se entregaron lo han hecho en las desmovilizaciones individuales no en las colectivas. 3 o 4 combatientes de las Auc ingresaron siendo menores de edad» agregó Springer.
El informe revela que no existe el reclutamiento voluntario. Ningún niño se ha ido por su voluntad a ningún grupo armado.
Según la investigadora una de las pruebas más importantes es que esos niños no pueden siquiera opinar al interior de las organizaciones armadas.
«No pueden cuestionar , no pueden preguntar, no pueden moverse libremente ni desarrollar su personalidad, no pueden estar en un ambiente que les permita crecer, ni irse de una manera pacífica» puntualizó Springer.
Claro que si lo vemos con los ojos del siglo XXI, nos puede parecer fantasía o simplemente anecdótico, cuando no inverosímil. Los robos en los supermercados son el pan nuestro de cada día, explican un porcentaje muy alto de las pérdidas del negocio, mantienen toda una red de bandas conocidos como “Escaperos”, que se dedican a este oficio para luego revender en las tiendas de barrio y es la principal causa de amenazas y muerte para los empleados que a diario se enfrentan a combos supremamente hábiles y entrenados, con sangre fría y sin escrúpulos, con conexiones en la policía y con abogados que los defienden para salir de inmediato incluso cuando son cogidos en el acto, a seguir nuevamente delinquiendo en otro sitio, pues la rotación es la clave para desconcertar y pasar más desapercibidos.
Y este capítulo incluye también desde el tranquilo señor que consume un yogurt o una cerveza mientras hace sus compras, como el que lee una revista y recorta una página para guardar un dato, hasta el niño que destapa un paquete de golosinas o el que saca un disco compacto para ensayarlo en su reproductor portátil y no lo devuelve al salir; todo lo anterior sin pagar, por supuesto. Caso aparte es el de los cleptómanos por compulsión enfermiza, no con motivación delincuencial, pues usualmente son personas prestantes de estrato social superior, profesionales de altos ingresos que no pueden reprimir el vértigo de robar a sabiendas de ser vigilados, ya que necesitan el baño de adrenalina para vivir y llamar de alguna manera la atención. Esto se considera un trastorno de tipo siquiátrico.
Los almacenes se han inventado todo tipo de estrategias. Vigilancia abierta o encubierta. Personas que fingen cuidar el parqueadero, o estar mercando o ser mendigos. Cámaras de circuito cerrado de todo tipo, filmaciones, grupos que actúan de incógnito como autodefensa, abogados que acusan, estoperoles de seguridad pegados a los productos, alarmas y detectores a la salida, marca de las facturas. Pero hecha la ley, hecha la trampa y los rufianes se inventan una estrategia que supere el escollo y siguen coronando y surtiendo a sus reducidores.
Y los vigilantes tienen que sortear a esta peste. Los tienen referenciados en fotos, galerías enteras de toda ralea de alimañas, hombres mujeres, jóvenes y viejos, de todo tipo y condición. Y no se pueden equivocar. Si a un capturado no le encuentran mercancía en su cuerpo, le cuesta al empleado equivocado la expulsión del trabajo y se puede ganar una demanda y todo tipo de amenazas. Y si lo encuentran cargado, hasta peor, pues el pillo nunca está solo, lo intimida y hay muchos casos de homicidio por retaliaciones de este tipo, ya que el implicado a las pocas horas está nuevamente en las calles, a pesar de ser muchas veces reincidente.
Señoras que llegan con pantalón forrado estilo “chicle” y camiseta ancha hasta la mitad del muslo, inmediatamente son seguidas por los vigilantes encubiertos. Lo mismo las señoras embarazadas. Son los principales sospechosos. El modus operandi es sencillo y basado en la velocidad de sus dedos, en lo pequeño y costoso de los artículos seleccionados y en las advertencias de sus cómplices que fingiendo comprar, les hacen cortina y les sirven de “campaneros”, para avisar oportunamente cuando se presenta algún riesgo de ser sorprendidos. En fracción de segundos esconden por debajo de sus camisetas o bajo las faldas anchas, productos como tintas de computador, cuchillas de afeitar, desodorantes finos, licores importados, que usualmente son pequeños, compactos y costosos. Ceñido a sus cuerpos, llevan una especie de faja en la que esconden lo hurtado, sin hacer bultos que los delaten y sin que se les caiga. Luego salen tranquilamente como si nada. Con la aparición de las puntillas de seguridad que tienen muchos de estos productos y que hacen un ruido escandaloso al cruzar las puertas del almacén, ya los pillos se han inventado otra modalidad: tienen el aparato que supuestamente es de uso exclusivo del almacén con el que quitan los pines. ¿Cómo lo consiguieron?, no se sabe. Acaso fue que el fabricante rompió el pacto de confidencialidad y realizó varios de más para venderlo a las bandas, o un empleado infiltrado sustrajo alguno del stock de la compañía o algún genio criollo diseñó un aparato “hechizo” que imita a la perfección al original y cumple todas sus funciones. Lo cierto es que le quitan el sonido delator y el rufián se embolsilla o se encaleta en su cuerpo los productos apetecidos como en los viejos tiempos. Es tan epidémica la situación, que han tenido que implantar una cámara permanente para monitorizar estas secciones. Si hay faltantes en los inventarios, se les cobra a los encargados de la seguridad del turno en el que ocurrió el desfalco.
