En medio del próspero puerto de Patras, en Grecia, se encuentra un campo de refugiados. Nadie sabe cuántas personas viven allí. Las autoridades locales están vigilando porque no están registradas ni tienen trabajo. La mayoría de la gente que vive en el campo de refugiados viajó a miles de kilómetros de Afganistán atravesando Irán y Turquía. El número de personas que busca oficialmente asilo en Grecia ha aumentado 10 veces. Muchos de ellos no pueden regresar a casa, y por eso quieren tomar ilegalmente una embarcación de vapor, para escaparse de este país.
Fuente: RT
En su propósito de estigmatizar a los inmigrantes para obtener réditos electorales, el PP ha dado un nuevo paso al falsear conclusiones de estudios científicos para acusar a la inmigración de reintroducir en España «enfermedades que ya estaban erradicadas».
La descabellada sucesión de declaraciones la inició el jueves Pau Fernández, candidato popular en Tortosa. «Muchos inmigrantes, cuando llegan aquí, están infectados con tuberculosis, sarampión o enfermedades que en España han sido erradicadas, y tenemos que seguir un control para no incrementar el coste sanitario que puedan suponer después», afirmó en una tertulia en la cadena SER – Ràdie Ebre.
El candidato por Barcelona, Alberto Fernández Díaz, y la presidenta del partido, Alicia Sánchez-Camacho, se sumaron ayer al nuevo flanco contra la inmigración. Durante la presentación de su programa en salud, Fernández Díaz hizo referencia a las declaraciones de su compañero de Tortosa. El candidato dijo desconocer los detalles de las declaraciones, pero se la jugó: «De la misma forma que cuando visitamos determinados países tenemos que vacunarnos, pues a lo mejor tendremos que mirar otras cosas», aseguró. A continuación añadió que «enfermedades que estaban erradicadas han reaparecido traídas por los inmigrantes». El mismo mensaje fue lanzado en Salt por la líder popular en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho.
Ningún estudio médico, tampoco los citados por los dirigentes populares, avala sus afirmaciones, informa Oriol Güell. Los inmigrantes no han reintroducido en España enfermedades sencillamente porque ninguna de las citadas por el PP había sido erradicada. La que más cerca estuvo de serlo, el sarampión, resurgió con fuerza en España en 2006, entre adolescentes de familias que rechazan las vacunas.
Los inmigrantes que sufren estas enfermedades se contagian en España y lo hacen por dos motivos, idénticos a los que afectan a los españoles. En casos de enfermedades infecciosas evitables por vacunación, como el sarampión, quedan colectivos que, por edad, no están inmunizados porque no fueron vacunados de niños. Otras dolencias, como la tuberculosis, están más presentes en personas que viven en condiciones socioeconómicas bajas, que afectan por igual a las personas independientemente de su origen.
La ONG SOS Racismo rechazó en un comunicado las declaraciones de los ejecutivos del PP catalán y recordó que «no todo vale en una campaña electoral» y que «hay un límite para todos los partidos, independientemente de su ideología, y ese límite es el respeto a los derechos humanos».
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
Durante la década de 1990, la inmigración llegó a niveles récord y los índices de criminalidad cayeron más abruptamente que en cualquier momento en la historia de EE.UU.. Y las ciudades con los mayores aumentos en la inmigración entre 1990 y 2000 registraron los mayores descensos en las tasas de homicidio y robo, ha verificado un investigador de la Universidad de Colorado en Boulder.
Tim Wadsworth, un profesor asistente de sociología, ha puesto a prueba la hipótesis, avanzada por el famoso sociólogo de Harvard Robert J. Sampson, que el aumento de la inmigración podría estar relacionado con la caída de los índices de criminalidad.
Wadsworth ha considerado el argumento de Sampson en 2006 en un artículo de opinión en el New York Times. » Como Wadsworth recordó: «Mi reacción es que esto es realmente interesante, y es una pregunta muy comprobable».
La nueva investigación apoya la hipótesis de Sampson, según indicaWadsworth en la edición de junio de Social Science Quarterly.
