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La web de Maco048. Criminología
Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Veintiséis ayuntamientos murcianos mantienen en sus puestos a alcaldes (PP) y altos cargos pendientes de juicio
Dice el refranero popular que “la manzana podrida pierde a su compañía”, y algo así ha debido pasar en la Comunidad Autónoma de Murcia, donde una enmarañada trama de corrupción se ha cebado con las fechorías de alcaldes y altos cargos del Gobierno que preside el popular Ramón Luis Valcárcel Siso desde el año 1995, con mayoría absoluta. Un sinfín de causas judiciales abiertas, donde ediles imputados y otros pesos pesados continúan en sus puestos a día de hoy, a falta de sentencias.
La oposición ha acusado a Valcárcel de “no tener autoridad moral para depurar responsabilidades en su partido” y que “no puede exigir a sus alcaldes y concejales que separen claramente los intereses privados de los públicos, porque él mismo no lo ha hecho”. El secretario general de los socialistas en esa región, Pedro Saura, durante un debate televisivo en Canal 6, en 2007, reveló que la familia del presidente poseía ocho conocidas empresas dedicadas al negocio de la construcción y promoción inmobiliaria, que [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]”.
Las empresas de la familia
En el listado presentado por la oposición socialista (enlace información diario La Verdad) aparecen más de ocho empresas de familiares del presidente murciano, cuyo objeto social es el asesoramiento inmobiliario, construcción y promoción de inmuebles. En “10 J. M. Gunter”, fundada en 2001, aparecen como administradores una hermana, María Isabel Valcárcel Siso, y su marido; en “Ancara-9, S.L”, inscrita en 2005, figura su hermano, Carlos Valcárcel Siso, y la esposa de este; mientras en “Guayaquil Import”, la administradora única es su hermana, Marta Valcárcel Siso. Por otro lado, las compañías “Meroño y Cruz”, “Habvit Viviendas”, “Secruz 3”, “Faromar Urbanizaciones”, “Faromur Promociones”, e “Hijos de Juan Francisco Cruz Alfaro” son propiedad de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro.
Peñalver, el jefe de Urbanismo
La evidencia de las empresas familiares del presidente Valcárcel, no obstante, no ha pasado a más. No ha tenido la misma suerte el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver Mota, que sí está inmerso en una causa judicial porque, según el informe de la Fiscalía, pretendía “controlar toda la actividad urbanística de la región”, desde el despacho de arquitectos de su familia, Peñalver Arquitectos S.L, fundado por su padre, hermano y esposa, esta última como tapadera de su marido.
Los Peñalver, “los naranjitos”
Fiscalía apunta en su informe que “tal era el número de proyectos presentados al visado por el despacho Peñalver Arquitectos y Asociados S.L., y que irónicamente debían recibir el dictamen favorable del propio Joaquín Peñalver, que los funcionarios de Urbanismo lo denominaban sarcásticamente los naranjitos, dado el color de la carátula que utilizaban”, según el diario La Verdad.
Veintiséis de cuarenta y cinco
Veintiséis ayuntamientos de la Comunidad murciana, que cuenta con un total de 45 localidades, tienen procesos judiciales abiertos por corrupción contra algunos de sus altos cargos, sobre todo alcaldes, la inmensa mayoría del PP. Sobre sus hombros, imputaciones por presuntos delitos urbanísticos, compra de votos, cobro ilegal de comisiones, prevaricación o falsedad documental, y la mayoría sigue en sus puestos a la espera de juicios, según evidenció la revista Interviu.
“Los excesos… y comilonas” en Villanueva
En Villanueva del Segura, que cuenta con apenas 1.500 habitantes, el alcalde, José Luis López Ayala(a la izquierda, en la foto), “ha malgastado en poco más de dos legislaturas más de 800 millones de las antiguas pesetas, ha forjado una red de privilegios a afines a su partido. Asesores personales, excesos en los sueldos del alcalde y de los concejales del PP, vehículos, comilonas (60 millones de pesetas gastadas en fiestas)”, según denunció en un comunicado el grupo socialista en ese municipio. Actualmente, López Ayala, el arquitecto municipal y tres concejales de su Gobierno están siendo investigados, a partir de una denuncia de Ecologistas en Acción, por la concesión de una licencia para construir en una zona de dominio público del río Segura la urbanización Spa Valley, en el paraje de La Morra.
Caso Totem, ¿caso Murcia?
Antes de que termine este año, podría comenzar el juicio por el llamado caso Totem, una operación destapada en la localidad de Totana a finales de 2007, contra el pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales, y en la cual están acusadas 17 personas, entre ellas, el ex regidor Juan Morales y el actual alcalde, también popular, José Martínez Andreo, que fue detenido en noviembre de 2007 acusado de nueve delitos, y que consiguió salir de prisión en febrero de 2008 pagando una fianza de 70.000 euros. Actualmente, continúa al frente de la Alcaldía. Esta trama de corrupción ha llegado también a Cajamurcia, a través de su filial Summa Inversiones Inmobiliarias, implicada en la causa judicial.
