Naciones Unidas incluyó hoy a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) entre los 16 grupos armados del mundo que violan de manera sistemática los derechos de la infancia.
Las dos fuerzas guerrilleras colombianas aparecen en la lista de los mayores reclutadores de niños soldados del planeta, que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha incluido por primera vez en su informe anual sobre la situación de los niños en los conflictos armados.
Ban acusa a estos grupos armados de ser los «violadores más persistentes» de los derechos de la infancia, por haber aparecido en al menos cinco ocasiones anteriores en este estudio que remite cada año al Consejo de Seguridad del organismo.
Además de los insurgentes colombianos, en este registro se encuentran movimientos rebeldes de Darfur, los talibanes afganos, Al Qaeda, las milicias islámicas somalís Al Shabab o la guerrilla ugandesa del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), así como la policía nacional afgana o el Ejército sudanés.
El secretario general también incluye por primera vez en el documento una lista, con dos nombres, sobre los grupos que matan y mutilan a menores, así como otra, con siete, de los que violan y cometen agresiones sexuales contra niños.
En el caso de Colombia, el informe del secretario general lamenta que en 2009 «el reclutamiento y uso de menores fuera una práctica habitual, sistemática y extendida de los grupos armados ilegales».
Además, denuncia que las FARC y el ELN emplearon a estos niños soldados «en combates, para reclutar otros menores, así como espías, esclavos sexuales y asistentes logísticos».
También cita un reporte de la fiscalía colombiana que habla de 156 casos de reclutamiento de menores entre enero de 2008 y agosto de 2009, que involucran a 633 niños.
«La resistencia o los intentos de escapar han expuesto a algunos de estos niños a la tortura o la muerte», resalta el documento, en el que además se denuncia que muchas menores se quedan embarazadas para evitar ser incorporadas por la fuerza a las filas de los insurgentes.
Asimismo, el documento señala que los grupos armados surgidos de los antiguos paramilitares de las Autodefensas también reclutan a menores.
Por otra parte, se hace eco de las denuncias de que el Ejército colombiano ha utilizado a menores en tareas de inteligencia, particularmente en zonas rurales del Valle del Cauca, y critica programas cívico-militares destinados a los menores, como el de los «lanceritos», que pueden ocasionar represalias por parte de la guerrilla.
El secretario general de la ONU lamenta que la población infantil siga siendo blanco de ataques guerrilleros indiscriminados, o que estos mismos grupos amenazan con matar y ejecuten a menores que sospechan son informantes de las autoridades.
La ONU considera que en un conflicto se producen graves violaciones a los derechos del niños cuando se dan casos de reclutamiento de menores, se mata o hiere a niños, se les viola y secuestra, se atacan sus escuelas y hospitales o se les niega asistencia humanitaria.
De acuerdo a estos parámetros, el informe cita 20 conflictos en los que los combatientes no respetan los derechos de la infancia.
Estos son los que tienen lugar en Afganistán, Burundi, la República Centroafricana, Chad, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Haití, Irak y Líbano.
También menciona los casos de Birmania, Nepal, los territorios palestinos ocupados, Israel, Somalia, Filipinas, Sudán, Tailandia, Sri Lanka, India, Uganda y Yemen.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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Los computadores de Uribe y Santos son los testigos jurídicos ideales de toda la historia de la humanidad
Por: Alberto Salazar
En 1968 dos expertos franceses en computadoras publicaron el libro “Las computadoras. Mitos y realidades”. Allí escribieron: “El público está mal informado sobre la realidad física de las computadoras, sobre su uso. Se le han ofrecido indicaciones equivocadas, secretos de un misterio, fórmulas lapidarias”.
Yo sostengo que en 2010 esa idea sigue estando vigente. Reconozco que una sustancial cantidad de ciudadanos posee ahora alguna computadora digital y posiblemente haya accedido también a la Internet, pero sigue interactuando con esos sistemas a través de interfaces gráficas, que esconden la realidad de cómo operan en verdad las computadoras y la Internet. Los usuarios finales observan papelitos volando de un lado a otro mientras un programa invoca llamadas al sistema para copiar un archivo de datos de la memoria RAM a un dispositivo de memoria removible y portátil con interfaz USB. Ve las imágenes e ignora todo lo que realiza el sistema.
