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La web de Maco048. Criminología
Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Mariano Rajoy advierte a los catalanes que le perderán a él como presidente si se independizan
Asegurando que no se puede estar “en un sitio y en otro a la vez”, Mariano Rajoy ha declarado esta mañana durante una entrevista radiofónica que, si los catalanes inician su proceso de independencia, podrían perderle a él como presidente.
El jefe del Ejecutivo ha aclarado que, en una Cataluña independiente, los catalanes se verían en la obligación de elegir un presidente distinto al español “porque es incompatible una cosa con la otra”. También ha especificado que, en esas elecciones, no podría participar el resto de españoles que no fueran catalanes.
“Oiga… yo ya no me ocuparé de los asuntos que no me correspondan porque las cosas van como van”, ha explicado el presidente durante el transcurso de la entrevista, en la que ha sido preguntado por las consecuencias de un posible proceso independentista. “La gente tendrá que entender que, si ya no son españoles, siendo yo el presidente de España, ya no me corresponderá a mí ser el presidente de otra cosa porque va con el cargo y lo que no puede ocurrir, no puede ocurrir”.
“Hay que gobernar como Dios manda donde se gobierna y no en otro sitio”, ha insistido Rajoy.
“Sintiéndolo mucho, ya no estará en mi mano ser presidente de esas personas del mismo modo que no me compete a mí gobernar a un extraterrestre o a un francés”, ha aclarado el líder popular, asegurando que el proceso también podría afectar al resto del equipo de Gobierno, “que por algo es el Gobierno de España y no de China o de otra cosa”.
“De independizarse, Cataluña sería otro país completamente distinto”, ha alertado Rajoy para concluir.
Fuente: El Mundo Today
La opinión catalana es estable, ¡pero no tanto!
Hoy ha pasado una cosa muy extraña en el diario El País, de la que me he enterado gracias a la cuenta de Twitter de Lluís Viñas.
La cosa es muy sencilla: hace unas semanas, días antes de la Diada (el siete de septiembre), El País publicó [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE], en la que entre otras cosas preguntaba lo siguiente.
Y hoy de nuevo El País ha publicado una encuesta a los catalanes en la que se les hacía una pregunta sobre el mismo tema, y con unas respuestas muy similares, pero esta vez hablando sobre una realidad que ya se ha producido (la suspensión de la consulta por el TC, y no la hipotética declaración de inconstitucionalidad a la que se refería la pregunta de septiembre). ¿Y cómo han respondido los catalanes? Aquí lo tienen (lo he sacado de la versión del periódico en papel, pero está también [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE], que a estas horas coincide).
Es realmente sorprendente. Los porcentajes son exactamente los mismos, no sólo en el conjunto de la encuesta, sino entre los votantes de cada uno de los partidos. Dice Lluís Viñas, con generosidad, que esto es estadísticamente improbable, aunque no imposible. La verdad es que no. Más allá de lo increíble de que las opiniones sobre el asunto no se hayan movido nada en este mes (o tan poco que por azar hayan vuelto a salir los mismos porcentajes) la probabilidad de que dos encuestas hechas con un mes de diferencia reproduzcan exactamente los mismos porcentajes en las 21 celdas formadas por las combinaciones de opinión-partido es simplemente infinitesimal. Supongo que sería un problema interesante para una clase de estadística o de probabilidad (que yo desde luego no sabría calcular). Pero sí que basta con nociones básicas de probabilidad para entender que esto es «imposible» que haya pasado realmente.
Ampliar en: Malaprensa
Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción, con Baleares y Valencia a la cabeza
Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se despliegan por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza seguidas de cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.
Alguno de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman casi un centenar de imputados entre cargos y ex altos cargos públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del expresidente Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato.
Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que están siendo investigados judicialmente. Algunos de estos mandatarios envueltos en casos judiciales son alcaldes de ciudades tan importantes como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. A estos se suman varias decenas de concejales también implicados en estos escándalos locales.
