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La web de Maco048. Criminología
Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Los varones adolescentes más propensos a la delincuencia sin un padre
El estudio, realizado por el Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, encontró que la presencia de una figura paterna en la adolescencia es más probable que tenga un efecto preventivo sobre si los varones jóvenes participan en la toma de riesgos y conducta desviada.
Si bien la participación activa y la interacción entre padres y jóvenes se encontró que era beneficioso, no explicó los beneficios positivos de los niños que crecen con padres en el hogar.
«La sensación de seguridad generada por la presencia de un modelo masculino en la juventud de la vida tiene efectos protectores para un niño, sin importar el grado de interacción entre el niño y su padre,» afirmó el profesor Deborah Cobb-Clark, Director de Melbourne Institute.
«Los padres dan a los niños modelos masculinos y pueden influir en las preferencias, valores y actitudes de los niños, mientras que les da una sensación de seguridad y aumentan su autoestima. También aumentan el grado de supervisión de un adulto en el hogar, lo que puede conducir a una reducción directa de la conducta delictiva «.
Utilizando los datos del Estudio Nacional Longitudinal de Salud Adolescente (EE.UU.), tres factores fueron estudiados en el papel de como los padres influyen en la delincuencia de los jóvenes: participación de los padres e interacción, contribución a los ingresos familiares y el compromiso con una figura paterna, simplemente estar presente en el hogar.
A diferencia de estudios previos en el campo, «Padres y Jóvenes» y » comportamiento delictivo «, que fue coescrito por el profesor Erdal Tekin de Georgia State University, examina toda la gama de papeles de la figura del padre y de las estructuras modernas de la familia, según el profesor Cobb-Clark.
«Nuestro estudio incluyó residencial y no residencial, padres biológicos y padrastros residenciales y su influencia en los comportamientos de los adolescentes,» dijo el Profesor Cobb-Clark.
«Encontramos que los adolescentes varones participan en más delincuencia sin una figura paterna en sus vidas. Los comportamientos tan estrechamente ligados a este, pueden ser atribuido a los niveles inherentes de la toma de riesgos que varían entre hombres y mujeres.»
Además, el aumento de los ingresos familiares se encontró que tenía pocos efectos en la solución de los problemas asociados con la delincuencia juvenil.
El estudio completo ‘Padres y Jóvenes «delincuente de conducta’ está disponible para su descarga en http://melbournein … p2011n23.pdf
Cachorros de la violencia
Su madre, separada y con 48 años bastante castigados por las drogas y el alcohol, le dijo que no. Nada de irse a vivir con su padre, como pretendía el chaval. Seguiría bajo la tutela de su abuela. El crío, de 16, se enfadó tanto que agarró un cuchillo de la cocina y se lo clavó hasta matarla. Acaba de ocurrir en Barcelona, en una comunidad autónoma donde 24 personas murieron a manos de menores en 2008, un 71% más que el año anterior, como alerta la fiscal superior de Cataluña, Teresa Compte. Pero este episodio tremendo no ha llenado titulares como el de las niñas de Seseña. Hace falta que una cría de 14 años, gótica y fría, golpee y arroje a un agujero lleno de escombros a una amiga de 13, con cara de ángel.
El aumento de la violencia juvenil no es exclusivo de ninguna clase social. Tampoco de ninguna región. Las luces rojas saltan en todo el país. El número de chavales condenados se ha disparado un 17% en sólo un año: de los 13631 de 2007 a los 15919 de 2008, el último ejercicio explorado con lupa por el INE y el Ministerio de Justicia. Da igual mirar a Andalucía, con 4126 menores con sentencia firme y casos terribles por cerrar como las violaciones colectivas de dos niñas el pasado verano, que a Galicia. Su fiscal jefe, Carlos Varela, maneja ya los datos de 2009. Los expedientes incoados ascendieron a 1431, un 7% más. En el País Vasco la cosa no anda mejor. Sus jueces impusieron 1.240 castigos, un 19% más que el año anterior. Las estadísticas nacionales del Consejo General del Poder Judicial evolucionan en el mismo sentido, con 22746 sentencias penales dictadas contra menores y una subida anual del 12,5%.