«Las ciudades que experimentaron un mayor crecimiento de las poblaciones inmigrantes o de nuevos inmigrantes, entre 1990 y 2000 tendieron a mostrar mayor disminución de homicidios y robos», dice Wadsworth. «La sugerencia de que los altos niveles de inmigración pueden haber sido parcialmente responsable de la caída de la criminalidad durante el decenio de 1990 parece plausible.»
A partir del Uniforme del FBI «Informes del Delito y los datos del Censo de EE.UU.», Wadsworth analizó 459 ciudades con poblaciones de al menos 50000 personas. Wadsworth midió las poblaciones de inmigrantes de dos maneras: los que son nacidos en el extranjero y los que emigraron en los últimos cinco años.
Wadsworth se centró en ciudades medianas y grandes ya que aproximadamente el 80 por ciento de los delitos violentos sucede en ellas. Wadsworth dijo que distinguir la inmigración legal e ilegal es difícil, ya que el Censo de EE.UU. no hace un seguimiento de esos números, pero se constata que los ciudadanos inmigrantes y los no ciudadanos suele vivir en las mismas comunidades.
El seguimiento de las estadísticas de la delincuencia por homicidio y robo tienden a ser reportados de manera más coherente que otros crímenes. Los robos son cometidos generalmente por personas extrañas – que aumenta la tasa de notificación – y «los homicidios son difíciles de ocultar», dijo.
Los resultados de Wadsworth contradicen gran parte de la retórica pública sobre la relación entre inmigración y delincuencia. Como Arizona que informó este mes, que el crimen violento en las ciudades fronterizas del estado se ha mantenido básicamente sin cambios durante la última década aún cuando la violencia del narcotráfico en el otro lado de la frontera ha florecido.
El vínculo entre la inmigración y delincuencia tiene una larga historia en los Estados Unidos y en el extranjero. Wadsworth dijo que tales sentimientos se expresan a menudo en los blogs de internet y en otros lugares.
Wadsworth sostiene que mirar las estadísticas de la delincuencia en un solo momento en el tiempo no puede explicar la causa de los índices de criminalidad.
Con tales instantáneas en el tiempo, Wadsworth encuentra que las ciudades con mayor número de nacidos en el extranjero y las nuevas poblaciones de inmigrantes tienen índices más altos de crimen violento. Pero hay muchos factores – incluyendo las condiciones económicas – con influencia en los datos del crimen.
Si índices más altos de inmigración fueron la causa del aumento de las tasas de delincuencia, uno esperaría que los estudios a largo plazo demostrarían la delincuencia creciente y decreciente en el tiempo estaría relacionada con la afluencia y el éxodo de los inmigrantes. En su lugar, Wadsworth encontrado lo contrario.
Utilizando los análisis a largo plazo, señaló Wadsworth, las ciudades que experimentaron el mayor crecimiento en la proporción de nacidos en el extranjero y la población inmigrante recién llegados experimentaron mayores descensos en crímenes violentos entre 1990 y 2000. Esta conclusión, Wadsworth escribió, «sugiere que Sampson puede tener razón – que la inmigración puede ser en parte responsable de la disminución de los delitos violentos.»
Wadsworth sugiere que según los resulatdos de su investigación, controlando una variedad de otros factores, el crecimiento de la población inmigrante nueva era responsable, en promedio, del 9,3 por ciento de la disminución de las tasas de homicidio, y que el crecimiento de la inmigración total fue, en promedio, responsable de un 22,2 por ciento de la disminución de las tasas de robo.
Exactamente por qué el crecimiento de la inmigración está acompañando a la disminución de delitos violentos es difícil de determinar con los datos a nivel de ciudad. Algunos han sugerido que las comunidades de inmigrantes se caracterizan por amplias redes familiares, menores niveles de divorcio, y culturales y las creencias religiosas que faciliten la integración en la comunidad. Wadsworth señala que «los criminólogos saben desde hace tiempo que esos factores constituyen barreras contra la delincuencia».
«Desde finales de 1800 hasta la actualidad, la asociación entre la inmigración y la delincuencia ha sido un punto central del discurso anti-inmigrante y las políticas públicas», escribe Wadsworth. «Aunque ha habido poca investigación empírica para apoyar tales afirmaciones, que se han mantenido con muy poco debate».