La mayoría de los regidores municipales están imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas. Es el caso de los casos Pretoria o Mercurio, abiertos en Cataluña, que investigan presuntas tramas de corrupción en Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres y Sabadell.
Fuente: ep
Un eurodiputado del PP propone que el Ejército se despliegue en Cataluña
Un alto dirigente del PP ha emplazado al Gobierno de Rajoy a que movilice el Ejército para intervenir en Cataluña:
«El vicepresidente del Parlamento Europeo, el popular Alejo Vidal Quadras, ha propuesto al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a que encargue a un general de brigada [minuto 2:34 del vídeo que acompaña a este texto], preferentemente de la Guardia Civil, para detener el proceso hacia la independencia de Catalunña«.
Pasan las horas [en el momento de escribir este post son las 15:45 del viernes día 28 de septiembre] y el llamamiento de Vidal-Quadras a encender la mecha de otra guerra civil todavía no ha sido condenado ni criticado por el Gobierno del Reino de España.
Más detalles, en VILAWEB (en catalàn), incluye el vídeo de referencia, que corresponde al programa El gato al agua, de Intereconomía (en castellano) con las declaraciones del eurodiputado del PP. Es más, tertulianos de la misma emisora de TV se pronuncian a favor o estiman comprensible una acción militar para contrarrestar el reto civil y político de carácter soberanista formulado por el presidente de la Generalidad de Cataluña.
Fuente: Im-Pulso
Una ley de derechos y oportunidades para la infancia y adolescencia
El año pasado se publicó la nueva Ley de derechos y oportunidades para la infancia y la adolescencia del gobierno de Cataluña. Esta ley reemplaza la de 2006 y contempla de forma comprensiva la casi totalidad de aspectos a proteger en la infancia.
El texto en catalán está traducido en el BOE (enlace previo) y bien puede servir de referencia en otros ámbitos. Se apoya en el nuevo Código Civil catalán y es de notar la cita de las oportunidades como “…los nuevos caminos que es necesario abrir…” para los menores.
Y de especial interés son los artículos dedicados a los malos tratos que incluyen todas las situaciones contemplables que, en una disposición con rango de ley, facilitan los ejercicios de protección.
Fuente: Pediatría Social
Cataluña pionera al aplicar un código ético para trabajadores de prisiones
La posibilidad de abstenerse a una orden ilegal es una de las novedades La consellera de Justícia, Montserrat Tura, cree en la mejora del servicio Catalunya tendrá en los próximos meses un código ético para los trabajadores de prisiones pionero en España y en Europa y que velará por el respeto máximo a los derechos de los empleados y los reclusos. La consellera de Justicia, Montserrat Tura, ha presentado el documento con las bases del futuro código, elaborado desde enero por una comisión de expertos presididos por el ex Defensor del Pueblo y ex comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa Álvaro Gil Robles. Entre los aspectos novedosos del código, destacan el deber de obediencia a los superiores jerárquicos, aunque se recoge la posibilidad de abstenerse de cumplir una orden ilegal, la prohibición de recibir regalos o…
Ampliar noticia en: Newstin
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Enlaces de interés:
Cataluña ofrecerá desde septiembre inhibidores sexuales a violadores
Cataluña será, a partir de septiembre, la primera comunidad autónoma que suministra inhibidores sexuales a los violadores con riesgo de reincidencia. La Generalitat empezará a recetar el tratamiento -la mal llamada castración química- a los condenados por delitos sexuales que estén a punto de abandonar la cárcel y corran el riesgo de cometer nuevas agresiones. La medida será voluntaria: sólo la adoptarán los presos que lo deseen. Su alcance será, además, muy limitado. La consejera de Justicia, Montserrat Tura, cree que si sólo tres presos siguen el tratamiento el primer año será «todo un éxito».
La castración química -expresión que la mayoría de expertos rechaza- es, en realidad, un tratamiento hormonal que disminuye la producción de testosterona. De esa forma, decae también el deseo sexual del violador, que pasa a comportarse de forma más dócil. Pero la inyección, por sí sola, no es la panacea. La Generalitat la entiende como un complemento más de los programas de tratamiento que ya siguen más de medio millar de reos en los centros penitenciarios españoles.
