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La web de Maco048. Criminología
Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Iglesia Católica en Colombia está en cruzada contra el aborto terapeútico, eutanasia y fecundación in vitroy fe
En Colombia la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres casos: malformación del feto, riesgo de muerte de la madre y en caso de violación. Este fallo se dio en 2006. Otra sentencia de la Corte, pero esta de 1997 permite la eutanasia como alternativa para quienes se encuentren en el estado terminal de una enfermedad y deseen morir voluntariamente.
Pero esto a la Iglesia Católica y su aliado el Partido Conservador, no les ha gustado en lo absoluto. Por eso los conservadores con el apoyo de la Iglesia han propuesto agregar al artículo 11 de la Constitución de 1991 «la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte». Lo que sancionaría en aborto en cualquier caso, al igual que la eutanasia, las prácticas de fecundación in vitro, y hasta haría ilegal el dispositivo intrauterino o DIU.
El proyecto llegó al Congreso con cinco millones de firmas, muchas de las cuales fueron recogidas en parroquias de todo el país tras la solicitud y apoyo de obispos y sacerdotes. El día de miércoles de ceniza de 2011 fue también una jornada en la que la ICAR recogió firmas para “blindar la vida” contra el aborto y la eutanasia. Monseñor Juan Vicente Córdoba (en la foto), afirmó en marzo que su iglesia apoyaría a los legisladores «con firmas, con apoyo verbal, a través de los medios, con nuestra oración y sobre todo animándolos para que no estén solos».
El Obispo Auxiliar de Bucaramanga afirmó que de aprobarse la reforma constitucional «cae la despenalización del aborto en los tres casos, cae la eutanasia, cae la píldora del día después, caen los parches anticonceptivos que son abortivos, todas esas cosas caerían por Constitución». Afirmó el prelado con satisfacción.
Tras la radicación del proyecto, el pasado 3 de agosto, los líderes de distintas denominaciones cristianas, como la Iglesia Católica, Ortodoxa Griega, Anglicana, Metodista, evangélicas y otras confesiones religiosas, se manifestaron a favor del proyecto de ley presentado por el Partido Conservador.
Ampliar información en: SinDioses
ONU incluye a FARC y ELN entre peores violadores de los derechos de los niños
Naciones Unidas incluyó hoy a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) entre los 16 grupos armados del mundo que violan de manera sistemática los derechos de la infancia.
Las dos fuerzas guerrilleras colombianas aparecen en la lista de los mayores reclutadores de niños soldados del planeta, que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha incluido por primera vez en su informe anual sobre la situación de los niños en los conflictos armados.
Ban acusa a estos grupos armados de ser los «violadores más persistentes» de los derechos de la infancia, por haber aparecido en al menos cinco ocasiones anteriores en este estudio que remite cada año al Consejo de Seguridad del organismo.
Además de los insurgentes colombianos, en este registro se encuentran movimientos rebeldes de Darfur, los talibanes afganos, Al Qaeda, las milicias islámicas somalís Al Shabab o la guerrilla ugandesa del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), así como la policía nacional afgana o el Ejército sudanés.
El secretario general también incluye por primera vez en el documento una lista, con dos nombres, sobre los grupos que matan y mutilan a menores, así como otra, con siete, de los que violan y cometen agresiones sexuales contra niños.
En el caso de Colombia, el informe del secretario general lamenta que en 2009 «el reclutamiento y uso de menores fuera una práctica habitual, sistemática y extendida de los grupos armados ilegales».
Además, denuncia que las FARC y el ELN emplearon a estos niños soldados «en combates, para reclutar otros menores, así como espías, esclavos sexuales y asistentes logísticos».
También cita un reporte de la fiscalía colombiana que habla de 156 casos de reclutamiento de menores entre enero de 2008 y agosto de 2009, que involucran a 633 niños.
«La resistencia o los intentos de escapar han expuesto a algunos de estos niños a la tortura o la muerte», resalta el documento, en el que además se denuncia que muchas menores se quedan embarazadas para evitar ser incorporadas por la fuerza a las filas de los insurgentes.
Asimismo, el documento señala que los grupos armados surgidos de los antiguos paramilitares de las Autodefensas también reclutan a menores.
Por otra parte, se hace eco de las denuncias de que el Ejército colombiano ha utilizado a menores en tareas de inteligencia, particularmente en zonas rurales del Valle del Cauca, y critica programas cívico-militares destinados a los menores, como el de los «lanceritos», que pueden ocasionar represalias por parte de la guerrilla.
El secretario general de la ONU lamenta que la población infantil siga siendo blanco de ataques guerrilleros indiscriminados, o que estos mismos grupos amenazan con matar y ejecuten a menores que sospechan son informantes de las autoridades.
La ONU considera que en un conflicto se producen graves violaciones a los derechos del niños cuando se dan casos de reclutamiento de menores, se mata o hiere a niños, se les viola y secuestra, se atacan sus escuelas y hospitales o se les niega asistencia humanitaria.
De acuerdo a estos parámetros, el informe cita 20 conflictos en los que los combatientes no respetan los derechos de la infancia.
Estos son los que tienen lugar en Afganistán, Burundi, la República Centroafricana, Chad, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Haití, Irak y Líbano.
También menciona los casos de Birmania, Nepal, los territorios palestinos ocupados, Israel, Somalia, Filipinas, Sudán, Tailandia, Sri Lanka, India, Uganda y Yemen.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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Niños y adolescentes víctimas del cyberbullying en Latinoamérica
Extorsión, chantaje, violencia sexual, robo de identidad (montajes con fines sexuales), cyberbullying (intimidación por medio de la computadora), prostitución, secuestro, incitación sexual y reproducción de la violencia son algunos de los diversos fenómenos que niños y adolescentes enfrentan por el uso no regulado de sus datos personales e imágenes en las redes sociales que se difunden en Internet.
Lo anterior se planteó ayer, durante la Reunión consultiva sobre medidas de prevención y educación respecto al uso responsable de nuevas tecnologías, organizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y agrupaciones de la sociedad civil de México y otros países de América Latina.
Estudios diversos advierten que las nuevas tecnologías de la información imponen un reto a los sectores gubernamental, educativo, familiar y social, además de que el fenómeno se debe abordar jurídicamente para proteger los datos personales, así como la integridad física y moral de niños y adolescentes.
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Jóvenes de entre 13 y 18 años llegan a tener más de 800 amigos virtuales
en su país y en otros. Así como multiplican sus redes sociales, lo hacen con sus imágenes.
Las mujeres tienen más amigos que los varones y difunden más fotografías personales.
En casi todos los casos, difunden fotos de sus casas, lo cual no supondría un factor de riesgo si no fuera por su articulación potencial con el resto de los datos publicados
. En tanto, el celular, además de ser un distractor académico
, es otro medio de exposición de datos e imágenes.
En ese ir y venir de datos, el protagonismo sexual está presente en los jóvenes. En el estudio sobre los significados e implicaciones del protagonismo sexual en Internet, realizado en varias provincias de Colombia, se encontró que esa conducta juvenil responde al interés por mantener el estatus
entre los amigos
; en su búsqueda de reconocimiento y ser aceptados imitan comportamientos y acceden a solicitudes de incitación sexual: quítate la blusa y déjame verte
, suplica el pretendiente virtual.
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En las páginas de las redes sociales se encontró a mujeres jóvenes que distribuyen material fotográfico o videos de sus encuentros sexuales. Otras, son víctimas de su pareja, quien difunde las imágenes tomadas en la intimidad. Hay quienes ni conocimiento tienen de que fueron filmadas y, de plano, aquellas cuya identidad fue usurpada.
También hay quienes están conscientes de que usan Internet para la promoción sexual, y lo hacen para sentirse importantes
; otros acaban siendo víctimas de extorsión, chantaje, segregación y hasta violencia emocional, entre otros daños, que se hacen extensivos a las familias.
