Otra muestra de los tratos crueles e inhumanos que el cristianismo le depara a los niños:
Creflo Dollar, pastor de megaiglesia y televangelista -que ha atraído escrutinio por su estilo de vida ostentoso y quien predica que la prosperidad es buena- fue detenido la madrugada del viernes por lo que las autoridades dicen que él maltrató ligeramente a su hija de 15 años de edad, en una pelea en su metropolitana casa de Atlanta (EE.UU.).
Los diputados del sheriff del condado de Fayette respondieron a una llamada de violencia doméstica en el hogar en áreas no incorporadas al Condado de Fayette en torno a la una, dijo el investigador Brent Rowan. El pastor y su hija estaban discutiendo sobre si ella podía ir a una fiesta cuando Dollar «se puso físico» con ella, dejándola con «heridas superficiales», dijo Rowan.
La joven de 15 años de edad fue quien llamó a las autoridades, y su hermana de 19 años corroboró la historia, dijo Rowan.
Dollar se enfrenta a cargos de delito menor por agresión simple y crueldad con los niños. Salió bajo fianza de la cárcel del condado de Fayette el viernes por la mañana.
Fuente: Dispatches from the Culture Wars
El viernes pasado, un tribunal de cinco panelistas emitió en Malasia un veredicto unánime de culpabilidad tras un juicio de una larga semana de duración que, como era de esperar, no fue cubierto por medios de comunicación estadounidenses. Los testigos incluyeron a varios exdetenidos de Guantánamo que dieron testimonio sobre las condiciones y violaciones de derechos humanos que se llevaron a cabo de manera sistemática bajo las órdenes de la administración Bush.
El expresidente Bush, el exvicepresidente Dick Cheney, el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld y los asesores jurídicos Alberto Gonzáles, David Addington, William Haynes, Jay Bybee y John Yoo, que ensamblaron la «justificación» legal de la tortura que, básicamente decía «nosotros podemos, si queremos, aunque sea ilegal» eran los acusados. No estaban presentes, por supuesto, pero los juicios internacionales por crímenes de guerra no requieren la presencia del acusado. El juicio fue realizado de acuerdo con las normas establecidas por los juicios de Nuremberg para condenar a los criminales de guerra después de la Segunda Guerra Mundial.
Fuente: Dispatches from the Culture Wars
Los niños negros tienen menos probabilidades que los niños blancos de recibir un medicamento para el dolor abdominal en el Departamento de Emergencia (ED), incluso cuando se quejan de dolor severo, según un estudio que será presentado el sábado, 28 de abril en la reunión anual de la Pediatric Academic Societies (PAS) en Boston (EE.UU.).
«El Dpartamento de Emergencias sirve como red, la seguridad de la salud, donde todos los niños pueden recibir atención, independientemente de su estatus de seguro, la capacidad de pago oetnia «, dijo el autor principal Tiffani J. Johnson, MD, del Hospital de Niños de Pittsburgh y un investigador postdoctoral en el RAND-Universidad de Pittsburgh. «Es preocupante encontrar que los niños negros tienen menos probabilidades que los niños blancos a recibir analgésicos para el tratamiento de su dolor abdominal.»
El Dr. Johnson y sus colegas analizaron los datos de la Encuesta Nacional de Hospitales de Atención Médica Ambulatoria (NHAMCS) para los pacientes que acudieron a urgencias por dolor abdominal en el período 2006-2009. NHAMCS se lleva a cabo por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Centro Nacional para Estadísticas de la Salud.
Además de la administración de medicamentos para el dolor, los investigadores analizaron el uso de pruebas de diagnóstico, la duración de la estancia, con qué frecuencia los pacientes regresaron al servicio de urgencias las 72 horas, y las tasas de admisión para los 2.298 pacientes menores de 21 años de edad, lo que representa 8,1 millones de pacientes. Los investigadores compararon estos resultados en el blanco (53 por ciento de los pacientes), negro (23 por ciento) e hispanos (21 por ciento) niños.
Los resultados mostraron que los niños negros e hispanos eran más propensos a permanecer en el servicio de urgencias durante más de seis horas en comparación con los niños blancos. Sin embargo, no hubo diferencias raciales en lo que se realizaron pruebas para evaluar la causa de dolor abdominal o de las tasas de hospitalización.