El Departamento de Justicia del Gobierno catalán está ultimando el protocolo que detalla cómo se aplicará la polémica iniciativa. La idea es que los terapeutas informen a los presos que respondan a un perfil determinado sobre la posibilidad de iniciar el tratamiento.
Pero, ¿quiénes reúnen los requisitos? Sólo un puñado de hombres, según Justicia. En España hay más de 3.600 reclusos condenados por delitos sexuales. En Cataluña, apenas 230 de ellos participan en programas de rehabilitación y se encuentran, por lo tanto, en la última fase de su condena. Es en ese periodo -cuando los presos empiezan a disfrutar de permisos o ven cerca la salida a la calle- cuando se deben suministrar los inhibidores. Pero la selección debe restringirse a un grupo aún más reducido: el de los violadores reincidentes. Y según un reciente estudio de la Generalitat, un 5,5% de los violadores vuelven a cometer agresiones cuando quedan libres. El resultado es que, este año, sólo unos 15 presos son susceptibles de ser tratados con inhibidores. Y entre éstos aún hay que eliminar a los que no quieran participar.
«La castración química tiene que ser voluntaria; si no, no sirve de nada», según fuentes de Servicios Penitenciarios. La razón es que, además de que el tratamiento se complementa con apoyo psicológico, es reversible. Es decir, que sus efectos duran sólo mientras el preso acude a inyectarse o a recibir los fármacos que precise. El efecto de la inyección es más largo (sólo hay que acudir una vez al mes) y es, por ello, el método más utilizado. Una vez que el reo cumple condena y abandona la cárcel, sólo su fuerza de voluntad puede hacerle regresar.
Odette Terol, doctora en psicología clínica y forense, comparte ese planteamiento. Terol ha tratado a cientos de agresores sexuales en Estados Unidos, donde los inhibidores de la libido funcionan desde hace 13 años en programas de libertad condicional. La experta recuerda que, aunque muchas pruebas científicas han resultado exitosas, el tratamiento hormonal no es infalible: algunos violadores han vuelto a reincidir incluso con los órganos sexuales extirpados.
«He tratado a pacientes castrados y a veces no ha funcionado», argumenta Terol. Según la doctora, algunos presos abandonaron el tratamiento por temor a los efectos secundarios que pueden originar los fármacos: «Crecimiento de las mamas, caída del vello, depresión, obesidad…», detalla. «Algunos acudían sólo para obtener beneficios en la cárcel. Pero, a escondidas, se inyectaban testosterona», recuerda.
En el caso de Cataluña, sin embargo, no habrá beneficios penitenciarios para los que accedan al tratamiento de inhibición del deseo sexual. Tampoco se castigará a los que se nieguen. En las cárceles, el hecho de no participar en los programas de tratamiento sí implica la redacción de informes desfavorables que pueden ser clave a la hora de obtener permisos penitenciarios. «El beneficio es personal: si se someten al tratamiento, es posible que no reincidan y no hagan daño a más gente», sostienen fuentes del departamento.
La medida fue acordada hace un año por una comisión de expertos presidida por el ex fiscal José María Mena. La comisión acordó una batería de iniciativas para tratar de minimizar los riesgos de la excarcelación de violadores reincidentes tras cumplir condena.
Tras el caso de la niña Mari Luz, el Gobierno central también se pronunció a favor de aplicar inhibidores sexuales, aunque hasta hora no ha concretado cómo hacerlo. En países como Estados Unidos, Alemania, Dinamarca o Suecia, funciona ya desde hace años.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
El 78.7% de los presos en Cataluña realizan algún trabajo o estudian
En las prisiones de Cataluña hay 3.725 presos que participan en algún programa de trabajo y otros 4.462 matriculados en cursos de formación para adultos. Suman 8.187 y suponen el 78,7% de la población penitenciaria. Hace tan sólo seis años, los reclusos que estaban en esa situación eran 3.751 y representaban el 51,3% de los presos.