El apoyo al alcalde corrupto
La detención del alcalde Martínez Andreo levantó revuelo en la localidad de Totana, pero por razones contrarias a lo que podría pensarse. Más de 500 personas se concentraron ante la cárcel de Sangonera, convocadas por la plataforma Por el Buen Nombre de Totana, para apoyarle. Y esta contradictoria actitud refleja una realidad que se extiende a toda la Comunidad de Murcia, donde en las últimas elecciones, a pesar de los muchos escándalos de corrupción, los populares obtuvieron el 61,55% de los votos.
Urbanismo especulativo y riqueza
Juan José Cánovas, concejal de Izquierda Unida en Totana, explica la razón del éxito de Andreo, que apunta a un fuerte caciquismo del PP en la Comunidad. “Desde el ayuntamiento se han anulado todos los colectivos críticos, además, el consistorio ha gastado 100.000 euros en publicidad para los medios locales. Y controla la mayoría de las subvenciones”. Por otro lado, y con un gran peso en la conciencia de la gente está la especulación inmobiliaria, “que ha dejado muchos nuevos ricos en Murcia. Todo el mundo tiene un vecino o un conocido que contaba con un terreno que ya no servía para cultivos y que ha hecho dinero con las recalificaciones”, de acuerdo con la opinión de ecologistas de la zona. «Es una vinculación psicológica muy fuerte entre urbanismo especulativo y crecimiento económico», resume el líder regional de IU, José Antonio Pujante.
Fuente: ElPlural.com
Bajo licencia Creative Commons
Los grandes ayuntamientos declaran la guerra a las empresas ‘quitamultas’
«¡No pague sus multas! Llámenos y le garantizamos que no tendrá que hacerlo. Si no lo logramos le devolveremos su dinero». Si usted lee este mensaje en un anuncio del periódico, en el teletexto de su televisor o en una cuartilla colocada bajo su limpiaparabrisas no se deje seducir, desconfíe.
Los archivos de los departamentos de Consumo de los grandes ayuntamientos españoles están atestados de reclamaciones de conductores a los que se prometió que no tendrían que pagar sus multas y que no sólo acabaron abonándolas sino también perdiendo el dinero invertido en tratar de no hacerlo.
Estafados
La voz de alarma la dio el Ayuntamiento de Barcelona hace unos meses tras detectar un incremento espectacular de las denuncias de usuarios contra una serie de empresas de recursos de multas, que se anunciaban a través del teletexto. Éstas prometían a los conductores que no pagarían sus multas de tráfico si contrataban sus servicios y ponían como garantía la devolución del dinero entregado si los recursos no prosperaban.
Cuando los servicios de consumo investigaron las denuncias se encontraron con que no quedaba ni rastro de estos establecimientos. «No tenían domicilio social y sólo se podía contactar con ellos a través de teléfono móvil. Luego descubrimos que era un móvil de tarjeta del que se desprendieron cuando comenzaron las denuncias», relatan desde la ciudad condal.
Empresas ‘quitamultas’
No tenían sede, no firmaban ningún tipo de contrato con sus clientes, es decir, no ofrecían ninguna garantía a sus usuarios. El Ayuntamiento de Barcelona detectó, además, que esos mismos establecimientos renacían meses después y con otro nombre en otros municipios de Cataluña.
El problema fue planteado a la Generalitat y ésta aprobó el pasado septiembre un decreto que obliga a las empresas de recursos de multas a cumplir una serie de requisitos (tener un domicilio social, garantías a los usuarios…) para poder operar.
La legislación catalana no se ha filtrado todavía a otros municipios, pero desde Madrid o Sevilla también se están adoptando iniciativas para reducir los problemas creados por los servicios de recursos de multas. Desde el sector este creciente celo administrativo se ve con desconfianza. «Todo lo que se haga por mejorar las garantías de los usuarios está bien, pero regular más el sector es innecesario porque los que han actuado mal son sólo dos o tres», se queja Miguel Jabaloyes, director jurídico de De Vuelta, que sospecha que de esta manera se mete a todo el sector en el mismo saco.
De Vuelta acudió en su día a los tribunales de justicia y a los servicios de defensa de la competencia cuando surgieron despachos de abogados y otros establecimientos que prometían devolver el dinero si no prosperaban sus recursos. «Nadie puede garantizar que una multa no se va a pagar», coinciden Jabaloyes y el portavoz de la Asociación de Automovilistas Europeos, Mario Arnaldo. Clubes de automovilistas y empresas de recursos de multas dicen que el procedimiento normal es analizar la multa y comunicar al asociado o usuario las posibilidades que tiene de que el recurso prospere y luego actuar. No al revés.
Recurrir por recurrir
Las compañías que no actúan así son conocidas como quitamultas. «Son rellenadores de impresos profesionales, sin conocimientos jurídicos, que se limitan a enviar a Tráfico o al municipio un recurso estándar sin motivarlo legalmente«, denuncia Arnaldo.
Esa forma de actuación da lugar a situaciones tan surrealistas como la vivida en Barcelona, donde los servicios de gestión recibieron un recurso contra el pago del impuesto de circulación que alegaba que el alcoholímetro utilizado no estaba homologado…
Fuente: Eleconomista.es