Fuente: EurekAlert
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Enlaces relacionados:
En la página web «Maneras de Vivir» (http://www.manerasdevivir.com) recopilan esas grandes mentiras, falacias, leyendas urbanas y falsos mitos que circulan por ahí en torno a los inmigrantes al leer que el 48% de los españoles piensa que los inmigrantes pagan menos impuestos o ninguno.
La cosa es que en la medida de lo posible, para desmontar las mentiras se haga con fuentes de información, para verificar lo que se dice, de manera que no se pueda rebatir la información al aportar datos.
Ahí va mi aportación:
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Mentira nº 1 – «Los chinos no pagan impuestos»
Es una leyenda urbana que ha aparecido incluso en medios de información «serios».
La mentira intenta apoyarse en un convenio existente entre China y España (similar al que existe con otros países) afirmando que los comerciantes chinos están exentos de pagar impuestos los primeros 5 o 7 años.
El convenio al que se alude es este. Resulta curioso que se nombre el convenio al difundir la mentira, pero nunca se enlace el documento. ¿Por qué? Porqué en dicho convenio no existe nada que haga referencia a dicha exención de impuestos.
En este foro ya hicimos un ‘zash en toda la boca’ a la usuaria Ruta AP7 y al usuario Guillermo Prada, que trataban de traer esta falacia desde el foro de Democracia Nacional. Al ponerles el enlace de la Agencia Tributaria, cerraron la boquita.
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Mentira nº 2 – «Los inmigrantes copan los servicios sanitarios públicos»
Que malos estos inmigrantes. No pagan impuestos y vienen aquí a aprovecharse de nuestros servicios sanitarios. Es otra falacia mil veces repetida.
Pero todos los estudios estadísticos demuestran lo contrario. Quoteo alguna información:
Cita: |
El 29,3% de los inmigrantes ha utilizado algún servicio sanitario en las últimas cuatro semanas frente al 39,5 de la población autóctona |
Cita: |
Lo que a ingresos hospitalarios se refiere, la Encuesta Nacional de Salud del Instituto Nacional de Estadística refleja que el 8,8% de la población inmigrante ha sido hospitalizada en los últimos 12 meses frente al 9% de la autóctona. |
En [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] y esta noticia de Público puede ampliarse información en torno a este tema.
La realidad entonces, muestra justo lo contrario: Los españoles usan más los servicios sanitarios que los inmigrantes.
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Mentira nº 3 – «A más inmigrantes, más delincuencia»
Esta es la evolución de la población inmigrante en España:
Esta es la evolución de la tasa de criminalidad en España:
Y no solo eso, si se descuentan los delitos por seguridad vial, la tasa de criminalidad baja año tras año:
Para colmo, [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE], sin embargo la tasa de criminalidad en España está 23 puntos por debajo de la media europea.
En conclusión, aunque la tasa de inmigración aumente, la tasa de criminalidad no aumenta. Y si eliminamos las faltas por seguridad vial, incluso disminuye. Y España, teniendo más inmigración que otros países, tiene menos tasa de criminalidad.
Por lo que no existe relación alguna que permita afirmar que ‘a más inmigración, más delincuencia’
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Mentira nº 4 – «Los inmigrantes nos quitan el trabajo»
Decir que los inmigrantes «nos quitan» el trabajo es partir de un supuesto erróneo, dado que implica que los inmigrantes cogen algo ajeno, algo nuestro. Pero estando regularizados, tienen legalmente tanto derecho a acceder a puestos de trabajo como los nacidos aquí.
Sin embargo la frase parece indicar, que cuando un inmigrante pone un pie en suelo español, automáticamente se desposee a alguien nacido aquí de su trabajo, para entregarle el empleo al inmigrante. Algo sencillamente absurdo.
El inmigrante como el autóctono opta al puesto trabajo con los mismos derechos. Y debería poder obtenerlo con las mismas posibilidades, algo que no es cierto, dado que su tasa de desempleo es mayor ([Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] – Julio 2009)
Pero es que encima, su contribución ya no es que sea perjudicial. Ni siquiera favorable, es que es necesaria, para el sostén actual de la economía.
