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Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción, con Baleares y Valencia a la cabeza
Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se despliegan por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza seguidas de cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.
Alguno de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman casi un centenar de imputados entre cargos y ex altos cargos públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del expresidente Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato.
Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que están siendo investigados judicialmente. Algunos de estos mandatarios envueltos en casos judiciales son alcaldes de ciudades tan importantes como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. A estos se suman varias decenas de concejales también implicados en estos escándalos locales.
La mayoría de los regidores municipales están imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas. Es el caso de los casos Pretoria o Mercurio, abiertos en Cataluña, que investigan presuntas tramas de corrupción en Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres y Sabadell.
Fuente: ep
La disimulada reforma electoral de Rajoy
De las muchas cosas poco agradables que ha anunciado esta mañana Rajoy, creo que es importante llamar la atención sobre una que tal vez pase, inicialmente, desapercibida, y que es preocupante, aunque tal vez, por su componente populista, sea de las que menos contestación produzca. Con la excusa del ahorro, se propone reducir el número de concejales, en un 30%, en proporción al tamaño actual que tienen los ayuntamientos, que depende de su población. Sin embargo, aquí nos están dando gato por liebre, porque la reducción de gasto será probablemente muy pequeña, pero los efectos políticos de la decisión son muy importantes, haciendo el sistema electoral menos proporcional, favoreciendo el bipartidismo y reduciendo las posibilidades de que los pequeños partidos o agrupaciones vecinales formen parte de los ayuntamientos. Es decir, facilitando aún más que los que están dentro del sistema político, que tan bien han gestionado nuestro dinero, lo sigan haciendo sin control ni supervisión ni dar explicaciones a minorías peleonas.
La inmensa mayoría de esos concejales no cobran un sueldo, sino dietas por asistencia a plenos y comisiones. Es cierto que pueden ser absurdamente altas, como en el famoso caso de la junta de gobierno de Alcantarilla (Murcia), que costó 1750 euros en dietas para aprobar una subvención de 292,5 euros. Pero Rajoy ha anunciado también que se va a regular «la retribución» de los alcaldes y concejales, lo que perfectamente puede cubrir no solo los sueldos, sino también las dietas por asistencia a reuniones. De manera que si se regula que su remuneración (en sueldos o dietas) no pueda ser demasiado alta, la reducción de gasto de un pueblo, pongamos, de 8.000 habitantes, por pasar de 13 a 9 concejales sería muy pequeña.
El efecto político, en cambio, sería considerable. Con 13 concejales un partido que obtenga un 7,14% de los votos tiene garantizado al menos un concejal en el ayuntamiento, mientras que con nueve concejales ese porcentaje sube al 10%. En la práctica, esos porcentajes, calculados para la situación más desfavorable, no suelen ser necesarios, y se puede conseguir un concejal con menos votos. Pero siempre es más difícil cuantos menos concejales haya que repartir. Si los partidos pequeños se quedan sin concejales, estos se van a los partidos grandes, claro, que reciben un extra de representación, y que puede permitir que un partido con, pongamos, un 40% del voto, consiga la mayoría absoluta, gracias a que los pequeños partidos no entran en el reparto.
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