Robos en las villas pontificias, facturas falsas emitidas por el director de los Museos Vaticanos, fraudes y otros ilícitos, fueron denunciados por el exsecretario general de la Gobernación (Governatorato) del Vaticano, Carlo Maria Viganó.
Autor: Luis Donaldo Colosio Riojas
Me preocupa. Me preocupa que veo a un país olvidado por sus líderes, quienes se concentran en sacar adelante sus carreras y a sus partidos, antes que a su gente.
Me preocupa ver un abismo de desigualdad y diferencia, permeado todo por la infame indiferencia de quienes tienen la responsabilidad de honrar la confianza de su gente.
Me preocupa ver que en el Congreso imperan el caos y la desunión; que los ‘triunfos’ de mis diputados sean ver quién difama más al otro o quién silencia con más fuerza. Que exista un aura de trabajos inconclusos y que los pocos que se dedican al trabajo, son sopesados por quienes se dedican al ultraje. Me preocupa ver más respeto en las tribunas de un clásico de futbol mexicano, que en los escaños y curules legislativos.
Funcionarios públicos ausentes o sumisos, y fuerzas policiales abandonadas o corrompidas, es el maltrato que nos dejan nuestros gobernantes. Benditas aspiraciones de nuestros jóvenes con tanta materia prima corroída. No es sorpresa que ‘ni estudien, ni trabajen’, si el sistema educativo es cada vez menos adecuado y continúa decayendo gracias a quienes se supone deberían levantarlo. El empleo y las oportunidades son virtualmente inexistentes y nuestra economía es tratada con la lujuria de unos cuantos.
Me preocupa mi tierra, sangrando a borbollones, con sangre nacional y extranjera, de quienes depositaron su confianza en unos cuantos. Me preocupa que ‘esos cuantos’ tampoco sean eficaces, porque ‘algunos muchos’ se empeñan en que fallen, con tal de alzarse el cuello y alardear un ‘se los dije’.
La desigualdad de ideas nunca ha sido crimen, pero el callarlas y asesinarlas es nuestro nuevo Movimiento nacional.
Miles de millones de pesos, de nuestro dinero, de nuestros impuestos, se reparten a ‘unos cuantos’ para hacer bien ‘muchos nadas’, mientras tanto, nuestros niños tienen hambre, tienen sed y tienen miedo. Miedo, no de una inseguridad que crece sin medida, sino de lo que seguramente terminarán siendo: seres olvidados y marginados por su patria, y a quienes luego se les reclame de ‘holgazanes’. Se les castigará por ineficientes y por no saber aprovechar las infinitas oportunidades inexistentes que tuvieron. Nuestros niños, ¿pero qué demonios les hicimos?
Me preocupan todos y cada uno de los miembros de mi familia, más de 112 millones de ellos, que miran al futuro sin un rumbo certero, ese rumbo que nuestros predecesores se negaron rotundamente a asegurar y que ahora miran con desconcierto, alegando que ‘no es su culpa’. Y la pelea continúa; y las divisiones incrementan; y las diferencias se exaltan; y nuestros niños, mientras tanto, sufren.
¿Pero qué te pasa, México? ¿En qué momento se volvió rutina suicidarte?
Me preocupa mi gente, que prefiere esconderse frente a una pantalla de televisión que detrás de un libro, o mejor aún, de un oficio.
Me preocupa que la política de desarrollo colectivo nacional en estos momentos pareciera que se llama ‘resignación’, pareciera que se llama ‘derrota’.
Me niego rotunda y enfáticamente a quedarme dormido, a darme por vencido. Así me tachen de por vida de demente o inadaptado. Qué ilusos somos todos al pensar que México necesita héroes, si lo único que le hace falta es la atención de sus ciudadanos, o mejor quizá, unos cuántos más de éstos.
