El periódico ¿la verdad? (lo pongo entre minúsculas y con interrogaciones) ofrece a sus lectores al módico precio de 15,95 € una pulsera de la energía, de la fuerza todopoderosa y el equilibrio con su edición del domingo…
Y se llama «la verdad»… pues, habrá que tener muuucho cuidado con las «verdades» que cuentan. Si yo fuera de Murcia, no volvería a comprar esa basura de periódico en mi vida.
En serio, a veces me da la sensación de que no vale para nada lo que tanto y tantos nos empeñamos en decir… nada… El sentido común a volar por ahí…
Y ya, para añadir más guasa al asunto, este mismo periódico hace tan sólo unas semanas (29/04) mostraba un anuncio de precaución anunciando que «[Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]«… ¿Esto ya es cachondeo?… Lectores de «la verdad» hagan el favor de comprar cualquier periódico salvo este papelucho de mentirijillas…
Fuente: La Aldea Irreductible
Bajo licencia Creative Commons
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Enlace relacionado:
1. Francisco Marqués (PP). Exconsejero y ex delfín del presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y director general de HEFAME: Prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales
2. José Martínez Andreo (PP). Alcalde de Totanta. Pasó por la prisión de Sangonera. Prevaricación y tráfico de influencias.
3. Juan Escudero (PSOE). Ex alcalde de Los Alcázares. Delitos urbanísticos.
4. Manuel M. Sánchez (PP). Alcalde de Archena. Delitos urbanísticos.
5. Antonio Tamayo (PP). Alcalde de Cieza. Delitos urbanísticos, contrataciones ilegales.
6. Francisco Blaya (PP). Alcalde de Mazarrón. Malversación de fondos públicos, cohecho.
7. José Luis López (PP). Alcalde de Villanueva. Delitos urbanísticos y medioambientales.
8. José Bolarín (PP). Alcalde de Ulea. Delito urbanístico, tráfico de influencias.
9. P. Antonio Sánchez (PP). Alcalde de Puerto Lumbreras. Varias querellas por delitos urbanísticos.
10. José Hernández (PP). Ex alcalde de San Javier. Delitos urbanísticos.
11. Paco Salinas. Alcalde de Ojós. Pederastia.
12. Matías Carrillo (PP). Alcalde de Fortuna. Compra de votos.
13. Daniel García (PP). Alcalde de Torre Pacheco. Delitos urbanísticos.
14. Mª Antonia Conesa (PP). Alcaldesa de Fuente Álamo. Dellitos urbanísticos.
14. Juan Ramírez (PP). Alcalde de Águilas. Delitos urbanísticos.
15. Juan Morales (PP). Exalcalde de Totana y diputado regional. Delitos urbanísticos, cobro ilegal de comisiones.
Cobro ilegal comisiones
16. Leandro Pérez (PP). Ex concejal de Mula. Delitos urbanísticos.
17. Joaquín Peñalver (PP). Funcionario de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia. Delitos urbanísticos.
18. Antonio Alvarado (PP). Ex director general del gobierno de Valcárcel. Delitos urbanísticos.
19. Marco Ortuño Soto (PP). Ex director general del gobierno de Valcárcel. Delitos urbanísticos.
20. José María Ródenas (PP). Ex subdirector general de Urbanismo del gobierno de Valcárcel. Delitos Urbanísticos.
21. Encarna Muñoz (PP). Ex directra general de Medio Natural del gobierno de Valcárcel. Deliltos urbanísticos.
22. Manuel Alfonso Guerrero (PP). Ex director general de Urbanismo del gobierno de Valcárcel y gerente de Urbanismo de Lorca. Delitos urbanísticos.
23. Lázaro Mellado (PP). Alcalde de Alcantarilla. Delito medioambiental.
24. Gregorio Guerrero (PP). Concejal de Fortuna. Delitos urbanísticos.
25. José Martínez (PP). Alcalde de Librilla. Pasó por la cárcel de Sangonera. Corrupción y cobro de comisiones ilegales.
26. Pedro Martínez (PP). Concejal de Urbanismo de Librilla. Pasó por la cárcel de Sangonera. Corrupción y cobro de comisiones ilegales.
