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Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Demoledor informe de AI contra los abusos de la policía española
Amnistía Internacional ha presentado esta mañana un documento de denuncia contra los excesos policiales en las manifestaciones indignadas de la Unión Europea, especialmente España, Grecia y Rumanía. Dicho informe, según los autores del mismo, “pone al descubierto el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y periodistas, las detenciones arbitrarias y la obstrucción del acceso a la asistencia médica, y pide a los gobiernos que investiguen estas violaciones de derechos humanos e impidan su comisión”.
No es la primera vez que España recibe un toque de atención directo por parte de AI. El nueve de octubre, remitieron una carta al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, expresando su “preocupación en relación con el uso de la fuerza y de equipamiento antidisturbios por parte de la policía, especialmente el día 25 de septiembre, cuando policías sin identificar golpearon con porras a manifestantes pacíficos, dispararon contra ellos balas de goma y amenazaron a periodistas que cubrían los hechos”.
El documento Actuación policial en las manifestaciones en la Unión Europea fue presentado esta mañana en la sede madrileña de AI. En la rueda de prensa, además de dos responsables españoles del organismo internacional, participaron también la periodista Paloma Aznar Fernández, agredida por la policía durante la marcha minera de julio, y Gabriel Jiménez, detenido tras participar en las protestas ante el Congreso del 25 de septiembre pasado.
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Caso Garzón: nadie debe ser juzgado por investigar violaciones de derechos humanos
El Tribunal Supremo debe tener en cuenta en el proceso las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre España
Madrid.- El próximo 24 de enero comienza en el Tribunal Supremo el proceso judicial contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que se persigue penalmente al magistrado, actualmente suspendido, por haber iniciado una investigación sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra civil y el franquismo.
Amnistía Internacional considera escandaloso que un magistrado sea juzgado por buscar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y los familiares de una violación masiva de derechos humanos. La investigación de los abusos contra los derechos humanos es una obligación de derecho internacional para el Estado español, incluyendo el Poder Judicial en su conjunto.
Al juez de la Audiencia Nacional se le acusa de un presunto delito de prevaricación por haber abierto una causa en la Audiencia Nacional para investigar la desaparición forzada de 114.266 personas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. A Garzón se le acusa, entre otras cuestiones, de no aplicar a sabiendas la Ley de Amnistía de 1977 en la instrucción del caso.
Amnistía Internacional considera irrelevante que la investigación del juez Garzón infringiera o no la legislación nacional española, ya que es justamente la Ley de Amnistía de 1977 la que impide iniciar procesamientos por delitos de derecho internacional, la que supone un incumplimiento de las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional. Para la organización, jamás puede considerarse como delito la investigación de violaciones de derechos humanos, aún si para ello es necesario dejar de lado una ley de amnistía u otras normas relativas a la prescripción de los delitos.
Además, es profundamente preocupante la dilación que ha sufrido la investigación de los crímenes de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo. Una de las investigaciones de Amnistía Internacional actualmente en curso, cuyas conclusiones definitivas se harán públicas este año, parece evidenciar que al menos cuatro procesos de investigación de dichos crímenes se han visto postergados y su avance ha sido condicionado a la decisión final por parte del Tribunal Supremo en la causa contra Garzón.
Tal investigación parece demostrar asimismo que los criterios utilizados para fundamentar los cargos contra el juez han sido esgrimidos por juzgados territoriales que investigaban los crímenes cometidos durante el franquismo para archivar masivamente los procedimientos. La organización considera que este hecho está afectando de manera grave los derechos de las víctimas y sus familias.
Por otra parte, Amnistía Internacional urge a las autoridades españolas a que centren sus esfuerzos en revelar la verdad de los millares de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura cometidos durante el franquismo y en proporcionar reparación plena a las víctimas y a sus familias..
En consecuencia, Amnistía Internacional insta al Tribunal Supremo a que se pronuncie en línea con las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre España, aplicando los tratados internacionales suscritos por este país que prohíben la aplicación de la amnistía o la prescripción a los delitos de derecho internacional, entre los que figura la desaparición forzada de personas.
