Con base en entrevistas a 394 condenados por el delito de acceso carnal violento, las autoridades lograron elaborar un documento sobre perfiles de los agresores sexuales en la modalidad de asalto, es decir, cuando la víctima desconoce a su atacante.
Miguel Álvarez Correa, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto de Estudios de la Procuraduría General de la Nación, explicó que se identificaron rasgos que, destacó, no son camisa de fuerza, pero son características comunes entre quienes cometen este delito.
Señaló que en ciudades como Manizales y Pereira un 15 por ciento de las violaciones denunciadas fueron por asalto.
«Los asaltantes manejan muchos imaginarios de tipo mágico-religioso; justifican sus actos en hechos como ‘el demonio me empujó’ o ‘una voz me habló’. Esto se identificó en casi un 40 por ciento de los casos», aseguró.
Según el funcionario, la investigación la hizo el equipo Futuro Colombia, prevención del delito, del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quien contó con el apoyo de investigadores de distintas ramas y de la Procuraduría para elaborar el informe.
«Se encontró por ejemplo que la mayoría de los agresores son solitarios. Aunque algunos, el 20 por ciento, trabajan en grupo, es decir, actúan cuando se encuentra ncon otros», indica el documento.
«Pero el 80 por ciento proceden solos; calculan, programan, evalúan. Hay unos que salen muy temprano. Lo llaman ‘la hora boba’ porque las personas salen de sus casas medio dormidas y son más vulnerables».
El investigador llamó la atención en que los clasificados en los medios de comunicación a veces son una fachada de estos delincuente. «En Chinchiná y en Bogotá se presentaron casos con esta particularidad, en los que un supuesto militar buscaba a una enfermera o una auxiliar de enfermería para cuidar a su hijo. Llegó a ir a las universidades y revisó hojas de vida. Luego iba a la casa de la mujer para entrevistarla y la atacaba».
Seriales
Según la investigación, todos los abusadores son seriales, incluidos los catalogados como domésticos o conocidos, en lo que también participan las mujeres como causantes.
«En su familia, el agresor es por lo general maltratador, no viola a su esposa o a sus hijos pero los lastima; puede haber excepciones pero no es la tendencia. Prefiere la calle, hay un proceso mental de búsqueda mucho más consciente».
El estudio reveló que sólo el cinco por ciento de los victimarios tiene alguna discapacidad mental como esquizofrenia o retraso mental. Mientras que el 95 por ciento sabe lo que está haciendo.
Fuente: El Colombiano
A propósito del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora este martes 20 de junio, la Oficina de las Naciones Unidas para los refugiados con sede el Colombia, Acnur, indicó que actualmente viven por fuera del país como refugiados cerca de 60 mil colombianos, sin embargo la cifra podría aumentar ya que existen muchos nacionales que no se encuentran reportados ante el organismo.
El vocero de Acnur en Colombia, Gustavo Valdivieso, manifestó que estas cifras ubican a Colombia en uno de los primeros lugares, superado por países como Afganistán en donde el número de refugiados tiene una magnitud de más de un millón de ciudadanos viviendo fuera del país.
Según el funcionario, adicional al número de refugiados habría que sumar los colombianos que son víctimas de desplazamiento interno cuyo número llega a aproximadamente dos millones y medio de personas.
La mayoría de colombianos que sale del país lo hace a causas del conflicto armado. Ecuador es el país al que más se acude en busca de seguridad, le siguen Venezuela, Estados Unidos, Costa Rica, España, Panamá y Canadá. El vocero de Acnur reveló que países del cono sur americano como Argentina y Brasil, están pensando en permitir el ingreso de colombianos en calidad de refugiados.
Colombia tiene 155 mil refugiados procedentes de otros países.
En Venezuela hay 600 colombianos refugiados
Desde el año 2001, el gobierno venezolano ha concedido la calidad de refugiados a unos 600 colombianos, según fuentes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, con sede en Caracas.
La fuente agrega que el 99 por ciento de los refugiados que habitan en Venezuela son de nacionalidad colombiana.
Sin embargo, existe una población en la zona de frontera de aproximadamente 200 mil colombianos que padecen el asedio constante de los grupos armados ilegales.
Este grupo poblacional, es considerado como de potenciales refugiados y de hecho viven cruzando la frontera hacia Venezuela para buscar la protección que no encuentran en su país.
El informe fue entregado por la Oficina del Alto Comisionado, sostiene que otros 6 mil colombianos tramitaron ante el gobierno venezolano, el estatus de refugiados y están a la espera de que les sea concedida esa condición.
Fuente: Radio Caracol (Colombia)
La violencia es el problema de salud pública más urgente que enfrenta Colombia. Tal es la conclusión del informe Vivir con miedo: el ciclo de la violencia en Colombia, publicado el pasado mes de abril por Médicos Sin Fronteras (MSF), organización con asiento en el país desde 1985 y que en la actualidad hace presencia en el territorio colombiano con 49 voluntarios extranjeros y más de 115 nacionales que prestan asistencia a miles de personas afectadas por el conflicto en diversos lugares de la geografía nacional.