Cuando logran conseguirse un tiquete de la factura de pago de máquina registradora que no haya sido señalado con marcador para indicar que ya fue sacada la mercancía del almacén, se anotan otro tanto a su favor: Empiezan a llenar los carritos con exactamente los mismos productos que vienen referenciados en la tirilla, disimulan con un niño muy pequeño dentro del carrito y el cómplice, generalmente una anciana o una embarazada va metiendo con toda la cautela y sin ninguna prisa los productos dentro de la bolsa del supermercado. Al finalizar la jornada, tienen varias bolsas en el carrito, dan vueltas cerca de una caja en la que han comprado cualquier chuchería de poco valor, salen por la puerta principal y ahí sí les chequean con marcador el recibo. Si de pronto el portero es cómplice, no pone ninguna marca y la factura queda lista para ser nuevamente utilizada. Para no despertar sospechas, muchas veces se las venden a otras bandas por un precio del 10 % del valor de la compra y un nuevo grupo de payasos vuelve a mercar una o todas las veces que fuera posible, de acuerdo al compinche de la vigilancia en la portería.
Otra modalidad es la de ingresar con bolsas de marca del almacén llenas de papel o trapos o basura; al entrar el vigilante, sobornado o no, les pone el tiquete distintivo de mercancía traída de afuera, un integrante escoge en otra bolsa la mercancía seleccionada, y en una fracción de segundo cogen el tiquete con que lo sellaron a la entrada, se lo ponen a la bolsa con el hurto, le aplican un gancho, esperan tomando un refrigerio mientras ven si la cosa se complica o no y luego salen como si nada. Otros más osados o mejor conectados, tienen a su disposición de una vez las marcas que los porteros le ponen a las bolsas que entran de afuera, sin tener que pasar paquetes por delante de los vigías; una vez adentro, empacan y sellan.
Antes del código de barras obligado para todos los productos, y muchas veces a pesar de él, los escaperos le cambiaban el tiquete con el precio y el código, de un producto para otro, poniéndole a un producto caro, un menor valor. Hay quien incluso tenga una grapadora especial para aplicarlos y retirarlos sin un deterioro que levante sospechas.
En los baños y en los probadores de ropa también se aprovecha para acomodarse cualquier tipo de prendas y no es raro que las “pájaras” se pongan hasta veinte sostenes o prendas de interior, camisillas, chaquetas, todo tipo de indumentaria. Por eso el mayor deshonor para un vigilante de área, es que en su zona aparezcan vestidos raídos o zapatos viejos que denotan que en la calle, alguien está estrenando sin pagar. Para aumentar el compromiso, la administración del local, hace pagar entre el personal que estaba de turno en la jornada del robo, el valor de lo sustraído. Hay supervisores que han comprometido a sus subordinaos a que asuman la vergüenza de ponerse la ropa en jirones y maloliente o los tenis en hilachas dejadas como ingrato recuerdo, cuando han sido víctimas de un escapero más hábil que ellos.
En casos más rebuscados de sofisticación, se ha dado la situación de un muchacho que infiltró el sistema, copió los códigos de seguridad, clonó el formato del área de cambios y devoluciones. Se aparecía muy elegante a la sección de electrodomésticos con el tiquete de compra alterado, con el documento de cambio aparentemente en regla y salía con su televisor nuevo por la puerta principal con uno de los muchachos llevándole el equipo hasta el taxi. Cuando el asunto reventó por el lado de los inventarios, luego de rotar varios almacenes, se le hizo inteligencia y fue capturado. La sorpresa era que también venía defraudando a la empresa de servicios públicos con cuentas millonarias, y en el pasado lo habían relacionado con una banda que estafaba con tarjetas de crédito.
Con las tarjetas de crédito que no necesitan clave a diferencia de las de débito, también se han hecho maravillas. De acuerdo al cupo pagan todo tipo de cuentas, de servicios, de mercado, de electrodomésticos. El cajero no siempre cumple con el requisito de pedir la cédula de identidad del dueño de la tarjeta. Muchas veces cuando el malandrín consigue la tarjeta, llama a su cajero amigo infiltrado, averigua su turno y paga el producto en su caja sin ningún inconveniente. Otras veces, cuando el cupo es grande y el producto caro, justifica mandar a fabricar un documento (en la ciudad hay mucho quien lo haga), o se presenta una falsa denuncia de cédula extraviada a nombre del pobre dueño quien al mes siguiente se encontrará con la mala noticia de la cuenta a su nombre.
Para evitar registrar menos de lo realmente comprado, se les prohíbe a los cajeros que atiendan en sus turnos a sus familiares cuando están comprando, sobre todo mercado y productos comestibles abundantes que no tienen dispositivo de seguridad. Los pillos se las ingenian y en ocasiones hacen compras de incógnito fingiendo no conocerse, o dos cajeros encompinchados se cruzan los respectivos amigos o familiares y el uno le registra al del otro y viceversa. Por eso muchas veces, estos empleados son monitorizados por las cámaras en forma oculta.
Otra modalidad es la de “tirar dedo”, que consiste en señalar a las personas que retiran dinero de las sucursales bancarias o que compran productos costosos o mercados abundantes. Al salir, son perseguidos por integrantes de las bandas conocidos como “fleteros” y atracados en el camino. Hay leyendas urbanas que describen la infiltración de los supermercados por guerrilleros para detectar potenciales víctimas de extorsión y secuestro.