Así por ejemplo, al usuario final le es posible grabar en un DVD grandes cantidades de información, sin conocer la transformación real de formatos que habrá que realizarse con tal operación. O puede conectarse a la red de redes sin comprender en nada el funcionamiento de la pila de protocolos de comunicación del TCP/IP. Es decir, el software de computadoras se diseña deliberadamente para que sea cada vez más fácil de emplear y releve al usuario de tareas engorrosas o especializadas, la mayoría de las cuales le tomaría años en aprender a ejecutar por sí mismo.
De manera que aunque un usuario use un teléfono móvil para recibir en tiempo real los mensajes de a quienes sigue en Twitter, o mantenga actualizado un blog que incluya recientes enlaces a vídeos almacenados por él mismo en Youtube, ello no indica que sea un conocedor cabal de la ciencia de la computación. Revela que es un buen usuario de esos sistemas informáticos; la misma palabra usuario así lo expresa.
Para conocer bien cómo funcionan los computadores y las redes modernas se requiere como base mínima de conocimientos, un amplio saber del álgebra y de los sistemas de numeración. Luego esa teoría debe ser instrumentada con conocimiento de electrónica básica y de circuitos digitales. Saber que servirá de soporte para posteriormente entender las bases de la programación de computadoras y del desarrollo de software. Sin conocer bien esas tres aristas, es prácticamente imposible explicar la interacción básica de los sistemas computacionales de hoy. Mucho menos comprender las operaciones técnicas del accionar real de la Internet.
De esa ignorancia que la mayoría de la gente cree no poseer, se viene valiendo el gobierno colombiano de Álvaro Uribe. Usa a su conveniencia el mejor testigo virtual del mundo. Un soplón que por ser de naturaleza electrónica y digital, luce a una gran mayoría de la gente como enteramente fiable y exacto. Un testigo que por tener capacidad de almacenar millones de bytes, parece conocer todos los eventos delictivos que ese gobierno requiere. Un bocón al que, por procesar datos binarios que guarda en sistemas de archivos bien estructurados, se le atribuye la capacidad de asociar con precisión matemática unas informaciones con otras.
Es decir, el mejor testigo que pudo esperar un fiscal en toda la historia de la humanidad. Uno al que casi nadie le sospechará intereses particulares para falsear su declaración. Uno que estará presto para contar cada delito que el fiscal requiera con el transcurrir del tiempo. Uno al que jueces, periodistas y hasta gobernantes tomarán como el testigo presencial para todo proceso y otorgarán la incapacidad de errar. ¿Qué más se le podría pedir a un testigo tan ideal?
El testigo estrella son entonces los computadores atribuidos a un enemigo muerto. Los computadores que Uribe y Santos, sin evidencia jurídica alguna, dijeron que eran propiedad del comandante Raúl Reyes.
Atrás quedarán todas las leyes de Murphy (1), todas las fallas de hardware o software que otros computadores modernos presentan, las caídas de sistemas o pérdidas de línea que sufren hasta las redes de computadores bancarias, las operaciones de limpieza y desinfección de virus o gusanos que demandan recurrentemente nuestros PCs comunes, los extravíos o daños de información en nuestras memorias digitales portables, las actualizaciones de software urgente que los fabricantes de computadoras imponen a sus productos. Nuestro testigo será inmune a cualquiera de esos problemas.
Ni un bombardeo inmisericorde de fuerzas especiales del ejército colombiano, ni las bombas de los cazas estadounidenses en la para entonces arrendada base de Manta, podrán hacer que nuestro testigo virtual pierda un solo bit de cualquiera de sus miles de archivos ¿Qué más se le podría pedir a un testigo tan ideal?
Este testigo deja pequeña a la máquina virtual de Alan Turing (2) y merece sustituirla en todos los pensa de estudios universitarios. Por su capacidad para deducir crímenes, haría palidecer de envidia a Sherlock Holmes y no dudamos que esté revolucionando el derecho informático y todas sus anteriores tesis (3).
Casi nadie usará el cerebro para pensar en las incongruencias de cómo se obtuvieron y procesaron tales computadoras (4). Casi nadie sospechará que un computador es una máquina que no piensa, y que como tal, alguien lo programa, le coloca la información y la manipula a su conveniencia. Casi nadie advertirá que su supuesto dueño fue asesinado y no puede defenderse. Casi nadie solicitará que se verifique la coherencia de lo que indique nuestro testigo con otras fuentes de información -como se haría con cualquier otro testigo-. Casi nadie creerá que se trata de un testigo falso y de un engaño infantil, porque casi nadie entiende a cabalidad de computadoras ¿Qué más se le podría pedir a un testigo tan ideal?
