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Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
El ex alcalde franquista Clemente García lleva 37 años orgulloso de apoyar los fusilamientos de Franco
El 27 de septiembre de 1975, cinco jóvenes fueron fusilados en España. Tenían cara y nombre: Juan Paredes Manot, Angel Otaegui, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena Alonso. Sus nombres pasaron a la historia por ser los últimos ejecutados por una larga dictadura de casi 40 años, que empezó matando por la «Gracia de Dios» y terminó haciendo lo mismo.
La única prueba con la que contó el tribunal fue la propia declaración de los acusados, obtenida bajo tortura. Todos estaban condenados de antemano: el Consejo de Guerra que les condenó a la pena capital fue una farsa, sin ninguna garantía jurídica, sin pruebas.
Estas ejecuciones levantaron una ola de protestas y condenas contra el gobierno de España dentro y fuera del país, tanto a nivel oficial como popular.
En Hoyo de Manzanares fueron ejecutados tres. No pudo asistir ningún familiar de los condenados, pese a ser «ejecución pública», según marcaba la ley. El único paisano que pudo asistir fue el párroco de la localidad, que relató después la ejecución: “Además de los policías y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Cuando fui a dar la extremaunción a uno de los fusilados, aún respiraba. Se acercó el teniente que mandaba el pelotón y le dio el tiro de gracia, sin darme tiempo a separarme del cuerpo caído. La sangre me salpicó.”
Cuando el viernes 26 de septiembre el Consejo de Ministros por unanimidad y siguiendo las directrices del general golpista apruebó el fusilamiento de cinco de los once condenados a pena de muerte se produce una inmensa conmoción. Franco había ignorado todas las peticiones de clemencia que le habían llegado, desde el Papa Pablo VI hasta su hermano Nicolás Franco pasando por el primer ministro sueco Olof Palme o el presidente de México Luis Echeverría Álvarez.
En el País Vasco se decretaba una Huelga General en pleno Estado de Excepción que era seguida mayoritariamente, por las diferentes ciudades españolas se multiplicaban los paros y las protestas y en el mundo el clamor contra las ejecuciones no cesaba.
El peloteo del alcalde de Murcia a Franco
En Murcia fué enterrado uno de los fusilados. Y desde Murcia salió uno de los escasos apoyos legitimadores a semejante atrocidad con unos jóvenes en la veintena. El alcalde y jefe local del Movimiento, a la sazón el abogado y funcionario de la extinta Diputación Provincial, Clemente García García, envió al Palacio del Pardo su apoyo más entusiasta a Franco y su mano dura con unos activistas de izquierda en lucha por la democracia, proceso que estaba ya en marcha ante los estertores de la Dictadura y que ha llegado malherida hasta nuestros días.
El citado alcalde todavía vive y el pasado nueve de junio fué recompensado por otro extremista de derechas, el presidente Valcárcel, con la medalla de oro de la Región de Murcia para mayor escarnio de esa democracia disminuida y la memoria de los familiares y amigos de los fusilados en la flor de su vida pese a no representar ningún peligro objetivo, todo lo contrario que el propio Clemente García para la credibilidad de un sistema herido de muerte por su pecado original de haber dejado 37 años en la vida pública a semejante tétrico personaje del fascismo más ramplón.
Fuente: MurciaConfidencial
70 años del fusilamiento de las ’13 rosas’
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Fue uno de los episodios más crueles de la represión franquista. El 5 de agosto de 1939, trece mujeres, la mitad menores, fueron ejecutadas ante las tapias del cementerio del Este, en Madrid. Su historia sigue viva hoy en forma de libros, teatro, documentales y cine.
“Madre, madrecita, me voy a reunir con mi hermana y papá al otro mundo, pero ten presente que muero por persona honrada. Adiós, madre querida, adiós para siempre. Tu hija que ya jamás te podrá besar ni abrazar… Que no me lloréis. Que mi nombre no se borre de la historia”. Fueron éstas las últimas palabras que dirigiría a su familia una muchacha de 19 años llamada Julia Conesa.
Corría la noche del 4 de agosto de 1939. Hacía cuatro meses que había terminado la Guerra Civil. Madrid, destruida y vencida tras tres años de acoso, de bombardeos y resistencia ante el ejército sublevado, intentaba adaptarse al nuevo orden impuesto por el general Franco, un régimen que iba a durar cuatro décadas.
El día a día de la capital estaba marcado por las denuncias constantes de vecinos, amigos y familiares; por la delación, los procesos de depuración en la Administración, en la Universidad y en las empresas; por las redadas, los espías infiltrados en todas partes, las detenciones y las ejecuciones sumarias. En junio habían comenzado, incluso, los fusilamientos de mujeres.
Sería aquélla la última carta de Julia Conesa. Y ella lo sabía. Porque, junto a otras catorce presas de la madrileña cárcel de Ventas, había sido juzgada el día anterior en el tribunal de las Salesas. “Reunido el Consejo de Guerra Permanente número 9 para ver y fallar la causa número 30.426 que por el procedimiento sumarísimo de urgencia se ha seguido contra los procesados (…) responsables de un delito de adhesión a la rebelión (…) Fallamos que debemos condenar y condenamos a cada uno de los acusados (…) a la pena de muerte”, dice la sentencia. A Julia la acusaban hasta de haber sido “cobradora de tranvías durante la dominación marxista”.
Y apenas 24 horas más tarde, 13 de aquellas mujeres y 43 hombres fueron ejecutados ante las tapias del cementerio del Este. El momento lo recuerdan así algunas compañeras de presidio: “Yo estaba asomada a la ventana de la celda y las vi salir. Pasaban repartidores de leche con sus carros y la Guardía Civil los apartaba. Las presas iban de dos en dos y tres guardias escoltaban a cada pareja, parecían tranquilas”, recuerda María del Pilar Parra.
“Algunas permanecimos arrodilladas desde que se las llevaron, durante un tiempo que me parecieron horas, sin que nadie dijera nada. Hasta que María Teresa Igual, la funcionaria que las acompañó, se presentó para decirnos que habían muerto muy serenas y que una de ellas, Anita, no había fallecido con la primera descarga y gritó a sus verdugos: ‘¿es que a mí no me matan?”, cuenta Mari Carmen Cuesta.
Quince de los ajusticiados ese 5 de agosto de 1939 eran menores de edad, entonces establecida en los 21 años. Por su juventud, a estas mujeres se las comenzó a llamar “las trece rosas”, y su historia se convirtió pronto en una de las más conmovedoras de aquel tiempo de odio fratricida y fascismo.
Fuente: EL VENTANO