El informe que no tiene la pretensión de ser un estudio científico del impacto en la salud del conflicto colombiano, sino más bien resaltar las consecuencias directas de la violencia sobre la población -llamando la atención sobre el costo humano del conflicto- ofrece una visión general de la violencia como problema de salud pública que debe ser objeto de mayor atención y prioridad por parte del gobierno colombiano y de otras entidades involucradas en políticas públicas. Partiendo de la definición de violencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “el uso intencional de la fuerza física o el poder, real o por amenaza, contra la persona misma, contra otra persona, o contra un grupo o comunidad que puede resultar en muerte, lesión, daño psicológico, problemas de desarrollo o de privación”, en Colombia constituye un problema de salud pública en concepto del doctor Alberto Concha-Eastman, asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), básicamente por los siguientes motivos: 1) La alta mortalidad y morbilidad evitables, que afecta especialmente a mujeres, niñas, niños y jóvenes en mayor vulnerabilidad social. 2) Requiere de alta inversión médica, desviando recursos de otras necesidades de salud. 3) Afecta a la víctima, su familia y al ambiente social, con efectos negativos en lo económico, social y psicológico. 4) Afecta la cotidianidad de la comunidad, el derecho a disfrutar y hacer uso de los bienes públicos. 5) Afecta el desarrollo de las comunidades que la padecen y el del país en general, y 6) Afecta al individuo responsable del acto violento. Según el informe de MSF, la violencia es la principal causa de muerte en Colombia. Señala que en la última década la tasa de homicidios fue aproximadamente de 60 por cada 100.000 habitantes, cifra que contrasta con el promedio mundial de hace apenas 6 años que alcanzaba los 8,8 por cada 100.000 habitantes. El grupo más afectado son los hombres con edades comprendidas entre los 15 y 44 años, rango en el que se registra una tasa de homicidios de 221 por cada 100.000 habitantes. Y no son los únicos. El porcentaje de mujeres víctimas de la violencia también ha aumentado durante los últimos 20 años. La violencia es la principal causa de muerte para las mujeres entre los 15 y los 39 años con una tasa de 17 por cada 100.000, el doble que la segunda causa de muerte: las complicaciones durante el embarazo y el parto. Los niños también se ven afectados por la violencia, llegando ésta a constituirse en la segunda causa de muerte entre las edades de 5 y 14 años. Pese a estas alarmantes cifras, los efectos del conflicto armado en la población civil van más allá de las estadísticas y el diagnóstico médico. En el informe, los testimonios de los colombianos, ya sean pacientes, personal médico o miembros de la comunidad, describen un ciclo de violencia y desplazamiento sin fin: desplazamiento forzoso de zonas rurales a barrios marginales urbanos, y luego el retorno a casa, a las mismas condiciones que forzaron la huída inicialmente. Sin embargo, el aspecto más preocupante del conflicto es la forma en la cual la violencia se ha insertado en el tejido social, y en cada aspecto de la vida cotidiana. El peso de esta carga y sus efectos negativos sobre el bienestar y la calidad de vida de la población, deben ser seriamente considerados.
Fuente: El Pulso (Colombia)
Luego de conocer el informe del gobierno de los Estados Unidos sobre el incremento en un 26 por ciento de los cultivos iícitos en Colombia, los candidatos presidenciales coincidieron en calificar como un fracaso la política antinarcóticos del gobierno nacional. Horacio Serpa, candidato presidencial del Partido Liberal aseguró que el país debe hacer una gran reflexión sobre la manera en la que se está atacando el problema del narcotráfico, para hacer los ajustes necesarios en la lucha contra los cultivos ilegales.
«Debe existir una verdadera corresponsabilidad de la comunidad internacional frente al tema del narcotráfico, porque Colombia no puede continuar afrontando de manera solitaria las consecuencias de este flagelo, el consumo y la indiferencia en Estados Unidos y Europa generan más problemas en nuestro país», dijo Serpa.
Para el candidato presidencial del Polo Democrático Carlos Gaviria, es evidente el fracaso de la política de fumigación de cultivos ilícitos que ha implementado el gobierno nacional.
«Colombia tiene que iniciar el debate internacional sobre la legalización de la droga, porque de otra forma no se vislumbra la reducción en el precio internacional de los estupefacientes. No es un asunto fácil, pero debe darse el primer paso», aseguró Gaviria Díaz.
Alvaro Leyva propuso la concertación de un programa conjunto con los grupos armados ilegales para lograr erradicar manualmente los cultivos de coca y de amapola.
«Es fundamental que la erradicación manual cuente con la vigilancia de la oficina de control de estupefacientes de Naciones Unidas para garantizar la seguridad de quienes intervengan en esta labor», concluyó Leyva Durán.
El candidato presidencial del Movimiento Visionario Antanas Mockus aseguró que la situación es muy preocupante, ya que si se mantienen las actuales cifras de cultivos ilícitos, podía fracasar la política de seguridad democrática del presidente Alvaro Uribe.
Enrique Parejo González les solicitó a los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos claridad frente al método de monitoreo que se está utilizando para la vigilancia de los cultivos ilícitos.