Este es el Movimiento de la tercera insurrección mexicana, cuyo campo de batalla se libra en nuestros propios corazones, donde las únicas armas que encontremos y utilicemos deberán ser la paz, el trabajo y la Patria: suficientes muertes ha soportado lo sagrado de este suelo, y la tierra que se tiñe de rojo con la sangre de mi sangre, es testigo de mi entrega. La batalla se gana en el corazón de nuestra gente, al denunciar nuestras propias faltas al país… y a nuestra estampa.
El autor es hijo de Luis Donaldo Colosio y Ana Laura Riojas.
Es fundador del despacho «Basave, Colosio, Sánchez, Abogados» y catedrático de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
ENVÍA este correo a TODOS; que llegue a cada MEXICANO de BUENA FE y AMOR a MÉXICO.
«Para que el partido de la corrupción y la mentira (PP) no vuelva al Gobierno.» – Leo Bassi
Mi único deseo es que el Partido Popular no gane las próximas elecciones. Pienso que el PP no tiene ninguna solución para los graves problemas económicos de España porque es precisamente su modelo económico basado en el dinero fácil del ladrillo y los negocios turbios organizados entre amigos, lo que nos ha llevado a esta crisis. Además, por sus pactos con la derecha católica y sus ambigüedades a la hora de defender los principios de un estado laico, pensamos que una victoria electoral del Partido Popular podría perjudicar mucho al desarrollo cultural y económico del país, llevando España atrás en el tiempo. Desde el derecho al aborto, hasta el matrimonio gay y el reconocimiento de la libertad de elegir su orientación sexual es todo una visión moderna de la sociedad que peligra. Por último, su política de privatizaciones salvajes creará una sociedad donde la desigualdad entre clase social en el campo de la sanidad, la educación y muchos otros servicios sociales va a empeorar dramáticamente.
Por todas estas razones, pido la gente de buena voluntad de ayudarme a impedir la vuelta al poder de este partido.
– Historias de corrupción.
– Abusos de poder de todo tipo.
– Ejemplos de doble moralidad.
– Utilización de encargos políticos o empresas públicas para favorecer a amigos y parientes.
– Evasión fiscal.
– Violaciones del principio de separación entre el Estado y la Iglesia.
– Acumulación injustificada de bienes inmobiliarios y de riquezas en general.
– Comportamientos anti-éticos con subordinados.
Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Palma de Mallorca, Valladolid, Santander, Granada, Alicante, Canarias (y básicamente cualquier otro lugar con informaciones jugosas).
Los argumentos que me interesan son la Gürtel, TeleMadrid, PP de Valencia, Faes, etc.
PPLeaks no tiene apoyo de ningún partido político y estoy abierto a todas las corrientes ideológicas desde el momento que se respeta los principios de un estado de derecho, laico, democrático y que garantice todas las libertades individuales.
Quiero unirme a todas las personas sinceras que huyen de la hipocresía y la mentira. Busco gente honesta que no acepta vivir en una sociedad dominada por el cinismo del pode
Vivimos en un mundo dominado por los medios de comunicación y, por eso, quiero ser muy ingenioso a la hora de difundir las informaciones que me podéis proporcionar. Esto significa, de un lado, trabajar con los mejores periodistas del campo político que me ayudaran a difundir las noticias pero voy a utilizar, también, métodos no convencionales (Bassibus, eventos, aciones en TV) para ser lo más eficaz posible en influenciar la opinión publica. Caso por caso, estudiaré la mejor estrategia para divulgar lo que me podéis revelar y estoy abierto a cualquier consejo… ¡Podemos hacerlo juntos! La única cosa que importa es que el Partido Popular no vuelva al poder.
Mis acciones no están remuneradas por nadie y no puedo (y no quiero) ofrecer dinero para obtener informaciones. Las personas que colaboraran conmigo lo hacen por razones altruistas y nuestro único deseo es defender y fortalecer el laicismo en nuestra sociedad.
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Enlaces relacionados con el Partido Popular (PP)
«Necesitados con autocaravana, pobres con cuatro coches de lujo, o esposas de funcionarios perciben ayudas sociales en Bilbao. El ayuntamiento investiga 1 245 expedientes por posibles irregularidades«, [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE].