Información adicional
Los hechos que se cometieron durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista eran ya reconocidos como crímenes de derecho internacional en el momento de su comisión.
Los efectos legales que se derivan de la condición de crímenes de derecho internacional son, entre otros, la imprescriptibilidad de la acción penal y la prohibición de aplicar amnistías o indultos a las personas responsables de tales conductas, hasta tanto se haya celebrado un proceso judicial independiente e imparcial donde se dilucide plenamente la verdad de los hechos y se diriman las responsabilidades penales correspondientes.
La Ley de Amnistía de 1977 y otros mecanismos de impunidad han sido invocados expresamente para perseguir a un juez que ha intentado dar respuesta a víctimas de desaparición forzada y sus familias. El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, de la ONU, han señalado que España debe revocar la Ley de Amnistía. Han reiterado a las autoridades españolas que la desaparición forzada y la tortura son crímenes por los que no pueden aplicarse amnistías y que no prescriben.
Amnistía Internacional, arte en la calle «Haciendo visible lo invisible»
Amnistía Internacional encargó una serie de instalaciones de arte en la calle como parte de su campaña «Haciendo visible lo invisible«. Tiras de papel se pegan en cartel impreso en una fila en el lado de las vallas. Sólo cuando se mire desde un ángulo lateral, son capaces de revelar una imagen de un rostro, de lo contrario, la imagen permanece oculta. Las caras son de seis personas de todo el mundo que han sufrido abusos en sus derechos humanos, incluyendo Fatima Hussein Badi, Savalan Jabbar, Filip Karma, Natalia Estemirova, y Jean-Claude Mbede Roger,
Las instalaciones han aparecido en sitios en Dinamarca, Alemania, Irlanda y Gales. Esta fue una colaboración única con el colectivo alemán de arte callejero Mentalgassi y el equipo creativo de la agencia de publicidad Wieden + Kennedy.
Derechos Humanos
Los derechos humanos se demuestran andando, por así decirlo. La silla vacía de Liu Xiaobo en la [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]muestra que los grandes países como China (pero no solo China) tienen patente de corso para poder seguir violando esos derechos ante la pasividad -es decir, complicidad- internacional. O, la vergüenza ajena, el asunto de Sakineh Ashtiani, la mujer iraní esperando ser lapidada por adulterio, sobre la que algunas noticias [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE], con su hijo y su abogado, tras un estrambótico y criminal proceso sin derechos humanos (pero con todos los avales teocráticos, es lo que tienen las dictaduras divinas). Leo en Público que realmente la cosa pasa por una confesión pública en la tv iraní de su «crimen». Qué asquito. Y además no está claro: sigue con riesgo de morir por ser iraní y ser mujer.
Un 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo un avance, pero el camino tiene aún demasiadas zonas de sombra y de impunidad. La misma asamblea aprobaba hace dos semanas una propuesta en la que se elimina la referencia a la orientación sexual en una resolución en contra de las «ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias». Lo que de hecho significa que la ONU no cree que se deba proteger a lesbianas, gays, bisexuales o transgéneros de abusos que los estados suelen hacer contra estos ciudadanos y ciudadanas. Ello fue posibhle gracias al voto de los países fundamentalistas cristianos e islámicos, ya se sabe, celosos defensores de las tradiciones. Esas tradiciones que vulneran los derechos humanos.
(En una escala mucho menor, el puritanismo biempensante que quiere ver en un cuerpo humano desnudo algo obsceno o peligroso, o en el amor entre dos personas del mismo sexo algo que «hiere la sensibilidad», se convierte en censura una vez más incluso en este país. La responsable es la Fundación CajaMurcia, que ha mutilado una exposición de Pilar Echalecu (en este enlace su blog con imágenes de su pintura) titulada De cuerpos y almas. ¿Sensibilidad? La «sensibilidad» de la gente obsesionada con el desnudo o la libertad sexual no es sensibilidad, es una postura enfermiza que siempre siempre conduce a recortes de la libertad y los derechos de los demás. Caja Murcia colabora con esa gentuza «por no herir»… pues no, hiere y mucho. A los derechos humanos.)