La complejidad del fenómeno se agudiza debido a la brecha generacional entre padres e hijos, maestros y alumnos, y la falta de información y sensibilidad de padres, tutores y docentes. De ahí que se lanzara la propuesta de que se capacite y eduque a profesores, padres y jóvenes sobre el tema, se involucre a la sociedad y el Estado vele por la responsabilidad social de las empresas que manejan estas redes.
En México, el acoso escolar es considerado foco rojo por su alta incidencia, sobre todo en primaria
Artículo completo en: Mujeres por la democracia
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La situación de los derechos humanos en el mundo
En los últimos veinte años la organización independiente Human Rights Watch ha venido publicando informes sobre la situación de los derechos humanos en más de noventa países y zonas del planeta. Sus miembros trabajan conjuntamente con los activistas en pro de los derechos humanos de cada lugar con el fin de obtener una imagen más fidedigna de la situación.
Ya se puede descargar en formato pdf el Informe correspondiente a 2010, que recoge los datos de 2009. Con mucha frecuencia los gobiernos violan los derechos humanos y tratan de evitar que llegue a la opinión pública. Una manera de hacerlo es perseguir y es callar a los mensajeros que realizan las denuncias.
En la página web se muestra un mapa interactivo en el que podemos seleccionar el país. Se nos muestra entonces el informe correspondiente. En la misma página podemos encontrar también varios informes de tipo monográfico como Abusing Patients, donde se denuncia la colaboración de profesionales de la salud en torturas y tratos inhumanos y degradantes.
Desde el menú horizontal superior se accede a otras secciones. En una de ellas se habla al trabajo que realiza la organización; en otra de diversas publicaciones; otra da acceso a una serie de noticias. Asimismo hay una sección multimedia con reportajes fotográficos y de vídeo sobre la mortalidad materna en la India, la vida en las minas, el derecho al alivio: los cuidados paliativos en la India, la situación de los gays y lesbianas en Burundi, etc.
Fuente: Medicina, Historia y Sociedad
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– Derechos humanos y criminología: un vínculo ignorado
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– Declaración Universal de Derechos Humanos (formato MP3)
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Los ‘narcos’ abren tienda en internet
«Vendemos cocaína de varias clases. 60, 70, 80, 90% de pureza. Para particular y revendedores. A buenos precios. Total seriedad. Abstenerse curiosos. Interesados enviar e-mail». Tan descarado parecía el anuncio, publicado en foros y chats de Internet frecuentados por jóvenes y adolescentes, que los policías creyeron inicialmente que sería un simple timo, un reclamo para incautos. Pero no. El anuncio respondía a lo que prometía: «total seriedad».
Los camellos también se han apuntado a las nuevas tecnologías. Han descubierto Internet como instrumento para la venta y distribución, sobre todo de cocaína y hachís. La Brigada Central de Estupefacientes así lo ha constatado tras un año de investigaciones que se han saldado con la desarticulación de una trama que comercializaba la droga a través de los foros y los chats frecuentados por jóvenes y adolescentes o bien en páginas de anuncios clasificados. «Los clientes hacían su pedido por la Red y al poco tiempo recibían la mercancía. Es la primera vez que descubrimos un entramado de este tipo», asegura uno de los responsables de las pesquisas.
Las investigaciones han atacado los tres escalones que constituían la trabazón de los cibernarcos: el grupo de distribuidores que utilizando Internet vendía la droga a los consumidores; los proveedores que surtían de cocaína, hachís y marihuana a los anteriores; y, en tercer lugar, los traficantes que se dedicaban a introducir la droga en nuestro país.
El Grupo 34 de la Sección 3ª de la Brigada Central de Estupefacientes ha desarrollado su labor en cuatro fases sucesivas a lo largo de un año. La Operación Desierto -por el nombre en clave que usaban los cibernarcos– ha supuesto el desmantelamiento de la red, bajo la supervisión de Eloy Velasco, juez de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
«Los traficantes utilizaban las múltiples posibilidades que ofrece Internet para dar publicidad a las drogas que ofertaban y, posteriormente, concertar on line las citas para proceder a la compraventa», según un mando policial. Y lo hacían sin el menor pudor: «Porros, polen virgen, cocaína. Sólo gente de fiar. Grandes precios para revendedores».
Insertaban sus reclamos en páginas tan inocentes como Campusanuncio, Habitamos y Segundamano. Pero también en foros y chats en los que habían encontrado un buen caladero entre jóvenes y adolescentes quinceañeros, o bien empleando IRC (protocolo de comunicación en tiempo real a través de texto), utilizando canales creados expresamente o bien usurpando los creados para otros fines.
Insertaban sus reclamos en páginas tan inocentes como Campusanuncio, Habitamos y Segundamano. Pero también en foros y chats en los que habían encontrado un buen caladero entre jóvenes y adolescentes quinceañeros, o bien empleando IRC (protocolo de comunicación en tiempo real a través de texto), utilizando canales creados expresamente o bien usurpando los creados para otros fines.
Además, los investigadores han comprobado que los delincuentes abrían blogs o páginas web específicas que no están sujetas al control de ningún administrador. «A fin de concretar las ventas, los camellos empleaban distintas formas de comunicación privada, tales como el correo electrónico, Messenger, voz sobre IP, redes sociales e incluso mundos virtuales», según la policía.
Noticia completa en: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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Ex paramilitares colombianos afirman que el Ejército ordenó matar a menores
Tres ex paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) admitieron este miércoles que un capitán del Ejército ordenó matar a dos menores de edad para eliminar a los testigos de la conocida como la matanza de San José de Apartadó.
El integrante del Frente Héroes de Tolová de las AUC Henry De Jesús Palomino ha admitido que la matanza fue perpetrada por un comando conjunto de paramilitares adscritos a la Brigada 17 del Ejército y un grupo de paramilitares. «Los paracos iban adelante y el Ejército iba atrás», explicó, informó la emisora Radio Caracol.
«Iban 60 paracos y se cogieron a los tres civiles y se les obligó a decir dónde estaba la guerrilla, se trataban de ahogar para que hablaran y no querían decir nada, en últimas una muchacha dijo que ellos sí venían escoltados por la guerrilla. Las tres personas, civiles, fueron asesinadas allí mismo por el comandante JL, a machete», explicó el ex paramilitar al prestar declaración ante la Fiscalía.
Palomino admitió que «sólo sobrevivieron dos niños como de 3 o 4 años» que «fueron cogidos por las autodefensas y entregados a los soldados», tras matar a sus padres.
«Luego vino un comandante del Ejército, no recuerdo su nombre, y le entregó los dos niños a los ‘paracos’ y le dijo a un comandante de los paracos llamado ‘Pirulo’ que matara a los niños», continuó. Los niños fueron asesinados por dos reclutas de las autodefensas, explicó.
El también ex integrante de las AUC Francisco Javier Galindo Martínez declaró a la Fiscalía hace ahora dos semanas que fue el capitán del Ejército Guillermo Gordillo como la persona que ordenó degollar a los menores de edad tras sobrevivir la matanza.
«Gordillo mandó ejecutar a los niños porque esos niños más tarde iban a causar problemas, nosotros estábamos aquí atrás cuando él dio la orden, nosotros escuchamos por radio, nosotros estábamos atrás en la tropa», aseguró Galindo en su declaración.
La declaración de otro ex paramilitar, Rober Darío Muñoz, también dejan entrever la negativa del capitán a dejar con vida a los menores. «Incluso yo fui uno de los que les propuse que yo me hacía cargo de los niños, y que si querían me devolvía y al menos buscáramos una casa civil donde pudiéramos dejarlos o entregarlos al gobierno a una familia o algo. El señor del Ejército le dijo a otro comandante que no lo podía aceptar porque la niña estaba grandecita y ella se daba cuenta de lo que estaba pasando», explicó.
10 MILITARES IMPUTADOS
Estos testimonios serán claves para que la Justicia colombiana determine si hay que condenar a un coronel y otros nueve efectivos del Ejército colombiano, imputados como responsables de la matanza de ocho personas perpetrada en el municipio del estado de Antioquia el 21 de febrero de 2005 y cuyo juicio comienza este miércoles.
