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Un español que hubiera ocultado en un paraíso fiscal un millón de euros obtenido en 2008, y quisiera ahora presentar ese dinero en su declaración de la renta, tendría que pagar a Hacienda sólo el 10% -100000 euros-de esa cuantía para regularizar su situación, según la amnistía fiscal aprobada en marzo por el Gobierno. En cambio, si declarara ahora esa cantidad con el anterior marco legislativo, y después de que la administración advirtiera su fraude, lo que tendría que pagar al fisco podría ascender hasta los 715874 euros. Es decir, que la reforma del PP perdona a ese defraudador hasta 600000 euros.

Este es uno de los ejemplos que cita el PSOE en el recurso de inconstitucionalidad (ver PDF) contra el decreto ley que aprobó el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, y que incorporó la amnistía fiscal como parte de una serie de medidas encaminadas a la reducción del déficit. Además del texto que presentarán este lunes ante el Tribunal Constitucional, los socialistas llevarán a la Audiencia Nacional otro recurso contencioso-administrativo (ver PDF) para paralizar de inmediato la puesta en marcha de la medida, que fue convalidada por el Congreso el 12 de abril con los votos a favor de PP, CiU, UPN y Foro Asturias.

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