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Cataluña será, a partir de septiembre, la primera comunidad autónoma que suministra inhibidores sexuales a los violadores con riesgo de reincidencia. La Generalitat empezará a recetar el tratamiento -la mal llamada castración química- a los condenados por delitos sexuales que estén a punto de abandonar la cárcel y corran el riesgo de cometer nuevas agresiones. La medida será voluntaria: sólo la adoptarán los presos que lo deseen. Su alcance será, además, muy limitado. La consejera de Justicia, Montserrat Tura, cree que si sólo tres presos siguen el tratamiento el primer año será «todo un éxito».

La castración química -expresión que la mayoría de expertos rechaza- es, en realidad, un tratamiento hormonal que disminuye la producción de testosterona. De esa forma, decae también el deseo sexual del violador, que pasa a comportarse de forma más dócil. Pero la inyección, por sí sola, no es la panacea. La Generalitat la entiende como un complemento más de los programas de tratamiento que ya siguen más de medio millar de reos en los centros penitenciarios españoles.

El Departamento de Justicia del Gobierno catalán está ultimando el protocolo que detalla cómo se aplicará la polémica iniciativa. La idea es que los terapeutas informen a los presos que respondan a un perfil determinado sobre la posibilidad de iniciar el tratamiento.

Pero, ¿quiénes reúnen los requisitos? Sólo un puñado de hombres, según Justicia. En España hay más de 3.600 reclusos condenados por delitos sexuales. En Cataluña, apenas 230 de ellos participan en programas de rehabilitación y se encuentran, por lo tanto, en la última fase de su condena. Es en ese periodo -cuando los presos empiezan a disfrutar de permisos o ven cerca la salida a la calle- cuando se deben suministrar los inhibidores. Pero la selección debe restringirse a un grupo aún más reducido: el de los violadores reincidentes. Y según un reciente estudio de la Generalitat, un 5,5% de los violadores vuelven a cometer agresiones cuando quedan libres. El resultado es que, este año, sólo unos 15 presos son susceptibles de ser tratados con inhibidores. Y entre éstos aún hay que eliminar a los que no quieran participar.

«La castración química tiene que ser voluntaria; si no, no sirve de nada», según fuentes de Servicios Penitenciarios. La razón es que, además de que el tratamiento se complementa con apoyo psicológico, es reversible. Es decir, que sus efectos duran sólo mientras el preso acude a inyectarse o a recibir los fármacos que precise. El efecto de la inyección es más largo (sólo hay que acudir una vez al mes) y es, por ello, el método más utilizado. Una vez que el reo cumple condena y abandona la cárcel, sólo su fuerza de voluntad puede hacerle regresar.

Odette Terol, doctora en psicología clínica y forense, comparte ese planteamiento. Terol ha tratado a cientos de agresores sexuales en Estados Unidos, donde los inhibidores de la libido funcionan desde hace 13 años en programas de libertad condicional. La experta recuerda que, aunque muchas pruebas científicas han resultado exitosas, el tratamiento hormonal no es infalible: algunos violadores han vuelto a reincidir incluso con los órganos sexuales extirpados.

«He tratado a pacientes castrados y a veces no ha funcionado», argumenta Terol. Según la doctora, algunos presos abandonaron el tratamiento por temor a los efectos secundarios que pueden originar los fármacos: «Crecimiento de las mamas, caída del vello, depresión, obesidad…», detalla. «Algunos acudían sólo para obtener beneficios en la cárcel. Pero, a escondidas, se inyectaban testosterona», recuerda.

En el caso de Cataluña, sin embargo, no habrá beneficios penitenciarios para los que accedan al tratamiento de inhibición del deseo sexual. Tampoco se castigará a los que se nieguen. En las cárceles, el hecho de no participar en los programas de tratamiento sí implica la redacción de informes desfavorables que pueden ser clave a la hora de obtener permisos penitenciarios. «El beneficio es personal: si se someten al tratamiento, es posible que no reincidan y no hagan daño a más gente», sostienen fuentes del departamento.

La medida fue acordada hace un año por una comisión de expertos presidida por el ex fiscal José María Mena. La comisión acordó una batería de iniciativas para tratar de minimizar los riesgos de la excarcelación de violadores reincidentes tras cumplir condena.

Tras el caso de la niña Mari Luz, el Gobierno central también se pronunció a favor de aplicar inhibidores sexuales, aunque hasta hora no ha concretado cómo hacerlo. En países como Estados Unidos, Alemania, Dinamarca o Suecia, funciona ya desde hace años.

Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]