Ésa es una de las muchas cifras que recoge el boletín penitenciario que elabora el Departamento de Justicia de la Generalitat y que ayer presentó la consejera Montserrat Tura. «El objetivo es que la entrada en la cárcel no sea únicamente cumplir la pena, sino también la formación y la reeducación de adultos», dijo. «Estamos muy satisfechos con esa cifra», señaló Albert Batlle, secretario general de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación, desde que existen gobiernos de izquierdas en Cataluña.
La crisis económica explica el gran aumento que han experimentando los programas de trabajo en las prisiones, de manera que algunos productos que anteriormente se compraban a talleres ajenos a la cárcel ahora se producen en el interior de los centros penitenciarios, empezando por el pan que consumen los presos. Así se explica que si al acabar el primer semestre de 2008 eran 2.939 los presos que realizaban algún trabajo, en apenas un año hayan aumentado en casi 800 y ya sean 3.725.
Lo mismo ocurre con los alumnos internos inscritos en algún programa de escolarización, que se han incrementado el 10% en un año. Las enseñanzas que se imparten incluyen desde el nivel más básico de formación hasta estudios universitarios o de idiomas.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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El Gobierno Catalán no regula el derecho a abortar del menor en la ley de infancia
El tan anunciado proyecto de Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l´Adolescència fue aprobado ayer por el Consell Executiu de la Generalitat con un redactado que favorece las adopciones, que refuerza las actuaciones contra los malos tratos y que, por el contrario, pasa de puntillas sobre temas polémicos como el aborto. Sobre este último punto, el Govern da marcha atrás a sus pretensiones iniciales y deja en manos de la ley estatal el tema de la decisión sobre la maternidad entre las menores de 18 años.
El pasado mes de enero la secretaria de Infància i Adolescència de la Generalitat, Imma Pérez, en su comparecencia ante la subcomisión de la Infancia del Parlament para informar sobre la elaboración de la ley, propuso otorgar el derecho a decidir abortar a partir de los 16 años, siempre y cuando se cumpliesen los tres preceptos legales existentes para ello. El anteproyecto incluía otra novedad sobre este punto que afectaba a las chicas menores de 16 años. Según Imma Pérez, en el caso de esas menores se iba a tener en cuenta su opinión y cuando su decisión discrepase de la de sus padres, que son los mentores legales, entonces se trasladaría la decisión a un juez que debía evaluar si la menor tenía capacidad para decidir.
La polémica desatada por estas propuestas se juntó con la que ha supuesto el anteproyecto de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo aprobado por el Gobierno central el pasado 14 de mayo. Al final, la decisión adoptada desde la Conselleria de Acció Social i Ciutadania, que dirige Carme Capdevila, ha sido drástica: el derecho a decidir sobre la maternidad quedará regulado por la legislación específica, se entiende por lo tanto que por la ley estatal.
La propuesta defendida por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, rebaja la edad para abortar sin necesidad del permiso paterno a los 16 años (en este momento son los 18). Este punto es, sin duda, el más controvertido de la ley, e incluso no es compartido por muchos socialistas, como es el caso del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. Fuentes del propio Gobierno no descartan que en el trámite parlamentario, donde el PSOE necesitará negociar con otros grupos para sacar el texto adelante, se incluyan modificaciones sobre este punto que ha sido rechazado explícitamente por grupos como el PP o CiU.
Una de las novedades de la ley es la protección contra los malos tratos. Así, prioriza en casos de maltrato familiar que sea la persona maltratadora la que abandone el hogar, en vez del niño. También pretende evitar la doble victimización, es decir que los menores tengan que declarar dos veces por un caso de abuso o maltrato. Y crea la figura del procurador de la infancia y la adolescencia para garantizar que los menores tutelados sean escuchados.
En lo que respecta a la prevención, la normativa separa entre las situaciones de riesgo social y las de desamparo. Hasta ahora, para que un menor accediese a una medida de protección se le debía desamparar previamente. Ahora sólo será necesario si la medida de protección así lo requiere.
Fuente: La Vanguardia