¿Sólo en Bilbao?
Un funcionario de nivel medio cuya esposa cobra desde hace varios años el subsidio en calidad de desempleada de larga duración; un abogado con patrimonio y clientes –a los que como tantos otros casi nunca entrega factura– cuyos hijos reciben ayuda pública para la compra de los libros de texto; un director de un centro escolar que vive en Galicia desde hace más de un lustro pero que sigue empadronado en Canarias para abonar menos IRPF, etcétera, etcétera y etcétera.
Los politicos corruptos tienen miles de votantes por sana envidia y que emulan sus prodigios…
¿Quiénes son los padres históricos de ese sector social que tiende a justificar, admitir y practicar la corrupción siempre que puede y le dejan? El fenómeno tiene progenitores varios, pero el mejor espejo de esa lacra es este: Quienes practicaron la corrupción de forma legal y sistemática hasta 1978 todavía hoy son políticamente defendidos por dirigentes de primer rango.
MÁS detalles sobre los casos descubiertos en Bilbao, en [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE].
“La corrupción, el abuso de poder en beneficio privado, es el mayor obstáculo al desarrollo económico y social en todo el mundo. Distorsiona mercados, frena el crecimiento económico, degrada la democracia y socava el imperio de la ley.
• Las estimaciones muestran que el costo de la corrupción es igual a más del 5% del PIB mundial (EE.UU. 2,6 billón dólares), con EE.UU. más de 1 billón dólares en sobornos cada año.
• La corrupción asciende a 10% del costo total de hacer de negocios a nivel mundial, y hasta el 25% del costo de los contratos en los países en desarrollo.
• Mudanzas de negocios de un país con un bajo nivel de la corrupción a un país con mediano o alto nivel de la corrupción se encuentra para ser equivalente a un impuesto del 20% en empresas extranjeras.
Las empresas están sujetas a la extorsión y algunos de ellos desempeñan un papel en pagar sobornos. En consecuencia, el sector privado también es parte del problema y también puede ser parte de la solución (por ejemplo, compartiendo la responsabilidad de encontrar la manera de luchar eficazmente contra la corrupción).
Artículo completo en: PUNTO DE EQUILIBRIO
El pleno del Senado ha aprobado este miércoles de forma definitiva la reforma del Código Penal, que agrava el castigo para los delitos de corrupción, terrorismo y abusos sexuales a menores e incluye la libertad vigilada de hasta diez años para terroristas y pederastas reincidentes una vez cumplida la condena.
El Senado ha rechazado todas las enmiendas de las fuerzas políticas y no ha introducido cambios en el proyecto remitido por el Congreso, que ha salido adelante con los votos a favor de los socialistas, CiU, ERC y CC, la abstención del PP, ICV y el BNG y el voto en contra del PNV.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ha defendido la reforma durante el debate en el pleno, ha destacado que el nuevo Código Penal es «necesario, adecuado y pensado por todos, con el trabajo de todos, para atender la realidad social de nuestro país».
Entre las principales novedades del ordenamiento está la tipificación como delito del soborno entre particulares, la no prescripción de los asesinatos terroristas y el endurecimiento de las penas por abusos a menores, que llegarán a los quince años de prisión.
Nuevos delitos
El nuevo código, según Caamaño, atiende compromisos internacionales al incluir nuevos delitos como la trata de seres humanos, el tráfico de órganos o la corrupción en el sector privado.
Introduce también cambios en algunos tipos penales ya existentes, especialmente en delitos sexuales, para conseguir una mayor protección de las víctimas, en particular cuando son menores, y en delitos de terrorismo, tipificando de forma expresa la captación o adoctrinamiento de personas para su integración en organizaciones terroristas.
El titular de Justicia considera que esta reforma, la número 26 del Código Penal en 15 años, también resuelve los problemas de interpretación de la prescripción y cubre «intolerables lagunas de punibilidad» frente a delitos de corrupción que provocan un grave daño social.