Además del teniente coronel Orlando Espinoza Beltrán, están imputados por la matanza el mayor José Fernando Castaño López, los tenientes Alejandro Jaramillo Giraldo y Edgar García Estupiñán, así como los suboficiales Ángel María Padilla Petro, Zabarain Cruz Reina, Henry Agudelo, Guasamayán Ortega, Ricardo Bastidas Candia y Darío José Brago Agámez.
Fuente: europa press
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Payasos y aromaterapia para los militares colombianos acusados de ‘falsos positivos’
La jornada ‘cívico-militar’, en la que participaron los familiares de los uniformados, se cerró con rifas y el saludo del comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla.
Los uniformados procesados por los ‘falsos positivos’ de Soacha, que quedaron libres por vencimiento de plazos y que fueron confinados en la Escuela de Artillería, al sur de Bogotá, por orden del Ministerio de Defensa, fueron objeto de una jornada que incluyó orientación psicológica, payasos y almuerzo con lechona.
El encuentro, que fue programado por el Departamento de Derechos Humanos de las Fuerzas Militares, incluyó la presencia de las familias de los uniformados, algunas de las cuales fueron trasladadas desde diferentes zonas.
Los 46 hombres hacen parte del grupo de militares que recobró la libertad desde comienzos de este año y que, en tres tandas, fueron «confinados» por orden del Ministerio de Defensa y el Comando de las Fuerzas Militares, hasta que se aclare su situación jurídica. El evento arrancó a las 8 de la mañana con una misa a la que asistieron dos generales de la institución y posteriormente hubo una conferencia a cargo de varios sicólogos.
Hacia la media mañana, uniformados y familiares fueron separados: los militares fueron llevados a uno de los casinos, que estaba acondicionado con velas y aromatizantes. Allí, según contó una persona que estuvo en el evento, tuvieron una larga terapia de relajación y meditación.
Simultáneamente, las esposas, madres y hermanas de los uniformados recibieron tratamiento de ‘spa’ en el otro casino. Les hicieron mascarillas, masajes y tintes a cargo de una reconocida marca de belleza. Entre tanto, los niños quedaron a cargo de un grupo de payasos.
Malestar entre familias
EL TIEMPO habló con cinco de las familias que asistieron a la jornada y señalaron que los militares alcanzaron a ser enviados de vacaciones una vez se les ordenó la libertad, pero cuando el Ministerio dio la orden de confinarlos fueron devueltos a Bogotá inmediatamente.
«El general nos dijo que lamentaba nuestra situación y que estaba para respaldarnos a nosotros y a nuestros muchachos, pero que había que esperar el resultado de la justicia. Pero para nosotros esa fiesta que nos hicieron fue una bofetada», señaló la madre de uno de los militares.
Todos intentaron hablar con Padilla, pero una vez saludó a cada uno de los familiares abandonó la unidad militar. Ese mismo día cada uniformado recibió una ancheta con mercado y el tiquete de regreso a sus sitios de origen para sus familiares.
Consultado por este diario, el comando de las Fuerzas Militares confirmó la reunión e indicó que «la intención era que los familiares verificaran que los militares estaban en perfectas condiciones, y que para eso tuvieron acompañamiento psicológico».
Fuente: ELTIEMPO.COM
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Colombia: vídeos para contar historias ignoradas por los medios de comunicación o para dar puntos de vista impopulares
Organizaciones colombianas de distintos tipo han encontrado una manera de reflexionar sobre sus opiniones acerca de la delincuencia, la violencia y los conflictos armados, donde es difícil distinguir entre «buenos» y los delincuentes.
En el primer vídeo, madres y familiares marcharon en señal de protesta en contra de la impunidad de las fuerzas armadas en la muerte de sus hijos en lo que se conoce como casos de «falsos positivos». En el más reciente de estos casos, parece que los jóvenes fueron atraídos por militares con promesas de trabajo en las zonas rurales, donde fueron muertos por los soldados muertos en acción de cumplimiento. Sin embargo, los 17 soldados acusados de crímenes fueron absueltos por períodos de tiempo de los procedimientos.
El segundo grupo en cuestión es la comunidad indígena Nasa que, debido a su canal de YouTube tiene la oportunidad de contar su versión de una historia habitualmente ignorada por los medios de comunicación. En este caso, minas, granadas y otras armas se quedan en la reserva indígena, ubicada en el centro de la zona en disputa entre los grupos armados, legales e ilegales. El Servicio de Seguridad de las comunidades indígenas deben «barrer» la zona con frecuencia.. En el vídeo, la NASA pidió a los militares para detener la difusión de las minas y, al menos, limpiar la zona de las municiones sin estallar donde los miembros de la comunidad acaban caminando.
El tercer vídeo es la grabación de la entrevista realizada por un periódico de barrio a la policía para un balance de las actividades al final del año. En la entrevista, titulado «Ojo a la mano!» El agente citó un ejemplo de ello. Los miembros de una banda criminal, que vivía en un apartamento situado en un complejo residencial de alto nivel, para sorpresa de los vecinos, hacían contrabando de armas en bolsas como las de transporte de raquetas de tenis. Pero lo que sorprende más al agente de policía: que si ven chicos que viven solos y manejan gran cantidad de dinero, pasar el tiempo en comer y llevarse a casa chicas atractivas, pueden pertenecer a una organización mafiosa.
Miniatura Foto tomada de: http://www.flickr.com/photos/mwichary/ (con licencia CC BY 2,0)
original del artículo Juliana Rincón Parra
Fuente: GloblaVoices
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Colombia libera a militares imputados por asesinatos
La puesta en libertad de 17 militares implicados en ejecuciones extrajudiciales, a la que se esperaba que siguiera ayer la de otros 20, debido a que sus crímenes han prescrito gracias a las numerosas maniobras dilatorias en los procesos ha causado conmoción en Colombia.
La liberación de los sospechosos, cuyos abogados defensores son aportados por el propio Ministerio de Defensa, es vista como una muestra de impunidad para crímenes de lesa humanidad cometidos contra miles de personas inocentes que fueron asesinadas por militares y presentadas luego como «guerrilleros muertos en combate». Son los llamados «falsos positivos». Hay más de 1.200 casos y unos 400 militares involucrados.
En los chiringuitos de Soacha, un municipio pobre próximo a Bogotá, varios desconocidos, civiles o militares camuflados, fueron embaucando a lo largo de 2008 a jóvenes desempleados unos 30 casos se han investigado hasta ahora, ofreciéndoles empleos con ingresos fijos en lejanas haciendas. El transporte estaba incluido. Uno a uno fueron apareciendo muertos en regiones lejanas, como Norte de Santander, a veces con una pistola en la mano, en ocasiones vistiendo uniformes de la guerrilla.
Ante la falta de noticias de sus hijos, algunas madres iniciaron indagaciones, con la ayuda de defensores de Derechos Humanos. Se establecieron coincidencias entre algunos supuestos muertos en combate y enterrados como NN (No Nominados, es decir, sin identificar) y la identidad de jóvenes que salieron de su pueblo para un día aparecer muertos como supuestos guerrilleros abatidos muy lejos de su casa, en «heroicas acciones» del Batallón Santander o de la Brigada Móvil 15.
La Inspección del Ejército y los organismos oficiales de Derechos Humanos empezaron a sospechar. La confesión de algunos militares de bajo rango destapó la trama: altos jefes de unidades militares, necesitados de «resultados en el nivel estratégico» (enemigos muertos), y aconsejados por los servicios de inteligencia, decidieron importar jóvenes desde los municipios del cinturón de miseria de la capital bogotana.
«El objetivo era dar muerte a hombres que cometieron el error de creer en un trabajo que no era otro que ser víctima dentro de un supuesto combate», afirman las conclusiones del fiscal del caso Soacha.
Luego llegaban las recompensas, los ascensos y las felicitaciones, como la que recibió el Batallón Santander en Enero de 2008 por la Operación Soberanía, hoy reducida a un proceso ignominioso por el asesinato de 11 jóvenes inermes.
A las unidades militares de Colombia se las ha venido calificando y ascendiendo en los últimos años según los muertos en combate. El cómputo de cuerpos para medir resultados se ha revelado como una práctica habitual en este desdichado país. A cualquier precio.