Otro ejecutivo del pillaje se ha hecho célebre por demandar a varias cadenas de hipermercados por perjurio, calumnia, daño moral y todo tipo de leguleyadas hábilmente orquestadas por abogados de dudosa ética. Va con la esposa y los hijos a comprar. Se esconde en el cuerpo productos caros, dejándose pillar a propósito de los vigilantes. En milésimas se descarga y al ser requerido por la policía a la salida del almacén, se descubre con sorpresa que no lleva nada, pese a la certeza de los testigos. En ese momento sus niñas lloran, la esposa se desmaya, la cuñada vocifera que no sabía que era un vulgar ladrón. Al instante, aparece de la nada un amigo suyo, abogado que pasaba por allí a comprar cualquier bisutería y se le pone al frente al caso. Ante la falta de pruebas y el histrionismo de la familia, amenazando un escándalo que convoca a los clientes que en ese momento rodean al pobre ciudadano víctima del abuso del gran capitalista despiadado, no queda más camino que conciliar. Incluso, han ido a juicio, cuando la suma ofrecida no es satisfactoria. Se invoca la constitución, el derecho al buen nombre, la honra mancillada, la pérdida de confianza con impacto emotivo y sexual, impacto laboral, daño sicológico, trauma de los niños y mil cosas más. Este personaje se ha hecho notorio, rota de ciudades y su foto es reconocida por los jefes de seguridad. Se convirtió en una leyenda. Se ha resbalado por escaleras dentro de los locales, ha recibido descargas eléctricas en las ferreterías, se ha cortado al roce de los estantes, ha sufrido dolores de pecho tipo infarto o convulsiones en almacenes que se sabe no tienen unidad médica como lo exige la ley. Siempre su amigote el abogado hace su aparición e invocando la ley infringida, y el derecho a indemnización por responsabilidad civil, han sacado una jugosa tajada. A pesar de ser tan conocidos, siguen propinando golpes certeros. Primero se acaba el helecho que los marrano, se ha dicho siempre.
Autor: Emilio Alberto Restrepo Baena
Espantosa y aterradora resulta realidad de las niñas y muchos niños que a la fuerza o ingenuamente caen en manos guerrillas de las Farc. Las niñas se enfrentan a presiones relacionadas con su condición de mujeres, más fuertes y degradantes que en cualquier otro sitio del mundo. Muchos comandantes varones utilizan su poder para mantener vínculos sexuales con muchachas menores de edad, en el momento y en las circunstancias más deprimentes y vejatorias. Son sin derecho a reclamo sometidas a la servidumbre y esclavitud sexual para la tropa de las Farc.
Teniendo en cuenta lo descrito y otras cosas más, el gobierno de Colombia denunció penalmente a uno de los principales líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Nuevo Herald publicó el domingo un artículo que vincula a comandantes guerrilleros con casos de abuso sexual de niñas campesinas e indígenas. La acción legal fue entablada en la Fiscalía General de la Nación contra Luis Edgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”. La historia, que ha causado indignación internacional contra las FARC, ha sido reproducida en todo el mundo y traducida a varios idiomas. ¿Muchos de esos medios de comunicación preguntaron si eso es lo que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llama “proyecto político”?
“Raúl Reyes” ha ordenado desde hace muchos años, periódicamente, secuestrar los menores en los barrios pobres y pueblos alejados para de esa forma tener a su disposición un determinado número de menores para satisfacer sus repugnantes, punibles y vergonzosas apetencias sexuales. “Llevarse un niño de 6 años, llevarse un niño de 8 años o llevarse un niño de 12 años a combatir, es un crimen de guerra y por tal debería ser juzgado por la Corte Penal Internacional”. ¿Qué debe pasar cuando ocurre secuestro, violación carnal y esclavizar una niña o niño para estar disponibles a los comandantes de las Farc para su aberraciones sexuales?”.
Las niñas liberadas de la ignominia y bellaquería de las Farc dijeron “haber sufrido abuso sexual entre los 4 y los 10 años de edad… expresaron haber sido iniciadas en las relaciones sexuales por abuso sexual…” Otras publicaciones entrevistaron sicólogos quienes señalaron que “una niña o un niño a esa edad no tiene capacidad para decidir sobre su sexualidad. Después de sufrir tales humillaciones a su dignidad y a su inocencia, los niños que sobreviven a este horror nunca podrán desarrollarse e interactuar como hombres y mujeres normales”.
La idea es que esta investigación quede como evidencia judicial, para que tribunales nacionales o internacionales la tengan en cuenta para comprobar la existencia de crímenes de lesa humanidad. Que la humanidad entera sepa la clase de monstruos repugnantes y salvajes integran las Farc. Raúl Reyes, no es un “revolucionario” es una sádico sexual peligroso. ¡Creer que, Hugo Chávez, sabe lo que ocurre, pero insiste en defender a las Farc!
Fuente: Realidades colombianas
Según el Gaula de la Policía, en los últimos años la participación de las mujeres en delitos como el secuestro y la extorsión han aumentado en un 120 por ciento.
Durante los últimos cinco años, mil doscientas quince mujeres han sido capturadas por estar vinculadas a crímenes relacionados con el secuestro. Los operativos que realizan constantemente las autoridades colombianas lograron desvertebrar organizaciones en diferentes partes del país.
Novecientas noventa y nueve mujeres han sido capturadas por delincuencia común, 58 por pertenecer a la guerrilla del ELN, otras 40 por sus vínculos directos con las Farc, y 40 por grupos paramilitares.
En la capital colombiana se han realizado el mayor número de capturas, y en total 181 mujeres estuvieron relacionadas con estos actos delictivos.
«Nos hemos dado cuenta que así como la mujer ha llegado a importantes cargos en la sociedad, en nuestra investigación tenemos que lamentar que están incursionando en actos delictivos de consideración», señaló a Caracol Radio el coronel del grupo antisecuestro del Gaula, Humberto Guatibonsa.