En este bloque, destaca la tipificación de nuevos supuestos de corrupción o cohecho entre particulares, acoso inmobiliario, los delitos a través de Internet y la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Corrige el «desmedido rigor penal»
El ministro ha recalcado además que se corrige el «desmedido rigor penal» para conductas de menor gravedad, como el tráfico de drogas de escasa entidad o el llamado top manta, que -según lo aprobado en el Congreso- pasa de ser delito a falta, de tal forma que los «manteros» cuyo beneficio no supere los 400 euros no tendrán pena de cárcel.
El PP se ha abstenido en la votación y ha vuelto a mostrar su desacuerdo con el proyecto. El senador popular Manuel Altava ha defendido las enmiendas de su partido, que han sido rechazadas y, entre otras cosas, proponían la «cadena perpetua revisable» para delitos graves y la ampliación de la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte a los que causen lesiones graves o cuando haya secuestro de la víctima.
En contra de la reforma ha votado el PNV, que rechaza -entre otras medidas- la regulación de la libertad vigilada y considera que se ha acometido un nuevo endurecimiento punitivo que «está cada vez más reñido con el fin resocializador» del derecho penal, ha dicho el senador Joseba Zubía.
Fuente: 20Minutos.es
Bajo licencia Creative Commons
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Enlaces relacionados:
– La web de Maco048. Noticias criminología: Penal
– La web de Maco048. Noticias criminología: Delincuencia
– Apuntes Criminologia, Universidad de Murcia. Marisol Collazos Soto
1. Francisco Marqués (PP). Exconsejero y ex delfín del presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y director general de HEFAME: Prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales
2. José Martínez Andreo (PP). Alcalde de Totanta. Pasó por la prisión de Sangonera. Prevaricación y tráfico de influencias.
3. Juan Escudero (PSOE). Ex alcalde de Los Alcázares. Delitos urbanísticos.
4. Manuel M. Sánchez (PP). Alcalde de Archena. Delitos urbanísticos.
5. Antonio Tamayo (PP). Alcalde de Cieza. Delitos urbanísticos, contrataciones ilegales.
6. Francisco Blaya (PP). Alcalde de Mazarrón. Malversación de fondos públicos, cohecho.
7. José Luis López (PP). Alcalde de Villanueva. Delitos urbanísticos y medioambientales.
8. José Bolarín (PP). Alcalde de Ulea. Delito urbanístico, tráfico de influencias.
9. P. Antonio Sánchez (PP). Alcalde de Puerto Lumbreras. Varias querellas por delitos urbanísticos.
10. José Hernández (PP). Ex alcalde de San Javier. Delitos urbanísticos.
11. Paco Salinas. Alcalde de Ojós. Pederastia.
12. Matías Carrillo (PP). Alcalde de Fortuna. Compra de votos.
13. Daniel García (PP). Alcalde de Torre Pacheco. Delitos urbanísticos.
14. Mª Antonia Conesa (PP). Alcaldesa de Fuente Álamo. Dellitos urbanísticos.
14. Juan Ramírez (PP). Alcalde de Águilas. Delitos urbanísticos.
15. Juan Morales (PP). Exalcalde de Totana y diputado regional. Delitos urbanísticos, cobro ilegal de comisiones.
Cobro ilegal comisiones
16. Leandro Pérez (PP). Ex concejal de Mula. Delitos urbanísticos.
17. Joaquín Peñalver (PP). Funcionario de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia. Delitos urbanísticos.
18. Antonio Alvarado (PP). Ex director general del gobierno de Valcárcel. Delitos urbanísticos.
19. Marco Ortuño Soto (PP). Ex director general del gobierno de Valcárcel. Delitos urbanísticos.
20. José María Ródenas (PP). Ex subdirector general de Urbanismo del gobierno de Valcárcel. Delitos Urbanísticos.
21. Encarna Muñoz (PP). Ex directra general de Medio Natural del gobierno de Valcárcel. Deliltos urbanísticos.
22. Manuel Alfonso Guerrero (PP). Ex director general de Urbanismo del gobierno de Valcárcel y gerente de Urbanismo de Lorca. Delitos urbanísticos.