Fuente: Público.es
Bajo licencia Creative Commons
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Posible relación entre secuestros y teléfonos celulares en Colombia
Durante la década de los 90 del siglo pasado, Colombia ostentaba el dudoso honor de ser el país más violento de Latinoamérica, lo que suele equivaler a ser el más violento del mundo. En 1997 la tasa anual de homicidios era de 80 por cada 100000 habitantes, 50 veces superior a la media europea. La tasa de secuestros también era escalofriante: 9 de cada 100000 colombianos sufrían un secuestro en el año 2000, unos 4000 colombianos.
Desde entonces, ambas cifras no han hecho más que caer: la de homicidios a la mitad (sigue siendo alta pero Colombia ya va a rebufo de El Salvador y Venezuela en ese triste ranking) y la de secuestros a una décima parte. Si bien es cierto que la política de seguridad del presidente Uribe ha tenido mucho que ver en el descenso -desde su elección en 2002 las fuerzas de seguridad se expandieron de 307000 a 405000, y la policía fue desplegada en 160 municipios que carecían de ésta- hay otro factor que puede pesar aún más: la extensión del uso de teléfonos móviles entre la población.
Se trata de una osada teoría de Santiago Montenegro y Álvaro Pedraza, dos economistas asociados a la Universidad de Los Andes en Bogotá. Según su estudio “Reducción de las tasas de secuestros en relación a la expansión de los teléfonos móviles en Colombia” [.pdf], fueron los propios ciudadanos los que se protegieron de la amenaza del secuestro mediante la adquisición de teléfonos móviles. Además, esta expansión propició una mejora en la infraestructura telefónica, completando un círculo virtuoso que ha dinamitado un ténebre negocio que financiaba tanto la guerrilla como delincuentes comunes,
Según los autores, “altos niveles de seguridad fueron un prerrequisito para la inversión en telecomunicaciones y esta alta inversión ha retornado en una seguridad expandida”. Más allá de evitar secuestros masivos –la llamada “pesca milagrosa”, que llevaba a cabo la guerrilla en zonas rurales- los móviles reducen dramáticamente el plazo entre el secuestro en sí y su conocimiento por parte de las autoridades, facilitando grandemente su resolución. Tal es el impacto del teléfono en la “industria” del secuestro que las FARC prohibieron el uso de móviles a los habitantes del departamento de Meta. La reacción del Ministerio de Defensa no pudo ser más contundente: regaló terminales a la gente.
No obstante, los autores señalan que los móviles son sólo una parte de la ecuación, siendo la expansión de las fuerzas de orden esencial en la reducción de los secuestros. Por ejemplo, “en países como Venezuela y México las telecomunicaciones se han expandido tanto como en Colombia pero las tasas de secuestro han crecido drásticamente”-
Noticia y gráfico original de The Economist. Traducción al castellano en Diario Libre.
Fuente: CookingIdeas
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El alcance del paramilitarismo en los partidos uribistas
Durante los últimos tres años, las investigaciones adelantadas en Colombia por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación han empezado a demostrar una nueva dimensión de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las estructuras paramilitares, que confirman los nexos del Estado colombiano y el paramilitarismo, tal y como se ha reiterado en varias sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –COIDH- que ha declarado la responsabilidad del Estado Colombiano por violación a la Convención Americana . Estas recientes investigaciones visibilizan el alcance del paramilitarismo en la rama legislativa y como su accionar responde a una política sistemática y planificada desde los más altos niveles del Estado con el objetivo de consolidar un proyecto político y económico para los intereses de élites locales, nacionales y transnacionales.
El presente texto pretende dar cuenta del contexto y desarrollo de estas investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, además de la existencia de diferentes aspectos que los han afectado como la renuncia de los congresistas a su fuero como parlamentarios, las maniobras para deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia, la dilación de los procesos investigados por la Fiscalía General de la Nación, las amenazas en contra de los testigos de cargo, las extradiciones de los principales jefes paramilitares y los hostigamientos a la Corte Suprema de Justicia, entre otros aspectos. Igualmente, presenta un balance de condenas y absoluciones proferidas hasta la fecha de esta publicación. Por último, se incluyen como anexos los resultados de un seguimiento y recopilación de artículos de prensa de los procesos judiciales que se han desarrollado desde el mes de septiembre del año 2006 en contra de 133 congresistas y ex congresistas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo.
Bajar como PDF
- Obstaculos
- Anexo I
- Anexo II
En 2005 el alcance del paramilitarismo como proyecto nacional dentro de la legislatura comenzó a evidenciarse a partir de la afirmación realizada por el entonces jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, quien dijo que el 35 % de los miembros del Congreso eran ‘amigos’ [1], afirmación que después fue ratificada por el jefe paramilitar José Vicente Castaño Gil [2]. Luego, ante los medios de comunicación en 2008, Mancuso aseguró que más del 50 % del Congreso colombiano tenía nexos con el paramilitarismo [3]. Aunque no es objeto de este estudio, es importante recordar que estas alianzas entre funcionarios públicos y el paramilitarismo no se han limitado a miembros del congreso, sino también a otros servidores públicos locales [4]–funcionarios municipales y departamentales, alcaldes, concejales y diputados, que pertenecen a los mismos movimientos políticos de los congresistas investigados– hasta altos funcionarios del Gobierno actual [5] y la misma elección del presidente Álvaro Uribe Vélez en 2002, como fue confirmado por los jefes paramilitares Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, y Salvatore Mancuso Gómez, alias “Santander Lozada”, entre otros [6].
Durante los últimos tres años al menos 133 congresistas y ex congresistas han sido implicados con el paramilitarismo, lo que pone de presente el alcance del paramilitarismo en los partidos uribistas [7]. De estos congresistas, 71 han sido llamados a indagatoria [8], 50 actualmente están detenidos [9], 42 renunciaron a su fuero como congresista [10], 18 están en etapa de juicio [11], 13 aceptaron su responsabilidad por los cargos imputados y se sometieron a sentencia anticipada [12] y siete fueron condenados [13]. Por ejemplo, casi la totalidad de los miembros del Partido Colombia Democrática en el Congreso, fundado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, según su página oficial [14], tiene investigaciones abiertas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo [15], o el hecho de que los presidentes y directivos de los principales partidos uribistas tienen presuntos nexos con la estructura paramilitar, como son Álvaro Araújo Castro de Alas Equipo Colombia, Mario Uribe Escobar de Colombia Democrática-, Luís Humberto Gómez Gallo del Partido Conservador, Luís Alberto Gil Castillo de Convergencia Ciudadana, Carlos Armando García Orjuela del Partido de la U y Dieb Nicolás Maloof Cuse de Colombia Viva [16].
En la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada en marzo de 2009, la Fundación Nuevo Arco Iris presentó una información confirmando que entre el 25% y el 35% de los puestos de elección popular habían sido tomados por la estructura paramilitar. “De los siete partidos que hacen parte de la coalición uribista, existen cinco en donde la totalidad de sus candidatos son procesados por parapolítica. Actualmente, estos partidos siguen teniendo capacidad de influencia dentro de la escena política”, aseguró León Valencia, director de Nuevo Arco Iris [17].
Además por lo menos 11 de los reemplazos de los congresistas investigados por sus nexos con paramilitarismo a su vez enfrentan procesos en su contra por sus propios presuntos nexos con estas mismas estructuras, lo cual evidencia que nunca desarticularon estos lazos entre el Congreso y el paramilitarismo y en cambio se han mantenido vigentes hasta el día de hoy [18]. Tampoco se han tomado las medidas necesarias para evitar que en las próximas elecciones legislativas familiares o aliados políticos de estos congresistas aspiren a curules y mantengan estas alianzas con organizaciones criminales. Según informó la Revista Cambio, el 13 de agosto de 2009, existen múltiples casos en este sentido, incluyendo Arlet Casado de López (esposa del ex senador Juan Manuel López Cabrales), Araceli Olivares de Morris (esposa del ex representante Erick Morris Taboada), Teresa García (hermana del ex senador Álvaro García Romero), Hernando De La Espriella Burgos (hermano del ex senador Miguel Alfonso De La Espriella Burgos), Francisco Jattin Corrales (hermano de la ex representante Zulema Jattin Corrales) y Raimundo Méndez Bechara (heredero político del ex senador Reginaldo Montes), entre otros [19].