«Todos los niños merecen igualdad de acceso a la atención médica de alta calidad,» dijo el Dr. Johnson. «La identificación de las diferencias raciales en el cuidado de los niños es un primer paso importante en la mejora de la calidad y equidad de la atención que reciben los niños en el servicio de urgencias. Tenemos que hacer más investigaciones para ayudar a entender por qué existen estas diferencias.»
Se ahorrara más de la mitad de los recursos , aproximadamente entre 7700 millones de dólares, al no tener que hacer cumplir las prohibiciones actuales contra la droga, mientras que ingresaría un adicional de 6000 millones por año que provendrían de impuestos a la marihuana a un ritmo similar al del tabaco y el alcohol. Dado que el documento fue publicado por primera vez en 2005, más de 300 economistas, entre ellos tres premios Nobel, han firmado una petición para llamar la atención sobre el trabajo de iniciar un debate entre expertos para debatir la cuestión.
«Como mínimo, este debate obligaría a los defensores de la política actual a mostrar que la prohibición tiene beneficios suficientes para justificar el alto costo para los contribuyentes, los ingresos no percibidos de impuestos, y las numerosas consecuencias accesorias que resultan de la prohibición de la marihuana».
Si bien los ahorros son todavía mínimos en comparación con un déficit de 1,3 billón federal, muchos funcionarios públicos han utilizado un argumento económico para promover la legalización de marihuana, incluyendo al demócrata asambleísta Tom Ammiano, de California, quien en 2009 argumentó que la legalización daría miles de millones de dólares, ingresos que necesitaba el estado para sus políticas sociales. Su propuesta fue conocida como la Proposición 19, en última instancia, aun que fue derrotada tal proposición en el 2010.
Mirón, por su parte, dice «que los ahorros son el menor de los argumentos a favor de la legalización, ya que el gobierno no tiene ninguna razón clara de querer reducir el consumo de marihuana en el primer lugar». , dijo HuffPost . «Creo que la discusión debe ser sobre todo acerca de por qué la marihuana debería ser ilegal», agregó. «¿Hay buenas razones para tratar a la marihuana de manera diferente equiparándolo al alcohol o el tabaco ¿Por qué no dejar que la gente que quiere fumar marihuana fume?La gente hace toda clase de cosas locas legalmente,como por ejemplo el de puenting, el esquí alpino, conducir por la autopista comiendo, por ello es mejor regular que prohibir. ¿Por qué tratar la la marihuana de forma diferente? No creo que lo sea.
El efecto Streisand es un fenómeno de Internet en el que un intento de censura u ocultamiento de cierta información fracasa o es incluso contraproducente para el censor, ya que ésta acaba siendo ampliamente divulgada, recibiendo mayor publicidad de la que habría tenido si no se la hubiese pretendido acallar. Normalmente, estos intentos de censura se dirigen hacia fotos, archivos o páginas web, especialmente mediante cartas que amenazan con emprender acciones legales por parte del censor. Lejos de ser eliminada, dicha información recibe gran publicidad, y acaba siendo rápidamente distribuida a través de blogs, sitios de noticias o sistemas P2P. Este efecto ocurre, según el experto en Internet John Gilmore, porque la Red interpreta la censura como un daño o ataque hacia ella; y según muchos otros, simplemente por la curiosidad producida por la prohibición, es decir: ¿Qué será eso que me prohíben llegar a conocer?
En medio de la guerra contra la mujer que libra la derecha religiosa estadounidense, Jon Stewart ha tenido a bien mostrar lo hipócritas que son los conservadores y lo estúpido de sus afirmaciones. En un capítulo reciente de su Daily Show, se mostraba a una mujer con una imagen típica navideña.
Bill Donohue, el presidente de la Liga Católica estadounidense le pidió a Stewart que presentara disculpas y como el presentador no lo hizo, ahora llama a una campaña contra el anfitrión del Daily Show.
El National Research Council (NRC), la institución científica más respetada de Estados Unidos, a la que el Gobierno acude para que le ilumine el camino de las grandes decisiones, acaba de publicar un informe sobre la disuasión y la pena de muerte. Huyendo de argumentos morales a favor o en contra de la pena capital, este consejo de sabios ha repasado toda la literatura científica que tiene por tema la relación entre las condenas a muerte y la ratio de homicidios desde 1978 hasta hoy.