Fuente: Radio Caracol
Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en accidentes con víctimas por minas antipersonales, con más de mil casos anuales, señalaron organismos internacionales al celebrarse este martes por primera vez el día mundial contra esos artefactos.
Un grupo de entidades encabezadas por el Observatorio de Minas Antipersonales de la Vicepresidencia colombiana indicó que el país, con 1.060 víctimas en el 2005, entre muertos y heridos, «ocupa ahora el triste primer lugar» de casos debidos a esas armas, y que «le siguen Camboya y Afganistán».
Al conmemorarse el Día Internacional para la Sensibilización sobre Minas Terrestres y la Asistencia contra las Minas, la Campaña Colombiana Contra las Minas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hicieron un llamado contra dichos artefactos.
La efeméride se celebra por primera vez desde que fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Colombia ratificó en el 2001 la Convención de Ottawa, que proscribe las minas, y en desarrollo de ese instrumento adoptó el Plan de Acción contra las Minas.
«La manera más contundente de enfrentar esta constante amenaza que afecta a las poblaciones más pobres y vulnerables, es expresar nuestro rechazo al uso de las minas en concordancia con los postulados de la Convención de Ottawa», afirmaron los organismos. Agregaron que urge multiplicar la información y la conciencia de todos sobre los riesgos que miles de colombianos de todas las edades corren a diario.
«Hoy somos uno, no sólo en Colombia sino en el mundo entero. En cualquier país del planeta donde las minas acechen, gobiernos, sociedad civil, comunidad internacional y organismos multilaterales cierran filas», expresaron.
De acuerdo con estudios oficiales, el primer accidente con una mina en Colombia se registró en 1990 y desde entonces, alrededor de 660 municipios del país, que representan más de la mitad de los existentes, se han visto afectados de una u otra forma por el problema de estas armas no convencionales. Un informe del Monitor Mundial de Minas señala que en Colombia se registran en promedio tres víctimas diarias y desde 1990 hasta la fecha ha habido 4.804, de ellas 1167 muertos y 3637 heridos.
Agrega que aunque existen minas industriales importadas, en el país se utilizan las elaboradas de forma artesanal, que son más difíciles de detectar, el 97 por ciento de los accidentes ocurren en zonas rurales, están afectados 31 de los 32 departamentos y el año pasado resultaron muertos o heridos 1.060 colombianos.
Además, desde 1990 han sido víctimas de las minas 479 niños. El departamento más afectado por dichas armas es Antioquia, con 1766 casos; le sigue Santander, con 657, y Meta, con 632. En el Valle del Cauca se contabilizan 92 incidentes desde 1990. Según los mismos estudios, en Colombia hay entre 70000 y 100000 minas sembradas y cada una puede mantener unos 50 años su capacidad para estallar.
Fuente: emisora de radio RCN (Colombia)
Los niños no registrados son vulnerables a prácticas como el tráfico de personas, la prostitución y la explotación laboral.
Todos somos hijos del Estado
Es una buena noticia que Unicef, el BID y la OEA hayan firmado, el 8 de agosto, un convenio para impulsar el registro civil de todos los niños que nacen en América Latina. Es una esperanza para dos millones de recién nacidos, especialmente los más pobres, que en este continente cada año se van de los hospitales -cuando nacen en ellos- sin registrarse.
Algo grave, porque esos pequeños crecen sin existencia legal reconocida, incluso sin nacionalidad o un nombre registrado. Y sufren no solo mil dificultades para acceder a los servicios de salud y educación, y hasta para heredar, sino que son los más vulnerables a la adopción ilegal, a ser explotados laboralmente o a caer víctimas del tráfico de personas y la prostitución. Todo porque para los Estados, oficialmente, esos inocentes no existen.
Latinoamérica tiene las tasas más altas de registro en el llamado mundo en desarrollo, muy por encima del sur de Asia, donde solo se registra al 30 por ciento de los niños. Pero, aun así, 18 por ciento de los niños de la región no se registran. Hay grandes desigualdades entre países: Cuba y Chile tienen un registro casi universal, en tanto que Dominicana, por ejemplo, no registra una cuarta parte de sus recién nacidos. Colombia está en un rango alto (91 por ciento registrados), pero las diferencias entre el campo (84 por ciento) y la ciudad (95 por ciento), entre ricos y pobres y entre estratos con educación o sin ella son muy grandes.
De los 715000 niños que nacen al año, cerca de 65000 no se registran. Multiplicar esto por diez o quince años basta para ver la colosal magnitud del problema.
La ley ordena que clínicas y hospitales ofrezcan los servicios de registro civil de nacimiento. Un énfasis particular de esta loable campaña y de la Oficina de Registro Nacional está dirigido a reforzar el registro entre la población desplazada y la que vive en zonas de conflicto armado, donde los índices son los más bajos.
Así, se procura fortalecer las capacidades de registrar a los niños en clínicas y hospitales de 14 de los 32 departamentos. Una iniciativa que debe contar con todo el apoyo. El Estado colombiano debe dar ejemplo de que todos los niños son sus hijos.
Fuente: ElTiempo.com.co