El premio nobel de Medicina Richard J. Roberts acusó este lunes a los intereses políticos de algunos partidos, sobre todo ecologistas, de “satanizar” los alimentos transgénicos, cuando no existen evidencias científicas sobre sus prejuicios para la salud y “son una solución para combatir el hambre en el mundo”.
Roberts, que inauguró este lunes un congreso de Biotecnología en La Habana, indicó que “no hay ni una sola escuela científica en el mundo que encuentre peligrosos para la salud los organismos genéticamente modificados (OGM)”.
Roberts recordó que la carencia de alimentos es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad en los próximos años, “mayor que las guerras o las enfermedades”, ante el previsible aumento de la población, que afectará únicamente los países en vías de desarrollo, no a los desarrollados.
Sobre la campaña para demonizar estos organismos, Roberts dijo que esos mensajes provienen fundamentalmente de la Unión Europea, que ha prohibido este tipo de cultivos como parte de una “estrategia política” para evitar que multinacionales como Monsanto controlen la distribución de alimentos en su territorio.
“Es algo muy peligroso, incluso trágico”, señaló Roberts, ya que lanzan ese mensaje también a los países en vías de desarrollo, donde sí que necesitan los cultivos transgénicos para cumplir con la demanda de alimentos de sus habitantes.
El nobel responsabilizó a los partidos verdes y organizaciones ecologistas como Greenpeace de encabezar esa corriente de opinión contraria a los transgénicos, mientras “millones de personas mueren todavía por falta de alimentos”.
“Debería considerarse un crimen contra la humanidad y deberían enfrentar un juicio contra los tribunales internacionales por ello”, aseveró este científico que obtuvo el Nobel en 1993 por su trabajo sobre los intrones, fragmentos de ADN que no contienen información genética. “Necesitamos más ciencia dentro de lo político y menos política en el mundo de la ciencia”, añadió.
Las ilegalidades se cometieron en la finca de El Mojón, que la asociación posee en el camino de la Rogativa, cerca de El Sabinar, una zona enclavada en un paraje de alto valor ecológico y que, según fuentes municipales, ocupa un espacio protegido. El municipio de Moratalla cuenta en esta zona con dos lugares de importancia comunitaria (LIC), el de Revolcadores y el de la Rambla de la Rogativa.
Las infracciones cometidas van desde la construcción de dos cabañas de madera hasta la edificación de una vivienda de dos plantas con un porche. Algunas de las construcciones ya están concluidas y sus titulares han pagado las multas impuestas, si bien las fuentes municipales consultadas dudan de que las viviendas sean legalizables, dado que se encuentran en suelo no urbanizable.
Paralización de las obras
Uno de los expedientes se incoó contra Francisco Toledo el 29 de abril de 2002 al descubrir los técnicos municipales, tras una inspección urbanística, la construcción de una cabaña de madera sobre una plataforma de hormigón y un porche adosado, además de un habitáculo para placas solares, todo ello rodeado con una valla con puerta metálica.
El arquitecto técnico municipal valoró la obra ejecutada en 20.194,02 euros y al alcalde de Moratalla, el popular Antonio García Rodríguez, que gobernaba con el apoyo de IU, resolvió en octubre de 2003 multar al titular de la obra con 4.038,80 euros, equivalente al 20% del valor de lo construido.
Toledo solicitó la preceptiva licencia tras serle comunicada la apertura del expediente de infracción y, acogiéndose a las ventajas que ofrece la ley, pagó el 50% de la multa tras aceptar la sanción y comprometerse a legalizar la obra.
Otra inspección urbanística descubrió en diciembre de 2002 otra obra ilegal en la misma finca de Volver a la Tierra. Se trataba de una estructura y solera de hormigón para una cabaña de madera de 133 m2 realizada sin licencia municipal.
El alcalde ordenó la paralización de las obras, que tampoco fue cumplida por el titular de la vivienda, José Dólera Martínez, y abrió expediente sancionador, resuelto con una multa de 11.510,59 euros en diciembre de 2004. Al igual que en el caso anterior, el infractor aceptó la sanción y pagó sólo el 50%.
El caso más reciente y que se considera más grave es el protagonizado por Juan Martínez Martínez, integrante de la directiva de la asociación, quien solicitó y se le concedió una licencia para una nave agrícola en los mismos terrenos y acabó construyendo una vivienda de dos plantas y porche.
Fuente: LaVerdad.es