Dos años antes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la moratoria impuesta cuatro años atrás a la aplicación de la pena de muerte en todo el país, liberando a los estados que ya la estaban aplicando o que pensaban reinstaurarla. La mayoría, 29 de los 50 que forman el país, reactivaron su legislación sobre la pena capital. Desde entonces, 8.115 personas han sido condenadas a muerte en Estados Unidos, de las que 1188 fueron finalmente ejecutadas.
Ese cambio jurídico despertó el interés de los científicos sociales por la utilidad de las ejecuciones por parte del Estado. ¿Tienen un efecto ejemplarizante y disuasorio? o ¿son una versión moderna de la venganza sancionada en el Antiguo Testamento? El NRC ha repasado decenas de estudios que han puesto el foco en esta cuestión y el primer problema con que se ha encontrado es que los hay para todos los gustos.
Uno realizado por los investigadores Dezbakhsh, Rubin y Shepherd en 2003 concluyó que sí existía ese efecto disuasorio y hasta dieron una cifra: cada ejecución evita 18 asesinatos. Los hay incluso que calculan que mientras cada ejecución reduce en cinco los homicidios, la conmutación final de la pena de muerte provoca un aumento en la misma proporción. Además, por cada condenado que acaba saliendo del corredor de la muerte (por revisión de condena, perdón del gobernador…) se produce otro asesinato. En esto de la pena de muerte, a los estadounidenses también les pierden las estadísticas.
El problema es que, como recoge el informe, hay otros tantos estudios que señalan que las ejecuciones, en vez de reducir el crimen, lo aumentan. Un estudio de 1999 mostraba que la muerte institucionalizada provoca un efecto de embrutecimiento social que hace que los individuos cometan más asesinatos. Pero es que también hay informes que rechazan la relación causal ya sea positiva o negativa y descartan que la pena de muerte influya en los niveles de criminalidad. Algo se ha debido de hacer mal para obtener resultados tan contradictorios.
“Defectos de base en las investigaciones que hemos revisado las hacen inservibles para responder a la pregunta de si la pena de muerte influye en la ratio de homicidios”, decía en una nota el presidente del comité autor de la revisión, Daniel Nagin. A priori parece muy sencillo: se hace una tabla con el número de ejecuciones en un tiempo determinado y se superpone sobre ella otra con la evolución de la tasa de homicidios. Pero eso es lo más alejado a al ciencia que se pueda imaginar.
Ampliar en: cuartopoder
Al parecer en EE.UU. las monjas de la Leadership Conference of Women Religious (LCWR) han sido chicas muy, muy malas. Y por supuesto eso no le gusta a sus amos del Vaticano.
Por este motivo «las han llamado al orden», lo que es un eufemismo para ordenarles que vuelvan a ser sumisas ciudadanas de segunda clase:
«El informe recoge posiciones no aceptables manifestadas en las asambleas anuales de la LCWR y posiciones de disenso sobre ordenaciones sacerdotales de mujeres, acercamiento pastoral a los homosexuales y afirmaciones de feminismo radical incompatibles con la enseñanza católica», precisó la Congregación.
Al fin y al cabo, ¿de qué sirve tener un club de sólo hombres si las mujeres del mismo no se comportan como esclavas, ni promueven la discriminación, que es una rúbrica propia del club?
La Corte Suprema de EE. UU. dictaminó el lunes por 4 de 5 votos que los funcionarios pueden despojar de ropa a las personas detenidas por cualquier delito, aunque sea menor, antes de admitirlos en las cárceles, aunque los funcionarios no tengan ninguna razón para sospechar la presencia de contrabando.
El juez Anthony M. Kennedy, junto con el ala conservadora de la corte, afirmó que los tribunales no están en condiciones de adivinar los juicios de los funcionarios penitenciarios, que se debe tener en cuenta no sólo la posibilidad de llevar armas y drogas, sino también la salud pública y la información sobre las afiliaciones a pandillas.
«Todos los detenidos, en general pueden ser obligados a someterse a una inspección visual, incluso desnudarse», escribió el juez Kennedy, quien agregó que unos 13 millones de personas ingresan cada año a las cárceles de la nación.
Los procedimientos aprobados por la mayoría están prohibidos por ley en al menos 10 estados y están en desacuerdo con las políticas de las autoridades federales. Según un informe de apoyo presentada por la American Bar Association, los tratados internacionales de derechos humanos prohíben también estos procedimientos.