Recorrer los titulares de la prensa esta mañana es pasearse por la falta de derechos humanos, por los continuos ataques, por la colaboración necesaria de nuestra inacción para que 62 años después la declaración de la ONU siga siendo una labor pendiente. Así que, como otras veces, la única postura ética que cabe es la acción. Os propongo hoy un maratón internacional que promueve Amnistía Internacional. «Cinco pasos por los derechos humanos«: en el enlace se llega a la página en la que se explica que de manera muy muy sencilla podemos apoyar a cinco personas que sufren abusos en China (Mao Hengfeng, perseguida por luchar contra los realojos arbitrarios y por los derechos reproductivos de las mujeres), Gambia (Femi Peters, encarcelado por ser del partido de la oposición al régimen), Guatemala (Norma Cruz, cuya vida corre peligro por trabajar contra la violencia sexual contra las mujeres), Rumanía (100 personas de etnia gitana desalojadas por la fuerza en Miercurea) y Túnez (Saber Ragoubi, sentenciado a muerte en un juicio injusto y con declaraciones bajo tortura).
Si solo fueran cinco las personas necesitadas de un apoyo público, de voces que digan que los derechos humanos son más importantes que los deseos totalitarios de los países, hoy podríamos celebrar el aniversario de los DDHH con una mirada alegre. No es así, son demasiadas violaciones, son demasiadas las causas. Actuemos, colegas.
Fuente: Por la Boca Muere el Pez
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Nicaragua debe poner fin a la violación y el abuso sexual de niñas
“Me dijeron en la policía que yo debería no llorar, que no tenía que llorar, que no era cierto [lo que estaba denunciando]. Me sentí muy mal cuando la policía dijo que fue mentira, porque yo no voy a mentir sobre cosas así.”
Alejandra, de 12 años, sobreviviente de abuso sexual
La violación y los abusos sexuales son delitos generalizados en Nicaragua. Más de dos tercios de las violaciones denunciadas entre 1998 y 2008 en Nicaragua se cometieron contra niñas menores de 17 años, la mitad eran menores de 14 años.
El estigma asociado a los delitos sexuales implica que, a menudo, es a la víctima a quien se culpa, y no al agresor.
Para las niñas que denuncian, la lucha por obtener justicia puede ser traumática. Los fallos y la falta de recursos del sistema de justicia nicaragüense significan que, a menudo, los agresores quedan libres. Las sobrevivientes de violaciones y de abusos sexuales que consiguen llegar hasta la vista judicial muchas veces abandonan porque el proceso legal es demasiado caro o demasiado traumático.
Algunas niñas sobrevivientes se enfrentan a la angustia adicional de descubrir que el violador las ha dejado embarazadas. Las que deciden llevar su embarazo a término reciben apenas una pequeña ayuda del Estado, si es que reciben alguna. Para otras, la idea de dar a luz a un bebé fruto de una violación es insoportable. Sin embargo, una ley de 2008 que tipifica el aborto como delito en cualquier circunstancia, incluso para aquellas niñas víctimas de violación, no les deja muchas opciones.
El gobierno nicaragüense tiene la obligación de prevenir la violencia sexual contra las niñas en Nicaragua, de proteger a las sobrevivientes y de garantizar que tienen acceso a la justicia y a la reparación.
¡Actúa! Enlace para enviar un mensaje al presidente de Nicaragua
Amnistía Internacional ve «insólito» que Garzon pueda ser juzgado por buscar «la verdad y la justicia»
Amnistía Internacional consideró hoy «insólito» que un magistrado pueda ser juzgado por buscar «la verdad, la justicia y la reparación» para más de 100.000 desaparecidos durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura del general Francisco Franco.