Dado que la piramide de la población de los extranjeros en España muestra una hipertrofia en la población de entre 25 y 40 años, significa que su porcentaje de población dependiente (menores de 16 años y mayores de 65 años) sea mucho menor que en la población nacional, y por tanto su aportación neta es mayor, desde el punto de vista porcentual.
Además, el empleo extranjero se ha concentrado en unos sectores donde la demanda de trabajo por parte de la población nacional no cubre por completo la necesidad y en general, resulta escasa. Esto es: Hostelería, Construcción, Hogar y Agricultura.
Pero lo fundamental es que no roban trabajo, no se lo quitan a nadie. Acceden a ello, pues tienen el mismo derecho. Pero desde posturas xenofobas y racistas, se falsea diciendo que vienen a delinquir o a robar el trabajo, y en todo caso, a usar los recursos. Anteponiendo en todo momento que los españoles tienen más derecho de acceder a determinado trabajo o a determinado recurso.
Ahora con la crisis, el discurso xenofobo y fascista de «nos roban el trabajo» cambia por «nos roban el desempleo»:
Mariano Rajoy escribió: |
Si están aquí tienen que intentar trabajar, como hacemos todos, en vez de estar tocándose las narices cobrando el paro. Fuente: Video |
Si trabajan, malo. Si estan en paro, malo. Dejan claro que el problema no es el trabajo, el paro, los recursos…. sino el color de su piel o su país de origen, algo que nadie tiene oportunidad de elegir.
Los xenofobos olvidan o eligen olvidar el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
Cita: |
Artículo 23. * 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. * 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. * 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. * 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. |
En ningún caso, se estipula que deba existir discriminación en función del lugar de origen, a la hora de acceder al empleo.
Pero es que encima, en la legislación vigente con su ley de extranjería ya prevalecen más los derechos de los españoles sobre los inmigrantes, dado que no se concede una autorización para residir temporalmente y trabajar aquí, si el puesto al que se opta no forma parte de las ocupaciones consideradas como de dificil cobertura.
Cita: |
Art. 50. parrafo 3, apartado a Que la situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador extranjero. A los efectos de determinar dicha situación nacional de empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal elaborará, con periodicidad trimestral y previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, para cada provincia o demarcación territorial que, en su caso, establezca la correspondiente comunidad autónoma así como para Ceuta y Melilla, excepto en las provincias insulares, donde el catálogo podrá establecerse para cada isla o agrupación de ellas, de acuerdo con la información suministrada por los Servicios públicos de empleo autonómicos. Este catálogo estará basado en la información disponible sobre la gestión de las ofertas presentadas por los empleadores en los Servicios públicos de empleo, y se considerarán como ocupaciones las consignadas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones en vigor. La calificación de una ocupación como de difícil cobertura implica la posibilidad de tramitar la autorización para residir y trabajar dirigida al extranjero. Asimismo, se considerará que la situación nacional de empleo permite la contratación en las ocupaciones no calificadas como de difícil cobertura cuando el empleador acredite la dificultad de contratación del puesto que pretende cubrirse, mediante la gestión de la oferta de empleo presentada ante el Servicio público de empleo concluida con resultado negativo. A este efecto, el Servicio público de empleo encargado de la gestión emitirá, en el plazo máximo de 15 días, una certificación en la que se exprese que de la gestión de la oferta se concluye la insuficiencia de demandantes de empleo adecuados y disponibles para aceptar la oferta. |
Por tanto, ni los inmigrantes quitan el trabajo a los españoles. Ni los emigrantes españoles quitan el trabajo cuando viajan al extranjero.
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Mentira nº 5 – «A más personas, más dificil conseguir trabajo»
Complementaría de la anterior mentira «Los inmigrantes nos quitan el trabajo». Con esta mentira se trata de conseguir que la gente piense que cuantos más inmigrantes lleguen al país, más desempleo va a haber.
Es una falacia facilmente desmontable, observando que la evolución de la población extranjera y la evolución de la tasa de desempleo no van ni mucho menos de la mano. Es perfectamente posible, que aumentando la población inmigrante, el paro se reduzca.
