El cortijo de ‘El Marrufo’, ubicado en el valle de Sauceda, en Cádiz, albergó, según los historiadores, un campo de concentración, ejecución y tortura franquista, un horror que ahora, cuando se han localizado los primeros cuerpos enterrados en sus fosas, comienza a revelarse.
Fuente: Xataka Ciencia
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Editorial del New York Time ssobre el juicio a Garzón (traducción libre de El rey de la baraja):
Crímenes terribles fueron cometidos sistemáticamente durante y después de la guerra civil de 1936-39 de España que ningún tribunal ha examinado o juzgado. Nadie sabe cuántas personas resultaron desaparecidas, torturadas y asesinadas. Ahora, uno de los más importantes jueces de instrucción en España, Baltasar Garzón, está siendo juzgado por haberse atrevido a abrir una investigación sobre esas atrocidades.
España es ahora una democracia vibrante, pero el juicio del juez Garzón, que se inició la semana pasada, es un inquietante eco del pensamiento totalitario de la era de Franco. Se enfrenta a cargos penales que le podrían suspender como juez durante 20 años por desafiar a una amnistía promulgada en 1977 para facilitar la transición a la democracia. Con razón, Garzón argumenta que, en virtud del derecho internacional, no puede haber amnistía para los crímenes de lesa humanidad y que las desapariciones no resueltas – miles de fosas comunes han sido abiertas – constituyen un delito continuado.
En 2008, el juez Garzón brevemente inició una investigación oficial, ordenando la apertura de 19 fosas comunes y simbólicamente acusando al general Francisco Franco y varios ex funcionarios, ninguno aún con vida, por la desaparición de más de 100.000 personas. Un tribunal de apelaciones canceló la investigación. Al año siguiente, dos grupos de extrema derecha se querellaron contra el juez por desafiar la ley de amnistía. La fiscalía argumentó que Garzón no había cometido ningún delito, pero el Tribunal Supremo aceptó el caso.
Por otra parte, el juez Garzón se enfrenta a cargos penales por fallos en otros dos casos políticamente cargados. No podemos juzgar los méritos en estos casos. Pero el enjuiciamiento penal de magistrados por sus resoluciones es poco frecuente en España, y podría verse afectada la independencia judicial.
El juez Garzón se hizo famoso por sus casos contra terroristas vascos, torturadores argentinos, el ex dictador de Chile, el general Augusto Pinochet, y políticos españoles. Sus poderosos enemigos ahora ven una oportunidad para poner fin a su carrera.
Al juez Garzón le gusta sin duda llamar la atención y se extralimita a veces, pero perseguirlo por investigar los crímenes del franquismo es un delito contra la justicia y la historia. El Tribunal Supremo español no debería haber aceptado este caso. Ahora debe absolverle.
Los recuerdos que mantenían indelebles los ancianos de la localidad onubense de Encinasola sobre la llegada de sublevados fascistas a esta localidad llevaron a la Guardia Civil de Huelva a realizar una investigación de oficio sobre la muerte de un supuesto represaliado por el franquismo en 1936. Tras tres meses de investigación, el forense determinó esta semana que no puede concluirse su identidad debido al deterioro de los restos óseos encontrados. Sin embargo, para los investigadores y las asociaciones de memoria histórica, éste es un gran avance, ya que se trata del primer caso en España en el que no son familiares o asociaciones los que solicitan una exhumación o los jueces los que la ordenan, sino que la actuación parte directamente de la Comandancia de la Guardia Civil
Así comenzaba el diario El Pais esta historia que se podría resumir en la frase Setenta años sin sepultura, setenta años sin rostro y sin nombre. Es así como continua narrando la historia Rafael Moreno en un artículo publicado en el diario Odiel Información de Huelva. Así se construye este drama a punto de resolverse gracias a la Guardia Civil.
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Encuentran los restos
El pasado 7 de julio, narra la Benemérita en una nota, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza junto a un equipo de la Policía Judicial de Aracena y una comisión judicial formada por juez, secretario y forense emprendieron una expedición al recóndito paraje. El grupo tuvo que abandonar hasta los todo-terrenos y continuar a pie hasta La hoya. Allí, entre una maleza de dos metros de altura, encontraron varios restos óseos, una mandíbula humana y un trozo de hueso craneal. También una bota y un trozo de hoz. Era lo que quedaba de un hombre después de que el tiempo y las alimañas se encargaran de dispersar un cuerpo que nunca fue enterrado.
Un nombre, un hombre, una muerte
Los huesos, tras autorizar la titular del Juzgado de Instrucción el debido levantamiento, han sido enviados al Instituto Anatómico Forense para que se proceda a su identificación. No será fácil. La mandíbula no tiene dientes adheridos ni alveolos, lugar donde el ADN permanece por más tiempo y que permite la identificación de un cadáver. La aparente imposibilidad médica para conocer el nombre de la víctima no ha echado para atrás a la Guardia Civil. Ha recompuesto la historia, entrevistado a cronistas, historiadores y viejos conocedores de aquellos días del 36 hasta hilar una identidad y un pasado creíble que puede ser el de Sixto Caro. Su hermana, que tuvo un hijo que luego se hizo agente de la Benemérita, ha aportado datos claves, al igual que un sobrino nieto. Sólo queda hacer oficial un nombre, un hombre, una muerte y un asesinato más de aquella gran represión.
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Enlaces de interés:
– Apuntes asignatura Violencia Política. Licenciatura Criminología. UMU