23. Lázaro Mellado (PP). Alcalde de Alcantarilla. Delito medioambiental.
24. Gregorio Guerrero (PP). Concejal de Fortuna. Delitos urbanísticos.
25. José Martínez (PP). Alcalde de Librilla. Pasó por la cárcel de Sangonera. Corrupción y cobro de comisiones ilegales.
26. Pedro Martínez (PP). Concejal de Urbanismo de Librilla. Pasó por la cárcel de Sangonera. Corrupción y cobro de comisiones ilegales.
Fuente: LA RAYA SIN FRONTERAS [LRSF]
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Enlace recomendado:
– Los Genoveses
Enlaces de interés:
El Gobierno ha aprobado hoy un proyecto de reforma del Código Penal que tipifica por primera vez la corrupción entre particulares y eleva las penas para los delincuentes sexuales, para quienes se prevé «un largo periodo» de libertad vigilada tras cumplir condena, medida también aplicable a los terroristas.
El nuevo Código Penal es, en lo esencial, el mismo que aprobó hace ahora un año el Consejo de Ministros cuando el titular de Justicia era Mariano Fernández Bermejo.
Así lo ha anunciado, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que ha añadido que la reforma responde a la intención del Gobierno de ser «implacable en la lucha contra la corrupción» y dar respuesta al debate social sobre el tratamiento a los delincuentes sexuales y la protección de los menores.
Nuevos delitos
El proyecto de ley aprobado hoy introduce además el delito de piratería «para dar respuesta a actos ilícitos contra la navegación marítima y aérea» como el que está sufriendo el atunero español Alakrana, secuestrado por piratas somalíes en el Índico, aunque no será aplicable ni a este caso ni a todos los que se produzcan antes de que entre en vigor de la reforma.
Otros delitos tipificados en el nuevo texto son la captación de menores para espectáculos pornográficos; las labores de captación, adoctrinamiento, adiestramiento y cualquier forma de financiación del terrorismo; el acoso laboral e inmobiliario, los sobornos y fraudes en el deporte, los ataques informáticos y el tráfico ilegal de órganos.
También, por primera vez se prevé una sanción penal para el cliente de la prostitución cuando la relación sexual se practique con menores o con personas que no puedan decidir por sí mismas.
Los ‘manteros’ podrán no ir a la cárcel
El nuevo Código Penal incluirá la posibilidad de que los vendedores de CDs piratas o manteros, que ahora son castigados con una multa y una pena de prisión de 6 meses a dos años, eviten la cárcel. Así, la pena se reducirá a una multa o a trabajos en beneficio de la comunidad atendiendo a las circunstancias personales del mantero y cuando la distribución sea al por menor y la ganancia económica baja.
Medio ambiente
Con la entrada en vigor de la reforma, el traslado ilegal de residuos, la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa y la destrucción de grave alteración del hábitat por la caza o la pesca de especies amenazadas se considerarán delito.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
Víctor Lapuente Giné, profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, publica hoy en [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] un interesante artículo sobre la relación entre la politización de las instituciones públicas y la corrupción. Les pongo unas líneas:
Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno
local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.
El problema de la politización de la gestión pública se ha ido agudizando con los sucesivos gobiernos de la Democracia. Por un lado las administraciones padecen la invasión de un número creciente de fontaneros, asesores y altos directivos cuyo futuro laboral depende de que no se pierdan las elecciones, y cuyas tareas y responsabilidades se entrelazan con las de funcionarios. Pero éstos también pueden ser bendecidos por la fortuna gracias a la proliferación de puestos que, pertenenciendo a la escala profesional, pueden ser provistos con criterios políticos por el procedimiento de libre designación. Esta arbitrariedad supone un riesgo añadido, ya que los funcionarios tienen, entre otras, la obligación de garantizar que la directrices políticas se ejecuten con rigor y dentro de la legalidad.