Evolución de la tasa de desempleo en España
Evolución de la población extranjera en España
A Guillermo Prada se le hizó un buen «fail» con este asunto
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Enlaces de interés:
– AGENDAS EN POLITICA DE INMIGRACION 1- LA INMIGRACION EN LA AGENDA EUROPEA
La Guardia Civil ha detenido al inspector jefe de la segunda actividad de la Brigada de Extranjería y Documentación de Murcia, Diego de Gea, según informaron a Europa Press fuentes cercanas. Al parecer, está implicado en una red dedicada a regularizar a inmigrantes de forma fraudulenta.
Y es que, la Benemérita, en la denominada operación ‘Huellas’, llevada a cabo en Murcia, ha desarticulado dicha red. La operación se ha saldado con la detención de 21 personas y la imputación de 17 más, entre las que se encuentran funcionarios de la Administración y miembros del Cuerpo Nacional de Policía destinados en el edificio de Extranjería de Murcia.
Los hechos se remontan a hace seis meses, cuando la Guardia Civil recogió una serie de denuncias de particulares y de organizaciones versadas en supuestas prácticas irregulares que se venían sucediendo en torno a trámites administrativos gestionados en el inmueble de la Oficina Única de Extranjeros (O.U.E.), más concretamente en el área policial de dicho inmueble, según informó la Delegación del Gobierno en un comunicado.
Tales irregularidades se enmarcaban en el proceso de estampación de la huella digital, así como en el de la concesión y renovación de los permisos de residencia. De hecho, algunos de los inmigrantes que conseguían regularizar su situación administrativa tenían incluso causas pendientes con la justicia, llegando a estar buscados por ella.
Tras una «exhaustiva» investigación por parte de la Guardia Civil, se pudo determinar la existencia clara de dos grupos de actores «perfectamente estructurados y jerarquizados» de forma piramidal.
Un primero formado por funcionarios tanto del Cuerpo Nacional de Policía, como de la Administración General del Estado destinados en el área policial de la O.U.E, que serían los que tendrían acceso a realizar los trámites fraudulentos a cambio de supuestas comisiones económicas. Sobre este grupo se han realizado tres detenciones y otras tres imputaciones.
Un segundo grupo, estructurado de forma jerarquizada y piramidal, formado por personas de origen árabe externas a la O.U.E. y en cuyo vértice se encontraba un marroquí –que responde a las iniciales de T.N.– el cual mantenía «estrechas» relaciones con el primero de ellos, y ejercía de enlace personalmente entre los mismos. El resto lo componían facilitadores o captadores de clientes que se los hacían llegar a T.N. Sobre este grupo se han realizado 18 detenciones y otras 14 imputaciones.
El pasado lunes comenzó la explotación de la operación, organizándose por parte de la Jefatura de la Zona de la Guardia Civil de Murcia un «gran despliegue» de efectivos por toda la Región que localizó, detuvo e imputó en menos de 10 horas a 36 personas implicadas en dicha trama.
Aquellas que habían pagado por la compra de documentos falsos o habían realizado los trámites de forma irregular fueron puestas en libertad tras prestar manifestación.
En otro sentido, aquellos pertenecientes a los dos grupos anteriormente citados pasaban en calidad de detenidos a disposición judicial. El total de la operación arroja un total de 21 detenciones y 17 imputaciones, 5 registros domiciliarios y la incautación de numerosa documentación falsificada.
Para la identificación y detención de los funcionarios implicados se ha contado con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía y responsables de la Oficina Única de Extranjería.
Fuente: EuropaPress
Carlos lleva años engañando al Estado y aprovechándose de la desesperación de la gente. Un traficante de papeles en toda regla que no se conforma con pedir dinero a cambio de su ‘ayuda’. Cuando es una mujer la que solicita sus servicios, la cosa se agrava. ‘Diario de’ consigue grabar las proposiciones, más que indecentes, realizadas por este desalmados hacia una joven brasileña. Ella, cebo del programa, le explica que no puede pagar la cantidad que le pide, en total, 3.500 euros. Pero necesita los papeles. Aunque el ‘traficante’, al principio, no se atreve a proponerle directamente que se acueste con él, su intenciones le delatan. Está esperando a que sea ella la que de el paso. «Estoy abierto a todo lo que me digas», sugiere. Finalmente, viendo que la joven no se decide, se quita la careta. «Vería de qué forma se te podría rebajar algo, la cantidad. Puedo tener una ‘delicatessen’ para ti». Y continúa, «Yo nunca he tenido una amante. Nos vamos a un hotel (…) y nos ponemos los puntos sobre las íes». A cambio de ello, la tarifa se reduciría a 1.500 euros. En todo momento, Carlos explica a su ‘presa’ que quiere ayudarla porque le ha caído bien. Por eso, con ella, está teniendo un trato preferente. Con otras personas, no lo ha hecho antes.
