La web de Maco048. Criminología

Caso Bono. Unos militantes del PP son identificados en unas fotografías en las que aparecen en actitud violenta en un intento de agresión al entonces ministro José Bono durante una manifestación. Los policías que les detienen para interrogarles son acusados y declarados culpables de detención ilegal por el juez Hidalgo. Finalmente el Supremo les absuelve, por entender que la detención estaba plenamente justificada por un intento de atentado a la autoridad.

[Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]. Un perito de la policía científica se inventa una extravagante conexión entre ETA y el 11M, que sus superiores corrigen por carecer de fundamento, basada en la coincidencia de la aparición de ácido bórico en un registro relacionado con la banda y en otro relacionado con un terrorista islamista. Esta sustancia se utiliza como insecticida para cucarachas y como desodorante, pero eso no impide que se de pábulo a múltiples teorías contra la investigación del atentado desde el Partido Popular y sus medios afines, y los altos cargos de la policía científica son acusados de falsedad. Finalmente la Audiencia de Madrid les absuelve y califica de irrelevante que pueda hallarse ácido bórico en casas diferentes dado que se trata de «una sustancia de uso doméstico».

Caso Leganés. El 11 de marzo de 2005 la Consejería de Sanidad destituye a Luis Montes, entonces jefe de Urgencias del Severo Ochoa, tras conocerse una denuncia anónima en la que se acusa a médicos del centro de haber causado la muerte a 400 pacientes por aplicarles sedaciones indebidas. El juez de instrucción archiva inicialmente la causa abierta contra Montes y otros siete médicos del hospital, si bien afirma que hubo mala práctica médica, aunque no se puede demostrar que ésta causara las muertes. Finalmente, tras casi tres años de calvario judicial, político y mediático, la Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso de apelación presentado por el ex jefe de Urgencias descartando totalmente la mala práctica.

Caso del PP de Villaviciosa de Odón. La entonces presidenta local del PP de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, presenta una denuncia ante los órganos internos del partido tras haber constatado la existencia de una oleada de afiliaciones irregulares con las que se alteraba el equilibrio del partido de cara a las elecciones internas. La Cadena SER difunde esta información sobre las presuntas afiliaciones irregulares, y se centra exclusivamente en las 78 que según la denuncia interna eran personas que no habían seguido los trámites y de las cuales, muchas de ellas, estaban vinculadas con Bravo y Vázquez, empresarios relacionados con el «Tamayazo». El director de la cadena y el director de informativos son condenados como autores de un delito de «revelación de secretos» a un año y nueve meses de prisión, y a las penas accesorias de «inhabilitación especial para la dirección de medios de comunicación y el ejercicio de la actividad de periodistas». Finalmente, estos días se ha concocido que la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso presentado por los periodistas, anulando la condena al estimar que la lista de afiliados irregulares publicada no constituye un delito de revelación de secretos.

Suma y sigue. Para todas estas personas las acusaciones iniciales fueron muy serias y en todos los casos supusieron un linchamiento social y mediático de consecuencias irreparables. Cada una de estas sentencias absolutorias supone un triunfo de la razón frente a la ignominia, pero también cada una de ellas supone que antes se había cometido una injusticia que nos causó un poco más de daño como sociedad. Cada vez más polarizados, sin punto de encuentro posible: los tuyos y los míos; los buenos y los malos. Así nos va.