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Hace diez años, los niños robaban. Sigue siendo el delito más frecuente, pero ahora también violan y matan. Diecisiete chicos y dos chicas fueron condenados en el último año por un delito de homicidio. Otros 292, todos varones, agredieron o abusaron sexualmente de alguien y fueron castigados por ello. El abanico es terrible, pero Urra recuerda sobre todo un caso por lo que le dijo el acusado a las pocas horas de ser detenido: «Yo lo he hecho, soy malo, nací malo». Tenía 14 años. Ya ha cumplido 22, así que el psicólogo prefiere llamarle Rafa en vez de Rafita, uno de los cuatro asesinos de Sandra Palo. Es el más famoso por su historial delictivo, con cuatro detenciones desde que saliera del centro de internamiento en un régimen de libertad para muchos demasiado cómodo.
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El 20% justifica la violencia
¿Pero por qué hay tanto niño malo? Psicólogos, fiscales y jueces consultados coinciden en el hecho fundamental de que la delincuencia entre menores ha dejado de ser exclusiva de los ambientes marginales para extenderse por todas las capas sociales. Tampoco es coto exclusivo de los chicos. Las niñas han empezado a maltratar a sus padres -protagonizan uno de cada tres o cuatro casos, según las fuentes-, a acosar a compañeros en las redes sociales e incluso a matar, como en Seseña. El 15% de los 15919 menores condenados en 2008 eran chicas. La proporción de mujeres cae a la mitad en la estadística de mayores de edad.
Luego vienen la televisión y los videojuegos con sus ‘valores’: antes de acabar los estudios de Primaria, un niño español contempla unos 8000 asesinatos y 100000 actos violentos. Por eso no es de extrañar que un 20% de los adolescentes de 12 a 16 años justifique la violencia, según un informe del Centro de Estudios Reina Sofia. De ellos, un 13% se considera agresor o utiliza armas intimidatorias y el 39% siente miedo y rabia sobre los demás.
El perfil del menor delincuente se difumina así cada vez más. Adolescentes de cualquier nivel social, con una percepción equivocada de la realidad y del riesgo, intransigentes, mentirosos, no empáticos e incapaces de responsabilizarse de sus actos y de asumir una frustración. Casi todos conocemos a alguno.
Fuente:[Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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Enlaces relacionados:
– Niños violentos del presente, serán Hombres crueles a futuro. Marisol Collazos Soto
– Niños sicarios impunes en Colombia
En España la tasa de militantes de la Iglesia Católica que delinquen es tres veces más elevada que la media
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en diciembre del 2009 en España había 76079 personas encarceladas: cifra que incluye delincuentes ya penados más los ciudadanos que están en prisión provisional pendientes de juicio por estar acusados de haber cometido un delito grave.
En esa misma fecha, España tenía algo más de 46 millones de habitantes, luego el porcentaje de delincuentes en prisión –incluidos los presuntos– suponía el 0,16 por ciento de la población.
Si a las 76079 personas encarceladas se suman las imputadas que disfrutan de libertad provisional a la espera de juicio, cabe apuntar que el porcentaje de delincuentes –incluidos los presuntos– sería del 0,50 por ciento, como máximo; según han coincidido en precisar a ImP los siete profesionales de la Justicia consultados que son conocedores del funcionamiento del aparato judicial.
Más claro: en torno a 5 de cada 1000 ciudadanos –como máximo– han perpetrado un delito leve o grave, o están acusados de haberlo cometido; en tanto que en la Iglesia Católica –ella misma lo ha reconocido– «solo» entre 15 y 50 de cada 1000 de sus miembros (curas, catequistas, docentes, colaboradores, etcétera) habrían incurrido en delitos… ¡Y conste que esta hipótesis formulada por la propia curia se refiere solo a delincuentes sexuales!, de forma que excluye posibles robos, apropiaciones indebidas, estafas y otras figuras penales.
Es decir, la tasa de militantes de la Iglesia Católica que delinquen es tres veces más elevada que la media, ¡como mínimo!
¿Qué canastos predica el hipócrita Ratzinger rebautizado Benedicto XVI?… La Iglesia católica, ¡que no los cristianos!, es un pozo de ignominias. Datos cantan.
Fuente: Imp-Pulso
Licencia: ColorIURIS
Endurecimiento de los castigos penales en España
El profesor de Criminología de la Universidad de Barcelona Santiago Redondo presentó hoy en Santiago de Compostela el libro ‘In-tolerancia cero’, con el que busca denunciar el «desbocado» endurecimiento de los castigos penales que, según dijo, es fruto de una sociedad que demanda «un incremento terrible» de sanciones «para todo».