Los tribunales federales de apelación se habían dividido sobre la cuestión, aunque la mayoría de ellos eran partidarios de prohibir los cacheos al desnudo, a menos que se basen en una sospecha razonable de que el contrabando estaba presente. La Corte Suprema de Justicia no dijo que los registros corporales de cada persona arrestada se requieren, se pronunció, más bien, sobre la prohibición de la Cuarta Enmienda de búsquedas irrazonables.
Daron Hall, el presidente de la Asociación Correccional Americana y el sheriff del condado de Davidson, Tennessee, dijo que la asociación dio la bienvenida a la flexibilidad ofrecida por la decisión.
La decisión muy dividida de hoy se produjo a partir de un órgano jurisdiccional cuyas diferencias ideológicas son objeto de intenso escrutinio después de las discusiones de la semana pasada sobre el derecho del presidente Obama de atención de la salud. El fallo se produjo menos de dos semanas después de un par de grandes decisiones sobre el derecho a la asistencia en las negociaciones de declaración de culpabilidad, aunque el juez Kennedy se había unido al ala liberal de la corte. La mayoría de las opiniones disidentes, están de acuerdo en que los procedimientos de búsqueda que la decisión permite – la inspección visual de cerca por un guardia mientras se está desnudo – eran más rigurosos que las observaciones durante la ducha, pero no implican el contacto físico.
Ampliar en: The new York Times
Haga una búsqueda en línea para los delincuentes sexuales que viven en su vecindario (en EE.UU.) y es posible que se preocupe por la cantidad encontrada. Pero un nuevo estudio de los registros de delincuentes sexuales en cinco estados muestran que se sobrestima el número de delincuentes que en realidad viven en la comunidad hasta en un 60 por ciento.
«Los delincuentes sexuales de la lista puede hacer que parezca que hay muchos de ellos viviendo entre nosotros. Esto hace que sea difícil para el público discernir el riesgo», dijo Alissa Ackerman, profesor asistente de trabajo social en la Universidad de Washington, Tacoma. Mejorar la exactitud de los registros de delincuentes sexuales también significa, afirmó «el mejor uso de los recursos policiales para ver las personas que realmente necesitan ser vigiladas».
Ackerman es el autor principal de un estudio que examinó las listas de delincuentes sexuales recopiladas por Florida, Georgia, Illinois, Nueva York y Texas, estados con grandes registros de delincuentes sexuales. Obtuvo el recuento de los registros estatales del año pasado, que están disponibles al público.
Ackerman ha descubierto que los registros incluyen a personas que en realidad no viven dentro de la comunidad, tales como personas que han muerto, han sido deportados, están en la cárcel o se han mudado fuera del estado. A través de los cinco estados en el estudio, se encontró que sólo el 43 por ciento, o 114 690 de 201 135 delincuentes sexuales, en realidad estaban viviendo en las comunidades designadas por los registros.
Por entidad federativa, Ackerman ha encontrado:
Florida tuvo la mayor discrepancia, la presentación de informes de 56 784 delincuentes sexuales cuando sólo 22 877 – una diferencia del 60 por ciento – estaban viviendo en las comunidades de Florida.
Nueva York, en un 52 por ciento, tuvo el segundo mayor discrepancia, enumerando 32 930 delincuentes en el registro con sólo 15 950 viven en la comunidad.
Illinois tuvo una diferencia del 48 por ciento, con 25 088 delincuentes registrados y 13 066 en realidad residían en la comunidad.
Georgia tuvo una diferencia del 36 por ciento, 20 212 figuran en el registro y viven 7 201 en la comunidad.
Con el 25 por ciento, Texas tuvo la menor discrepancia, con 49 786 habitantes reales de los 66121 delincuentes sexuales en la lista.
El estudio será publicado en un próximo número de la Revista de la Delincuencia y la Justicia.
Los estados difieren en los procedimientos de recogida de datos y presentación de informes, que puede dar lugar a números inflados y hacen que sea difícil para el público diferenciar el nivel de riesgo, dijo Ackerman. Por ejemplo, los estados varían en si incluyen todos los niveles de los delincuentes sexuales. Nueva York, muestra sólo los niveles 2 y 3, los delincuentes más propensos a cometer delitos sexuales una vez más. Florida, por el contrario, enumera todos los delincuentes, independientemente del nivel de riesgo.