Ver informe completo y anexos en: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
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Envenenan a indigentes con comida de año nuevo en Cali, Colombia
Una persona murió y 44 más debieron ser atendidas en clínicas luego de consumir alimentos que contenían vidrio molido y veneno colocados deliberadamente en una comida servida por desconocidos a varios indigentes, informaron el viernes las autoridades.
Romelia Cuevas, jefa encargada de Fiscalías de Cali, explicó telefónicamente que se buscaba a quienes entregaron ese alimento.
«Parece que fueron dos personas», dijo la funcionaria.
El hecho se registró en el barrio El Calvario, en el centro Cali, informó en entrevista telefónica el general Miguel Angel Bojacá, comandante de la policía de esa ciudad, 300 kilómetros al oeste de Bogotá.
Relató que hacia las 18.00 horas del jueves, una o más personas repartieron a varios indigentes buñuelos y natilla, un plato típico de la Navidad y el Año Nuevo en Colombia.
Maurix Fernando Rojas, médico toxicólogo del Hospital Universitario del Valle, en Cali, consideró que los alimentos tenían como propósito envenenar a esas personas.
«El aspecto de la natilla era de color café. Tenía vidrio molido en su interior. Además de eso tenía unos granulitos de color negro que podrían corresponder a un pesticida», relató Rojas en conversación telefónica.
Agregó que los afectados «llegaron con síntomas de intoxicación por pesticida tipo organofosforado, que se utiliza en el campo, por ejemplo, para matar hormigas o los insectos de las plantas».
Según el galeno, los pacientes le dijeron que unos cinco minutos después de consumir la natilla, empezaron a sentir náuseas, vómito y mareo «y otros síntomas que me llevan a concluir, sin ninguna duda, que el alimento estaba envenenado».
De los 45 intoxicados, un murió cuando era trasladado al centro médico y siete se encuentran en estado crítico.
El médico Iván González, director del Hospital San Juan de Dios de Cali, dijo que allí fueron recibidas 27 personas intoxicadas. Al igual que Rojas, González advirtió que el alimento consumido por los indigentes tenía un tóxico, «tal vez un carbamato» (otro tipo de plaguicida).
Fuente: Semana.com
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Un colombiano se amputó los testículos, por crencias cristianas, para ‘no serle infiel’ a su esposa
Usó una cuchilla de afeitar y las agujas e hilo para suturar las heridas que luego se infectaron.
Se trata de Luis Alfonso Sánchez, un campesino de la vereda Bajo Taracuá, municipio de San Pablo, sur de Bolívar (Colombia).
Permanece en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga, después de que hace dos días se extrajo sus testículos para, según él, no serle infiel a su esposa, con la que convive hace más de 20 años.
«Lo hice porque hace 6 años no tengo ningún contacto íntimo con mi esposa y por mis creencias cristianas y la religión del espíritu. Cogí una cuchilla de afeitar con la que me corté y me saqué los testículos y me cosí con las agujas e hilo que uso con las vacas y los cerdos, para no serle infiel a mi mujer», dijo el hombre que será sometido a una valoración psiquiátrica.
El campesino aseguró que hizo su propia interpretación del capítulo 18, en sus versículos 8 y 9, del evangelio de San Mateo que en la Biblia dice textualmente: «Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti; mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manso o dos pies en el fuego eterno».
Médicos del HUS le sacaron un coágulo de sangre que se le había formado entre los testículos donde tiene una inflamación ocasionada por una infección.
Fuente: ElTiempo.com (Colombia)
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Enlaces de interés:
– Religiones. Una visión crítica
– Padres bíblicos que dejan mal parada la Biblia como guía moral
Paramilitares de Colombia, «Las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza, descuartizarlos vivos»
El espeluznante testimonio del “paramilitar” colombiano Francisco Enrique Villalba Hernández (alias ‘Cristian Barreto’), da cuenta de las atrocidades a que son sometidos hombres, mujeres y niños colombianos por ese engendro (el paramilitarismo)de la oligarquía “santanderiana” del que forma parte “El narcotraficante no 82” Álvaro Uribe Velez, socio de Manuel Rosales en los planes de magnicidio contra el p
El espeluznante testimonio del “paramilitar” colombiano Francisco Enrique Villalba Hernández (alias ‘Cristian Barreto’), da cuenta de las atrocidades a que son sometidos hombres, mujeres y niños colombianos por ese engendro (el paramilitarismo)de la oligarquía “santanderiana” del que forma parte “El narcotraficante no 82” Álvaro Uribe Velez, socio de Manuel Rosales en los planes de magnicidio contra el presidente Chávez.
La narración es copia textual, tal y como aparece en la Web del “Partido Liberal. Colombiano”: www.partidoliberal.org.co
“Francisco Enrique Villalba Hernández (alias ‘Cristian Barreto’), uno de los autores de la masacre de El Aro, en Ituango, Antioquia, recibió este tipo de entrenamiento en el mismo lugar en el que le enseñaron a manejar armas y a fabricar bombas caseras.
Hoy, preso en la cárcel La Picota, de Bogotá, Villalba ha descrito detalladamente, durante largas indagatorias, cómo aplicó esta instrucción.
«A mediados de 1994 me mandaron a un curso en la finca La 35, en El Tomate, Antioquia, donde quedaba el campo de entrenamiento», dice en su relato a la Fiscalía. Allí, su jornada empezaba a las 5 de la mañana y las instrucciones las recibía directamente de altos mandos, como ‘Doble cero’ (Carlos García, asesinado por ‘paras’ del Cacique Nutibara).
Villalba asegura que para el aprendizaje de descuartizamiento usaban campesinos que reunían durante las tomas de pueblos vecinos. «Eran personas de edad que las llevaban en camiones, vivas, amarradas», describe.
Las víctimas llegaban a la finca en camiones carpados. Las bajaban del vehículo con las manos amarradas y las llevaban a un cuarto. Allí permanecían encerradas varios días, a la espera de que empezara el entrenamiento.
Luego venía «la instrucción de coraje»: repartían a la gente en cuatro o cinco grupos «y ahí la descuartizaban», dice Villalba en la indagatoria. «El instructor le decía a uno: ‘Usted se para acá y fulano allá y le da seguridad al que está descuartizando’. Siempre que se toma un pueblo y se va a descuartizar a alguien, hay que brindarles seguridad a los que están haciendo ese trabajo».
De los cuartos donde estaban encerrados, las mujeres y los hombres eran sacados en ropa interior. Aún con las manos atadas, los llevaban al sitio donde el instructor esperaba para iniciar las primeras recomendaciones:
«Las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza, descuartizarlos vivos. Ellos salían llorando y le pedían a uno que no le fuera a hacer nada, que tenían familia».
Villalba describe el proceso: «A las personas se les abría desde el pecho hasta la barriga para sacar lo que es tripa, el despojo. Se les quitaban piernas, brazos y cabeza.Se hacía con machete o con cuchillo. El resto, el despojo, con la mano. Nosotros, que estábamos en instrucción, sacábamos los intestinos».
El entrenamiento lo exigían, según él, para «probar el coraje y aprender cómo desaparecer a la persona».
Durante el mes y medio que Francisco Villalba dice que permaneció en el curso, vio tres veces las instrucciones de descuartizamiento.
«Ellos escogían a los alumnos para que participaran. Una vez, uno de los alumnos se negó. Se paró ‘Doble cero’ y le dijo: ‘Venga, que yo sí soy capaz’. Luego lo mandó descuartizar a él. A mí me hicieron quitarle el brazo a una muchacha. Ya le habían quitado la cabeza y una pierna. Ella pedía que no lo hicieran, que tenía dos hijos».