Redondo denunció la «inflación normativa» que tiene lugar debido a la «creencia ingenua» de que crear más leyes «puede arreglar los problemas». Así, el autor destacó «el control desbordado» que da lugar a una vida «menos libre» en la que la seguridad se usa como excusa para «controlar».
Además, definió a la actual sociedad española como «penalmente reaccionaria» ya que, según dijo, no existe ningún estudio que confirme «esa teoría de que son mejores 30 años que 20 de cárcel». También alertó sobre «el paso atrás» que suponen la pena de muerte o la cadena perpetua.
Junto a esto, Redondo señaló que el libro intenta «quitar hierro» ante algunas cosas que se presentan como «terribles» e incidió en que no es una obra científica, sino un «ensayo distendido».
Por su parte, el catedrático de Psicología Social de la USC Jorge Sobral resaltó la importancia de que la sociedad conozca que los delincuentes pueden ser tratados psicológicamente con «más éxito de lo que se cree» y abogó por el papel de rehabilitación. «No se trata del tiempo que una persona esté en la cárcel, sino de lo que hace en ella», sentenció Sobral.
ESPECTÁCULO MEDIÁTICO
«Populismo punitivo», de esta manera definió Sobral la «espiral diabólica» que se crea cuando se oyen voces que denuncian que las «leyes son blandas». Subrayó que la «opinión publicada» –a la que diferenció de la opinión pública– demanda más dureza cuando se produce un crimen puntual, y puso a modo de ejemplo que más del 90 por ciento de los agresores sexuales no son reincidentes, «pero con eso no se venden periódicos». Además, criticó duramente el papel de algunos medios que contribuyen a crear «un país espectáculo».
Finalmente, tanto Sobral como Redondo subrayaron que «esa vorágine poco crítica» da lugar a que no exista una reflexión en la sociedad sobre las consecuencias, por ejemplo, económicas. Así, recordaron que España lidera la tasa de población penitenciaria por cada 100.000 habitantes en la Unión Europea, y recordaron el gasto innecesario que se produce con muchos de estos reclusos, que «padecen castigos ineficaces».
Fuente: ep
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Enlaces relacionados:
– El gran dilema: pena de muerte o prsión perpetua … Marisol Collazos
La Audiencia de Alicante pide derogar las faltas por su fracaso ante la pequeña delincuencia
El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, ha pedido la derogación de las faltas del Código Penal y que éstas pasen a ser consideradas como delito, ante su fracaso en la lucha contra la pequeña delincuencia.
Magro aclaró que la medida no persigue endurecer las penas ya que se trata de permitir la aplicación de programas formativos y de reeducación para sus autores. En caso de que reincidan, jueces y fiscales contarían con los medios para poder ingresarlos en prisión. El informe con la propuesta ha sido remitida a los ministerios de Justicia y de Interior para que la evalúen. Se estima que en la provincia de Alicante se cometen una media de entre 50000 y 60000 faltas al año.
El presidente de la Audiencia justificó la medida ante la gran alarma social que está causando la impunidad de estos hechos. «Podemos hablar de un tremendo fracaso en la respuesta del sistema penal a los hechos que en la actualidad son considerados como leves, pero que conllevan serios y graves problemas a la convivencia en sociedad», dice el estudio.
Pequeños hurtos, daños, lesiones leves, los grafitis, el abandono de jeringuillas en la vía pública, la desobediencia a los agentes de la autoridad (la vía por la que se está persiguiendo en Alicante a los gorrillas) son algunos de los treinta hechos que están contemplados como falta en el Código Penal. Las penas que se prevén para estas infracciones son el pago de una multa, la localización permanente y, en algunas ocasiones, trabajos en beneficio de la comunidad. Magro no duda en calificar como de «nula eficacia» este sistema de penas. «Lo realmente grave es la reiteración con la que se cometen estos hechos, al saber perfectamente la nula respuesta penal que el Estado impone a sus autores», asevera. En la comisión de trabajo que tienen los jueces y la Policía del año pasado se dio un dato revelador: sólo veinte delincuentes cometían el 90% de los hurtos de la ciudad de Alicante.
La localización permanente no se puede controlar y obliga a una carga de trabajo a una ya de por sí sobrecargada Policía Local, que es quien debe desplazarse al domicilio del condenado para comprobar si está cumpliendo la medida, argumenta Magro. En este sentido, recuerda el fracaso que ya tuvo en su día la pena de arrestos domiciliarios. Los trabajos en beneficio de la comunidad están teniendo muchos problemas por la falta de plazas y de funcionarios para controlar. Por último, las multas prevén la prisión en caso de impago, pero no garantizan que la víctima pueda cobrar la indemnización que le corresponda.