Entre las regiones más afectadas por las organizaciones delictivas se encuentra Antioquia, con 136; Tolima, con 85 capturas; Valle, con 100; Santander; con 87, y Norte de Santander, con 66.
Para el coronel Guatibonsa, estas organizaciones delictivas están operando de manera similar a la de los hombres, pero con un ingrediente adicional: «sus manera de persuadir y atraer a las víctimas, utilizando todo tipo de artimañas, inclusive con su manera de vestir y por sus atributos físicos», explicó el Coronel del Gaula.
Y es que en la investigación han identificado que las mujeres son incluso más «sanguinarias» a la hora de operar. «Puedo afirmar que tienen más sangre fría a la hora de cometer un delito.
Para dar un ejemplo, hace poco un empresario de la Costa llegó a Bogotá y «aprovechó para ir a una reconocida zona a distraerse un rato. Dos mujeres le hicieron compañía, más tarde lo llevaron a un hotel y como el hombre ya se encontraba muy embriagado, lo ataron para robarle sus pertenencias, pero antes le pidieron las claves de sus tarjetas de crédito y débito. Como el individuo, por su condición, no las recordaba, lo torturaron con fuertes choques eléctricos y más tarde le hicieron varias cortadas en todo su cuerpo», narró el agente del cuerpo de antisecuestro del Gaula de la Policía.
Las mujeres suelen operar sobre todo en la capital colombiana, y entre sus preferencias, están los lugares que concurran a la zona Rosa. «Coquetean y se hacen amigas fácilmente, pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de comportamiento», agregó Guatibonsa.
Fuente: Radio Caracol (Colombia)
El vicefiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, dijo que la situación del tráfico de personas es tan grave, que esta actividad es el tercer acto delictivo después del narcotráfico.
Dijo que se hace necesario trabajar articuladamente para bajar el índice vergonzoso de cerca de 50 mil mujeres que son reclutadas y que en la actualidad, ejercen la prostitución en Europa y Oriente.
Explicó que también se han detectado casos de tráfico de menores y hombres adultos que caen en las redes dedicadas al engaño de personas que ofrecen trabajo y terminan en labores denigrantes como la esclavitud o la prostitución.
Señaló que ante este panorama, la situación requiere de un tratamiento urgente de parte de las autoridades judiciales como gubernamentales.
Dentro de las investigaciones la Fiscaía ha encontrado que la gran mayoría de personas son reclutadas en zonas de conflicto y pobreza y son enviadas casi todas a Tailandia.
Los organismos de control conformaron una red de información sobre el delito de trata de personas con el fin de compartir y conocer datos sobre el tema y las investigaciones que se adelantan.
Por su parte, el vice procurador general de la nación, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, dijo que se hace necesario que dentro del proyecto de ley para fortalecer el programa a víctimas y testigos, se dedique un capítulo a las personas lesionadas con el delito de tráfico de personas.
Fuente: Caracol.com.co
Como si no fuera suficiente el drama que genera la explotación sexual a que son sometidas las mujeres colombianas en el exterior, ahora las redes de trata de personas engañan y obtienen dinero a través de la prostitución de mujeres dentro del mismo pís. De acuerdo con Marcelo Pisani, jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones en nuestro país, cerca de 80 mujeres fueron llevadas al departamento del Putumayo con falsas promesas y terminaron ejerciendo la prostitución. «Una vez las tenían allí, les confiscaban sus documentos de identidad», denunció el vocero de la OIM.
Las ívctimas de este delito provienen de regiones como el Eje Cafetero, Tolima, valle del Cauca y Antioquia.
Estas redes están utilizando «ganchos» como empleos para cuidar niños, adultos mayores e incluso les ofrecen matrimonio con hombres adinerados en el exterior.
«En Internet funcionan cerca de 50 mil páginas de Internet dedicadas a la trata de personas. Pero también publican estas falsas promesas en los periódicos de alta circulación», aseguró el coordinado del programa Antitrata de Personas de Naciones Unidas, Sergio Restrepo.
Fuente: Caracol.com.co
El promedio anual de detenciones por usar la intimidad con alguien para obtener dinero es de 12. Este delito se detectó hace tres años.
