La parca se ha llevado en una semana a dos tiburones de este Mar de los Sargazos que son la economía y las finanzas en la “marca”. Ya es otoño en el Corte Inglés y, a lo que se ve, en la casta, sometida a un feroz proceso de renovación por vía mortuoria.
Bye, bye, a un monarca rijoso y trincón, a un “socialista” de cargo eterno y moqueta, a un evasor fiscal a gran escala y a un depredador de los derechos sindicales, protegido del “régimen” –especialmente en huelgas y manifestaciones -.
Lloran las plañideras a sueldo, desde los redomados fachas con columna mundanal y vomitiva hasta los radiofonistas de estómago y cuenta corriente agradecida. El país da asco ajeno, con princesas pre imputadas en los funerales y lo “mejor de cada casa” glosando a los fiambres.
Nadie se acuerda de los miles y miles de desahuciados, de los suicidados por quítame allá una hipoteca, ni de los “piquetes empresariales”, para que el “Corte” funcionara a pesar de todo, derechos laborales y de huelga incluidos.
Hay quien, con ilusión, alimenta la idea redentora que pueda ser una plaga, un ángel exterminador que persiga a esta casta de presidentes a la violeta y secuestradores de la libertad popular en forma de grúa financiera y corruptora.
-Don Isidoro, dele una oportunidad a mi platanito.
-Espera hombre, que estoy hablando con Suiza.
-Démela por Franco y su falange.
-Espera Dimas, ve cantando el “cara al sol”.
La naturaleza de esta grey, incluido el 3 o el 5 % al “molt honorable”, hace putrefacto todo lo que toca. De hecho este país está podrido hasta las trancas, no hay más que oír al Herrera, después de haber vomitado.
Dicen que el de los tirantes empezó de botones y que el del “corte” era sastre en Cuba. Mentira, tan podrida como sus sobres y sobresueldos, eran nietos de millonarios antes de ser concebidos. Se pegan el moco de la “cultura del esfuerzo”, cuando lo que priva es la “del soborno y el trinque” organizada, legislativamente, por los políticos amigos y comprados a precio de ministro de Hacienda amnistiador.
Ampliar en: Lucas Leon Simon
El auto del Alto Tribunal ratifica el fallo anterior, en idéntico sentido, dictado en junio de 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que declaró que seis trabajadoras pertenecientes al referido centro, que presentaron demanda a través de los servicios jurídicos de CC.OO, habían visto vulnerado su derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo.
Para el tribunal castellanoleonés, cuyo falló se ha visto ahora confirmado por el Supremo, se habían aportado indicios suficientes que demostraban esa vulneración y, sin embargo, El Corte Inglés no acreditó que los criterios que aplica a la hora de abonar el complemento personal sean objetivos y transparentes.
En concreto, el Supremo ha condenado a la empresa a abonar a las trabajadoras un complemento como mínimo igual que el de los hombres (frente a la situación anterior, por la que resultaba un promedio de 81,81 euros por trabajadora y 199,60 por trabajador), y una indemnización de 2338,24 por las diferencias entre los complementos.
El Corte Inglés recurrió la sentencia del TSJCyL ante el Supremo, órgano que, a través de un auto de fecha 24 de abril de 2014, establece que la empresa «no ha aportado elementos novedosos y relevantes que desvirtúen el contenido del fallo inicial y que por tanto no cabe admitir el recurso de casación», lo que confirma definitivamente el derecho de las demandantes.
Así, el gigante de la distribución está obligado a cesar en su conducta discriminatoria en el aspecto salarial, reconocer a las trabajadoras el derecho a percibir como mínimo un complemento personal igual que el de los hombres y a abonar a cada una de ellas una indemnización por las diferencias existentes entre su complemento y el percibido como promedio por los trabajadores hombres.
Fuente: elDiario.es
Jaime Mayor Oreja es uno de los políticos en activo del PP que más acérrimamente defiende los “valores” del nacionalcatolicismo fascista. Su posición en cualquier tema: aborto, sanidad, educación está tan escorada a la ultraderecha que muchas veces haría pasar por blando a cualquier inquisidor de la tenebrosa Edad Media cristiana. Pues bien, resulta que varias de las mayores multinacionales españolas apoyan financieramente sus antidemocráticas, sesgadas, sexistas, anticientíficas, retrógradas y discriminadoras posturas.