Nuestra infiltrada, Cristina, continúa con la farsa. Él logra convencerla para llevarla hasta su coche, «luego ya veremos lo qué hacemos», reitera, momento que es aprovechado por el equipo de ‘Diario de’, con Mercedes Milá a la cabeza, para interceptar al traficante de papeles. Mientras la periodista le increpa y trata de avergonzarle, él sólo es capaz de negarlo todo. «Te estás equivocando», argumenta en su defensa. Pero Merdeces no se deja amilanar. «Ha caído usted en la trampa más inmoral. Lo acabo de grabar todo. Cuando lo vea usted en la televisión, lo va a tener mal». Y efectivamente, así ha sido. Como explica Mercedes Milá en Telecinco.es, a través de su blog, Renfe ha tomado las medidas correspondientes, y tras ver la promoción de ‘Tratantes de esclavos’ en la televisión, ha relevado de su puesto al taquillero. Una decisión responsable y consecuente fruto de la denuncia realizada por ‘Diario de’. Como en otros casos, arrojar luz sobre este tipo de injusticias, a través de los medios de comunicación sirve para mucho.
Fuente: Telecinco.es
La creciente presencia de extranjeros en las cárceles españolas es utilizada para reforzar el estereotipo de su “peligrosidad social”. Sin embargo, se trata de una lectura superficial que oculta las verdaderas causas.
Desde hace ya algunos años, la relación entre inmigración, delincuencia y sistema penal es un tema muy debatido y controvertido de la agenda política europea. Sin embargo, en momentos de plena campaña electoral como la vivida en el Estado español hace unas semanas, hemos escuchado una lectura superficial de las cifras que se manejan, sobre todo cuando se relaciona el número de inmigrantes entre rejas con la población inmigrante en general para reforzar el estereotipo de su “peligrosidad social”.
En las cárceles españolas hay alrededor de 68.000 personas reclusas, de las cuales el 36% son inmigrantes, cuando estos últimos constituyen poco más del 10% de la población total, proporción que se repite en casi todos los países de Europa occidental. ¿Significa eso que los recién llegados son más peligrosos? Varios estudios sobre las causas de esta sobrerrepresentación ofrecen una lectura alternativa.
La casi totalidad de los delitos cometidos por extranjeros está relacionada con el tráfico de drogas en pequeña escala y con los hurtos, acciones vinculadas más a una situación de precariedad social y económica que a una supuesta subcultura violenta o a un modelo cultural retrasado. Dicho de otra manera, no se puede demostrar ninguna tendencia a delinquir relacionada con el fenómeno migratorio, por el contrario es evidente el carácter instrumental de estos delitos, ante la necesidad de encontrar los medios de subsistencia negados por el mercado de trabajo, y más en general, por una regulación de corte básicamente represiva de la inmigración. Lejos de la imagen mediática y política de una cárcel repleta de asesinos y violadores “extranjeros”, la realidad es más cercana a la prisión como lugar de aislamiento y de condena de los que son empujados al margen de la vida económica y social. Y esta inestabilidad marca toda la experiencia carcelaria de los inmigrantes.
La imposibilidad de pagar una defensa de calidad, junto a hipotéticos indicios de poder eludir la justicia, hacen que los juicios se vuelvan una acción mecánica y rutinaria, en la cual no se está juzgando sólo el delito, si no una serie de variables socio-económicas. No extraña, entonces, que la tasa de las personas extranjeras en condición de preventivo sea más del doble de la población autóctona, llegando hasta extremos de dos años de cárcel sin que se haya celebrado el juicio, y que las condenas sean más largas sobre todo en el caso de inmigrantes irregulares.