Magro descarta que con esta propuesta se pretenda endurecer las penas. Al tipificar estos hechos como delito, según Magro, cabría la posibilidad de suspender las penas a los condenados y aplicar programas formativos o de reeducación. Mediante estos programas se puede cambiar la conducta futura del autor de los hechos, mediante la advertencia de que ya tiene antecedentes penales y por tanto tendría que ir a prisión si volviera a delinquir. Además se vigila la posición de la víctima, ya que para que se le suspenda la pena al condenado tiene que haber pagado al perjudicado las indemnizaciones.
Hace más de seis años, se aprobó una reforma del Código Penal por la que en los casos de daños y de hurtos, cuando un acusado acumulara cinco de estas faltas se transformaban automáticamente en delito, Sin embargo, esta medida jamás se ha aplicado ante la falta de un registro que permita llevar la contabilidad de todos las faltas por las que ha sido acusado el reo.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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La construcción del mito de la peligrosidad de los inmigrantes
La creciente presencia de extranjeros en las cárceles españolas es utilizada para reforzar el estereotipo de su “peligrosidad social”. Sin embargo, se trata de una lectura superficial que oculta las verdaderas causas.
Desde hace ya algunos años, la relación entre inmigración, delincuencia y sistema penal es un tema muy debatido y controvertido de la agenda política europea. Sin embargo, en momentos de plena campaña electoral como la vivida en el Estado español hace unas semanas, hemos escuchado una lectura superficial de las cifras que se manejan, sobre todo cuando se relaciona el número de inmigrantes entre rejas con la población inmigrante en general para reforzar el estereotipo de su “peligrosidad social”.
En las cárceles españolas hay alrededor de 68.000 personas reclusas, de las cuales el 36% son inmigrantes, cuando estos últimos constituyen poco más del 10% de la población total, proporción que se repite en casi todos los países de Europa occidental. ¿Significa eso que los recién llegados son más peligrosos? Varios estudios sobre las causas de esta sobrerrepresentación ofrecen una lectura alternativa.
La casi totalidad de los delitos cometidos por extranjeros está relacionada con el tráfico de drogas en pequeña escala y con los hurtos, acciones vinculadas más a una situación de precariedad social y económica que a una supuesta subcultura violenta o a un modelo cultural retrasado. Dicho de otra manera, no se puede demostrar ninguna tendencia a delinquir relacionada con el fenómeno migratorio, por el contrario es evidente el carácter instrumental de estos delitos, ante la necesidad de encontrar los medios de subsistencia negados por el mercado de trabajo, y más en general, por una regulación de corte básicamente represiva de la inmigración. Lejos de la imagen mediática y política de una cárcel repleta de asesinos y violadores “extranjeros”, la realidad es más cercana a la prisión como lugar de aislamiento y de condena de los que son empujados al margen de la vida económica y social. Y esta inestabilidad marca toda la experiencia carcelaria de los inmigrantes.
La imposibilidad de pagar una defensa de calidad, junto a hipotéticos indicios de poder eludir la justicia, hacen que los juicios se vuelvan una acción mecánica y rutinaria, en la cual no se está juzgando sólo el delito, si no una serie de variables socio-económicas. No extraña, entonces, que la tasa de las personas extranjeras en condición de preventivo sea más del doble de la población autóctona, llegando hasta extremos de dos años de cárcel sin que se haya celebrado el juicio, y que las condenas sean más largas sobre todo en el caso de inmigrantes irregulares.
Dentro de las cárceles
En el interior del ámbito carcelario, la situación se hace todavía más dramática: desamparo, falta de información y asesoramiento sobre los procedimientos penales, imposibilidad de reivindicar las prestaciones a las cuales tiene derecho cada recluso, necesidad de actuar como un “buen inmigrante preso” para lograr los beneficios que los funcionarios penitenciarios conceden a su total discreción: son estos los aspectos destacados por las investigaciones realizadas en el interior de los penitenciarios. A eso, hay que añadir una explotación de la fuerza laboral extranjera: debido a la falta de recursos económicos, los inmigrantes tienden a monopolizar los llamados “destinos de pago”, trabajos en el interior de la prisión que van hasta las diez horas laborales cotidianas por un sueldo que pocas veces supera los 400 euros por mes.