Desde entonces, los agentes del Gaula, que tradicionalmente se dedican a ‘cazar’ miembros de grupos armados que hacen exigencias a comerciantes y profesionales, persiguen a delincuentes que utilizan videos, fotos y hasta fluidos corporales para chantajear a sus parejas ocasionales.La tecnología es cómpliceLa tecnología es una de las razones por las que ha crecido este delito. Actualmente, gracias a los celulares y las cámaras digitales, se toman fotos y se graban videos de manera sencilla y sin ser descubiertos, dice el coronel Humberto Guatibonza, director del Gaula de la Policía. Según el oficial, ahora también es más fácil que la gente tenga relaciones sexuales con personas que acaba de conocer. «Ya no hay que pensar solamente en el peligro de una enfermedad, sino también en el de una extorsión», advierte.Por lo general, las víctimas son casadas o gays que esconden su condición. «La gente cae inocentemente. Hay homosexuales que nunca han salido del clóset -cuenta Guatibonza- y caen en un bar».Las autoridades han detectado que los extorsionistas piden inicialmente una suma pequeña, que oscila entre 700 mil y un millón de pesos, para que se pueda pagar con cierta facilidad. «Pero la comunidad debe tener en cuenta que si paga una primera extorsión va a haber una segunda y una tercera. Siempre es así, porque entonces el delincuente sabe que puede lograr sus objetivos. Al final nunca entregan el video o las fotos originales», afirma el Director del Gaula de la Policía.De acuerdo con las cifras que esta institución maneja, las denuncias por extorsión sexual han venido aumentando, a pesar de que las víctimas temen exponer su caso, con el consecuente subregistro. Pero ante las insistentes solicitudes de pago, los afectados han optado por recurrir a las autoridades. «La gente ya pasa por la vergüenza de que conozcamos sus casos. Nosotros somos discretos, no revelamos ninguna identidad -asegura el uniformado-. Los únicos que conocen sus casos son los fiscales. Lo importante es hacerle conocer a la gente que una persona que pagó una extorsión va a seguir pagando. La idea es que denuncien los casos porque así podemos sacar de circulación a esas personas y ayudar a que en el futuro no haya más crímenes de esta clase». Aunque la ley establece diferencias por cuantías para castigar la extorsión, explica el coronel Guatibonza, para su grupo es igual un chantaje de un grupo ilegal por mil millones de pesos a uno de 100 mil de la delincuencia común: «Atendemos todos los casos, así sea un monto pequeño, pues lo que está de por medio es la honra de las personas».Entre las 35 capturas que se han hecho en los últimos tres años por esta nueva modalidad delictiva, las autoridades han detectado que por lo general los criminales trabajan solos o con un cómplice que se encarga de hacer las fotos o el video. «Generalmente no son bandas, sino sujetos que aprovechan una oportunidad. Al fin y al cabo, no se requiere de mucha gente para hacerlo. Usualmente se trata de una persona que se aprovecha de su aspecto físico, ya sea una mujer o un hombre, y por ahí se empieza», revela el Director del Gaula de la Policía.
«Por lo general no son bandas, sino sujetos que aprovechan su aspecto físico y una oportunidad. Por ahí se empieza (a extorsionar)».Coronel Humberto Guatibonza, director del Gaula Policía.El desengaño del chantaje «Este tipo de extorsión, por el modus operandi, es muy sutil pero de mucha afectación emocional. Los extorsionistas saben cómo trabajar y someter a sus víctimas», dice Érika Rey, sicóloga del Gaula. Ella explica que es más doloroso confiarle la sexualidad a otra persona, permitirle que tome fotografías y después ser traicionado que una extorsión típica. Las personas suelen ocultar la situación, cuenta la experta, porque no tienen a quién contarle lo que les está pasando, lo cual no es socialmente aceptable, como sí lo es una extorsión de otro tipo.Las víctimas incluso pueden somatizar la situación y padecer problemas físicos, advierte.
LUIS ALBERTO MIÑO RUEDASUBEDITOR DE REPORTAJES
Fuente: ElTiempo.com
Esa es la proyección de un estudio realizado en once ciudades del país, en el que se conocieron las historias de 2.117 menores, muchos de los cuales tenían entre 9 y 12 años de edad.
Entre las nuevas dinámicas de este delito están el consumismo, el desarrollo de las tecnologías y la falta de educación sexual de los menores.
La investigación, denominada ‘Escenarios de la infamia. Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes’, se desarrolló en Arjona, Malagana, Sabanagrande, Soledad, Malambo, Montería, Sincelejo, Quibdó, Medellín, Cali y Cúcuta.
En esos sitios, los niños también son víctimas de desplazamiento, violencia, conflicto armado y pobreza, un terreno abonado para el crecimiento de la problemática. Eso han encontrado las tres instituciones que financiaron el estudio (las fundaciones Plan, Antonio Restrepo Barco y Renacer) y que trabajan por el bienestar de las comunidades y hacen propuestas para hallar soluciones efectivas.
Precisamente, con el estudio quedó en evidencia que estos factores favorecen la ocurrencia de la explotación sexual comercial de los niños. Y el papel preponderante de los grupos al margen de la ley en el delito es uno de los elementos que más preocupó a las instituciones.
«Existen dinámicas nuevas para explotar a los niños. Cada vez son más pequeños y hay más violencia en sus historias», explica Stella Cárdenas, directora de la fundación Renacer y coordinadora de la investigación que duró año y medio, y cuyos resultados son compartidos por el Icbf.
Los delincuentes «manejan las redes y actúan como clientes -cuenta Carolina Borda, quien participó en la investigación-. En Medellín, por ejemplo, les piden plata para dejarlos estar en un sitio. Los niños hombres están en una parte, y en otra, las niñas. Los que no pagan deben tener relaciones con ellos o, de lo contrario, los amenazan».
Las poblaciones que han sufrido el desplazamiento son las más vulnerables y, entre ellas, indígenas y afrodescendientes.
«En Montería, Sincelejo y Quibdó se aprovechan de la inocencia de las niñas indígenas desplazadas -dice Cárdenas-. Muchos proxenetas pagan la dote para casarse con ellas, las llevan a otros sitios donde las prostituyen y después las devuelven diciendo que no sirvieron como esposas. Esas niñas son rechazadas por la comunidad. Los indígenas no denuncian porque no conocen nuestras leyes».
Principales hallazgos
Por las condiciones de pobreza los niños acuden al rebusque de comida y dinero o a la venta de productos en plazas de mercado, calles y carnicerías que es aprovechado por proxenetas y pedófilos.
Se encontraron casos de pequeños que a cambio de vender la mercancía con que ayudan al sustento de sus casas, se dejan tocar o tienen relaciones sexuales con adultos.