Dentro de las cárceles
En el interior del ámbito carcelario, la situación se hace todavía más dramática: desamparo, falta de información y asesoramiento sobre los procedimientos penales, imposibilidad de reivindicar las prestaciones a las cuales tiene derecho cada recluso, necesidad de actuar como un “buen inmigrante preso” para lograr los beneficios que los funcionarios penitenciarios conceden a su total discreción: son estos los aspectos destacados por las investigaciones realizadas en el interior de los penitenciarios. A eso, hay que añadir una explotación de la fuerza laboral extranjera: debido a la falta de recursos económicos, los inmigrantes tienden a monopolizar los llamados “destinos de pago”, trabajos en el interior de la prisión que van hasta las diez horas laborales cotidianas por un sueldo que pocas veces supera los 400 euros por mes.
Por otro lado, la oferta formativa y profesional de la institución penitenciaria, o sea cursos de idioma y talleres profesionales, es caracterizada por una permanente falta de recursos y por la baja capacitación laboral, ya que casi el 90% del presupuesto penitenciario se gasta en tareas de seguridad. Y tampoco resulta ser de gran utilidad para la inserción laboral de los inmigrantes, puesto que todos los títulos eventualmente obtenidos llevan el sello de la prisión, juntando de tal manera el estigma todavía muy difuso que acompaña a los ex presos con la condición de inmigrante.
En el momento de salir de la cárcel, es cuando la situación se vuelve paradójica: aparte de la orden de expulsión que automáticamente se otorga a los extranjeros condenados y que sólo en muy pocos casos se hace efectiva, al salir de la cárcel los inmigrantes, no pueden, según la Ley de Extranjería, obtener permiso de residencia o trabajo justamente por tener antecedentes penales y hasta que estos últimos no se hayan prescrito. Eso significa reproducir aquellas causas que, en la mayoría de los casos, han llevado a los inmigrantes a caer en la “tentación” del delito, obligándoles a una invisibilidad que les deja pocas alternativas para cumplir con su proyecto migratorio y perpetrando, de esta manera, el círculo vicioso entre precariedad socio-económica y sistema penal.
Así se construye el mito de la peligrosidad social de los inmigrantes y se manifiesta la voluntad, por parte de los aparatos políticos, económicos y sociales de luchar contra pobres y minorías, de encerrarles donde no se les pueda ver y donde no puedan perturbar el orden social constituido, y no actuando contra la pobreza. Un ladrillo más en la edificación de la Europa fortaleza.
Fuente: Periódico Diagonal
La Justicia española podrá perseguir extraterritorialmente a las personas u organizaciones ilegales que promuevan el tráfico ilegal o la inmigración de seres humanos, gracias al Anteproyecto de Ley Orgánica aprobado hoy por el Consejo de Ministros, que modifica el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, el Ejecutivo acordó destinar 220 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas para la financiación de la Ley de Dependencia en 2007, ratificando así lo aprobado por el Consejo Territorial de la Dependencia en su reunión del pasado 9 de mayo.
La principal novedad del Anteproyecto aprobado hoy es que se otorga a los tribunales españoles la jurisdicción para perseguir los delitos de tráfico ilegal de personas e inmigración clandestina, ya que hasta ahora en España sólo podían enjuiciarse actividades de tráfico de seres humanos detectados fuera del país si estaban orientadas a la explotación sexual de los mismos. La nueva normativa equipara estos delitos a otros como el genocidio, el terrorismo, la piratería, la falsificación de moneda extranjera, la prostitución, la corrupción de menores o el tráfico de drogas, para los que los jueces españoles ya eran competentes.
Para la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, los delitos que a partir de ahora podrán ser perseguidos por la Justicia española son de «un tipo de criminalidad trasnacional que atenta a valores fundamentales, que se aprovecha de las condiciones más extremas de los seres humanos más desvalidos sometiéndolos a una doble explotación». Por todo ello, aseguró que para el Gobierno es prioritario «combatir a las mafias que trafican con seres humanos, que se enriquecen a su costa y promueven su explotación».