Por otro lado, la oferta formativa y profesional de la institución penitenciaria, o sea cursos de idioma y talleres profesionales, es caracterizada por una permanente falta de recursos y por la baja capacitación laboral, ya que casi el 90% del presupuesto penitenciario se gasta en tareas de seguridad. Y tampoco resulta ser de gran utilidad para la inserción laboral de los inmigrantes, puesto que todos los títulos eventualmente obtenidos llevan el sello de la prisión, juntando de tal manera el estigma todavía muy difuso que acompaña a los ex presos con la condición de inmigrante.
En el momento de salir de la cárcel, es cuando la situación se vuelve paradójica: aparte de la orden de expulsión que automáticamente se otorga a los extranjeros condenados y que sólo en muy pocos casos se hace efectiva, al salir de la cárcel los inmigrantes, no pueden, según la Ley de Extranjería, obtener permiso de residencia o trabajo justamente por tener antecedentes penales y hasta que estos últimos no se hayan prescrito. Eso significa reproducir aquellas causas que, en la mayoría de los casos, han llevado a los inmigrantes a caer en la “tentación” del delito, obligándoles a una invisibilidad que les deja pocas alternativas para cumplir con su proyecto migratorio y perpetrando, de esta manera, el círculo vicioso entre precariedad socio-económica y sistema penal.
Así se construye el mito de la peligrosidad social de los inmigrantes y se manifiesta la voluntad, por parte de los aparatos políticos, económicos y sociales de luchar contra pobres y minorías, de encerrarles donde no se les pueda ver y donde no puedan perturbar el orden social constituido, y no actuando contra la pobreza. Un ladrillo más en la edificación de la Europa fortaleza.
Fuente: Periódico Diagonal
La edad en la que los jóvenes inician conductas delictivas está entre los 13 y 14 años
El Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha, dirigido por la catedrática de Psicología Básica de la UCLM Cristina Rechea Alberola, y a petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha realizado un estudio sobre conductas antisociales y delictivas de los jóvenes en España en el marco de un análisis más amplio del CGPJ sobre la jurisdicción de menores. Según el mismo, esta edad se sitúa entre los 13 y los 14 años.
El estudio dirigido por Cristina Rechea responde a una metodología criminológica –el autoinforme sobre delincuencia juvenil– testada en Estados Unidos y Europa, que permite conocer mejor los delitos cometidos por adolescentes y jóvenes, aunque no hayan sido detectados o denunciados. El informe destaca, entre otros datos, que a partir de los 13 años los jóvenes comienzan a presentar este tipo de comportamientos.
Según el trabajo que ha dirigido la profesora Rechea, un 98% de los jóvenes encuestados han cometido algún tipo de conducta antisocial o delictiva alguna vez en su vida y que un 72,4% lo ha hecho en el último año.
No obstante, una de las conductas que más alarma crea, «participar en peleas», ha tenido una prevalencia del 25% de adolescentes, alguna vez en la vida, y del 8,1% en el último año. El resto de las conductas violentas o contra la propiedad no alcanzan el nivel del 5% de jóvenes participantes. Además, la frecuencia con la que se cometen estas conductas es baja, excepto actos como: bajarse música del ordenador, que se hace casi a diario, y beber alcohol que se hace de 2 a 3 fines de semana al mes.
En cuanto a la edad de inicio, el estudio la sitúa en jóvenes entre los 13 y 14 años, coincidiendo con los cursos de 2º y 3º de la ESO, precisamente aquellos que son considerados por los educadores y expertos como los de mayor riesgo y conflictividad. Los actos antisociales más frecuentes que se realizan a esa edad temprana son: dañar algo aposta, pegar un tirón a alguien para quitarle algo, robar algo de una tienda, consumir cerveza, vino y calimocho.
Otro dato a destacar es que las conductas antisociales y delictivas aumentan con la edad y alcanza su nivel máximo en torno a los 17 años. A partir de la mayoría de edad los hábitos que aumentan son los del consumo de drogas, y el resto se mantienen e incluso descienden.
POR SEXO Y PREVALENCIA
Por lo que concierne a los sexos, el trabajo señala que las chicas tienen, en general, una conducta muy similar a la de los chicos: la prevalencia es semejante, aunque ligeramente inferior, y también lo son el tipo de conductas mayoritarias, la frecuencia con que se llevan a cabo, y la edad de inicio.