Fuente: Diario de un ateo
¿Qué es una empresa transnacional? ¿Qué papel juegan los ‘lobbies’ o la diplomacia económica? ¿Qué resistencia se puede ejercer frente al poder que despliegan las multinacionales? Para dar respuesta a este tipo de preguntas el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad del País Vasco, Juan Hernández, que ha comparecido para dar su visión en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, ha publicado el ‘Diccionario crítico de empresas transnacionales’ junto a Erika González y Pedro Ramiro. El libro recoge desde una perspectiva crítica las reflexiones de diferentes profesores procedentes de la universidad, miembros de ONG, organizaciones sindicales y movimientos sociales acerca de las empresas transnacionales. Hernández aboga por implantar medios de control para enfrentar el poder de las grandes corporaciones y que catástrofes como el derrumbe de un edificio de talleres textiles en Bangladesh, que ya ha matado a más un millar de personas que intentaban ganarse la vida, tenga consecuencias penales para los directivos de las multinacionales que encargaban allí la ropa.
Pregunta. ¿Cómo se puede controlar a las empresas transnacionales?
Respuesta. Es complicado porque la responsabilidad de la empresa transnacional se sostiene sobre el estado donde invierte, comercia o compra. Por ejemplo, Mango y El Corte Inglés van a Bangladesh y solo responden ante ese gobierno. La arquitectura jurídica está pensada para que cumplan la legislación de Bangladesh y punto. Y en el caso de ese país, la legislación laboral está sometida a un modelo neoliberal brutal. Es decir, los trabajadores tienen unas condiciones laborales en cuanto a salario, descanso…. propias de la Revolución Industrial. No hay ningún control ni inspección, de ahí que se haya caído la fábrica en Bangladesh. Las transnacionales se instalan allí porque la tasa de beneficio es altísima gracias a la explotación que sufren los trabajadores.
P. ¿Y cómo se puede romper ese círculo?
R. Pues hay que buscar mecanismos de control acordes con los tiempos: extraterritorialidad. Eso significa que las empresas transnacionales no solo estén sometidas a la legislación del país donde tiene la fábrica. Es un escándalo que no se puedan juzgar tanto a El Corte Inglés como Mango en España por lo que ha sucedido en la fábrica de Bangladesk donde se producía ropa para éstas y otras multinacionales. Cuando se dan hechos de alta gravedad relacionados con los derechos humanos y está implicada una multinacional española debería intervenir un tribunal nacional. Se trata de extraterritorializar la situación y que los directivos de esas empresas den cuenta del beneficio que obtienen y si conocían las condiciones en las que se desarrollaba el trabajo. Es inconcebible que no haya una responsabilidad civil y penal.
Entrevista completa en: eldiario.es
Ahora que El Corte Inglés (entre otras grandes cadenas de diversos paises) ha reconocido que producía ropa en el edificio siniestrado en Bangladesh con el trágico balance de cientos de trabajadores muertos y que además afirma no tener ninguna responsabilidad sobre lo ocurrido es hora de una pequeña reflexión.
Fuente: Diario de un ateo
El Corte Inglés es una de las empresas que ha reconocido su relación con las fábricas que operaban en el edificio Rana Plaza, situado a pocos kilómetros de Dacca, la capital de Bangladesh, y cuyo derrumbamiento ha causado casi 400 víctimas mortales y más de un millar de heridos (las cifras definitivas tardarán todavía en establecerse). “Ha habido relación con una de las cuatro fábricas afectadas”, señaló la firma española a través de un comunicado, y en ella “se había producido un número reducido de prendas”.
La empresa asegura que desde hace tiempo supervisa las condiciones sociales y laborales de sus empresas proveedoras en otros países a través de la Business Social Compliance Initiative (BSCI), un organismo internacional del que forman parte numerosas multinacionales, pero que no se ocupa de la situación de los edificios.
De hecho, la propia BSCI reconoce que tenía conocimiento del riesgo que representaban los edificios industriales de Bangladesh antes de lo ocurrido la semana pasada. Lo que ha pasado con el hundimiento del Rana Plaza no es un hecho aislado, ha tenido lugar “después de varias recientes tragedias relacionadas con el fuego en Bangladesh”, señalan en una nota de prensa. El país, admite la BSCI, no es capaz de garantizar las condiciones de seguridad de sus edificios industriales y ni siquiera “aplica correctamente” las leyes que tiene en vigor en materia de edificaciones.
Con todo, no es El Corte Inglés la única empresa que ha tratado de explicar su relación con el Rana Plaza. C&A, la cadena de origen holandés con base en Bélgica, niega cualquier vínculo con el edificio cuyo hundimiento ha causado más de 360 víctimas mortales. Thorsten Rolfes, su responsable de Comunicación, señaló esta semana que un antiguo importador europeo de C&A tenía instalaciones allí pero que no tienen ninguna relación con él desde octubre de 2011.