Taxistas, peluqueros, soldados, turistas, miembros de los grupos ilegales, camioneros y vendedores de plazas son los principales abusadores.
Exceptuando Malagana (Bolívar), en las ciudades analizadas se encontraron niños víctimas de la explotación sexual asociada al desplazamiento.
Pero en esta población son frecuentes los matrimonios serviles: menores son entregadas para las labores domésticas y sexuales a cambio de un pago mensual para sus familias. También se encontraron casos de niños que les compran las onces a sus compañeras para tener sexo con ellas.
En Medellín, Cali y Cúcuta la pornografía infantil es más fuerte. Los pedófilos pueden conseguir, entre los que venden películas piratas, DVD por 3 mil pesos o hacer su propio DVD en un café internet por 30 mil pesos.
La explotación de niños hombres que no tienen clara su sexualidad es constante. Hay pequeños de 10, 11 y 12 años vestidos como mujeres, incluso que han sido inyectados con hormonas.
Fuente: ElTiempo.com
En la operación han sido detenidas nueve personas relacionadas con los diferentes centros de producción. La red desarticulada estaba especializada en la falsificación y distribución de euros, dólares americanos, pesos colombianos, bolívares venezolanos, y otros documentos como visas europeas y lotería de Colombia.
Se han practicado diez registros simultáneos donde se han intervenido 57 planchas de impresión, 394 negativos y positivos -fotolitos- con imágenes de billetes euro de 50, 100 y 500, de dólares americanos y de moneda colombiana. Entre la moneda falsa intervenida hay casi 400.000 euros y más de 5.500.000 dólares USA.
La investigación ha sido realizada por la Brigada de Investigación del Banco de España de la Comisaría General de Policía Judicial, el Grupo de Falsificación de Moneda del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, el Servicio Secreto Americano y Europol. Gracias a la coordinación y cooperación internacional entre las distintas policías se ha asestado el que es el mayor golpe de los últimos años contra la falsificación de moneda.
Desarrollo de la operación
Los siete meses que ha durado la investigación han permitido a los agentes determinar las diferentes técnicas utilizadas por los falsificadores, así como las rutas utilizadas para su distribución en Europa, EEUU, Panamá, Costa Rica, Venezuela y Ecuador.
Se ha neutralizado el proceso de fabricación de un billete de 500 euros falso en el que la organización estaba trabajando. Han sido incautados los fotolitos de los que posteriormente saldrían las planchas de impresión con las que iban a elaborar esta falsificación.
Además, es la primera vez que se intervienen los fotolitos utilizados para elaborar el holograma de los billetes de 50 y 100 euros. Asimismo, ha sido localizada plancha de impresión utilizada para falsificar la visa Schengen francesa.
Fuente: Cadena Ser
Para compilar esta lista se tuvieron en cuenta multitud de factores comparativos (24 indicadores), que incluían desde el respeto por los derechos humanos hasta el nivel de cultura política de sus ciudadanos. En respeto de derechos humanos, Colombia obtuvo un cinco aclamado, siendo cinco la peor calificación posible. El país más pacífico de la tierra resultó ser Islandia: Colombia obtuvo 2757 puntos negativos, mientras que Islandia sólo obtuvo 1176. Por ejemplo, en respeto por los Derechos Humanos la puntuación de Islandia fue 1 y en cultura política de sus ciudadanos, su puntuación fue 10 (la mejor puntuación posible), mientras que la de Colombia era tan sólo 4.4 en este campo.
Los EE. UU. no hizo mucho mejor, ocupó el puesto número 97, superado en América Latina, entre otros, por México (93), Brasil (90), Bolivia (78), Cuba (62), Costa Rica (34), Uruguay (21) y Chile (19).
Estado Unidos fue criticado por su invasión ilegal de Irak que ha producido más de un millón de muertos en dicho país y lo que lo convirtió en el país más inseguro del planeta. Además, según el índice, un gran ejército muy bien entrenado y un gran gasto militar no es un índice de seguridad, sino de todo lo contrario, es un síntoma de represión y de violencia potencial. El porcentaje de gasto de Colombia en relación a su Producto Bruto Interno era de 2.29%, más del doble que el de Irak, que sólo era del 1%. Mientras que en Islandia se registraba 1 homicidio por cada 100 mil habitantes, en EE. UU. se registraban 2 y en Colombia 5, curiosamente el mismo número que en Irak, un país invadido y en medio de una guerra civil.
Colombia además se raja en democracia y transparencia, el nivel de corrupción es de 3.8 (un diez indica que no hay corrupción), en falta de libertad de prensa, funcionamiento de gobierno, gastos en educación, desempleo, la lista es interminable.
Todo lo anterior refleja que los medios de comunicación le están vendiendo a Colombia una fantasía, sirviendo tan sólo de portavoces de un gobierno corrupto que en nada ha mejorado la situación de los colombianos y que por el contrario, la ha deteriorado. Mientras que en los EE. UU. sólo el 23% de la población aprueba los resultados desastrosos del gobierno de Bush, en Colombia, el 84% está contento con un presidente que de seguir en el poder convertirá a Colombia en el país más violento de la tierra (esto obviamente refleja el bajo índice de educación y participación política de sus habitantes). Para aquellos que argumentan que la guerra de Uribe contra las FARC le ha traído seguridad a Colombia, la respuesta es obvia, un gobierno corrupto pelea con medios ilegales contra una guerrilla corrupta que pelea contra el gobierno con medios ilegales, el resultado es violencia indiscriminada e irrespeto por los Derechos Humanos. ¡Que entre el diablo y escoja!