Fuente: LA RAYA SIN FRONTERAS [LRSF]
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– Los Genoveses
Enlaces de interés:
El Tribunal Supremo (TS) ha aumentado de 2 años, 3 meses y un día a 10 años de inhabilitación la condena impuesta al juez Fernando Ferrín Calamita por un delito de prevaricación judicial por haber retrasado la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica.
El alto tribunal ha admitido parcialmente los recursos del fiscal, el juez y la mujer que iba a adoptar contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que le condenó por un delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia con la agravante de desprecio de la orientación sexual. El Supremo, no obstante, en lugar de ese delito aprecia ahora el de prevaricación, tal y como solicitaron el Ministerio Fiscal y la acusación particular.
La Sala de lo Penal del TS considera que la intención del magistrado era impedir la aplicación de la solución adoptada por la ley, –que admitió el matrimonio entre personas del mismo sexo y previó el supuesto de que el adoptado fuera hijo del consorte del adoptante– aunque «actuara en paralelo a una ideología jurídica o metajurídica propia o de algún sector social».
Además de la pena de inhabilitación, el TS impone a Ferrín Calamita una multa de 720 euros y una indemnización de 6.000 euros para la mujer que pretendía adoptar.
El recurso del PP
El TSJ de Murcia concluyó que el juez, que se encuentra suspendido, llevado por su convicción de que el matrimonio homosexual es dañino para los menores, quiso «retrasar al máximo la resolución del asunto, bien por la esperanza de que prosperara el recurso formulado por un partido político», en referencia al PP, «o bien para aburrir».
El Alto Tribunal considera que los acuerdos adoptados por el juez no solo implican unas «injustas resoluciones retardatorias» sino también un «despliegue de activa obstrucción beligerante» para impedir la aplicación de la ley, especialmente, añade, cuando trataba de cuestionar la idoneidad para la adopción por la orientación sexual de la mujer.
Aunque recuerda que la ley establece el interés superior a proteger es el del menor, para lo cual tendrá que tenerse en cuenta la idoneidad de los adoptantes, el Supremo sostiene que en este caso la adopción ha sido «anormalmente desplazada en el tiempo».
«Activa obstrucción beligerante»
Según el Supremo, este retraso respondió al conflicto que se le planteó al juez entre la protección al menor y las circunstancias de la adoptante y su cónyuge, que radicaban en que eran dos mujeres.
Según desataca la sentencia, el juez, cualquiera que fuera su ideología, tenía «el deber de adaptarse en su quehacer judicial a la solución ya tomada por la ley».
El fallo detalla que Ferrín Calamita adoptó «una pluralidad de acuerdos intencionada e injustamente retardatorios», además de «un despliegue de una activa obstrucción beligerante para impedir la efectiva aplicación de la voluntad legislativa».
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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– La FELGTB concede sus ‘latigos’ a los más homófobos del año a la COPE y al juez Ferrín Calamita
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Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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– Espectacular aumento de las denuncias por violencia de género
– Asignatura Derecho Penal II. Licenciatura en Criminología
La Guardia Civil ha detenido al inspector jefe de la segunda actividad de la Brigada de Extranjería y Documentación de Murcia, Diego de Gea, según informaron a Europa Press fuentes cercanas. Al parecer, está implicado en una red dedicada a regularizar a inmigrantes de forma fraudulenta.
Y es que, la Benemérita, en la denominada operación ‘Huellas’, llevada a cabo en Murcia, ha desarticulado dicha red. La operación se ha saldado con la detención de 21 personas y la imputación de 17 más, entre las que se encuentran funcionarios de la Administración y miembros del Cuerpo Nacional de Policía destinados en el edificio de Extranjería de Murcia.
Los hechos se remontan a hace seis meses, cuando la Guardia Civil recogió una serie de denuncias de particulares y de organizaciones versadas en supuestas prácticas irregulares que se venían sucediendo en torno a trámites administrativos gestionados en el inmueble de la Oficina Única de Extranjeros (O.U.E.), más concretamente en el área policial de dicho inmueble, según informó la Delegación del Gobierno en un comunicado.
Tales irregularidades se enmarcaban en el proceso de estampación de la huella digital, así como en el de la concesión y renovación de los permisos de residencia. De hecho, algunos de los inmigrantes que conseguían regularizar su situación administrativa tenían incluso causas pendientes con la justicia, llegando a estar buscados por ella.
