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Los detectives privados llevan a cabo funciones de protección de mujeres víctimas de la violencia de género que corresponden a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con lo que cometen un «claro intrusismo profesional», según Ana Isabel Pérez Machío, del Instituto Vasco de Criminología.

Pérez Machío, que participa en el curso «Investigación privada y violencia doméstica» de los cursos de verano de San Sebastián, ha explicado que a raíz de la Ley orgánica 1/2004 de prevención y protección de las víctimas de violencia de género se propuso una mayor intervención en la adopción de medidas de seguridad para las víctimas a través de la figura del detective privado.

Según la ley de seguridad privada, éstos están «únicamente» habilitados para la investigación de delitos privados, pero las lesiones, coacciones y las amenazas entre otros son «delitos públicos».

La Asociación Española de Detectives Privados (AEDP) planteó en el año 2003 la inclusión de un precepto en la Ley 1/2004 para que se regule la figura del «detective de oficio», iniciativa que parte de un informe de CGPJ del año 2001 para introducir la figura del «agente controlador», en la que proponían a policías judiciales preparados para controlar el cumplimiento de las medidas de alejamiento impuestas en las sentencias.

Pérez Machío asegura que la AEDP hace una interpretación «teleológica» de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proponer que los detectives sean estos agentes controladores.

Sin embargo, esta legitimación no es posible por la interpretación errónea que hace la AEDP de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por las funciones que se les atribuye a los detectives privados en su propia normativa, la ley 23/1992 de Seguridad privada, según Pérez Machío.

De esta manera se está encargando la protección de estas víctimas a profesionales que no tienen licencia para llevar armas -a no ser que sean particulares- ni obligación de estar instruidos en defensa personal, por lo que lo único que pueden hacer para no incurrir en una infracción es avisar a las fuerzas de seguridad del Estado, como cualquier particular.

Explica la profesora que hay que «evitar extralimitarse» en las competencias asignadas por ley como forma de lavar la cara a una profesión que no tiene una «consideración social positiva».

Fuente: adn.es

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Enlaces de interés:

– Concepto de víctima. Licenciatura Criminologia. UMU

– La violencia de género sólo es del hombre sobre la mujer

– Apuntes Derecho Penal I. Licenciatura Criminología. UMU

– Apuntes Derecho Penal II. Licenciatura Criminología. UMU

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