Razón tenía entonces Blaise Pascal cuando expresó: “El hombre está dispuesto siempre a negar todo aquello que no comprende.”
Referencias:
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[1] Wikipedia. “Ley de Murphy”.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Murphy
[2] Wikipedia. “Máquina de Turing”.
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing
[3] Rivera Morales, Rodrigo. “Los medios informáticos: tratamiento procesal”
http://tinyurl.com/ykl6rzx
[4] Salazar, Alberto. “Las nuevas incongruencias en la seguridad digital del supuesto computador de Raúl Reyes”. Portal Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=77396
Fuente: chamosaurio
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Enlaces sobre Colombia:
Según denunció el último informe presentado ayer por la organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional, hubo un aumento en los ataques contra las comunidades indígenas a lo largo y ancho de Colombia en 2009, caracterizado por homicidios, secuestros, abusos sexuales contra mujeres, reclutamiento de niños como soldados, persecuciones contra dirigentes y desplazamiento forzoso.
La organización culpó a las fuerzas armadas, grupos paramilitares y grupos guerrilleros por los abusos, mientras que apuntó a las autoridades colombianas denunciando su poco interés para investigar estos crímenes.
El conflicto armado interno en Colombia ha tenido en los pueblos originales un impacto profundo y destructivo. Según el informe presentado por Amnistía Internacional, en 2009 al menos 114 hombres, mujeres, niños y niñas indígenas fueron víctimas de homicidios, a la vez que miles de ellos fueron desplazados internamente ese año. Estos datos se suman a los ya dados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la cual reveló que entre 2002 y 2009 más de 1400 aborígenes fueron asesinados, 90 secuestrados y 195 desaparecidos.
Las cifras son escalofriantes. Pero lo que más preocupa es que guerrilla, paramilitares y fuerzas de seguridad del gobierno colombiano forman parte de una tríada que amenaza con la destrucción de los pueblos nativos. “Los indígenas sufren cada vez más ataques en Colombia. Se les está matando y amenazando, se les está obligando a participar en el conflicto armado y se les está echando de sus tierras”, afirmó el investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional, Marcelo Pollack. “Ya es hora de que el gobierno de ese país asuma seriamente sus obligaciones y actúe de inmediato para proteger a los pueblos indígenas. Si no lo hacen, existe un riesgo real de que muchos de ellos desaparezcan”, aseguró Pollack.
Colombia cuenta con uno de los legados indígenas más diversos del mundo. De acuerdo con el censo de 2005, 1,4 millón de indígenas viven en ese país, lo que representa un 3,4 por ciento de su población total.
El informe de Amnistía Internacional reveló que la supervivencia de 32 comunidades indígenas está gravemente amenazada por las consecuencias del conflicto armado y la falta de apoyo estatal.
Varios grupos aborígenes viven en zonas de importancia estratégica para las partes en conflicto, en las que actúan la guerrilla de las FARC y el ELN, grupos paramilitares y bandas de narcotraficantes, además de las fuerzas de seguridad colombianas. Así, las comunidades quedan atrapadas por los intereses en torno de su ocupación.
“El desplazamiento es una de las mayores amenazas a las que se enfrentan los indígenas. A menudo viven en zonas de intensa actividad militar y ricas en biodiversidad, minerales y petróleo, por lo que corren especial peligro de desplazamiento forzado”, relata el documento al tiempo que destacan las cifras de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, según la cual los indígenas constituyen el 7 por ciento de los desplazados en este país.
Las etnias indígenas no sólo sufren del abandono de sus tierras. Comunidades enteras han sido confinadas al aislamiento debido a la presencia de minas terrestres colocadas por grupos armados en los alrededores, lo cual dificulta la provisión de alimentos y medicinas indispensables. Asimismo, los conflictos armados han afectado el acceso a las zonas de caza y pesca, lo que llevó a un aumento del índice de desnutrición entre los indígenas. La ocupación de sus escuelas por grupos de fuerza y su utilización como bases militares, impidiendo a las comunidades el acceso a la educación, también fue denunciado en el documento.
En tanto, el informe de Amnistía Internacional fue rápidamente desestimado por el gobierno colombiano. El documento parte erróneamente asegurando la existencia de un “‘conflicto armado interno’ y de paramilitares, minimizando el hecho de que los pueblos indígenas han sido despojados y asesinados por la guerrilla de las FARC y las bandas criminales emergentes”, aseguró el ministro del Interior, Fabio Valencia, a través de un comunicado. “No reconoce los logros de este gobierno con los pueblos indígenas de Colombia”, sintetizó el funcionario.