Jueces y parlamentos se han manifestado repetidamente en contra de esta perversión, ya sea a través de sentencias, o mediante la aprobación de disposiciones legales. Hace un par de años el Parlamento de Galicia modificó la Lei da Función Pública de Galicia para dar cumprimento ao obxectivo de redución dos postos que deben ser cubertos por libre designación. O sistema de libre designación debe estar debidamente xustificado, sen que haxa ningunha razón para que con carácter xeral se lles adxudique esta condición a todos os postos de traballo que superen determinado nivel de complemento de destino. Con esta medida poderase acadar unha función pública máis profesionalizada e seleccionada de xeito máis obxectivo, sen prexuízo, desde logo, da súa capacitación e preparación para o desempeño do posto.
Pero la tentación de rodearse de amigos, compañeros de partido o meros paniaguados cuya independencia queda sometida al favor debido es irresistible. Al poco de aprobarse esta norma el gobierno gallego convocaba [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] ; y estos días, uno de esos ayuntamientos medianos que menciona Víctor Lapuente anunciaba la convocatoria por similar procedimiento de dieciocho puestos de Jefe de Servicio y Departamento.
Así pues, la próxima vez que alguien nos venga con la milonga de la regeneración democrática habrá que acordarse de leer la letra pequeña.
Fuente: Una cuestión personal
En 2004, Murcia registró 17 de los 101 delitos de empleados públicos contra la Administración. Detrás estaban Segovia con siete y Las Palmas con seis.
Fraude, prevaricación, tráfico de influencias y malversación son algunos de los 17 delitos contra la Administración pública que supusieron condena para funcionarios en 2004, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de 2004. Los delitos contra la Administración son todos aquellos que puedan ser cometidos por los empleados públicos.
Durante 2004 en toda España se registraron 101 delitos (con condena) de este tipo y los murcianos se encuentran a la cabeza, ya que sólo tienen por detrás, y bastante lejos, a Segovia con siete y Las Palmas con seis. Pero no sólo eso, siguiendo con el estudio del INE, los murcianos son los segundos que más delitos cometieron contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, con 14, sólo tenemos por delante a Jaén con 15 delitos. En cuanto a las causas contra la administración de justicia nos encontramos en el décimo lugar de las 52 provincias, con 199 delitos. El arquitecto municipal reaparece El arquitecto municipal Joaquín Peñalver asistía el pasado miércoles a la inauguración de una exposición en la galería La Aurora, de Murcia. Allí coincidía con el edil de Urbanismo. El fiscal jefe de Murcia ha abierto diligencias penales a Peñalver, de baja por paternidad. El TSJ investiga si ha favorecido a su familia en los siete años que lleva en su cargo.
Cronología: Escándalos urbanísticos en la Región de Murcia 24 de enero de 2006: El concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Sánchez Carrillo, es acusado de votar tres veces a favor de sendos proyectos de Polaris World. Uno de sus dueños, Facundo Armero, es socio de Sánchez Carrillo, en la construcción de casas en Ronda Sur. También se supo que Carlos Valcárcel, hermano del presidente de Murcia, era socio de Polaris, empresa que participa en la tele autonómica. 25 de enero de 2006: Los servicios jurídicos del Ayuntamiento no ven delito en la actuación de Sánchez Carrillo, al no haber «una amistad íntima» entre el edil y Facundo Armero. 26 de enero de 2006: El PP pide al PSOE que responda por los miembros socialistas que votaron en Murcia a favor de una recalificación que benefició al edil del PSOE Marcos Ros. Pedro Saura, secretario general del PSOE-RM, es acusado de votar la supresión del retranqueo de un inmueble, que de haberse suprimido habría favorecido a su padre en 1997, siendo edil en Torre Pacheco. 26 de febrero de 2006: El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel (PP), es acusado de comprar un piso en la Gran Vía por 75 millones de pesetas, en un edificio que Metrovacesa vendía antes de que le autorizaran abrir su centro comercial en Murcia. Fuente: 20minutos.es Bajo licencia Creative Commons