Tras una «exhaustiva» investigación por parte de la Guardia Civil, se pudo determinar la existencia clara de dos grupos de actores «perfectamente estructurados y jerarquizados» de forma piramidal.
Un primero formado por funcionarios tanto del Cuerpo Nacional de Policía, como de la Administración General del Estado destinados en el área policial de la O.U.E, que serían los que tendrían acceso a realizar los trámites fraudulentos a cambio de supuestas comisiones económicas. Sobre este grupo se han realizado tres detenciones y otras tres imputaciones.
Un segundo grupo, estructurado de forma jerarquizada y piramidal, formado por personas de origen árabe externas a la O.U.E. y en cuyo vértice se encontraba un marroquí –que responde a las iniciales de T.N.– el cual mantenía «estrechas» relaciones con el primero de ellos, y ejercía de enlace personalmente entre los mismos. El resto lo componían facilitadores o captadores de clientes que se los hacían llegar a T.N. Sobre este grupo se han realizado 18 detenciones y otras 14 imputaciones.
El pasado lunes comenzó la explotación de la operación, organizándose por parte de la Jefatura de la Zona de la Guardia Civil de Murcia un «gran despliegue» de efectivos por toda la Región que localizó, detuvo e imputó en menos de 10 horas a 36 personas implicadas en dicha trama.
Aquellas que habían pagado por la compra de documentos falsos o habían realizado los trámites de forma irregular fueron puestas en libertad tras prestar manifestación.
En otro sentido, aquellos pertenecientes a los dos grupos anteriormente citados pasaban en calidad de detenidos a disposición judicial. El total de la operación arroja un total de 21 detenciones y 17 imputaciones, 5 registros domiciliarios y la incautación de numerosa documentación falsificada.
Para la identificación y detención de los funcionarios implicados se ha contado con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía y responsables de la Oficina Única de Extranjería.
Fuente: EuropaPress
1. Murcia hoy dota de razón al anuncio de los Situacionistas en el París de 1961: el urbanismo contemporáneo debe someterse a la lupa del criminólogo y del penalista. Lo que estamos conociendo de muchos municipios murcianos desmiente el supuesto “carácter aislado” de tal o cual caso de corrupción, como argumentan defensivamente desde el Gobierno Regional de Ramón Luis Valcarcel. No son hechos aislados, pues no son únicamente individuos los materiales que componen la corrupción urbanística. El enfoque individualista debe dar paso a una sociología de la corrupción urbanística, como nos proponía recientemente el Foro Ciudadano en un debate sobre la cuestión, en la cual tal fenómeno quede definido como una acción socialmente estructurada e institucionalmente construida.
2. En los casos de corrupción que conocemos, una apreciación salta inmediatamente a la vista. Hay en todos ellos una precisa división social del trabajo en la cual una variopinta gama de agentes con funciones socialmente definidas ha requerido movilizarse para el ejercicio de la corruptela: alcaldes y concejales recalificadores; promotores y propietarios; periodistas locales que silencian, entidades financieros prestamistas o “limpiadoras”, notarios y registradores de la propiedad, arquitectos municipales, jefes de la policía local, etc. Es decir, auténticas tramas, o mejor dicho redes con papeles y funciones bien delimitadas, y que cruzan de arriba abajo el espacio social.
3. Redes que tienen una historia, y además una larga historia en el tiempo. En esas redes duraderas los individuos se suceden, pero las posiciones y las funciones permanecen. Los individuos son contingentes, pero la división social del trabajo es necesaria. Es interesante reconstruir la historia de vida de estas redes: ¿cómo y dónde empezó todo? ¿cómo se constituyó? ¿cuál es la trayectoria familiar y profesional de cada uno de los implicados? El caso Fabra en Castellón es emblemático: se trata de una auténtica dinastía familiar que lleva sucediéndose en la Diputación de Castellón desde que Victorino Fabra Gil fallecía en 1907 siendo presidente. Su actual sucesor en la familia, el actual presidente de la Diputación, Carlos Fabra ha multiplicado su patrimonio personal desde que accedió al poder en 1995, así como sus acciones en bolsa. La agencia tributaria ha detectado 600.000 euros no justificados por Fabra. 26 asesores nombrados a dedo (y 700.000 euros destinados a pagarles en sueldos), gastos en 2003 de 165.00 euros en comidas y 26.000 en entradas para los toros.