Los cuerpos eran llevados a fosas ahí mismo, en La 35, donde calculan que enterraron a más de 400 personas.
Fuente: Aporrea
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El espeluznante testimonio del “paramilitar” colombiano Francisco Enrique Villalba Hernández (alias ‘Cristian Barreto’), da cuenta de las atrocidades a que son sometidos hombres, mujeres y niños colombianos por ese engendro (el paramilitarismo)de la oligarquía “santanderiana” del que forma parte “El narcotraficante no 82” Álvaro Uribe Velez, socio de Manuel Rosales en los planes de magnicidio contra el presidente Chávez.
La narración es copia textual, tal y como aparece en la Web del “Partido Liberal. Colombiano”: www.partidoliberal.org.co
“Francisco Enrique Villalba Hernández (alias ‘Cristian Barreto’), uno de los autores de la masacre de El Aro, en Ituango, Antioquia, recibió este tipo de entrenamiento en el mismo lugar en el que le enseñaron a manejar armas y a fabricar bombas caseras.
Hoy, preso en la cárcel La Picota, de Bogotá, Villalba ha descrito detalladamente, durante largas indagatorias, cómo aplicó esta instrucción.
«A mediados de 1994 me mandaron a un curso en la finca La 35, en El Tomate, Antioquia, donde quedaba el campo de entrenamiento», dice en su relato a la Fiscalía. Allí, su jornada empezaba a las 5 de la mañana y las instrucciones las recibía directamente de altos mandos, como ‘Doble cero’ (Carlos García, asesinado por ‘paras’ del Cacique Nutibara).
Villalba asegura que para el aprendizaje de descuartizamiento usaban campesinos que reunían durante las tomas de pueblos vecinos. «Eran personas de edad que las llevaban en camiones, vivas, amarradas», describe.
Las víctimas llegaban a la finca en camiones carpados. Las bajaban del vehículo con las manos amarradas y las llevaban a un cuarto. Allí permanecían encerradas varios días, a la espera de que empezara el entrenamiento.
Luego venía «la instrucción de coraje»: repartían a la gente en cuatro o cinco grupos «y ahí la descuartizaban», dice Villalba en la indagatoria. «El instructor le decía a uno: ‘Usted se para acá y fulano allá y le da seguridad al que está descuartizando’. Siempre que se toma un pueblo y se va a descuartizar a alguien, hay que brindarles seguridad a los que están haciendo ese trabajo».
De los cuartos donde estaban encerrados, las mujeres y los hombres eran sacados en ropa interior. Aún con las manos atadas, los llevaban al sitio donde el instructor esperaba para iniciar las primeras recomendaciones:
«Las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza, descuartizarlos vivos. Ellos salían llorando y le pedían a uno que no le fuera a hacer nada, que tenían familia».
Villalba describe el proceso: «A las personas se les abría desde el pecho hasta la barriga para sacar lo que es tripa, el despojo. Se les quitaban piernas, brazos y cabeza.Se hacía con machete o con cuchillo. El resto, el despojo, con la mano. Nosotros, que estábamos en instrucción, sacábamos los intestinos».
El entrenamiento lo exigían, según él, para «probar el coraje y aprender cómo desaparecer a la persona».
Durante el mes y medio que Francisco Villalba dice que permaneció en el curso, vio tres veces las instrucciones de descuartizamiento.
«Ellos escogían a los alumnos para que participaran. Una vez, uno de los alumnos se negó. Se paró ‘Doble cero’ y le dijo: ‘Venga, que yo sí soy capaz’. Luego lo mandó descuartizar a él. A mí me hicieron quitarle el brazo a una muchacha. Ya le habían quitado la cabeza y una pierna. Ella pedía que no lo hicieran, que tenía dos hijos».
Los cuerpos eran llevados a fosas ahí mismo, en La 35, donde calculan que enterraron a más de 400 personas.
Fuente: Aporrea
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El Gobierno de Colombia oculta la violencia sexual
«Llegaron 500 paramilitares a la aldea, que se halla en territorio de la guerrilla. Mataron a muchachas, chicos, hombres y mujeres. No se nos permitió recogerlos y los perros se comieron los cadáveres. Ahorcaron a algunos niños y mutilaron sus órganos sexuales. Violaron a muchas mujeres».
«Un grupo de hombres armados nos echó abajo la puerta de casa mientras dormíamos. Ataron a mi padre a una silla. Me abrieron de piernas y me ataron una pierna a un armario y otra a la cama. Nos violaron a mi hermana y a mí».
Son dos de los brutales testimonios recogidos en un informe, publicado ayer, de la organización Intermón-Oxfam, que denuncia cómo todos los grupos armados del conflicto colombiano utilizan la violencia sexual como un arma de guerra con total impunidad.
«El Gobierno colombiano ha negado y silenciado este delito», dijo la investigadora Paula San Pedro, autora del informe.
Persistente negación
«La persistente ocultación y negación de este delito por parte del Estado ha permitido perpetuar un entorno de impunidad en el que este tipo de delitos ni se investigan ni enjuician, ni se castigan a los responsables», señala el informe.
El documento resalta cómo, lejos de ser esporádica, la violencia sexual es una práctica «sistemática y generalizada» que ha pasado a formar parte del conflicto armado.
San Pedro explicó cómo «las mujeres son un blanco en el conflicto y son violadas para causar el terror en las comunidades, provocar la huida de la población y conseguir objetivos estratégicos y militares», uno de los factores que define en el derecho penal el uso de la violencia sexual como arma de guerra.
«Todos los grupos armados cometen estos abusos: paramilitares, Ejército y guerrilla», señaló por su parte la directora de Estudios de la ONG, Irene Milleiro. Pero la falta de visibilidad y la impunidad han normalizado la práctica, condenando a miles de víctimas al olvido. La invisibilidad es tal, subraya Intermón, que no es posible decir cuántas mujeres han sufrido alguna modalidad de violencia sexual en cinco décadas de conflicto armado. No hay cifras oficiales al respecto.
Sólo 20 investigaciones
La periodista colombiana Jibeth Bedoya, que fue secuestrada y agredida sexualmente hace nueve años, citó estimaciones de varios estudios que cifran entre 12.000 y 14.000 el número de mujeres víctimas de violencia sexual en los últimos diez años en el marco del conflicto.
«Sólo hay 20 casos denunciados por las víctimas ante la Fiscalía. La desproporción es devastadora», dijo Bedoya.
A falta de avances por parte de la justicia colombiana para juzgar las violaciones de guerra, pronto será posible recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI). Colombia firmó una moratoria de siete años cuando firmó el Estatuto de Roma que creó el tribunal. «Esa moratoria, no renovable, termina el próximo noviembre y a partir de ahí la CPI podrá investigar los crímenes de guerra que en adelante se comentan en Colombia», señaló Milleiro.
«Tengo esperanza de que esto se mueva en la CPI», agregó Bedoya, víctima ella misma de la impunidad. En 10 años de investigación de su agresión, ninguna persona ha sido llamada a declarar, ni siquiera como testigo.
Fuente: Público.es
Bajo licencia Creative Commons
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Colombia, violada por paramilitares
Los ojos de Jineth Bedoya se iluminan cuando narra sus vivencias como periodista. Ha cruzado fronteras oculta en un maletero, ha sobrevivido a bombardeos en la jungla, se ha colado en medio de un motín en una cárcel de alta seguridad. «En cada viaje descubro tanto drama y conozco a tanta gente linda… Es maravilloso contar historias únicas», confiesa esta colombiana de 35 años sobre la mesa de un modesto restaurante de comercio justo en el centro de Madrid. Porque esta profesión es su pasión, tuvo que arrinconar el peor de sus recuerdos como reportera durante nueve años y cuatro meses. El tiempo que ha pasado desde el día que fue secuestrada, torturada y violada.