«Los registros son útiles si son correctos y se mantiene con precisión e incluyen sólo aquellos individuos que viven en la comunidad», dijo Ackerman. «Entonces seremos capaces de discernir el riesgo en nuestras comunidades y el público puede ser más consciente de los delincuentes que viven cerca de ellos.»
Añadió que más del 90 por ciento de las víctimas saben que su agresor, está entre los miembros de la familia , padrastros, amigos cercanos y conocidos. «Nos fijamos en los extraños, en los sitios web de registro de delincuentes sexuales, pero en realidad es la gente que conocemos de la que hay que preocuparse.»
Uno de los sectores que más fondos emplea en investigación y desarrollo, es el sector militar y de defensa que emplea grandes partidas presupuestarias en el desarrollo de nuevos sistemas, armas, vehículos o, incluso, robots.
El Cuerpo de Marines de Estados Unidos ha presentado en sociedad el Active Denial System (ADS), un nuevo arma “no letal” que dispara un haz de microondas, hasta 1000 metros de distancia, que provoca un calentamiento sobre el objetivo tan molesto que hará huir al objetivo a repeler y que llevan desarrollando desde hace ya algunos años.
Presentado el viernes en la base de los Marines en Quantico, en el Estado de Virginia, el ADS es el último proyecto de armas “no letales” de Estados Unidos con el que pretenden disolver “objetivos hostiles” a distancia, evitando el enfrentamiento y de manera discreta. Según el Coronel Tracy Taffola, uno de los responsables del programa de armas no letales del Pentágono:
No lo verás, no lo oirás, no lo olerás, simplemente lo sentirás.
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Dice la noticia en The Freethinker:
Stacy Campfield (42) es un senador republicano de derecha del estado de Tennessee. También es un devoto católico. Esta combinación produjo un hombre muy estúpido al que le desagradan profundamente Los Gays. De hecho, su desagrado por la homosexualidad es tan intenso que el año pasado suscribió un proyecto de ley bautizado «No diga gay», que apunta a declarar ilegal cualquier intento de informar sobre la homosexualidad a los niños de Tennessee antes de que alcancen el noveno grado (N. del E.: el inicio de la «secundaria superior» o «high school» en dicho estado).
Campfield insiste que su proyecto, que limitará las discusiones en clase en las escuelas públicas a «ciencia reproductiva natural humana», es necesario porque la homosexualidad es «peligrosa».
Hace un tiempo, durante una entrevista radial, nuestro Stacey hizo declaraciones controvertidas sobre la epidemia de VIH/SIDA y la supuesta «glorificación» de los homosexuales por parte de los medios:
La mayoría de la gente sabe que el SIDA vino de la comunidad homosexual: que fue un hombre fornicando con un mono, si no recuerdo mal, y luego tuvo relaciones sexuales con hombres. Se trataba de un trabajador de una aerolínea, si mal no recuerdo. En mi opinión es prácticamente imposible (no del todo, pero casi) contraer el SIDA a través de relaciones heterosexuales.
La ignorancia de este señor es notable, pero, continúa The Freethinker, no estaba solo: varios miembros de la comisión de educación de la cámara de diputados(!) votaron este disparate discriminatorio. Ni siquiera los demócratas están exentos:
Dijo el diputado del estado John DeBerry:
El derecho básico como estadounidense es mi derecho a la vida, mi derecho a la libertad y mi derecho a buscar la felicidad. Eso incluye manejar mi casa y criar a mis hijos como me parezca y adoctrinarlos como me parezca.
Evidentemente los legisladores religiosos estadounidenses siguen considerando un derecho «inalienable» el llenar la cabeza de sus hijos de disparates.
Fuente: Red de Blogs Ateos
Primero fue una carta filtrada y [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] por el embajador de Estados Unidos en España donde advertía al país de un posible castigo si la Ley Sinde no era aplicada con urgencia. El “riesgo”, según la filtración, entrar a formar parte de una lista negra de comercio con Estados Unidos donde se verían “dañadas” las futuras inversiones. Al ver que la aplicación no se iba a dar con el gobierno saliente, la Cámara de Comercio de Estados Unidos instó al gobierno de Rajoy a “recuperar el consenso alcanzado” en el pasado.