4. Comidas y entradas para los toros: normalmente los miembros de la red de corrupción tiene una intensa vida social. Es así como se forman las clientelas y simpatías sociales. Estos días leemos las divulgadas mediáticamente conversaciones telefónicas relacionadas con las alcaldías de Fuente Álamo y Torre Pacheco. Muy relevantes de lo que es la Murcia de hoy la reacción del candidato número dos de la lista del PP al Congreso por Murcia, Vicente Martínez-Pujalte: “los vecinos de Torre Pacheco y Fuente Álamo volverán a votar al PP” (La Opinión, 5/II/2008). Impresiona esta certeza. Pero sabemos que en toda red corrupta hay un mecanismo de usurpación del poder público, poniendo el capital político al servicio del interés privado; y un mecanismo de redistribución social del beneficio, el cual suele amortizarse con el respaldo del voto de los electores.
5. Álvarez Junco denominó a la corrupción “la política en la penumbra”. Cuando se crean y arraigan espacios de opacidad dentro del sistema democrático, la democracia se torna inviable. La dinámica de SICILIANIZACIÓN de Murcia nos lleva por derroteros de perversión de la democracia, impidiendo cualquier proyecto de región social y ambientalmente sostenible.
6. Me parece que para entender la sociología de la corrupción urbanística hoy es interesante establecer un paralelismo con el fenómeno del caciquismo decimonónico de la Restauración: “Cacique es la persona que ejerce el poder político en una localidad, estando vinculado formalmente, a través de un partido político, a un oligarca, informalmente a la autoridad, y que tiene a las personas o grupos sobre los que ejerce el poder en situación de clientela” (Juan del Pino Artacho, 1972). Sustitúyase en este párrafo el término “cacique” por el de “corrupto”, y tendremos una perfecta definición sociológica de la corrupción entendida como, en primer lugar, una estructura o estrategia de poder de apropiación de capital político. En segundo lugar, una estructura o estrategia de poder político conectada con las relaciones oligárquicas de propiedad del suelo. En tercer lugar, un sistema de utilización del poder político por parte de los que usurpan oligárquicamente la propiedad de la tierra. Y finalmente, un sistema que enraíza en la comunidad local a través de estructuras clientelares.
.Andrés Pedreño, profesor de Sociología de la Universidad de Murcia.
Miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia
La Federación Agroalimentaria de UGT de Murcia denunció ayer que 17 empresas de trabajo temporal (ETT) de la Región desarrollan su actividad sin licencia. El sindicato recordó que en el último trimestre de 2006 la Dirección General de Trabajo retiró la licencia a estas empresas en diversas inspecciones «por graves irregularidades» en su actuación, ante lo que éstas presentaron un recurso contencioso-administrativo. Mientras se resuelve, estas ETT prosiguen su actividad. El secretario general de FTA-UGT de Murcia, Jesús Cámara, dijo que su sindicato «no entiende cómo empresas sin autorización ni licencia, por demostrados incumplimientos graves contra la legislación vigente, pueden seguir actuando con total impunidad». Cámara hizo estas declaraciones después de que cuatro empresarios de una ETT hayan sido detenidos por una presunta estafa a 300 inmigrantes irregulares, a los que no pagaron su trabajo.
El presidente la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal de la Región (ATTESUR), Cristóbal Jover, aseguró ayer que el sector «repudia» la actuación de esta empresa, y defendió la limpieza y transparencia en el sector. Aseguró que la patronal vigila que las empresas cumplan con los requisitos, y recordó que a 17 ETT les han retirado la licencia por incumplir esos criterios.
Fuente:LaVerdad.es
La Policía trata de averiguar si grupos de proxenetas están explotando a mujeres asiáticas en distintos pisos Agentes del Cuerpo Nacional de Policía están investigando el desembarco de las mafias chinas de la prostitución ante la llegada de numerosas mujeres asiáticas que se anuncian en las secciones de relax de los periódicos. Su objetivo es averiguar si estas mujeres son explotadas sexualmente y si son sometidas a todo tipo de vejaciones para conseguir pagar la deuda que han contraído con las mafias de tráfico de personas para su llegada a Europa.