El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, pronunció hoy estas palabras en una rueda de prensa al ser preguntado por su opinión sobre el hecho de que el juez Baltasar Garzón vaya a ser juzgado por un presunto delito de prevaricación por haberse declarado competente para investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura.
La decisión del juez del Tribunal Supremo llevará previsiblemente a la suspensión cautelar de Garzón.
Beltrán se refirió a la Ley de Amnistía de 1977 que, dijo, «intentaba impedir el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo».
«Si este juicio se produce sería el primer caso que conociéramos de que un juez, que intenta conseguir verdad, justicia y reparación para más de 100.000 desaparecidos, es procesado», afirmó.
Insistió en que «sería insólito en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación y un mensaje tremendo a otros países de que el juez que lo intenta es procesado».
Esteban Beltrán apuntó que Amnistía Internacional sigue «muy detenidamente» el caso y por ello expresó su preocupación.
«Las leyes de Amnistía en un país no pueden tratar de evitar el derecho de la gente a la verdad, la justicia y la reparación», insistió el director de AI en España.
Los hechos se remontan a 2008 cuando Garzón se declaró competente para juzgar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y en la dictadura franquista, para lo que llegó a ordenar la apertura de algunas fosas donde se sospecha que pueden haber sido enterradas personas desaparecidas durante esa época.
Baltasar Garzón había autorizado la apertura de una veintena de fosas a petición de familiares de desaparecidos y asociaciones que reclaman la recuperación de la memoria histórica.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
Aumentó la violencia contra los indígenas de Colombia
Según denunció el último informe presentado ayer por la organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional, hubo un aumento en los ataques contra las comunidades indígenas a lo largo y ancho de Colombia en 2009, caracterizado por homicidios, secuestros, abusos sexuales contra mujeres, reclutamiento de niños como soldados, persecuciones contra dirigentes y desplazamiento forzoso.
La organización culpó a las fuerzas armadas, grupos paramilitares y grupos guerrilleros por los abusos, mientras que apuntó a las autoridades colombianas denunciando su poco interés para investigar estos crímenes.
El conflicto armado interno en Colombia ha tenido en los pueblos originales un impacto profundo y destructivo. Según el informe presentado por Amnistía Internacional, en 2009 al menos 114 hombres, mujeres, niños y niñas indígenas fueron víctimas de homicidios, a la vez que miles de ellos fueron desplazados internamente ese año. Estos datos se suman a los ya dados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la cual reveló que entre 2002 y 2009 más de 1400 aborígenes fueron asesinados, 90 secuestrados y 195 desaparecidos.
Las cifras son escalofriantes. Pero lo que más preocupa es que guerrilla, paramilitares y fuerzas de seguridad del gobierno colombiano forman parte de una tríada que amenaza con la destrucción de los pueblos nativos. “Los indígenas sufren cada vez más ataques en Colombia. Se les está matando y amenazando, se les está obligando a participar en el conflicto armado y se les está echando de sus tierras”, afirmó el investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional, Marcelo Pollack. “Ya es hora de que el gobierno de ese país asuma seriamente sus obligaciones y actúe de inmediato para proteger a los pueblos indígenas. Si no lo hacen, existe un riesgo real de que muchos de ellos desaparezcan”, aseguró Pollack.
Colombia cuenta con uno de los legados indígenas más diversos del mundo. De acuerdo con el censo de 2005, 1,4 millón de indígenas viven en ese país, lo que representa un 3,4 por ciento de su población total.
El informe de Amnistía Internacional reveló que la supervivencia de 32 comunidades indígenas está gravemente amenazada por las consecuencias del conflicto armado y la falta de apoyo estatal.
Varios grupos aborígenes viven en zonas de importancia estratégica para las partes en conflicto, en las que actúan la guerrilla de las FARC y el ELN, grupos paramilitares y bandas de narcotraficantes, además de las fuerzas de seguridad colombianas. Así, las comunidades quedan atrapadas por los intereses en torno de su ocupación.