No es nada nuevo que Estados Unidos presione a España para la aplicación de leyes contra la “piratería”. De hecho han pasado muchos meses desde que se supo a través de los cables de WikiLeaks que era una realidad y que el gobierno estadounidense había presionado para aplicar una ley a gusto del lobbye.
Fueron 100 cables filtrados donde se mostraba como Estados Unidos había ayudado a redactar la nueva regulación sobre derechos de autor conocida como Ley Sinde.
Ahora y tras su aprobación, otra fuga diplomática ha puesto de relieve cómo los Estados Unidos expresaron primero a José Luis Rodriguez Zapatero, el presidente saliente, una carta en el mes de diciembre. En la misma expresaban su profundo rechazo a que la Ley no haya sido aprobada tal y como se había redactado antes de dejar su cargo. Más tarde, otra carta al gobierno entrante donde se le pedía la aplicación.
La primera de ellas estaba fechada el día 12 de diciembre. Redactada por el embajador de Estados Unidos Alan Solomont, la carta fue enviada al gobierno. En la misma se expresaba la “profunda preocupación” por la falta de la aplicación de la propuesta:
El Gobierno, por desgracia, no ha podido terminar el trabajo por razones políticas, todo ello en detrimento de la reputación y la economía de España. El Gobierno de España adquirió compromisos ante los dueños de los derechos y ante el Gobierno de Estados Unidos. España no puede permitirse ver cuestionada su credibilidad sobre este asunto.
Junto a las peticiones en la carta, que también fue enviada a González-Sinde, Solomont señalaba que España se encontraba en el informe Special 301, un informe anual redactado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), donde señalaba las “barreras al comercio” relativas a la propiedad intelectual que llevarían consigo la no aplicación.
Una amenaza donde no dudaba en afirmar que el país se degradaría más y se colocaría en la lista de países “piratas” con vigilancia prioritaria, añadiendo el embajador que España se encontraba en incumplimiento de los acuerdos comerciales y por tanto podría ser sometido a un serie de medidas de represalia.
Al parecer y según TorrentFreak, las medidas de presión pasaron al gobierno entrante de Mariano Rajoy. Una nueva fuga de cables han puesto de manifiesto que la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Españaescribió a Mariano Rajoy advirtiéndole sobre el potencial riesgo en la inversión extranjera de España, instándole a tomar medidas urgentes sobre la aplicación de la ley. En la misma se decía:
La falta de ley antes de las elecciones ha sido un duro golpe a la seriedad del país en este asunto de tanta importancia. Le instamos a recuperar el consenso alcanzado.
El final ya lo sabemos. La regulación de la Ley Sinde se aprobó a los 10 días de asumir el cargo. Un 30 diciembre del 2011.
Fuente: ALT1040
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Entre los años 1692 y 1693, más de 150 personas fueron encarceladas en la aldea de Salem, actual Massachusetts (EE.UU), acusadas de brujería. Nadie pudo probar nada, lo cual no impidió que 19 de los detenidos fueran ahorcados. Arthur Miller dio fama mundial al suceso con su obra Las brujas de Salem, donde establecía un paralelismo crítico con la campaña anticomunista de los años 50 del siglo pasado.
A principios de aquella década, el senador republicano McCarthy había empezado a sospechar que la industria cultural de su país estaba infectada de simpatizantes y espías comunistas. Del mismo modo que los vecinos de Salem veían brujas en las esquinas, él veía trazos comunistas en los textos de Broadway y, sobre todo, en ciertas películas del pérfido Hollywood.
Dejando de lado la presunción de inocencia y varios derechos constitucionales más, McCarthy redactó una lista negra engrosada principalmente por cineastas, guionistas y escritores (como el propio Arthur Miller). Se montó su propio juicio de Salem y fomentó una paranoia social que duraría seis años. Durante aquel periodo, muchos artistas y creadores perdieron su trabajo, ya que contratar a un nombre de la lista negra era interpretado como un guiño al comunismo.
Sesenta años después, las brujas amenazan con regresar
En octubre de 2011, un congresista republicano llamado Lamar S. Smith presentaba ante la cámara de representantes un proyecto de ley llamado SOPA, Stop Online Piracy Act. Ahora la batalla ya no se libra en los escenarios ni en las pantallas de cine, sino en los ordenadores. Y el enemigo ya no es el demonio ni el comunismo, sino quien amenaza una de las más robustas industrias de Estados Unidos: la del copyright.
