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Simon Singh es un héroe para los científicos británicos. Su pelea en los tribunales por impedir que las leyes antilibelo sean utilizadas para coartar la libertad de expresión ha recibido el apoyo de los jueces.

Singh publicó un artículo en The Guardian cuestionando los tratamientos recomendados por la Asociación Quiropráctica Británica. La demanda de los implicados le supuso una primera derrota judicial porque le obligaba a demostrar con hechos sus opiniones. Es decir, debía probar que era inocente y liberaba a sus denunciantes de la obligación de aportar pruebas.

Los altos costes de las batallas judiciales en Reino Unido hacen que las empresas, famosos y políticos extranjeros empleen las leyes antilibelo para impedir críticas, por fundadas que sean. Singh podía haberse rendido, como hacen muchos aunque sólo sea para ahorrarse el dinero, pero decidió presentar un recurso.

La apelación ha tenido éxito. Si los quiroprácticos quieren continuar la vía judicial en su demanda por difamación, Singh no está indefenso. La sentencia establece que el escritor sólo debe demostrar que sus opiniones son razonables, que se refieren a un tema de interés público y que tienen una base en hechos.

Un eufórico Singh recibió la noticia con satisfacción pero recordó que hasta que no sea modificada por el Parlamento, la ley es una amenaza para todos los científicos: «Es inaudito que nos haya costado 200.000 libras establecer el significado de unas pocas palabras».

En su artículo, Singh criticó a la asociación quiropráctica por defender tratamientos cuya fiabilidad es dudosa o nula para curar en los niños dolencias como cólicos, infecciones de oído, asma o alteraciones del sueño.

En un tiempo pasado, eran los famosos los que utilizaban en exclusiva las leyes antilibelo para frenar el acoso de la prensa sensacionalista. Sin embargo, en los últimos años, empresas multinacionales se han aprovechado el sistema jurídico británico con la intención de impedir el libre intercambio de ideas en la comunidad científica.

«Hay un cardiólogo que ha sido demandado por un fabricante de aparatos para el corazón. Tenemos investigadores que no pueden publicar en revistas sus críticas a la tecnología del detector de mentiras por el miedo a una demanda de libelo», ha dicho Tracey Brown, portavoz del grupo que hace campaña por la reforma de las leyes.

El riesgo de querellas ha provocado que algunas prestigiosas publicaciones científicas hayan preferido no publicar artículos sobre productos o tratamientos promovidos por empresas. Los gabinetes jurídicos tienen así más poder que los científicos.

Fuente: Público.es

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