“El desplazamiento es una de las mayores amenazas a las que se enfrentan los indígenas. A menudo viven en zonas de intensa actividad militar y ricas en biodiversidad, minerales y petróleo, por lo que corren especial peligro de desplazamiento forzado”, relata el documento al tiempo que destacan las cifras de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, según la cual los indígenas constituyen el 7 por ciento de los desplazados en este país.
Las etnias indígenas no sólo sufren del abandono de sus tierras. Comunidades enteras han sido confinadas al aislamiento debido a la presencia de minas terrestres colocadas por grupos armados en los alrededores, lo cual dificulta la provisión de alimentos y medicinas indispensables. Asimismo, los conflictos armados han afectado el acceso a las zonas de caza y pesca, lo que llevó a un aumento del índice de desnutrición entre los indígenas. La ocupación de sus escuelas por grupos de fuerza y su utilización como bases militares, impidiendo a las comunidades el acceso a la educación, también fue denunciado en el documento.
En tanto, el informe de Amnistía Internacional fue rápidamente desestimado por el gobierno colombiano. El documento parte erróneamente asegurando la existencia de un “‘conflicto armado interno’ y de paramilitares, minimizando el hecho de que los pueblos indígenas han sido despojados y asesinados por la guerrilla de las FARC y las bandas criminales emergentes”, aseguró el ministro del Interior, Fabio Valencia, a través de un comunicado. “No reconoce los logros de este gobierno con los pueblos indígenas de Colombia”, sintetizó el funcionario.
Los 40 años de conflicto armado en Colombia han afectado a millones de personas en todo el país, dejando un saldo de decenas de miles de muertos, torturados y víctimas de desaparición forzosa. La inmensa mayoría de las víctimas de estos abusos han sido civiles.
Fuente: elpolvorin
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Contra la pena de muerte a menores
Irán (antigua Persia) es un país cuyo gobierno todavía condena a muerte a menores de edad. En Irán, hay más de 140 personas en el corredor de la muerte que eran menores de edad en la fecha del delito. Una tragedia que, por desgracia, también se da en otros países como Sudán, Yemen y Arabia Saudí.
Además de condenar a niños al más cruel de los castigos, los gobiernos de Irán y Arabia Saudí fueron responsables, junto con los de China, Pakistán y Estados Unidos, del 93 por ciento de todas las ejecuciones en el mundo en 2008.
Amnistía Internacional busca firmas para denunciar esta atrocidad.
Firma ahora la petición contra la pena de muerte y deja tu mensaje personal en la pared de la embajada de Irán.
Fuente: Amnistía Internacional
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Delara Darabi, ejecutada en Irán
Las autoridades iraníes ejecutaron a Delara Darabi el pasado viernes 1 de mayo por la mañana. Amnistía Internacional considera que su juicio fue injusto, y los tribunales se negaron a considerar nuevas pruebas que, según su abogado, habrían probado que ella era inocente del delito por el que fue acusada cuando tan solo tenía 17 años.
Los colaboradores de Amnistía Internacional queremos manifestar nuestra indignación por esta ejecución y, en particular, por no haber informado a su abogado, a pesar de la exigencia legal de hacerlo con 48 horas de antelación. Se trata de una cínica estrategia por parte de las autoridades para evitar las protestas nacionales e internacionales que podrían haber salvado la vida de Delara Darabi.
Pero no van a conseguir callarnos. Amnistía Internacional ha luchado por salvar su vida desde que su caso salió a la luz. Y lo seguimos haciendo por todos los menores que en Irán corren peligro de ejecución inminente. Es necesario seguir trabajando por los casos de Behnoud Shojaee, Mohammad Feda’i, Bahman Salimian, Naser Qasemi, Mohammad Reza Haddadi, Abbas Hosseini, y de tantas otras personas que se encuentran en peligro de ejecución en Irán acusados por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores.
Por eso os pido que nos ayudeis a parar esas ejecuciones firmando la petición a las autoridades iraníes.
Fuente: LE BOUDOIR