Según la investigación, el abusador tiene entre 20 y 45 años, su nivel educativo es de primaria y tiene un trabajo mal remunerado (obrero de construcción, vigilante informal o vendedor ambulante).
Su víctima, en el 89 por ciento de los casos, es una mujer. De ese total, el 71,6 por ciento oscila entre los 0 y 20 años y casi la mitad son estudiantes y menores edad.El violador, igualmente, está íntimamente ligado al entorno de la víctima: en el 70 por ciento de los casos, el agresor es el mismo papá, el padrastro, el hermano u otro familiar.La psicóloga que dirigió esta investigación le dijo a EL TIEMPO que entre los detalles más reveladores, está que los familiares de las víctimas -por miedo a represalias o vergüenza-, camuflan las violaciones con supuestos casos de violencia intrafamiliar.»Esto se da principalmente cuando los afectados son menores de edad. Pero la verdad surge durante los diálogos con ellos», sostuvo la experta.¿Por qué los menores?La investigación arrojó que estas personas cometen sus fechorías, en el 45,5 por ciento de los casos, en la propia casa de la víctima. Le siguen las vías públicas, con el 31 por ciento de los registros.Por localidades, las más afectadas por los violadores son Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa y Engativá. Las cuatro contabilizan el 58,5 por ciento de los 3.713 casos de violación denunciados en Bogotá en los últimos cinco años.El estudio señala que el sábado es el día preferido por los violadores para atacar. La hora: entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Algo que llama la atención es que la mayoría de los violadores no necesita recurrir a armas de fuego o a cuchillos para amedrentar: solo cuatro de cada diez utilizan estos mecanismos. En la investigación de la Sijín, también se señalan algunas causas que explican por qué razón casi la mitad de las personas violadas en Bogotá son menores.
«Ese abuso sexual se facilita porque (los niños y las niñas) aprenden desde temprano que todo lo que tenga que ver con la sexualidad es tabú y por eso no conversan sobre el tema. Así interiorizan la primera ‘ley del silencio’ (frente a una violación)», señala el estudio de la Policía.»Las personas entrevistadas que sufrieron de abuso sexual en su infancia y -que no lo comunicaron en su momento- dicen que lo hicieron así para evitar un gran escándalo, confrontaciones dolorosas e incluso sanciones por parte de su familia», remata el estudio de la Sijín.
Uno de los casos El relato de una niña de 11 años estremeció a los investigadores de la Unidad de Vida de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá.Y no era para menos. «Me quiero suicidar tirándome a un bus para que me atropelle, porque este señor me besa y me hace cosas delante de mi hermanito (de 9 años)».El hombre al que se refería la pequeña era su propio padrastro: un vendedor ambulante de 35 años, con estudios de primaria y que dormía al lado de su habitación, en un barrio de Engativá.Capturan a dos violadores por díaEl año pasado fueron capturadas en Bogotá 816 personas por violación, es decir, un promedio de dos diarias, según cifras de la Policía. Hasta el pasado 30 de abril , iban 173. Actualmente, hay cerca de 360 personas presas por acto sexual abusivo y violación en las cárceles La Picota, Modelo, y las penitenciarias de Zipaquirá y Facatativá (Cundinamarca).Según cifras de la Fiscalía, cada día son abusados sexualmente en la ciudad un promedio de cinco niños.EL TIEMPO conoció que el acuerdo aprobado por el Concejo, para publicar en vallas las fotos de violadores condenados, está siendo estudiado por un grupo de abogados que lo consideran «inconstitucional». Dicen que un violador paga cárcel como sanción para resocializarse, y que podrían reclamar el buen nombre. «Cuando alguien sale de la cárcel, no deben por qué recordarles que cometieron un delito y menos con nombre y foto», dijo uno de ellos.
YESID LANCHEROS
REDACTOR DE EL TIEMPO (Colombia)
La multinacional aceptó la sanción al reconocer que le pagó protección a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar tachado de terrorista por Estados Unidos.
El acuerdo pone fin a una larga investigación del Departamento de Justicia sobre las transacciones financieras de la empresa con organizaciones terroristas colombianas.
En documentos presentados este miércoles ante la corte, los fiscales federales dijeron que la compañía y varios de sus directivos, a los que no identificaron, hicieron negocios con los paramilitares.
Las AUC han sido responsables de grandes masacres durante el conflicto civil colombiano y son responsables de una proporción importante de las exportaciones de cocaína del país. El gobierno estadounidense las designó organización terrorista en septiembre de 2001.
Los fiscales afirman que la empresa hizo esos pagos a cambio de protección. La empresa también pagó cifras similares a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), según los fiscales.
Los pagos fueron aprobados por directivos de alta jerarquía de la empresa con sede en Cincinnati (Ohio), dijeron los fiscales en documentos para la corte. Los libros contables fueron alterados para ocultar esas transacciones, según la fiscalía. Los pagos a las Auc comenzaron a partir de una reunión en 1997.
En la región bananera de Colombia se libraron feroces combates entre los guerrilleros izquierdistas y los paramilitares de ultraderecha.
Los detalles de los pagos no fueron incluidos en los documentos para la corte.
La bananera informó el mes pasado que había destinado 25 millones de dólares para resolver la demanda. La empresa indica que la investigación involucra a una antigua subsidiaria de la firma, que buscaba proteger la seguridad de sus empleados.