De la misma forma que en los últimos años hubo una llegada masiva de mujeres que eran obligadas a prostituirse desde toda sudamérica y los países del Este de Europa, la nueva moda en los servicios de relax son las mujeres orientales.
La Policía sospecha que las mujeres asiáticas que están prestando sus servicios podrían haber llegado a España y a la Región con ofertas de trabajo en restaurantes y bazares. Sin embargo, la realidad que les espera es bien distinta.
Uno de los problemas con los que se encuentran los investigadores es que la comunidad china es muy endogámica, muy cerrada a toda persona que no sea de su misma nacionalidad. Además, son muchos los que tienen miedo a los grupos mafiosos chinos, denominados ‘triadas’, cuya implantación y poder se está extendiendo por todo el mundo, caracterizados por su violencia y por el cobro de una especie de impuesto revolucionario a los comerciantes. Este mismo año, dos presuntos cabecillas de estas mafias fueron detenidos en Barcelona.
En cuanto a las mujeres asiáticas que ejercen la prostitución en la Región, ofrecen servicios que van desde los masajes orientales a prácticas sexuales de riesgo. Por ejemplo, ofrecen felaciones sin el uso del preservativo. Asimismo, realizan prácticas relacionadas con el ‘bondage’, una especie de sado-masoquismo ‘suave’, consistente en atar a una persona y realizar sobre ella diversas prácticas supuestamente eróticas. Estas prácticas de dominación a las que son sometidas las meretrices van desde los insultos hasta castigos corporales más o menos ligeros.
El temor de los investigadores es que estas mujeres, además de ser obligadas a ejercer la prostitución, vivan en condiciones cercanas a la esclavitud, como han descubierto en otras operaciones contra las mafias asiáticas de tráfico y explotación de personas procedentes de China.
De hecho, en otras operaciones se ha descubierto la venta de personas, como si fuesen esclavos, por ochocientos euros, como quedó constatado en una operación policial desarrollada en Gran Canaria.
Fuente: laopiniondemurcia.es
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han investigado mil casos en lo que va de año, lo que significa un incremento del 19%
Las denuncias por malos tratos se multiplican en la Región y ya es el delito por el que más detenciones efectúan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. De hecho, ha crecido tanto en los últimos meses, que los agentes y los juzgados que llevan los asuntos relacionados con la violencia doméstica se sienten desbordados.
Sólo en la demarcación de la Guardia Civil, el número de denuncias se ha incrementado en un 19% en lo que va de año. Otro ejemplo: el Juzgado de Violencia Contra la Mujer de Murcia (el único dedicado exclusivamente a esta materia en la Región) ha recibido en lo que va de año más de mil casos. Son más de cien denuncias al mes sólo en el partido judicial de Murcia, que comprende los municipios de Alcantarilla, Beniel, Murcia y Santomera.
Según afirmaron mandos del Cuerpo Nacional de Poliía esta misma semana, si no se tiene en cuenta en las estadísticas la violencia en el ámbito doméstico, se ha reducido el número de delitos a menos de los que se produían en 2001.
Hay varios motivos que justifican el aumento en el número de denuncias por malos tratos. Según responsables de las unidades especializados en esta materia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Equipo de Mujer y Menor de la Guardia Civil y Servicio de Atención a la Familia del Cuerpo Nacional de Policía), existe una mayor concienciación social sobre la violencia doméstica y se han facilitado los mecanismos para que la mujer pueda denunciar y se sienta protegida.
De hecho, en el Teléfono único de Emergencias 112, en cuanto una mujer llama solicitando ayuda se activa un protocolo en el que interviene la Poliía, los servicios sanitarios y los servicios sociales para que la vÃctima se sienta protegida.
También influye en este aumento de las denuncias las continuas y casi diarias noticias sobre asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex compañeros sentimentales.
Asimismo, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como de las policías locales, están recibiendo cursos espeíficos sobre la materia, existiendo en todas las plantillas un número creciente de expertos.