En consecuencia, De la Vega anunció que el Ejecutivo ha suscrito acuerdos con Argelia, Marruecos y Mauritania de extradición, asistencia jurídica en materia penal, repatriación de menores, fortalecimiento de la justicia, asistencia a detenidos y traslado de personas condenadas, entre otros asuntos, tras analizar un informe de los ministerios de Exteriores, Interior y Justicia que constata que existen redes de tráfico de seres humanos cada vez más eficaces cuyo origen está en el norte de África. Además, desveló que el Ejecutivo está suscribiendo nuevos acuerdos con Cabo Verde, Senegal, Gambia y Guinea Conakry.
SITUACIÓN QUE MEJORA «NOTABLEMENTE»
La vicepresidenta apuntó que «Argelia y Marruecos son los dos principales países de la región que tienen que afrontar y encarar una estrategia conjunta», para lo que asegura estar trabajando y afirmó que «hasta donde sea posible, España va a atender las demandas de cooperación y asistencia técnica en todos los países del Magreb». Como ejemplo, De la Vega recordó que estos últimos meses se han concedido subvenciones extraordinarias a Marruecos y a Mauritania para el control de fronteras y se ha donado material a este último y Senegal.
Además, la vicepresidenta se mostró optimista durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros y precisó que la llegada de inmigrantes clandestinos a nuestro país ha mejorado «notablemente» respecto al mismo periodo de 2006, ya que el número de ‘sin papeles’ llegados a costas españolas ha bajado un 67%. De todas formas, reconoció que «en las próximas semanas pueden seguir llegando nuevas embarcaciones» por lo que advirtió que «no podemos cerrar los ojos al problema», sino que «necesitamos someterlo a un análisis continuo».
LEY DE DEPENDENCIA
Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó la distribución de un fondo de 220 millones de euros a las comunidades autónomas destinado a la financiación de la llamada Ley de Dependencia con intención de «agilizar» la puesta en marcha de la norma, según apuntó la vicepresidenta De la Vega. Para este reparto, el Ejecutivo ha tenido en cuenta criterios como el número de personas mayores, discapacitados, la estimación de grandes dependientes, la superficie o la insularidad, y en consecuencia, las comunidades que recibirán una mayor aportación serán Andalucía (36,2 millones de euros), Cataluña (32,3), Madrid (23,4), Comunidad Valenciana (21,2), Galicia (18,7) y Castilla y León (17,8).
De la Vega aseguró que gracias «al consenso social unánime» y la colaboración de las comunidades autónomas y asociaciones «es posible trabajar muy deprisa para la traslación de la Ley a la vida cotidiana de las personas», una ley que «es muy joven y compleja», aunque «ya está en marcha».
Fuente: OTR PRESS
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Las mafias que ingresan ilegalmente inmigrantes africanos a países de la Unión Europea ganan anualmente con unos 237 millones de euros por este negocio fraudulento.
Por ejemplo, un viaje desde Marruecos a Canarias oscila entre un mínimo de 700 euros a un máximo de 1.500, algo similar a lo que cuesta la media de un viaje desde Senegal a estas islas (aunque en ese país existe un punto de salida, San Luis, en donde el viaje está entre 455 y 760 euros). Desde Nuadibú, un punto «barato» de Mauritania, a Canarias, los precios van desde 305 a 995 euros. Más cara tienen la tarifa quienes quieren llegar a Italia desde Libia: entre 1.525 y 1.990 euros .
Traslados previos Un nigeriano que quiera venir a España puede llegar a gastarse unos 3.000 euros sólo en pagos a las mafias Eso sin tener en cuenta los desplazamientos anteriores que puedan haber tenido que emprender los subsaharianos hacia los países de paso. Los conflictos armados y la falta de infraestructuras, organización y corrupción en África hace que no puedan pasar por allí de manera normal.
Un ejemplo: si un nigeriano quiere llegar a Marruecos antes de partir hacia España, tendrá que pagar 1.000 euros para que lo lleven hasta Mali, y otros 340 euros para que lo trasladen al país magrebí. Una vez allí, optar por alguna de las tarifas Marruecos-España. El total desemboslado puede rondar los 3.000 euros.