Los 40 años de conflicto armado en Colombia han afectado a millones de personas en todo el país, dejando un saldo de decenas de miles de muertos, torturados y víctimas de desaparición forzosa. La inmensa mayoría de las víctimas de estos abusos han sido civiles.
Fuente: elpolvorin
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Las FARC, el grupo terrorista más grande de Colombia y ampliamente condenado por sus violaciones de los derechos humanos, presuntamente gastó $ 150 000 en la producción de un CD con canciones pegadizas y revolucionaria para atraer a reclutas y mejorar la imagen de los rebeldes.
Los ordenadores confiscados a la guerrilla por la policía nacional de Colombia revelan que el grupo guerrillero ha invertido miles de dólares en la producción del CD.
La idea fue propuesta por primera vez en el año 2000, cuando el miembros de las Farc, ‘Manuel Marulanda’, envió en mensaje a los líderes guerrilleros explicando la necesidad de «búsqueda de un gancho, con algo moderno, para atraer a la gente»
Lo que siguió fue un intercambio de correos electrónicos entre algunos de los miembros más poderosos de la guerrilla, entre ellos «Mono Jojoy» y «Marcos Calarcá», para discutir la estrategia musical propuesta.
Uno de los mensajes de correo electrónico del grupo, por el líder de las FARC ‘Felipe Rincón sugiere «Tenemos que conseguir el tipo que hace merengues y tenemos que ofrecerle un gran presupuesto. »
El resultado final fue una producción profesional de CD de música latina – con varios artistas internacionales encargados de crear canciones para el álbum y la pieza estrella es la muy pegadiza y alegre «Dance Guerrilla», un merengue moderno con letras compuestas específicamente para representar ala misión de la de las FARC .
La canción, que fue subida a YouTube hace un año, invita a los oyentes a «mover las caderas», «llevar las granadas y los fusiles» y de poner fin al gobierno de Colombia.
El diario de miembro de las FARC «Jhon 40» indica que el costo total de producción del CD fue más de $ 150 000, incluidos los costes de comisión de los artistas y la puesta en marcha y los gastos de publicidad del producto final.
Según el sitio web de El Nuevo Siglo las FARC han estado colocando música en su sitio web durante años, pero esta es la primera colección de canciones que son producidas profesionalmente por el grupo guerrillero.
Fuente: Colombia Reports
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Matthew Bristow pasó dos años documentando la industria de la cocaína en Colombia. En la primera parte de sus documentales entrevista a los campesinos y ve de cerca su batalla contra el gobierno determinado a eradicar los cultivos, su relación con la guerrilla y paramilitares, y muestra de manera sencilla como se fabrica la cocaína en Colombia que llega a Europa y de que esta hecha.
Pulsa aquí para acceder al vídeo
Fuente: guardian.com.uk
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De no hacerlo podrían enfrentar un proceso en la Corte Penal Internacional, advirtió el sábado el ex congresista Jimmy Chamorro.
Es en noviembre cuando vence la reserva que Colombia interpuso cuando aceptó en 2002 la competencia de la Corte Penal Internacional.
Esa reserva aplazaba la entrada en vigencia de la competencia de la CPI para conocer de crímenes de guerra cometidos en Colombia, como una forma de facilitar acuerdos en el marco de una posible negociación de paz.
Si los grupos armados colombianos, «a partir del primero de noviembre siguen reclutando menores y la justicia colombiana no los procesa, la CPI entrará a perseguirlos», explicó Chamorro a periodistas.
Según cifras de Unicef, al menos 13000 menores hacen parte de las filas de los grupos armados, que en amplias zonas rurales de Colombia practican una norma según la cual cada familia debe entregar un hijo para contribuir a la guerra.
La mitad de los reclutamientos de menores son atribuidos a la guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la principal organización armada ilegal del país.
Chamorro anunció que el lunes se iniciará una campaña con una marcha que recorrerá durante cerca de dos meses 24 de los 32 departamentos de Colombia, para promover que los grupos armados reintegren a los menores.
El Congresista dijo que ya hay organizaciones internacionales que han expresado su interés de llevar ante la CPI el caso de los niños colombianos integrados en los grupos armados.