Sin embargo, a pesar del aumento en el número de agentes especializados en violencia de género, siguen desbordados por la gran cantidad de casos que les llegan, algunos de ellos, por desgracia, denuncias falsas de mujeres que aprovechan la ley para vengarse de sus parejas o conseguir un divorcio ventajoso.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
“Nos llama asesinas a todas las mujeres. Dice que matamos a los niños cuando están en nuestros vientres. Nos crispa cuando afirma que la mujer, desde que ha decidido ser dueña de su cuerpo, es la causa principal de la destrucción de la familia, la destrucción de sus hijos y la destrucción del mundo”. Eso decía en una emisora de radio una vecina de la pedanía murciana de Sangonera la Verde sobre lo que expresa desde el púlpito el cura-párroco, Pedro Camacho Ruiz, (foto de La verdad), lorquino, de 40 años de edad, al que un grupo de feligreses quiere que, por lo menos, amoneste su obispo, monseñor Reig Plà.
“Los homosexuales se van haciendo, la culpa la tienen las madres que cuando son niños les protegen demasiado”; “Mahoma era un analfabeto”; “los hijos de las mujeres separadas tiene muchos problemas y cuando tienen catorce años tienden a suicidarse” o “Papa Nöel no existe, es un invento de la Coca-Cola”, son otras perlas del sacerdote, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.
“La mujer está hecha para servir al marido y esperarle con la cena preparada y la mesa puesta”; “vuestras hijas lo enseñan todo; sólo tenéis que comprarles el bolso para que se vayan a las esquinas”; o “sóis mayores y ya no pintáis nada; lo mejor que podéis hacer es morir y entregar el alma a Dios”, es otra retahíla de ocurrencias del mencionado cura sobre cuyo discurso se espera una pronta y contundente reacción desde el obispado de Cartagena.
Los vecinos de Sangonera la Verde aseguran que son muchos los feligreses que, desde otros lugares, acuden hasta esa parroquia para comprobar en primera persona si son ciertos los argumentos denunciados en un escrito por más de 140 personas. Y, una vez oído el sermón de don Pedro, no salen de su asombro y estupor. El cura, por su parte, sólo ha replicado que todo son «calumnias surrealistas y esperpénticas». Y mientras, otro numeroso colectivo vecinal emitía hoy otro comunicado, éste de claro apoyo al párroco de la pedanía murciana, denunciando «la politización» del asunto.
Fuente EL confidencial de Murcia
La concejal de Seguridad y Empleo, Nuria Fuentes, anunció ayer la inminente puesta en marcha de un plan de actuación para evitar el consumo y tráfico de drogas en los lugares públicos del Municipio. Para ello, agentes de la Policía Local se encargarán de controlar, sobre todo, los jardines, aunque la vigilancia podrá extenderse al interior de bares y tascas. Cuando los sorprendidos por los agentes sean menores, la Concejalía enviará una carta comunicándoselo a sus padres o tutores.
La concejal aclaró que impulsa este plan después de realizar un balance de la campaña de seguimiento realizada por la Policía Local en torno a la detección de estupefacientes en lugares públicos. Y las conclusiones son desalentadoras. Más de 1.000 intervenciones realizadas por los agentes municipales han dado lugar a que se formulen entre 2005 y los primeros cuatro meses de 2006 un total de 984 denuncias: 855 de ellas por tenencia de drogas y 129 por consumo en la vía pública.
Un aumento preocupante
Las sustancias estupefacientes intervenidas han sido, por orden de mayor a menor cantidad, las siguientes: hachís, marihuana, cocaína, heroína y éxtasis. El equipo de gobierno municipal, como insistió Fuentes, «siente una gran preocupación por las consecuencias del consumo de drogas, sobre todo entre los más jóvenes». El interés por combatir este problema se traduce en una «permanente atención» por parte de la Policía Local sobre consumo y tenencia ilícita de estupefacientes en calles y todos los lugares públicos.
Las intervenciones de la Policía Local responden a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que en su artículo 25.1 aclara que «constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes, o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios anteriormente mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo».
Cierre de locales
El mismo artículo, según apuntó Ángel Marín, jefe de la Policía Local, permitirá «extender puntualmente el control a los bares. Además, si se prueba que los dueños lo permiten podría sufrir graves sanciones, incluso el cierre de su local». Por infracción a la normativa citada, durante el pasado año 2005 se han formulado 539 denuncias: 444, por tenencia de drogas y 95 por consumo. Durante los primeros cuatro meses de 2006 los datos alcanzan las 411 denuncias por tenencia y 34 por consumo; en total: 445.
