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Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Un juez denuncia ante la fiscalía a una empresa por posible estafa con cursos
El magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Cáceres ha denunciado ante la Fiscalía la presunta comisión de estafas por parte de una empresa con la oferta y cobro de supuestos cursos de riesgos laborales.
La Ley de Enjuiciamiento Civil establece en su artículo 40 que cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si hubiera lugar al ejercicio de acción penal, y esto es lo que ha hecho González Casso.
Fue el pasado miércoles cuando en el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad se celebró el juicio derivado de la demanda que Educanet, o también Prescal, domiciliada en la localidad sevillana de Rinconada, había interpuesto contra una cacereña por el impago de 210 euros correspondientes a un supuesto curso de formación en emergencias, primeros auxilios y lucha contra incendios.
A la vista no se presentó el demandante, pero pese a esta incomparecencia, indica el juez en su sentencia, la demandada alegó interés en que se celebrara el juicio «manifestando en esencia que estábamos en presencia de una estafa». Los hechos que alegó al respecto es que ella «nunca llegó a contratar un curso de formación con la empresa Educanet»; y que lo que ocurrió, según añadió, es que recibió en su establecimiento comercial la llamada de una persona, «que por el motivo que fuera conocía sus datos personales, que haciéndose pasar por empleado de una empresa semipública le explicó que era preceptivo que hiciera un curso de prevención en primeros auxilios y lucha contra incendios, y que incluso podría ser multada si no lo hacía». Y cuando ella les indicó que no le interesaba el curso, «se le informó que era obligatorio y tenía que pagarlo».
Ella no lo hizo y la empresa, a pesar de su presunta ilegalidad, acudió a los tribunales de justicia para reclamar 210 euros del supuesto curso. Pero el juez falla a favor de la demandada, a la que absuelve, mientras que, como se ha indicado, contra la empresa actúa instando del Ministerio Fiscal una investigación.
En su sentencia, el magistrado González Casso también pone de manifiesto que contra este tipo de empresas hay un comunicado de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración «denunciando a estas empresas que se amparan en una normativa inexistente para exigir la obligatoriedad de cursos de prevención de riesgos laborales».
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
La fiscalía ‘ficha’ a criminólogos para analizar las normas de tráfico
Vargas anunció la creación de un grupo de trabajo con fiscales de seguridad vial y criminólogos con el fin de «estudiar científicamente» la eficacia de las normas de tráfico y las razones que llevan a incumplirlas.
Así lo explicó Vargas en una rueda de prensa con motivo de su asistencia al VI Congreso Nacional de Criminología que se celebra en Santiago hasta mañana sobre el tema ‘Criminalidad y riesgo: predicción y prevención’.
«Desde ahora presto apoyo a la incipiente criminología del tráfico», dijo y añadió que con este grupo de trabajo se busca estudiar científicamente la eficacia de las normas, cómo perciben los conductores las normas; explicar y averiguar las razones últimas de la lesión de las normas y de los accidentes; el porqué una persona coge un vehículo embriagado y se vuelve violento en la vía; y conduce a 200 kilómetros por hora.
Vargas se comprometió así al «impulso de la criminología del tráfico» con el fin de «estudiar a la víctima». «No nos podemos conformar con un mero parte de lesiones unido al accidente», afirmó y abogó por conocer «qué pasa con la víctima antes del suceso, recién sucedido y después».
Dictamen pericial criminológico
En este sentido, apostó porque en ese impulso a la criminología del tráfico, como se pone en práctica en otros países, se cuente en determinados delitos «con un dictamen pericial criminológico».
«Suavizaría la relación víctima-testigo cuando se enfrenta en un juicio oral y jugará papel de comprensión en los motivos de la víctima», explicó el fiscal coordinador de Seguridad Vial.
Además, aseguró que este dictamen «puede ayudar a que el juez dé con la medida adecuada, detecte la peligrosidad real del conductor y tome las medidas oportunas, sobre todo con los multireincidentes», sostuvo.
«Aspiro a que los fiscales de seguridad vial lo impulsemos, lo instemos aquí, ya en este momento», dijo y añadió que primero «hay que pasar por un grupo previo de estudio». «La delincuencia del tráfico ocupa ya la mitad del total de la delincuencia española», subrayó.
Con esta iniciativa, según recalcó Vargas, pretenden «una mejora de las estadísticas judiciales de tráfico». «Queremos con estos conocimientos ver que contengan datos criminológicos, para que los jueces tengan más instrumentos para acertar y el legislador acierte también cuando toma las decisiones sobre seguridad vial», comentó.
Relación con el vehículo
Asimismo, lamentó que «nadie equipare un hurto con un delito grave de tráfico» y abogó por hacerlo y se considere «delincuencia común». «Para eso queda mucho por hacer», reconoció.
También dijo que es «importante» realizar un estudio de la relación del ser humano con el vehículo, si es «de poder o simbólico, una reafirmación del estatus y qué mundo proyecta en él». Dijo que «será muy útil para las respuestas judiciales», así como un estudio del mercado en relación a «cómo y por qué se motiva» al conductor.
Con todo, manifestó que la criminología «tiene una función de prevención» y diseña estrategias para evitar que se produzca el delito. «Puede ayudar a mejorar las respuestas», sentenció y valoró el «esfuerzo» realizado en Galicia por fiscales y Administración, de los que dijo que están «muy comprometidos en la aplicación de la ley y en prevención».
Fuente: Xornal.com
La Fiscalía crea un grupo de élite para luchar contra los delincuentes de ‘cuello blanco’
La Fiscalía estrechará el cerco contra la delincuencia económica de «cuello blanco» y contra quienes atenten contra la seguridad de los trabajadores, sin abandonar el trabajo habitual relativo a delincuencia común. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, que ayer presentó la memoria de la Fiscalía de 2006, anunció la creación en septiembre de una nueva sección de élite que centrará sus fuerzas contra la corrupción, los delitos medioambientales y urbanísticos y los delitos económicos. «Se trata de crear un grupo de fiscales que trabajen en íntima colaboración contra la delincuencia organizada».
La delincuencia que no procede de «sectores marginados, sino de de sectores que marginan a otros», preocupa especialmente al fiscal jefe del TSJ de Murcia, que cree que se deben «aunar fuerzas» en el castigo los delitos contra los trabajadores o los mediombientales.
Todo sin olvidar la delincuencia común, y que los ciudadanos perciben con más claridad como una amenaza a su seguridad, contra la que, «por supuesto» , se sigue trabajando.
Los datos de la Memoria de la Fiscalía presentados ayer reforzaron de alguna forma el planteamiento de López Bernal, ya que las diligencias abiertas por homicidios y delitos contra la propiedad, incluidos los robos con fuerza y en casas habitadas, descendieron en 2006 con respecto al año anterior. Los homicidios han bajado de 44 en 2005 a 35 el pasado año, si bien hay que recordar que en 2004 se registraron sólo diez. Los asesinatos también han disminuido, y han pasado de cuatro a seis. Sin embargo, los delitos contra la libertad sexual han aumentado y pasan de 175 denuncias en 2005 a 205 en 2006.
Las denuncias por delitos contra el patrimonio han experimentado un descenso considerable. Los hurtos han bajado de 23.110 a 22.726; los robos con fuerza también descienden desde los 22.887 de 2005 hasta los 18.251 del pasado año. Lo mismo ocurre con los robos en casas habitadas, que se reducen de 1.587 a 1.354.
Si la presión de las fuerzas de seguridad ha logrado rebajar denuncias contra el patrimonio o la integridad física, no se han obtenido tan buenos resultados en otros campos. Los datos desglosados ayer por López Bernal evidencian que han aumentado los delitos contra los derechos de los trabajadores (de 116 a 139 ) y las denuncias por tráfico ilegal de mano de obra (de 9 a a 20).
También destaca el incremento de los delitos por accidentes laborales, que pasaron de uno en 2005 a cuatro en 2006, y los cinco procesos incoados por pornografía infantil, dos más que en 2005.
López Bernal detalló ayer que en 2006 se presentaron 44 denuncias contra particulares y empresas por robos de agua, que se incoan cuando se ha producido un perjuicio al dominio público hidráulico superior a 400 euros.
Noticia completa en: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