«La decisión de venir a Europa a contar mi caso ha sido una de las más difíciles de mi vida», afirma cuando llegan los postres, después de relatar aventuras de vértigo. «Hace tres meses, recibí la visita de unos delegados de Intermón Oxfam que me invitaron a presentar su campaña contra la impunidad de los crímenes sexuales cometidos por los grupos armados en Colombia. Les contesté que no. No quería revivir aquello, estaba olvidado y nadie me lo mencionaba. Pero cuando se marcharon, pensé en las miles de campesinas que han sido violadas y que no denuncian a los culpables porque lo consideran algo deshonroso. Pensé que era el momento de hablar».
En los noventa, Jineth cubría la información carcelaria en La Modelo de Bogotá, uno de los penales más peligrosos del mundo. Era la única mujer periodista que se adentraba por sus corredores y además de los frecuentes tiroteos y las corruptelas, quiso sacar a la luz el lado humano de aquel inframundo. Consiguió que su jefe le permitiera emitir una cuña en la radio en la que trabajaba por entonces. «Done un lápiz para que los presos aprendan a escribir», pedía ella en antena. Esperaba reunir cien y recibió más de 6.000.
También creó el primer periódico escrito por los propios reclusos. Se llamaba Periódico Libre y se publicó durante tres años. En el consejo editorial se sentaban paramilitares, guerrilleros, violadores, ladrones y ella. «Poner orden era difícil y yo sabía que algunos estaban armados. Lograr que la primera edición saliera fue gratificante y para ellos, una experiencia única. Hacían las fotos, entrevistaban a sus compañeros», recuerda. A estas alturas se ha olvidado por completo de su leche asada. «Conseguí ganarme su respeto. Era la única mujer con la que trataban. Me veían como la mamá, la hermana, la novia. En cierto modo idealizaban en mí lo que no podían tener».
El 25 de mayo de 2000 a las 10.30 tenía una cita en una celda con un paramilitar. La drogaron y durante 16 horas abusaron de ella con la complicidad de los guardianes. «Me pusieron una nueve milímetros en la sien. Cuando a una la agreden sexualmente lo que desea es que la maten». A pesar de que hay pruebas, la Fiscalía no ha imputado a los autores. En Colombia estos crímenes son vistos como delitos de segundo orden. «Por eso espero que esta campaña también ayude a resolver mi caso. ¿De qué me vale ser una periodista respetada si no obtengo justicia?»
En los días que guardó reposo le llegaron muchos mensajes de apoyo del Gobierno, de políticos y ONG. Al recordarlo, Jineth se echa a llorar. «Una de las cartas era un dibujo que habían hecho los presos, con un ramo de flores y la firma de todos».
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
ONU impresionada por número de niños asesinados en masacre de Awá (Colombia)
El alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Cristian Salazar, entregó este sábado un informe previo sobre las indagaciones que realiza junto a la comisión investigadora de la masacre de indígenas Awá cometida el pasado 26 de agosto y en la que siete niños fueron asesinados.
Salazar indicó que a las Naciones Unidas le impresiona el número de niños que fueron asesinados. Un total de siete y no cinco, como se indicó inicialmente lo que representa una nueva dimensión ataque contra la etnia Awá.
La seguridad de los sobrevivientes de la masacre y sus familiares es un punto de mucha preocupación para el alto comisionado, por lo que pidió protección por parte del Estado colombiano para evitar un mayor derramamiento de sangre.
El alto comisionado prometió que Naciones Unidas hará todo lo posible para apoyar a la Fiscalía colombiana en el trabajo de esclarecimiento de la masacre para que ésta no quede en la impunidad.
Los líderes Awá le han expresado a la comisión del Gobierno que la seguridad democrática no llega a la zona donde habitan y que por ello es necesario que se cree una unidad especial de fiscales para que investiguen la masacre en la que murieron sus miembros.
Masacre podría ser una venganza
Según un reportaje presentado por la revista colombiana Semana, una de las personas que perdieron la vida en la masacre de indígenas Awá fue Sixta Tulia quien había denunciado ante las autoridades que militares colombianos habían ajusticiado a su esposo, Gonzalo Rodríguez, y lo habían reportado como un muerto en combate.
Sixta afirmó que hombres encapuchados detuvieron a su esposo mientras caminaba junto a ella por un resguardo, se lo llevaron a 20 metros, y luego de escuchar unos disparos encontró a su esposo con varios disparos en la cabeza.
El diario colombiano afirma en su sitio web que tuvo acceso al reporte militar donde soldados explican que la muerte de Gonzalo Rodríguez fue en combate y le señalan de ser jefe guerrillero.
«El 23 de mayo de 2009 el Batallón Contraguerrilla Número 23 realizó una operación militar llamada «Mosquetero» en el Kilómetro 80 La Guayacana media hora hacía adentro. Junto con un guía llegan al lugar hacía las 3 horas. Esperaron que amaneciera luego el guía indicó a la persona llamada Gonzalo Rodríguez quien es cabecilla del frente 29 de las Farc. De inmediato se da la captura y este emprende la huida tirando el arma hacia la maraña. Los militares logran su captura de nuevo y le ponen en conocimiento los derechos del capturado, junto con la señora y luego los separan; ubican el arma que portaba y lo retienen. En un descuido de los militares el sujeto emprende la huida hacia el sitio donde se hallaba el arma tirada, la coge sale corriendo y empieza a disparar siendo dado de baja por la tropa», afirma presuntamente el reporte militar.
Por su parte, Sixta Tulia no se quedó callada y denunció su versión ante las autoridades, pero este miércoles 26 de agosto, a las 5 de la mañana, un grupo de hombres camuflados y encapuchados, llegaron a la casa donde ella dormía junto con otros parientes y dispararon a discreción.
Sixta Tulia perdió la vida al igual que seis niños, una niña y cuatro adultos más. La niña era Angie Jazmín Rodríguez, de 5 años, y los niños, Alexander Rodríguez, de 8 años; Yeison Ferney, de 6 meses; Laurencio García, de 5 años; Roberto Guanga Nastacuas, de 17 años, David García, de 12 años y Luis García, de 13 años.
Los adultos eran Laurencio García, de 38 años, Carmela Guanga, de 18 años; Amparo Nastacuas, de 21 años; Armando Alvaro Nastacuas, de 19 años, Y quedaron heridos Javier García, de 20 años y Yolanda Bisbicus, de 22 años.
Fuente: TeleSUR
Terroristas de Colombia han de devolver 13000 niños que están en sus filas
De no hacerlo podrían enfrentar un proceso en la Corte Penal Internacional, advirtió el sábado el ex congresista Jimmy Chamorro.
Es en noviembre cuando vence la reserva que Colombia interpuso cuando aceptó en 2002 la competencia de la Corte Penal Internacional.
Esa reserva aplazaba la entrada en vigencia de la competencia de la CPI para conocer de crímenes de guerra cometidos en Colombia, como una forma de facilitar acuerdos en el marco de una posible negociación de paz.
Si los grupos armados colombianos, «a partir del primero de noviembre siguen reclutando menores y la justicia colombiana no los procesa, la CPI entrará a perseguirlos», explicó Chamorro a periodistas.
Según cifras de Unicef, al menos 13000 menores hacen parte de las filas de los grupos armados, que en amplias zonas rurales de Colombia practican una norma según la cual cada familia debe entregar un hijo para contribuir a la guerra.
La mitad de los reclutamientos de menores son atribuidos a la guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la principal organización armada ilegal del país.
Chamorro anunció que el lunes se iniciará una campaña con una marcha que recorrerá durante cerca de dos meses 24 de los 32 departamentos de Colombia, para promover que los grupos armados reintegren a los menores.
El Congresista dijo que ya hay organizaciones internacionales que han expresado su interés de llevar ante la CPI el caso de los niños colombianos integrados en los grupos armados.
Fuente: ELTIEMPO.com (Colombia)
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Enlaces de interés:
– Colombia “ocupa el triste primer lugar” en accidentes con minas
– Análisis de la política de paz en Colombia
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Un retrato puede ser la vía para lograr justicia (Colombia)
Raúl* tenía 13 años cuando fue víctima de abuso sexual. Nunca ha entendido por qué le sucedió esa tragedia. En busca de justicia, el menor y su familia debieron enfrentarse de nuevo a la imagen de su victimario.
