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A media mañana del 31 de julio de 1972, Kathryn Eakin estaba limpiando los cristales del colmado familiar cuando explosionó la primera bomba en el pueblo de Claudy. Tenía ocho años y se convirtió en la víctima más joven de un atentado en cadena (tres coches bomba) que asesinó a nueve vecinos, cinco católicos y cuatro protestantes, en aquel enclave de Irlanda del Norte de apenas 1.300 habitantes. Ningún grupo paramilitar reivindicó el que fuera uno de los ataques más salvajes en la historia de los Troubles (el conflicto norirlandés), y tampoco nadie fue nunca detenido.

Solo 38 años después, un informe oficial acaba de confirmar que la policía de la época tenía en su mira a un cura católico como principal sospechoso, pero su identidad fue encubierta con la connivencia de los poderes del Estado y la Iglesia. Los supervivientes y los familiares de los fallecidos se preguntan ahora por qué James Chesney se erigió en el sacerdote intocable.

Las conclusiones de una segunda investigación iniciada en 2002, difundidas el pasado martes por Al Hutchinson, ombudsman [defensor del ciudadano] de la policía norirlandesa, revelan cómo los servicios de inteligencia estaban convencidos de que Chesney era nada menos que el director de operaciones del IRA (Ejército Republicano Irlandés) y estuvo implicado en la planificación del atentado. Los detectives incluso hallaron restos de explosivo en su vehículo, pero el mando policial les denegó el permiso para detener e interrogar al religioso. La antigua policía del Ulster (RUC) y el propio Gobierno conservador británico temían que ese paso diera pie a acciones de venganza por parte de los paramilitares protestantes y a las consiguientes represalias del IRA. Que inflamara todavía más las tensiones en el seno de una comunidad al borde de la guerra civil. Durante aquel turbulento 1972, casi medio millar de personas murieron de resultas de la espiral de violencia política.

En este contexto, el nuevo informe sobre el triple atentado de Claudy da cuenta de un conciliábulo entre el entonces responsable del RUC, Graham Sillington, el secretario de Estado para la provincia, William Whitelaw, y el jefe de la Iglesia católica de Irlanda, el cardenal William Conway, quienes acordaron trasladar al padre Chesney a una parroquia del condado de Donegal (República de Irlanda), fuera del alcance de la justicia norirlandesa. Los tres protagonistas están hoy muertos y, por tanto, los motivos últimos de aquella decisión quedan circunscritos al terreno de las especulaciones. Hutchinson ha concluido que no hubo ninguna «intención criminal» por parte de la policía, el Gobierno o el clero, y considera probable que la detención del sacerdote habría «agravado la situación de seguridad» en la provincia. Tan solo seis meses antes de aquel suceso, se había registrado la matanza de Londonderry, segunda ciudad norirlandesa, donde los disparos indiscriminados de paracaidistas británicos contra un grupo de manifestantes acabaron con la vida de 13 personas.

Reportaje completo en: ElPaís