No obstante, cuando el análisis se centra en las conductas más graves el número de chicas involucradas en las mismas es siempre menor.
En cuanto a la prevalencia, estos comportamientos aumentan entre adolescentes con amigos que participan en conductas antisociales y delictivas. Otro factor que incrementa el riesgo de llevar a cabo este tipo de actuaciones es vivir en un medio urbano, destacando que el ser emigrante o hijo de padres emigrantes no incrementa el riesgo entre los adolescentes estudiados; al contrario, actúa como moderador del riesgo.
Tal y como se recoge en el estudio a modo de conclusión: «Estamos ante una mayoría de adolescentes que comentan alguna conducta antisocial y/o delictiva como parte de su desarrollo normalizado, de forma ocasional, experimental en muchos casos, y que las abandonarán con la madurez».
«A pesar de ello, existe una minoría, en torno al 5% y un 10% que tienen una alta participación en estos hábitos. Éstos han tenido conductas más graves, han participado en una variedad alta de conductas de forma más frecuente que el resto de sus coetáneos», apuntan los autores.
Dicho estudio se ha elaborado a partir de una encuesta realizada a 4.152 menores escolarizados, de los que 2.040 (49,2%) fueron chicos, y 2103 (50,7%) las chicas encuestas, todos ellos con edades comprendidas entre los 12 y 17 años, desde primero de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) hasta segundo de Bachiller y Formación Profesional, en centros públicos, privados y concertados de todo el país.
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Fuente: Europa Press
Cuando la moda es delinquir
Así como hace algunos años estuvieron de moda los trompos y los yoyos, hoy el juguete más codiciado es una serie de video juegos que muestran robos de carros y asesinatos, donde los muñecos electrónicos se reencauchan después de una balacera y se ganan puntos por robar, atracar y matar. Algunos de estos juegos diabólicos vienen incorporados en la súper maquina electrónica Xbox. El peor de todos, pero no el único, que se conoce por su nombre en inglés, es Grand Theft Auto (Gran Robo de Carros). Otros, como San Andreas, se adquieren pirateados en expendios que todos los niños y adolescentes conocen y a los que más y más padres desprevenidos son llevados por sus hijos de cabestro para que les compren los ‘chiviados’ juegos, cuyo contenido es una apología del delito. Como comprar de contrabando no es malo dentro de nuestros viciados códigos de ética, el padre sale feliz, pues adquirió el preciado juguete a una décima parte del valor real.
¿Cuántos padres y madres desconocedores de la electrónica moderna, pensando que sus hijos están haciendo tareas, se desentienden de ellos mientras que el niño está recibiendo mensajes subliminales de cómo convertirse en un antisocial? En estos días, en un prestigioso colegio suspendieron a tres niños por robarle $6.000 de la billetera a una niña y en otro se prohibió llevar celulares y calculadoras, pues el colegio no podía responder por ellos. Hace algunos años, estudiantes de último año de bachillerato de otro plantel educativo, igual de prestigioso, se robaron los exámenes del Icfes e, increíble pero cierto, sus padres, algunos pilares de la sociedad, hicieron cambiar al rector porque no los iba a dejar graduar.
En Estados Unidos, donde ya ha pasado que salen adolescentes de las salas de videojuegos a echarle bala a transeúntes o a compañeros de clase, los televisores tienen forma de excluir programas violentos y no aptos para menores. Igualmente, en el primer mundo, los videojuegos vienen con restricciones y ningún vendedor recomienda que se compren aquellos que no correspondan a la edad del niño o niña.
Aquí en Colombia, nos preguntamos cómo un Fernando Botero Zea, hijo del mejor pintor colombiano y una mecenas de la cultura, terminó sin saber la diferencia entre el bien y el mal. Se dice que los hijos son el reflejo de la familia, sin embargo, estudios sobre delincuencia muestran que hay muchos factores que marcan los valores del adulto joven, entre ellas la presión del grupo y la tolerancia de la sociedad. ¿Por qué Colombia es vendedora de coca y Ecuador no? ¿Será que acaso nuestro valores están trastocados y hay poca sanción social? Y así como la ex canciller se retiró a ayudar a sus parientes, en vez de alejarse de ellos, en otros casos se juzga socialmente por delitos no cometidos a familiares inocentes hasta el cuarto y quinto grado de consanguinidad, como si un abuelo o abuela en común uniera para siempre a todos los miembros de una extensa familia, tanto los buenos como los malos.
Fuente: ElPais.com.co