La Concejalía mantendrá los dispositivos de detección ya puestos en marcha y ha diseñado un plan especial de actuación en materia de tenencia y consumo de sustancias ilícitas en lugares públicos, de modo que abarcará todo el término municipal
Fuentes añadió que «se llevará a efecto en ciudad y pedanías, puesto que esta problemática tiene un carácter general». Este plan especial se extenderá a lo largo de todo el día, los siete días de la semana, dado que estas conductas tampoco conocen de horarios ni de días determinados: «A cualquier hora y cualquier día se han producido intervenciones de la Policía Local».
El operativo estará centrado en jardines y lugares públicos donde se ha detectado esta actividad en los últimos meses. En el participará toda la plantilla aunque, de manera especial, lo harán policías del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC, compuesta por 45 agentes), de uniforme y de paisano. Los objetivos básicos y las funciones a desarrollar serán prevención, disuasión y la intervención específica adecuada,
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
La proliferación de nuevas urbanizaciones y de colonias de ciudadanos extranjeros atrae a los prófugos, que pasan desapercibidos
La Región se está convirtiendo en uno de los principales puntos de atracción para los fugitivos internacionales, personas que han cometido graves delitos en su país de origen o en terceros países. Así lo afirma el encargado de Grupo de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía. Murcia, así como todo el Levante, las Islas Canarias y las Baleares es un importante foco de atracción para muchos criminales.
Según explica el jefe del Grupo de Localización de Fugitivos, que prefiere guardar el anonimato por motivos de seguridad, «los fugados buscan un clima benigno y se refugian en zonas turísticas en las que fácilmente pueden pasar desapercibidos, con áreas o urbanizaciones residenciales que, en ocasiones, se escapan del control policial, no están inscritas en el padrón municipal y son urbanizaciones de reciente construcción cuyas direcciones son incompletas o difíciles de localizar. Además, muchos de estos criminales buscan seguir hablando su lengua natal y por eso eligen, mayoritariamente, zonas cercanas al mar con urbanizaciones en la que hay unanimidad de residentes de su nacionalidad de origen, extremo que de alguna manera les facilita éste propósito».
Por fortuna, como reconocen desde el Grupo de Localización de Fugitivos, la Región no es una de las comunidades autónomas más frecuentada por los fugitivos que se suelen establecer en el resto del litoral Mediterráneo y en las Islas Baleares y en las Canarias. Sin embargo, la expansión urbanística con la creación de numerosas urbanizaciones en las que habrá importantes colonias de extranjeros, coloca a Murcia en uno de los puntos de referencia para esta unidad especializada del Cuerpo Nacional de Policía.
Casi 300 detenciones.
De hecho, en Murcia el Grupo de Localización de Fugitivos sólo ha detenido a cuatro prófugos internacionales desde su creación en el primer trimestre de 2004. Hasta la fecha, esta unidad ha detenido a 286 fugados, habiendo realizado casi cuarenta detenciones este año. En su lista de criminales a localizar, hay unas 240 personas y varias de ellas, un número sin determinar desde Grupo para no entorpecer las investigaciones, están siendo buscadas en la Región.
El Grupo de Localización de Fugitivos fue creado ante la apremiante necesidad de contar con una unidad policial dedicada única y exclusivamente a la búsqueda de las personas que por distintas causas se les ha colgado el cartel de ‘fugados’. Era un hecho, que numerosos criminales de guerra y asesinos se habÃían retirado a disfrutar del sol español y, por las dificultades que entrañaba su localización, se formo esta grupo especializada.
Según explica el responsable del Grupo, «nuestro trabajo es buscar a aquellos que otros colegas no los han podido localizar por diversos factores, bien porque en su momento no se les pudo atrapar o porque se han fugado aprovechando una libertadad condicional no vigilada. Los profugos se suelen marchar de su paÃís de origen o simplemente se escondiden en lugares más tranquilos e incluso anónimos, como en el caso del delincuente nacional».
