La Ley hipotecaria del gobierno de José mía Aznar de 1998 ha permitido a la Iglesia Católica apropiarse de numerosos edificios de dominio público, entre ellos la mezquita de Córdoba.
Si la iglesia pagase el IBI de sus propiedades y otros tributos de los que está exenta, el Estado Español ingresaría 3000 millones de euros al año, la décima parte de la cantidad que pretende recortar Rajoy.