»La información presentada hoy es parte de un acuerdo que consideramos una solución racional al dilema que enfrentó la compañía hace varios años», dijo el presidente de Chiquita, Fernando Aguirre, en un comunicado. »Los pagos efectuados por la compañía siempre fueron motivados por nuestra preocupación de buena fe por la seguridad de nuestros empleados».
»Alrededor de septiembre de 2000, los directivos principales del acusado Chiquita sabían que la compañía efectuaba pagos a las Auc y que las Auc eran una organización paramilitar violenta», dice el documento presentado ayer.
Los abogados de la firma aclararon que los pagos eran ilegales, indicó la fiscalía.
»Lo importante aquí es que: no se puede efectuar el pago», le aconsejó a la bananera el abogado que había contratado en febrero del 2003, de acuerdo con un extracto de un memorándum incluido en los documentos presentados ante el tribunal.
En abril del 2003, funcionarios de la empresa y sus abogados hablaron con fiscales del Departamento de Justicia, a quienes dijeron que habían efectuado esos pagos. De acuerdo con los documentos presentados ante la corte, los pagos continuaron durante meses.
Otros dos casos pendientes La multinacional estadounidense Drummond también está siendo señalada de tener nexos con ‘paras’ colombianos.
Es más, recientemente fue acusada ante una juez de Alabama (E.U.) por su supuesta responsabilidad en la muerte de tres sindicalistas, asesinados por las Auc. Voceros de la empresa aseguran que la juez de E.U. ya desestimó la demanda. Pero los sindicalistas manifiestan que dio vía libre para llevar el caso a otras instancias.
Y la embotelladora de Coca Cola en Colombia pasa por una situación similar: la acusan de amenazar (a través de ‘paras’) a un grupo de sindicalistas, uno de los cuales fue asesinado. En el 2006, una corte de E.U. falló, en primera instancia, a favor de Coca Cola. Sin embargo, la decisión fue apelada por voceros de su sindicato y está pendiente el fallo en segunda instancia.
Diversas fuentes
La Justicia colombiana ha condenado a un año y medio de prisión a una mujer que hacía implantes en senos con grasa de cordero, lo que ha ocasionado graves daños a una de sus «pacientes». La farsante casi provoca la muerte de la su ‘a la postre’ demandante, según los medios locales.
El juzgado séptimo penal del puerto caribeño de Barranquilla, en el norte del país, condenó a Maritza Gómez Alvarez, quien prometía a sus clientas «realzar y embellecer su busto», según publican medios locales.
La demanda contra Gómez Alvarez la presentó Lina Garizao Henao, quien en noviembre de 1998 y junio de 1999 se sometió al «tratamiento» de grasa de cordero con la presunta especialista.
Colombia, desgraciados precedentes
En Colombia son habituales los casos en los que varias mujeres se han sometido a implantes en los glúteos con inyecciones de aceite para cocinar o parafina, con graves consecuencias para su salud.
La afectada comenzó a sufrir excesivos dolores y molestias en los senos y tras consultar a varios médicos especialistas, estos le extirparon las glándulas mamarias, por los daños ocasionados por la grasa de cordero, que empezaba a afectar su salud en general.
La decisión judicial, según las fuentes, se basó en las consideraciones de dos especialistas quienes extirparon las glándulas mamarias de la mujer por las múltiples deformaciones que sufrió.
Fuente: http://www.informativos.telecinco.es
El proceso abierto contra un jefe rebelde del Congo por esta práctica es un campanazo de alerta que ojalá entiendan guerrillas como las Farc, afirma su editorial.
Hace algunos días, la CPI anunció el inicio de un proceso contra Thomas Lubanga Dilo, líder de una milicia en el Congo a la que se acusa de masacres étnicas, torturas y violaciones en este país africano.
De acuerdo con cálculos de la Unicef, en el momento más crítico del conflicto, en el 2003, alrededor del 30 por ciento de esta milicia estuvo compuesta por niños que había sido reclutados a la fuerza o a cambio de un plato de comida. Desde entonces, más de 30.000 han sido desmovilizados desde entonces.
Según el Times, unos 250 mil niños son utilizados en conflictos que se extienden por más de 20 países del mundo.
«Muchas cosas buenas pueden salir de este enfoque de la Corte con los niños soldados. La decisión de los tribunales internacionales para Ruanda y Yugoslavia de tratar la violación como uno de los crímenes más serios, ha provocado cambio de actitudes y prácticas a nivel mundial. Ahora el CPI quiere poner su atención en otro horror extendido pero ignorado. Líderes guerrilleros en Colombia, Sri Lanka, Oeste del África, al igual que el gobierno de Myanmar deberían prestar mucha atención», dice el editorial.
De acuerdo con la ONG Human Rights Watch, en Colombia más de 11.000 niños combaten en el conflicto armado, «una de las cifras más altas del mundo». Aproximadamente el 80 por ciento de estos niños, de acuerdo con el grupo, pertenecen a las Farc y el Eln. El resto combate en las filas paramilitares.
Al menos uno de cada cuatro combatientes irregulares de Colombia es menor de 18 años. Varios miles de ellos son menores de 15 años, la edad mínima permitida para el reclutamiento en fuerzas o grupos armados de acuerdo con los Convenios de Ginebra.
En mayo del 2005, el Congreso colombiano ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Este tratado fija en 18 la edad mínima para la participación directa en las hostilidades, para el reclutamiento obligatorio o para cualquier reclutamiento o uso en hostilidades por parte de grupos armados irregulares.
En noviembre del año pasado el reclutamiento de menores por parte de la guerrilla colombiana fue objeto de discusión en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Fuente:
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON