Hace casi un año, el 24 de abril de 2013, el derrumbe de un edificio a las afueras de Daca, la capital de Bangladesh, despertó de su plácida indiferencia al mundo ante las condiciones de trabajo en el país asiático. De un día para otro, los consumidores y las grandes marcas abrieron, por fin, los ojos a las condiciones reales que permiten vender en Occidente prendas a precios que, difícilmente, garantizan unas condiciones de trabajo mínimamente dignas.
El derrumbe del edificio, conocido como Rana Plaza, que alojaba a varias empresas textiles, provocó más de 1100 muertos y casi 2500 heridos. Un año después, algunas condiciones laborales han cambiado en Bangladesh. Pero no todas. Y algunas empresas han asumido su parte de responsabilidad a la hora de compensar a las víctimas. Otras no. De hecho, solo siete de las 27 empresas occidentales que fabricaron en Rana Plaza se han comprometido a hacerlo.
A un acuerdo se han sumado empresas españolas como Inditex, El Corte Inglés o Mango que, con más o menos reticencias, asumieron que en Rana Plaza se producían prendas con sus etiquetas. Pero otras, con apellido estadounidense, han decidido hacer la guerra por su cuenta. “ Wal-Mart y GAP han hecho lobby contra el acuerdo y han establecido su propia alianza.
Otra consecuencia fue la subida del exiguo salario mínimo del sector textil en Bangladesh, desde menos de 30 euros mensuales hasta, aproximadamente, 50 euros. También han crecido las inspecciones a las fábricas, que en el conjunto de Asia han aumentado por encima del 50% y en Bangladesh un 64%, según apunta la profesora de Icade Carmen Valor.
Además, hay compañías que aún no han confirmado si van a invertir en el fondo, como el gigante italiano Benetton, la multinacional francesa Auchan, que en España opera como Alcampo, o el gigante de la ropa barata Primark. Para lograrlo, Ropa Limpia, junto con otras asociaciones, ha lanzado la campaña Pagad Ya!
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Investigadores del Departamento de Antropología de la Universidad Estatal de Michigan en EEUU ha realizado un estudio sobre el tráfico de órganos humanos en Bangladesh. Y los resultados son terribles. En ese depauperado país cientos de desesperadas personas venden sus órganos para conseguir un poco de dinero que les permita sobrellevar sus miserables existencias.
¿Qué es una empresa transnacional? ¿Qué papel juegan los ‘lobbies’ o la diplomacia económica? ¿Qué resistencia se puede ejercer frente al poder que despliegan las multinacionales? Para dar respuesta a este tipo de preguntas el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad del País Vasco, Juan Hernández, que ha comparecido para dar su visión en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, ha publicado el ‘Diccionario crítico de empresas transnacionales’ junto a Erika González y Pedro Ramiro. El libro recoge desde una perspectiva crítica las reflexiones de diferentes profesores procedentes de la universidad, miembros de ONG, organizaciones sindicales y movimientos sociales acerca de las empresas transnacionales. Hernández aboga por implantar medios de control para enfrentar el poder de las grandes corporaciones y que catástrofes como el derrumbe de un edificio de talleres textiles en Bangladesh, que ya ha matado a más un millar de personas que intentaban ganarse la vida, tenga consecuencias penales para los directivos de las multinacionales que encargaban allí la ropa.
Pregunta. ¿Cómo se puede controlar a las empresas transnacionales?
Respuesta. Es complicado porque la responsabilidad de la empresa transnacional se sostiene sobre el estado donde invierte, comercia o compra. Por ejemplo, Mango y El Corte Inglés van a Bangladesh y solo responden ante ese gobierno. La arquitectura jurídica está pensada para que cumplan la legislación de Bangladesh y punto. Y en el caso de ese país, la legislación laboral está sometida a un modelo neoliberal brutal. Es decir, los trabajadores tienen unas condiciones laborales en cuanto a salario, descanso…. propias de la Revolución Industrial. No hay ningún control ni inspección, de ahí que se haya caído la fábrica en Bangladesh. Las transnacionales se instalan allí porque la tasa de beneficio es altísima gracias a la explotación que sufren los trabajadores.
P. ¿Y cómo se puede romper ese círculo?
R. Pues hay que buscar mecanismos de control acordes con los tiempos: extraterritorialidad. Eso significa que las empresas transnacionales no solo estén sometidas a la legislación del país donde tiene la fábrica. Es un escándalo que no se puedan juzgar tanto a El Corte Inglés como Mango en España por lo que ha sucedido en la fábrica de Bangladesk donde se producía ropa para éstas y otras multinacionales. Cuando se dan hechos de alta gravedad relacionados con los derechos humanos y está implicada una multinacional española debería intervenir un tribunal nacional. Se trata de extraterritorializar la situación y que los directivos de esas empresas den cuenta del beneficio que obtienen y si conocían las condiciones en las que se desarrollaba el trabajo. Es inconcebible que no haya una responsabilidad civil y penal.
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Además de la caza de ateos, en Bangladesh quieren leyes más estrictas contra la libertad y están más que alegremente dispuestos a recurrir a la violencia para ello:
La razón de la explosión de violencia es este país de 150 millones de habitantes, la ley antiblasfemia que organizaciones musulmanas extremistas quieren que sea aprobada por el gobierno. Sin embargo, la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, la rechazó y aseguró que en el país “ya existen todas las leyes necesarias para sancionar a los que atentan contra los sentimientos religiosos”.
La respuesta fue insuficiente para Hefazat-e-Islam, una organización religiosa de profesores y estudiantes radicales, que organizó una serie de marchas que convirtieron a la capital, Dacca, en un campo de batalla, saqueo y destrucción de tiendas y carros. Los radicales musulmanes le habían otorgado plazo al gobierno para decretar la ley hasta este 5 de mayo y exigiendo también imponer la pena de muerte para todos los que hablen mal del Islam. Exigen, además, la separación de hombres y mujeres en lugares públicos.
Con toda la violencia que hay en Bangladesh y los islámicos pidiendo más. Religión de la paz, seguro.
Fuente: DE AVANZADA
Ahora que El Corte Inglés (entre otras grandes cadenas de diversos paises) ha reconocido que producía ropa en el edificio siniestrado en Bangladesh con el trágico balance de cientos de trabajadores muertos y que además afirma no tener ninguna responsabilidad sobre lo ocurrido es hora de una pequeña reflexión.
Fuente: Diario de un ateo
El Corte Inglés es una de las empresas que ha reconocido su relación con las fábricas que operaban en el edificio Rana Plaza, situado a pocos kilómetros de Dacca, la capital de Bangladesh, y cuyo derrumbamiento ha causado casi 400 víctimas mortales y más de un millar de heridos (las cifras definitivas tardarán todavía en establecerse). “Ha habido relación con una de las cuatro fábricas afectadas”, señaló la firma española a través de un comunicado, y en ella “se había producido un número reducido de prendas”.
La empresa asegura que desde hace tiempo supervisa las condiciones sociales y laborales de sus empresas proveedoras en otros países a través de la Business Social Compliance Initiative (BSCI), un organismo internacional del que forman parte numerosas multinacionales, pero que no se ocupa de la situación de los edificios.
De hecho, la propia BSCI reconoce que tenía conocimiento del riesgo que representaban los edificios industriales de Bangladesh antes de lo ocurrido la semana pasada. Lo que ha pasado con el hundimiento del Rana Plaza no es un hecho aislado, ha tenido lugar “después de varias recientes tragedias relacionadas con el fuego en Bangladesh”, señalan en una nota de prensa. El país, admite la BSCI, no es capaz de garantizar las condiciones de seguridad de sus edificios industriales y ni siquiera “aplica correctamente” las leyes que tiene en vigor en materia de edificaciones.
Con todo, no es El Corte Inglés la única empresa que ha tratado de explicar su relación con el Rana Plaza. C&A, la cadena de origen holandés con base en Bélgica, niega cualquier vínculo con el edificio cuyo hundimiento ha causado más de 360 víctimas mortales. Thorsten Rolfes, su responsable de Comunicación, señaló esta semana que un antiguo importador europeo de C&A tenía instalaciones allí pero que no tienen ninguna relación con él desde octubre de 2011.
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El desastre ha vuelto a poner de manifiesto las malas condiciones laborales y de seguridad que sufren los trabajadores de talleres textiles en el país asiático, que abastecen a multinacionales occidentales, como las implicadas en este siniestro, por ejemplo El Corte Inglés .
La policía arrestó hoy al dueño del edificio que se derrumbó el miércoles y que albergaba varias fábricas textiles en Bangladesh (Bengala del Este), por lo que la búsqueda policial de responsables del siniestro se limita ahora a dos individuos, que se encuentran fugitivos, incluido un empresario español.
Según informó la agencia local UNB, el empresario de nacionalidad española que se encuentra en paradero desconocido es David Mayor, director general de una de las fábricas textiles que se alojaban en la el edificio que se desplomó esta semana a las afueras de Dacca.
La página web de esa compañía afirma que el taller textil se encontraba localizado en la cuarta planta del edificio Rana Plaza, el cual se derrumbó el pasado miércoles, y que según el último recuento ha dejado 371 muertos y miles de heridos.
Uno de los socios locales del español, Aminul Islam, fue arrestado ayer, al igual que otros dos empresarios relacionados con las compañías textiles presentes en el inmueble siniestrado, según fuentes policiales del país asiático.
El arrestado hoy, el dueño del edificio Sohel Rana, pertenece a la rama juvenil de la Liga Awami -el partido gobernante en Bangladesh-, y fue encontrado por la policía bangladeshí cerca de la frontera con la India, a donde trataba de huir. El otro hombre que se halla prófugo es el padre de Sohel Rana, Abdul Khaleque Bepari, de acuerdo con UNB.
La Policía Industrial había acusado a los propietarios de las fábricas de ignorar las grietas que aparecieron en el edificio de ocho plantas el martes y de obligar a los empleados textiles a acudir a sus puestos de trabajo a pesar del riesgo que corrían.
«Ninguno de nosotros quería entrar al edificio, pero nuestros jefes nos forzaron», dijo el día del accidente Nurul Islam, uno de los trabajadores heridos, al portal de noticias Bdnews24.com.
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Acceso a la firma de esta petición.
Maryam Namazie ha organizado una jornada de protesta el 25 de abril para pedir al gobierno de Bangladesh que proteja la vida de los blogueros y activistas ateos, secularistas, o que de cualquier manera critiquen la religión. Esta es la carta que he firmado en nombre de Skepchick:
En enero, el bloguero de 29 años de edad, Asif Mohiuddin, fue apuñalado. En febrero, el bloguero ateo de 35 años de edad e involucrado en las protestas Shahbag, Ahmed Rajib, fue asesinado brutalmente. Los islamistas siguen amenazando a blogueros prominentes y han pedido la “ejecución de 84 blogueros ateos por insultar a la religión”.
En lugar de defender la libertad de expresión y proteger a los librepensadores, el gobierno de Bangladesh ha detenido a varios blogueros, se comprometió a perseguir a otros, y a cerrar los sitios web y los blogs.
Nosotros, los abajo firmantes, hacemos un llamado para que el 25 de abril sea un día internacional para defender los blogueros y activistas de Bangladesh. En este día, instamos a grupos e individuos a que se reúnan en las embajadas de Bangladesh, a que contacten con los miembros de sus parlamentos o representantes en su país de residencia, a que resalten la situación, a escribir cartas de protesta, a llevar a cabo actos de solidaridad, a tuiterar con los hashtags #Bangladesh #Bloggers, y firmar esta petición.
Condenamos inequívocamente los ataques y amenazas contra ateos, secularistas y blogueros librepensadores y hacemos un llamado al gobierno de Bangladesh para garantizar su seguridad, respetar la libertad de expresión y para que se procese a los islamistas que amenacen, ataquen o dañen a sus críticos.
La libertad de expresión, en particular para criticar al islam y a los islamistas, así como a blasfemar, es un derecho básico.
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