Si la ley SOPA sale adelante, internet, el medio, pasaría a estar vigilado y controlado por grandes corporaciones como Microsoft, Apple, Adobe, las discográficas y las majors de Hollywood. La internet abierta, libre y un tanto caótica que conocemos daría paso a una ciertamente mucho más estricta y ordenada.
Fuente: mi mesa cojea
De Pro-Choice America : Los números no mienten: los políticos en contra del aborto en Washington, DC y estados atacado el derecho de la mujer a elegir, con más fuerza en 2011.
Lo que es peor, estos mismos políticos están dispuestos a reanudar los ataques en Washington, DC y en las legislaturas estatales en todo el país.
Fuente: Token Skeptic
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Vídeo con declaraciones de Esteban Beltrán, director de Amnistia Internacional España en el acto público ante la embajada de EEUU en Madrid el día 11 de enero, décimo aniversario de la llegada de los primeros presos a Guantánamo. En él se explica en qué situación está el centro de detención actualmente y que se pide al Gobierno estadounidense.
Un estudio publicado [pdf] de la American Journal of Medicine encuentra un aumento enorme, casi un 20 por ciento de las bancarrotas por causas médicas entre 2001 y 2007.
Usando una definición conservadora, el 62.1% de todas las quiebras en el 2007 fueron por causas médicas, el 92% de estos deudores tenían deudas médicas demás de $ 5000, o el 10% del ingreso familiar antes de impuestos. El resto cumplió con los criterios para la bancarrota médica, ya que había perdido un ingreso significativo debido a una enfermedad o debió hipotecar una casa para pagar las facturas médicas. La mayoría de deudores de los médicos eran personas con nivel alto de educación, vivienda en propiedad, y tenía ocupaciones de clase media. Tres cuartas partes tenían seguro de salud. Utilizando las definiciones idénticas en 2001 y 2007, el porcentaje de quiebras atribuibles a problemas de salud aumentó en un 49,6%. En el análisis de regresión logística para el control de los factores demográficos, las probabilidades de que una bancarrota fuera debida a una causa médica fue 2,38 veces mayor en 2007 que en 2001. […]
En 2007, antes de la actual crisis económica, una familia estadounidense se declaró en bancarrota a raíz de la enfermedad cada 90 segundos, tres cuartas partes de ellos estaban asegurados.
Desde 2001, la proporción de todas las bancarrotas atribuibles a problemas de salud se ha incrementado en un 50%. Casi dos tercios de todas las bancarrotas están vinculados a la enfermedad.
¿Cómo impulsan los problemas médicos de muchos estadounidenses de clase media asegurado,s a la bancarrota? El 92% de las quiebras por esta causa, los gastos médicos han contribuido directamente a la quiebra. Muchas familias con cobertura continua se encontraron con seguro insuficiente, responsable de miles de dólares en gastos de su bolsillo. Otros tenían una cobertura privada pero la perdieron cuando se convirtieron en demasiado enfermos para trabajar. A nivel nacional, una cuarta parte de las empresas cancelan la cobertura inmediatamente cuando un empleado sufre una enfermedad discapacitante, y otra cuarta parte lo hacen en de un año. La pérdida de ingresos debido a la enfermedad también fue común, pero casi siempre junto con facturas médicas.
La imagen probablemente se ha vuelto más sombría en los últimos años. También es desalentadora es la evidencia de que tener un seguro de salud no es una bala mágica. Costos de los medicamentos con receta, hospitalizaciones y la necesidad de atención a enfermos crónicos para enfermedades como la esclerosis múltiple, diabetes, enfermedades cardíacas y enfermedades psiquiátricas, incluso con los seguros fueron las causas más frecuentes de la quiebra médica, con los gastos de hospital como principal causa.
La Ley de Asistencia Asequible se ocupará de algunas de estas cuestiones, pero ciertamente no todos. La reforma de salud que recibe a los mayores impulsores de los costos todavía tiene que ser abordada. No va a suceder en el clima político actual, no con una Cámara controlada por los republicanos y un Senado en la parálisis debido a la obstrucción de la minoría, por no hablar de una atención extremadamente robusta por parte del lobby de la industria sanitaria.
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