Fuente: ELTIEMPO.com (Colombia)
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Enlaces de interés:
– Colombia “ocupa el triste primer lugar” en accidentes con minas
– Análisis de la política de paz en Colombia
– Los menores hijos del conflicto… los desplazados en Colombia
Espantosa y aterradora resulta realidad de las niñas y muchos niños que a la fuerza o ingenuamente caen en manos guerrillas de las Farc. Las niñas se enfrentan a presiones relacionadas con su condición de mujeres, más fuertes y degradantes que en cualquier otro sitio del mundo. Muchos comandantes varones utilizan su poder para mantener vínculos sexuales con muchachas menores de edad, en el momento y en las circunstancias más deprimentes y vejatorias. Son sin derecho a reclamo sometidas a la servidumbre y esclavitud sexual para la tropa de las Farc.
Teniendo en cuenta lo descrito y otras cosas más, el gobierno de Colombia denunció penalmente a uno de los principales líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Nuevo Herald publicó el domingo un artículo que vincula a comandantes guerrilleros con casos de abuso sexual de niñas campesinas e indígenas. La acción legal fue entablada en la Fiscalía General de la Nación contra Luis Edgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”. La historia, que ha causado indignación internacional contra las FARC, ha sido reproducida en todo el mundo y traducida a varios idiomas. ¿Muchos de esos medios de comunicación preguntaron si eso es lo que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llama “proyecto político”?
“Raúl Reyes” ha ordenado desde hace muchos años, periódicamente, secuestrar los menores en los barrios pobres y pueblos alejados para de esa forma tener a su disposición un determinado número de menores para satisfacer sus repugnantes, punibles y vergonzosas apetencias sexuales. “Llevarse un niño de 6 años, llevarse un niño de 8 años o llevarse un niño de 12 años a combatir, es un crimen de guerra y por tal debería ser juzgado por la Corte Penal Internacional”. ¿Qué debe pasar cuando ocurre secuestro, violación carnal y esclavizar una niña o niño para estar disponibles a los comandantes de las Farc para su aberraciones sexuales?”.
Las niñas liberadas de la ignominia y bellaquería de las Farc dijeron “haber sufrido abuso sexual entre los 4 y los 10 años de edad… expresaron haber sido iniciadas en las relaciones sexuales por abuso sexual…” Otras publicaciones entrevistaron sicólogos quienes señalaron que “una niña o un niño a esa edad no tiene capacidad para decidir sobre su sexualidad. Después de sufrir tales humillaciones a su dignidad y a su inocencia, los niños que sobreviven a este horror nunca podrán desarrollarse e interactuar como hombres y mujeres normales”.
La idea es que esta investigación quede como evidencia judicial, para que tribunales nacionales o internacionales la tengan en cuenta para comprobar la existencia de crímenes de lesa humanidad. Que la humanidad entera sepa la clase de monstruos repugnantes y salvajes integran las Farc. Raúl Reyes, no es un “revolucionario” es una sádico sexual peligroso. ¡Creer que, Hugo Chávez, sabe lo que ocurre, pero insiste en defender a las Farc!
Fuente: Realidades colombianas
La multinacional aceptó la sanción al reconocer que le pagó protección a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar tachado de terrorista por Estados Unidos.
El acuerdo pone fin a una larga investigación del Departamento de Justicia sobre las transacciones financieras de la empresa con organizaciones terroristas colombianas.
En documentos presentados este miércoles ante la corte, los fiscales federales dijeron que la compañía y varios de sus directivos, a los que no identificaron, hicieron negocios con los paramilitares.
Las AUC han sido responsables de grandes masacres durante el conflicto civil colombiano y son responsables de una proporción importante de las exportaciones de cocaína del país. El gobierno estadounidense las designó organización terrorista en septiembre de 2001.
Los fiscales afirman que la empresa hizo esos pagos a cambio de protección. La empresa también pagó cifras similares a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), según los fiscales.
Los pagos fueron aprobados por directivos de alta jerarquía de la empresa con sede en Cincinnati (Ohio), dijeron los fiscales en documentos para la corte. Los libros contables fueron alterados para ocultar esas transacciones, según la fiscalía. Los pagos a las Auc comenzaron a partir de una reunión en 1997.
En la región bananera de Colombia se libraron feroces combates entre los guerrilleros izquierdistas y los paramilitares de ultraderecha.
Los detalles de los pagos no fueron incluidos en los documentos para la corte.