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El desastre ha vuelto a poner de manifiesto las malas condiciones laborales y de seguridad que sufren los trabajadores de talleres textiles en el país asiático, que abastecen a multinacionales occidentales, como las implicadas en este siniestro, por ejemplo El Corte Inglés .
La policía arrestó hoy al dueño del edificio que se derrumbó el miércoles y que albergaba varias fábricas textiles en Bangladesh (Bengala del Este), por lo que la búsqueda policial de responsables del siniestro se limita ahora a dos individuos, que se encuentran fugitivos, incluido un empresario español.
Según informó la agencia local UNB, el empresario de nacionalidad española que se encuentra en paradero desconocido es David Mayor, director general de una de las fábricas textiles que se alojaban en la el edificio que se desplomó esta semana a las afueras de Dacca.
La página web de esa compañía afirma que el taller textil se encontraba localizado en la cuarta planta del edificio Rana Plaza, el cual se derrumbó el pasado miércoles, y que según el último recuento ha dejado 371 muertos y miles de heridos.
Uno de los socios locales del español, Aminul Islam, fue arrestado ayer, al igual que otros dos empresarios relacionados con las compañías textiles presentes en el inmueble siniestrado, según fuentes policiales del país asiático.
El arrestado hoy, el dueño del edificio Sohel Rana, pertenece a la rama juvenil de la Liga Awami -el partido gobernante en Bangladesh-, y fue encontrado por la policía bangladeshí cerca de la frontera con la India, a donde trataba de huir. El otro hombre que se halla prófugo es el padre de Sohel Rana, Abdul Khaleque Bepari, de acuerdo con UNB.
La Policía Industrial había acusado a los propietarios de las fábricas de ignorar las grietas que aparecieron en el edificio de ocho plantas el martes y de obligar a los empleados textiles a acudir a sus puestos de trabajo a pesar del riesgo que corrían.
«Ninguno de nosotros quería entrar al edificio, pero nuestros jefes nos forzaron», dijo el día del accidente Nurul Islam, uno de los trabajadores heridos, al portal de noticias Bdnews24.com.
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Un juzgado de Vitoria ha condenado a El Corte Inglés S.A. a indemnizar a un cliente por incumplir la publicidad de una campaña publicitaria que ofertaba vuelos nacionales gratuitos por compras en la web de este comercio superiores a 100 euros.
La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vitoria, por la que se condena a este establecimiento a indemnizar con 630 euros al demandante, es de gran importancia a juicio de la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE), porque establece «el carácter contractual y exigible que tiene la publicidad».
La resolución, que es firme, recuerda que El Corte Inglés, S.A. de Vitoria llevó a cabo una promoción denominada «Compra y Vuela» que consistía en regalar dos billetes de avión ida y vuelta con «Air Europa» a cualquier destino nacional (península, Baleares y Canarias) y sin exclusión de fechas hasta el 30 de noviembre de 2008 a los clientes que hicieran un pedido en su página web por un importe de más de 100 euros.
El cliente hizo una primera compra en la web de 162,01 euros el 19 de abril de 2008 y, posteriormente, una segunda por valor de 176 euros el 8 de mayo de ese mismo año. Sin embargo, en ambas ocasiones se le dijo que no había plazas disponibles en los vuelos deseados, pese a que reunía los requisitos fijados en la publicidad.
Ante estas negativas, el afectado acudió por su cuenta a «Air Europa» y consiguió y pagó de su bolsillo los dos billetes para volar desde Bilbao a Lanzarote, ida y vuelta, en octubre de 2008, como había solicitado a «El Corte Inglés».
Como con esta compra demostró que sí existían plazas de avión y que la publicidad era engañosa, el cliente acudió a la oficina territorial de Álava del Departamento de Industria, Comercio y Turismo y a la UCE para pedir que el comercio le devolviera el importe de los billetes, aunque la intervención de estos organismos no dio resultado.
630 euros de indemnización
Por ello, denunció judicialmente a «El Corte Inglés» que, a su vez, rechazó la demanda al entender, por un lado, que esta había prescrito y, por otro, que había cumplido el contrato publicitario y que la disconformidad del cliente se refería «tan solo al obsequio».
La sentencia judicial, sin embargo, señala que la publicidad es un contrato y que el consumidor cumplió con lo estipulado en la promoción «Compra y Vuela», mientras que «El Corte Inglés, S.A.» no respetó lo establecido en su publicidad.
«Si el demandante hubiera conocido esa falta
de disponibilidad de vuelos, o por lo menos en algunas fechas, que no constaban en la oferta publicitaria, no habría realizado esos dos pedidos a través de la página web», señala el fallo, que condena por tanto al comercio a pagar los 630 euros e intereses legales al demandante.
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