En una hoja en blanco se dio ese reencuentro. Sólo así se pudo lograr la captura del violador, quien tras una sentencia en su contra purga condena en una de las cárceles de Bogotá.
Una serie de reuniones con especialistas del DAS en temas de retratos logró concretar ese caso, uno de los que más conmocionó a la capital de la República.
Manuel* fue quien ayudó al pequeño Raúl para lograr algo de justicia. Él está en el grupo de 80 científicos dedicados a la investigación criminal en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quienes hacen de esta estructura una que bien puede asemejarse a la que se ve en la serie estadounidense Crime Scene Investigation (CSI).
A través de inteligencia estratégica, complementada con tecnología de punta, los científicos pueden resolver delitos complejos que a diario registran los medios de comunicación nacionales.
CSI colombiano
El ‘CSI colombiano’ (grupo de criminalística del DAS) es dirigido por la investigadora Lucía de Tatis. Dentro de sus responsabilidades tiene el reto de identificar por medio de retratos hablados a homicidas, abusadores sexuales y otros criminales.
En esa tarea es apoyada por forenses que tienen como misión brindar apoyo técnico-científico a los procesos judiciales, labor que complementan con estudios físicos, químicos, balísticos, grafológicos y de identificación.
Todas estas funciones pueden ser resumidas en la tarea más difícil en la criminología: la identificación humana.
Retratos hablados
Lucia de Tatis argumenta que en el laboratorio de identificación humana hay cuatro expertos en elaboración de retratos: “Dentro del perfil de los investigadores está el tener un sexto sentido”, dice y añade convencida que “debe bastar con una sola palabra, así sea una sencilla, para que puedan ir tras una pista”.
Según Tatis “las personas expresan los detalles sin mayor precisión; barba puntuda, ojos saltones, color paliducho, piel reseca, son las típicas descripciones que, aunque no se crea, valen mucho a la hora de un retrato hablado”, explica con su acento cartagenero.
Juan*, uno de los retratistas más experimentados, y quien pidió no ser identificado por razones de seguridad, narra que lo primero que hace en su trabajo es darles confianza a las víctimas o testigos. “Sólo si se hace una buena entrevista sale un buen retrato”, afirma.
Según Juan, su trabajo le ha permitido ver con tristeza que el 50 por ciento de las entrevistas debe hacérselas a menores de edad.
“Uno les manifiesta que no hay afán en obtener el retrato, ya que se tienen 30 horas para dibujarlo”, cuenta sobre su labor, la misma que lo ha llenado de alegrías, pues ha podido en muchos casos darles tranquilidad a las almas asesinadas por desconocidos y a la par un descanso a sus familiares.
Tras el diálogo, los retratistas analizan lo descrito por las personas para empezar a realizar un boceto con las características particulares que ayudan a definir las facciones de los rostros y así tener pistas para la investigación.
Cada una de esas señales es consignada en hojas en blanco, que a la postre se convierten en pruebas reinas para resolver procesos de gran complejidad. “Sin los retratos muchas investigaciones no serían posibles”, señala Juan.
En el caso de menores, puntualiza el investigador, deben ir acompañados siempre de un adulto: un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o un pariente, dependiendo del caso.
El éxito de este tipo de misiones nada fáciles, si se tiene en cuenta la falta de claridad de muchos testigos, depende en buena medida de que se ejecute en lugares tranquilos, donde se anulen las distracciones.
Uno de los secretos que pocos descubren es la importancia que tiene el color blanco en las paredes, techo y piso del recinto donde son entrevistados, más la ausencia de cuadros u objetos que afecten la concentración del testigo o víctima.
Arma para hallar fosas y caletas
Otro de los métodos utilizados por el grupo investigación criminal para encontrar delincuentes es el de topografía judicial, procedimiento que consiste en elaborar planos y croquis en el lugar de los hechos.
Se trata de un Geo-radar que penetra la tierra, por lo menos a 20 metros de profundidad, gracias a la ayuda satelital. La onda electromagnética permite detectar fosas comunes, caletas de drogas, armas y minas antipersona dejadas por grupos armados ilegales.
Este aparato es utilizado por los agentes del DAS para buscar caletas de los ex paramilitares del Magdalena Medio. Este aparato tuvo un costo de 300 millones de pesos.
Análisis de residuos de disparos
Allí no termina la tecnología, pues para detectar los residuos de munición que quedan en las manos y en la prendas de vestir de los criminales, el DAS realiza un análisis en un laboratorio especializado.
Otros equipos que utilizan son microscopios electrónicos con los que se puede analizar los residuos de disparos mediante una información electrónica denominada de barrido; luego las autoridades llevan a este centro especializado una pequeña partícula que con un pequeño margen de error define si se trató de un disparo y de cómo fue hecho.
“En el área química está el único microscopio electrónico utilizado por las autoridades colombianas con la técnica más confiable y completa del país. Aquí la policía y el CTI nos piden soporte para esclarecer los procesos judiciales”, cuenta Tatis.
Este artefacto le permite a las agencias de seguridad del Estado tener como referencia un laboratorio confiable para descifrar los homicidios con arma de fuego.
Esta máquina, cuyo costo se acerca a los 1.600 millones de pesos, trabaja las 24 horas, intentando bajar las tasas de impunidad.
Fronteras inteligentes
Fronteras Inteligentes es otra de las novedades que tiene el DAS, con ella se quiere evitar el fraude en documentos en las fronteras de Colombia, a través de una reglamentación única para los límites de país, con el respaldo de la Cancillería y la Registraduría Nacional.
Según Tatis, este año empezarán a funcionar nueve laboratorios de documentología y grafología con sede en Nariño, Cúcuta, Medellín, Cali, Atlántico, Bolívar, Villavicencio, La Guajira y Bucaramanga.
“Hace sólo unos días se hizo un acuerdo con la Cancillería y la Registraduría para que entraran en funcionamiento los laboratorios de Cali, Medellín, Bucaramanga y Cartagena. En el resto del país entrarán en funcionamiento a finales de este año”, explica.
De acuerdo con Daniel* en “estos centros se busca evitar que visas, pasaportes, licencias de conducción, cédulas, certificados judiciales y demás papeles falsificados salgan del territorio nacional o sirvan para que ingresen personas con documentación ilegal”.
Los laboratorios del DAS están inscritos como miembros activos de la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, Aicef.
En este convenio participan todos los países de América Latina, España y Portugal.
*Nombres cambiados por petición de las fuentes.
Fuente: LAPATRIA.com (Colombia)
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Los paramilitares de Colombia reconocen que asesinaron a más de 21000 personas
Los ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han reconocido ante la Fiscalía que asesinaron a 21.979 personas en Colombia en los últimos 22 años, así como el secuestro de 648 colombianos y 1.493 extorsiones.
Estos datos forman parte de un informe elaborado por la Unidad de Justicia y Paz que fue enviado hace dos semanas a varios funcionarios colombianos, informó este lunes la emisora local Caracol Radio que tuvo acceso a ese documento.
Los paramilitares desmovilizados también confesaron haber reclutado a 1.020 menores de edad y haber participado en la desaparición forzada de 1.776 personas. Asimismo, se comprometieron a confesar 368 episodios de desplazamientos masivos en varias poblaciones del país.
La Fiscalía, sin embargo, hasta el momento sólo ha logrado comprobar que estos rebeldes cometieron 5.808 asesinatos, 968 desapariciones forzadas, reclutaron a 380 menores, fueron responsables de 425 extorsiones y 132 secuestros.
Estas declaraciones fueron hechas por los ex paramilitares que en los últimos años se han entregado ante la justicia colombiana en el marco de la Ley Justicia y Paz que promete ciertos beneficios legales a los miembros de las AUC que se entreguen y confiesen los crímenes cometidos.
Por otra parte, el informe de la Unidad de Justicia y Paz indicó que la Fiscalía hasta el momento ha localizado 2.329 cadáveres exhumados de 1.906 fosas comunes. De ese grupo, 535 han sido entregados a sus familiares, mientras que unos 636 cuerpos no han podido ser identificados.
Noticia completa en: EuropaPress
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