El Grupo de Localización de Fugitivos recibe información de sus objetivos por diversas vías. La primera, es el Cuerpo Nacional de Policía, que basándose en sus propias investigaciones encarga a esta unidad la localización de personas que no lograron atrapar en determinadas operaciones policiales. Sin embargo, el grueso de sus objetivos se los ‘encargan’ a través de los distintos servicios que integran la Unidad de Colaboración Internacional, que depende de esta misma Comisaría General de PolicÃía Judicial, como son la Oficina central nacional de Interpol, Europol y la Oficina Sirene.
Según el jefe del Grupo, «en el momento en el que recibimos la petición de búsqueda de algún fugado, se recaba toda la información posible y se confecciona un formulario de apertura de investigación, que se envía por correo electrónico a la Unidad Central de Inteligencia Criminal, también dependiente de esta Comisaría General de Policía Judicial. Desde Inteligencia nos indican si la persona que es objeto de búsqueda, está siendo investigada por cualquier Brigada o Grupo del Cuerpo Nacional de Policía, por el motivo que sea. Si es así, nos ponemos en contacto con los investigadores y acordamos la estrategia más eficaz para el caso, primando la investigación que contra esa personas se está desarrollando en España. En el supuesto de que la persona buscada no sea objeto de ninguna investigación, por ser desconocido en los archivos policiales, procedemos como en cualquier investigación policial, con el único objetivo de localizarlo y detenerlo, ya que, una de las ventajas que tenemos nosotros, es que no tenemos que demostrar nada, ya ha habido otros policías, a nivel nacional o internacional, que ya encontraron pruebas de sus fechorías delictivas». En estas investigaciones, se maneja mucha información y el grupo cuenta con el apoyo de las distintas Comisarías y unidades de la Policía Nacional.
Fuente: LaOpinión de Murcia
En 2004, Murcia registró 17 de los 101 delitos de empleados públicos contra la Administración. Detrás estaban Segovia con siete y Las Palmas con seis.
Fraude, prevaricación, tráfico de influencias y malversación son algunos de los 17 delitos contra la Administración pública que supusieron condena para funcionarios en 2004, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de 2004. Los delitos contra la Administración son todos aquellos que puedan ser cometidos por los empleados públicos.
Durante 2004 en toda España se registraron 101 delitos (con condena) de este tipo y los murcianos se encuentran a la cabeza, ya que sólo tienen por detrás, y bastante lejos, a Segovia con siete y Las Palmas con seis. Pero no sólo eso, siguiendo con el estudio del INE, los murcianos son los segundos que más delitos cometieron contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, con 14, sólo tenemos por delante a Jaén con 15 delitos. En cuanto a las causas contra la administración de justicia nos encontramos en el décimo lugar de las 52 provincias, con 199 delitos. El arquitecto municipal reaparece El arquitecto municipal Joaquín Peñalver asistía el pasado miércoles a la inauguración de una exposición en la galería La Aurora, de Murcia. Allí coincidía con el edil de Urbanismo. El fiscal jefe de Murcia ha abierto diligencias penales a Peñalver, de baja por paternidad. El TSJ investiga si ha favorecido a su familia en los siete años que lleva en su cargo.
Cronología: Escándalos urbanísticos en la Región de Murcia 24 de enero de 2006: El concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Sánchez Carrillo, es acusado de votar tres veces a favor de sendos proyectos de Polaris World. Uno de sus dueños, Facundo Armero, es socio de Sánchez Carrillo, en la construcción de casas en Ronda Sur. También se supo que Carlos Valcárcel, hermano del presidente de Murcia, era socio de Polaris, empresa que participa en la tele autonómica. 25 de enero de 2006: Los servicios jurídicos del Ayuntamiento no ven delito en la actuación de Sánchez Carrillo, al no haber «una amistad íntima» entre el edil y Facundo Armero. 26 de enero de 2006: El PP pide al PSOE que responda por los miembros socialistas que votaron en Murcia a favor de una recalificación que benefició al edil del PSOE Marcos Ros. Pedro Saura, secretario general del PSOE-RM, es acusado de votar la supresión del retranqueo de un inmueble, que de haberse suprimido habría favorecido a su padre en 1997, siendo edil en Torre Pacheco. 26 de febrero de 2006: El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel (PP), es acusado de comprar un piso en la Gran Vía por 75 millones de pesetas, en un edificio que Metrovacesa vendía antes de que le autorizaran abrir su centro comercial en Murcia. Fuente: 20minutos.es Bajo licencia Creative Commons