La bananera informó el mes pasado que había destinado 25 millones de dólares para resolver la demanda. La empresa indica que la investigación involucra a una antigua subsidiaria de la firma, que buscaba proteger la seguridad de sus empleados.
»La información presentada hoy es parte de un acuerdo que consideramos una solución racional al dilema que enfrentó la compañía hace varios años», dijo el presidente de Chiquita, Fernando Aguirre, en un comunicado. »Los pagos efectuados por la compañía siempre fueron motivados por nuestra preocupación de buena fe por la seguridad de nuestros empleados».
»Alrededor de septiembre de 2000, los directivos principales del acusado Chiquita sabían que la compañía efectuaba pagos a las Auc y que las Auc eran una organización paramilitar violenta», dice el documento presentado ayer.
Los abogados de la firma aclararon que los pagos eran ilegales, indicó la fiscalía.
»Lo importante aquí es que: no se puede efectuar el pago», le aconsejó a la bananera el abogado que había contratado en febrero del 2003, de acuerdo con un extracto de un memorándum incluido en los documentos presentados ante el tribunal.
En abril del 2003, funcionarios de la empresa y sus abogados hablaron con fiscales del Departamento de Justicia, a quienes dijeron que habían efectuado esos pagos. De acuerdo con los documentos presentados ante la corte, los pagos continuaron durante meses.
Otros dos casos pendientes La multinacional estadounidense Drummond también está siendo señalada de tener nexos con ‘paras’ colombianos.
Es más, recientemente fue acusada ante una juez de Alabama (E.U.) por su supuesta responsabilidad en la muerte de tres sindicalistas, asesinados por las Auc. Voceros de la empresa aseguran que la juez de E.U. ya desestimó la demanda. Pero los sindicalistas manifiestan que dio vía libre para llevar el caso a otras instancias.
Y la embotelladora de Coca Cola en Colombia pasa por una situación similar: la acusan de amenazar (a través de ‘paras’) a un grupo de sindicalistas, uno de los cuales fue asesinado. En el 2006, una corte de E.U. falló, en primera instancia, a favor de Coca Cola. Sin embargo, la decisión fue apelada por voceros de su sindicato y está pendiente el fallo en segunda instancia.
Diversas fuentes
El proceso abierto contra un jefe rebelde del Congo por esta práctica es un campanazo de alerta que ojalá entiendan guerrillas como las Farc, afirma su editorial.
Hace algunos días, la CPI anunció el inicio de un proceso contra Thomas Lubanga Dilo, líder de una milicia en el Congo a la que se acusa de masacres étnicas, torturas y violaciones en este país africano.
De acuerdo con cálculos de la Unicef, en el momento más crítico del conflicto, en el 2003, alrededor del 30 por ciento de esta milicia estuvo compuesta por niños que había sido reclutados a la fuerza o a cambio de un plato de comida. Desde entonces, más de 30.000 han sido desmovilizados desde entonces.
Según el Times, unos 250 mil niños son utilizados en conflictos que se extienden por más de 20 países del mundo.
«Muchas cosas buenas pueden salir de este enfoque de la Corte con los niños soldados. La decisión de los tribunales internacionales para Ruanda y Yugoslavia de tratar la violación como uno de los crímenes más serios, ha provocado cambio de actitudes y prácticas a nivel mundial. Ahora el CPI quiere poner su atención en otro horror extendido pero ignorado. Líderes guerrilleros en Colombia, Sri Lanka, Oeste del África, al igual que el gobierno de Myanmar deberían prestar mucha atención», dice el editorial.
De acuerdo con la ONG Human Rights Watch, en Colombia más de 11.000 niños combaten en el conflicto armado, «una de las cifras más altas del mundo». Aproximadamente el 80 por ciento de estos niños, de acuerdo con el grupo, pertenecen a las Farc y el Eln. El resto combate en las filas paramilitares.
Al menos uno de cada cuatro combatientes irregulares de Colombia es menor de 18 años. Varios miles de ellos son menores de 15 años, la edad mínima permitida para el reclutamiento en fuerzas o grupos armados de acuerdo con los Convenios de Ginebra.
En mayo del 2005, el Congreso colombiano ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Este tratado fija en 18 la edad mínima para la participación directa en las hostilidades, para el reclutamiento obligatorio o para cualquier reclutamiento o uso en hostilidades por parte de grupos armados irregulares.
En noviembre del año pasado el reclutamiento de menores por parte de la guerrilla colombiana fue objeto de discusión en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Fuente:
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON