Desconocimiento de derechos humanos como el debido proceso, el derecho a la defensa y la separación de poderes:
Pese a que la electa presidente de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), Aída Suárez, suplicó para que la escucharan los líderes del resguardo el Volao de Necoclí (Urabá) no lo hicieron, y a cambio la encerraron cinco días en un calabozo y la desconectaron del resto del mundo.
La líder indígena, una de las más representativas de Colombia, fue acusada –sin juicio alguno– por haberse postulado y ser elegida como representante de los nativos: “Se nombró en la OIA sin consultar a nuestra población”, explicó el cacique del Volao,Marcos Ruiz, quien ordenó encarcelarla durante ocho días antes del juicio.
Esa condena provocó el rechazo de otras comunidades indígenas que viajaron hasta Necoclí a pedir la liberación de Suárez. Pero esa defensa terminó en violencia, por lo menos en tres ocasiones. Y es que ni los delegados ni mucho menos la Defensoría del Pueblo consiguieron que Suárez pudiera hablar en su favor.
Pues vaya que fue todo un éxito dejar que los indígenas tengan su propia jurisdicción, en vez de que se sometan a las leyes y los jueces de los demás ciudadanos. Cero excluyente.
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**Actualización: Ahora nos enteramos de que la pena de Suárez consiste en siete horas diarias de suspensión de un cepo, durante 30 días.
Fuente: DE AVANZADA
La lucha contra el racismo pasa por otorgarle los mismos derechos a los indígenas, pero también las mismas responsabilidades y juzgarlos con la misma vara.
Por eso hay que felicitar al juez del caso de los dos indígenas condenados por desaparición forzada que los trató como ciudadanos de primera también en sus responsabilidades:
Un juez de Apia, Risaralda, condenó a dos indígenas por su participación en la desaparición forzada de dos compañeros de su propia etnia.
Los hechos se presentaron en febrero del año 2002, en el corregimiento de Santa Cecilia cuando dos indígenas regresaban a su lugar de origen luego comercializar unos productos agrícolas de su propia producción.
Según las pruebas testimoniales recolectadas los dos indígenas identificados como Ángel José Hiupa Guasiruma y Pedro Antivia Dovigama fueron bajados del bus y posteriormente amarrados de las manos y llevados por la vía Agüita. Luego no se volvió a saber de su paradero.
¿Qué? ¿Indígenas cometiendo delitos? ¿Pero cómo podría alguien puro y prístino, sincronizado con la «Madre Tierra» hacer algo así?
Fuente: DE AVANZADA
El multiculturalismo, a pesar de ser la receta ideal para las más aberrantes violaciones de derechos humanos y amputación de libertades, está consagrada en la Constitución de Colombia (al fin y al caboBanana Republic).
Gracias al caso de Francisco Rojas Birry se puso de manifiesto a nivel nacional el privilegio religioso del que gozan las comunidades indígenas. Ahora, en unamagnífica columna, Uriel Ortiz Soto hace un llamado a acabar con la jurisdicción indígena. Estas son algunas perlas:
Nos hemos olvidado que nuestros indígenas, son sujetos de Derecho, puesto que están dentro del mismo Territorio y por lo tanto son ciudadanos que deben gozar de todas las protecciones legales, de justicia, salud, educación, vivienda digna con servicios públicos básicos y seguridad social en general por parte del Estado. Pero, que se les autorice aplicar su propia justicia, mediante Norma Constitucional, es todo un adefesio jurídico que debe corregirse en el menor tiempo posible.
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Los indígenas nos castraron la forma de pensar y protestar frente a los aberrantes casos que cometen con sus costumbres ancestrales, para castigar a sus súbditos. Son varios los homicidios que se han denunciado con estas prácticas, como: las fueteras, los cepos, los destierros, los ayunos obligados y en fin, toda una serie de arbitrariedades en nombre la Constitución y la Ley de la República de Colombia. Estas aberraciones se ven con frecuencia por algunos noticieros de televisión, castigos que se aplican por la comisión de faltas que muchas veces en nuestro medio no alcanzan la categoría de infracciones de Policía.
Hay personas que están haciendo algo correcto por razones equivocadas y peor aún, con los medios equivocados.
Y eso es precisamente lo que está pasando con los indígenas de Colombia que defienden las drogas apelando a un desagradable relativismo cultural y a jugar la carta de víctimas, a decir que sus creencias deben ser respetadas porque sí, porque representan algo profundamente emocional para ellos:
«El empleo de plantas psicotrópicas para fines ceremoniales en América Latina está documentado desde hace miles de años», recordó Rodolfo Stavenhagen, investigador del Centro de Estudios Sociológicos de México durante el Foro sobre regulación del consumo de drogas que se celebra estos días en la capital mexicana.
Ohh, ¿está documentado desde hace miles de años? ¿Desde antes de que se desarrollara plenamente el método científico? ¿Y dónde están esos documentos?
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Advirtió que el uso ceremonial debe ser protegido no solo por el legado cultural, sino también porque fuera de ese contexto puede constituir un peligro, y recordó el caso del toloache, conocido como ‘las campanas de la locura’, que tras aparecer en una telenovela como remedio a la infidelidad registró un peligroso aumento de su consumo.
«El conocimiento de las plantas sagradas debería ser considerado tesoro de la nación. Es un saber indiscutible para entender la prevalencia del espíritu, pero tiene que estar regulado por quienes conocen y saben cómo suministrarlo y en qué contexto», indicó. El consumo de estas plantas procede de culturas heredadas que se remontan a tradiciones chamanistas de pueblos mesolíticos, según Carlos Zolla, coordinador de investigación del programa universitario México Nación Multicultural de la UNAM.
Sí, el conocimiento se adquiere mediante el estudio riguroso de los efectos y las cantidades de las plantas, en sujetos de prueba (no humanos, preferiblemente) y con revisión por pares. He ahí los expertos, con sus batas blancas y sus probetas. Nada de jefes Pluma Blanca ni nada por el estilo.
Artículo completo en: DE AVANZADA
El estudio agrega que otros 10 desaparecieron y 1.146 fueron víctimas de desplazamiento forzado.
El documento responsabiliza a los agentes del Estado, las guerrillas izquierdistas y los paramilitares de extrema derecha de la mayoría de actos violentos que padecen los pueblos indígenas de Colombia.
«La situación de los pueblos indígenas se agrava cada vez más respecto a los años anteriores», denuncia el informe de la Onic, que agrupa a cerca de 1,3 millones de aborígenes de más de 80 etnias.
Entre los 122 indígenas asesinados en 2010 se cuentan 5 niños, 17 mujeres y 100 hombres, puntualiza el estudio, que explica que la mayoría de los crímenes se dan en el marco del conflicto armado que padece el país.
El informe reconoce una disminución de la violencia contra los indígenas tras la llegada al poder del presidente Juan Manuel Santos, el pasado 7 de agosto.
«Se destaca respecto al primer semestre una disminución en la responsabilidad de los actores del Estado (de un 52% a un 43%), puede ser el cambio de gobierno una probable consecuencia de esta disminución», dice al respecto.
El documento agrega que «no obstante los actores estatales siguen siendo los principales responsables de las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas», los grupos insurgentes, en especial la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) «ocupan el segundo lugar».
La violencia sexual contra las mujeres indígenas (5 casos en 2010), de la que la Onic responsabiliza principalmente a miembros del Ejército, es otra violación a los derechos humanos de los aborígenes que el informe destaca, señalando que esos actos se dan «asociados con operaciones militares».
La Onic alerta además sobre la «muy grave» situación que enfrentan los pueblos indígenas Nukak y Jiw, en el selvático departamento de Guaviare, por el «despojo sistemático de su territorio que vienen sufriendo en la última década», y advirtió que «podrían llegar a desaparecer».
Fuente: ELTIEMPO.COM
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Enlaces sobre Colombia:
Según denunció el último informe presentado ayer por la organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional, hubo un aumento en los ataques contra las comunidades indígenas a lo largo y ancho de Colombia en 2009, caracterizado por homicidios, secuestros, abusos sexuales contra mujeres, reclutamiento de niños como soldados, persecuciones contra dirigentes y desplazamiento forzoso.
La organización culpó a las fuerzas armadas, grupos paramilitares y grupos guerrilleros por los abusos, mientras que apuntó a las autoridades colombianas denunciando su poco interés para investigar estos crímenes.
El conflicto armado interno en Colombia ha tenido en los pueblos originales un impacto profundo y destructivo. Según el informe presentado por Amnistía Internacional, en 2009 al menos 114 hombres, mujeres, niños y niñas indígenas fueron víctimas de homicidios, a la vez que miles de ellos fueron desplazados internamente ese año. Estos datos se suman a los ya dados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la cual reveló que entre 2002 y 2009 más de 1400 aborígenes fueron asesinados, 90 secuestrados y 195 desaparecidos.
Las cifras son escalofriantes. Pero lo que más preocupa es que guerrilla, paramilitares y fuerzas de seguridad del gobierno colombiano forman parte de una tríada que amenaza con la destrucción de los pueblos nativos. “Los indígenas sufren cada vez más ataques en Colombia. Se les está matando y amenazando, se les está obligando a participar en el conflicto armado y se les está echando de sus tierras”, afirmó el investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional, Marcelo Pollack. “Ya es hora de que el gobierno de ese país asuma seriamente sus obligaciones y actúe de inmediato para proteger a los pueblos indígenas. Si no lo hacen, existe un riesgo real de que muchos de ellos desaparezcan”, aseguró Pollack.
Colombia cuenta con uno de los legados indígenas más diversos del mundo. De acuerdo con el censo de 2005, 1,4 millón de indígenas viven en ese país, lo que representa un 3,4 por ciento de su población total.
El informe de Amnistía Internacional reveló que la supervivencia de 32 comunidades indígenas está gravemente amenazada por las consecuencias del conflicto armado y la falta de apoyo estatal.
Varios grupos aborígenes viven en zonas de importancia estratégica para las partes en conflicto, en las que actúan la guerrilla de las FARC y el ELN, grupos paramilitares y bandas de narcotraficantes, además de las fuerzas de seguridad colombianas. Así, las comunidades quedan atrapadas por los intereses en torno de su ocupación.
“El desplazamiento es una de las mayores amenazas a las que se enfrentan los indígenas. A menudo viven en zonas de intensa actividad militar y ricas en biodiversidad, minerales y petróleo, por lo que corren especial peligro de desplazamiento forzado”, relata el documento al tiempo que destacan las cifras de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, según la cual los indígenas constituyen el 7 por ciento de los desplazados en este país.
Las etnias indígenas no sólo sufren del abandono de sus tierras. Comunidades enteras han sido confinadas al aislamiento debido a la presencia de minas terrestres colocadas por grupos armados en los alrededores, lo cual dificulta la provisión de alimentos y medicinas indispensables. Asimismo, los conflictos armados han afectado el acceso a las zonas de caza y pesca, lo que llevó a un aumento del índice de desnutrición entre los indígenas. La ocupación de sus escuelas por grupos de fuerza y su utilización como bases militares, impidiendo a las comunidades el acceso a la educación, también fue denunciado en el documento.
En tanto, el informe de Amnistía Internacional fue rápidamente desestimado por el gobierno colombiano. El documento parte erróneamente asegurando la existencia de un “‘conflicto armado interno’ y de paramilitares, minimizando el hecho de que los pueblos indígenas han sido despojados y asesinados por la guerrilla de las FARC y las bandas criminales emergentes”, aseguró el ministro del Interior, Fabio Valencia, a través de un comunicado. “No reconoce los logros de este gobierno con los pueblos indígenas de Colombia”, sintetizó el funcionario.
Los 40 años de conflicto armado en Colombia han afectado a millones de personas en todo el país, dejando un saldo de decenas de miles de muertos, torturados y víctimas de desaparición forzosa. La inmensa mayoría de las víctimas de estos abusos han sido civiles.
Fuente: elpolvorin
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