admin
La web de Maco048. Criminología
Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
El rey ataca a la independencia del juez Castro
La imputación de la infanta Cristina ha provocado el primer gran ataque del Rey a la independencia judicial. En una breve comunicación a las agencias de noticias, un portavoz autorizado de Zarzuela ha expresado su «sorpresa» por lo que consideran un cambio de criterio del magistrado José Castro en relación a la infanta.
Las explicaciones ofrecidas ahora chocan con la intención manifestada horas antes, de no comentar «decisiones judiciales». Simultáneamente, la Casa Real ha dado su apoyo explícito al fiscal anticorrupción y a su iniciativa de recurrir la imputación de la hija de rey. Además, la Casa del Rey asegura haber tenido conocimiento del auto de imputación de la hija de Don Juan Carlos «por los medios de comunicación».
Razones del Juez
En su auto, el juez Castro explica que ha decidido imputar a la Infanta Cristina antes de finalizar la instrucción de esta pieza, dado que, en caso contrario, se hubiese dejado que «se perpetúe la incógnita» de su supuesta implicación en esta causa, lo que, en su opinión, sería un «cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos y una clara contradicción a la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales que en casos similares es muy escasamente probable que prescindieran del trámite». De ese modo, el juez de Palma parafrasea al rey, sin citarlo, al emplear la misma frase que pronunció el monarca cuando se refirió al caso Urdangarin en su mensaje de Navidad de 2011.
Ampliar en: Público
Nueve taras de la Justicia española que explican la abundancia de personas corruptas y su descaro
Visitar la bitácora EN OCASIONES VEO REOS y leer o releer el post titulado «Diez circunstancias que agravan la corrupción española«, que, resumiendo, versa sobre la anticuada, inadecuada y deficiente maquinaria de la Justicia del Estado español.
Entre las circunstancias que relaciona la autora del texto hay nueve detalles que cabe calificar de taras que merecen especial atención, ademas de generar inquietud:
1. Sólo en España y en otro de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa el instructor o director de un procedimiento (incluidas las investigaciones, lógicamente) sigue siendo un juez, no un fiscal;
2. La plantilla de la Justicia española es escasa, prueba de ello es que ocupa el puesto 37º de Europa en cuanto al número de habitantes por juez;
3. Los funcionarios de Justicia carecen prácticamente de derechos laborales;
4. Los medios materiales de la Justicia española son precarios, sobre todo en cuanto a equipos informáticos y comunicaciones telemáticas;
5. En el procedimiento penal español no esta prevista la conformidad;
6. El principio de jerarquía que impera en el ministerio público (hay criterios que merecen el calificativo de medievales) dificulta, emponzoña e incluso llega a impedir el trabajo de los fiscales;
7. Las penas previstas en España para los delitos económicos (incluidos los fiscales) son irrisorias en comparación con la mayoría de las legislaciones de la Unión Europea;
8. El delito de prevaricación tampoco está penado con la mínima contundencia exigible (además, en el ámbito de la Justicia es prácticamente imposible que un juez sea procesado y mucho menos condenado por prevaricación); y
9. Las purgas de funcionarios «molestos» en la Administración de Justicia son numerosas y se realizan con la impunidad prácticamente garantizada.
En fin, el caso Bárcenas y también el despido del fiscal Frago (¡para nada pretendo equiparar uno y otro episodio!) aconsejan pulsar y leer «Diez circunstancias que agravan la corrupción española«.
2. La plantilla de la Justicia española es escasa, prueba de ello es que ocupa el puesto 37º de Europa en cuanto al número de habitantes por juez;
3. Los funcionarios de Justicia carecen prácticamente de derechos laborales;
4. Los medios materiales de la Justicia española son precarios, sobre todo en cuanto a equipos informáticos y comunicaciones telemáticas;
5. En el procedimiento penal español no esta prevista la conformidad;
6. El principio de jerarquía que impera en el ministerio público (hay criterios que merecen el calificativo de medievales) dificulta, emponzoña e incluso llega a impedir el trabajo de los fiscales;
7. Las penas previstas en España para los delitos económicos (incluidos los fiscales) son irrisorias en comparación con la mayoría de las legislaciones de la Unión Europea;
8. El delito de prevaricación tampoco está penado con la mínima contundencia exigible (además, en el ámbito de la Justicia es prácticamente imposible que un juez sea procesado y mucho menos condenado por prevaricación); y
9. Las purgas de funcionarios «molestos» en la Administración de Justicia son numerosas y se realizan con la impunidad prácticamente garantizada.
En fin, el caso Bárcenas y también el despido del fiscal Frago (¡para nada pretendo equiparar uno y otro episodio!) aconsejan pulsar y leer «Diez circunstancias que agravan la corrupción española«.
ENLACE de interés: JUSTICIA IMPARCIAL.
Fuente: Im-Pulso
Bajo licencia Creative Commons
Las tasas judiciales de Gallardón
Importe y conceptos de las tasas:
Procesos civiles
- Verbal y cambiario: 150 euros
- Ordinario: 300 euros
- Monitorios, demanda incidental en concurso: 100 euros
- Ejecución extrajudicial y oposición a ejecución: 200 euros
- Concurso necesario: 200 euros
- Apelación: 800 euros
- Casación y extraordinario por infracción procesal: 1.200 euros
Procesos contenciosos-administrativos
- Abreviado: 200 euros
- Ordinario: 350 euros
- Apelación: 800 euros
- Casación: 1200 euros
Procesos de orden social
- Suplicación: 500 euros
- Casación: 750 euros
Además hay que añadir otra cantidad variable que se calcula en función de la cuantía del proceso y que es del 0,5% hasta un millón de euros y del 0,25% en la cuantía que exceda del primer millón con el tope máximo de 10000 euros a pagar por cada tasa liquidada.
Están exentos del pago de tasas los demandantes de justicia gratuita, las administraciones públicas y los poderes del Estado. Además, los trabajadores que inicien procesos en el ámbito social (laboral) gozan de una exención del 60%. También hay una bonificación del 10% de la tasa cuando el pago se realice por medios telemáticos.
Los procedimientos monitorios y los juicios verbales por reclamaciones inferiores a dos mil euros están exentos del pago de la tasa, exención que no se aplicará cuando la pretensión del cobro se fundamente en documentos de carácter ejecutivo extrajudicial según el art. 517 de la L.E.C.
Si a lo largo del proceso llegamos a un acuerdo con la otra parte, nos devuelven el 60% de la tasa pagada.
Justicias contra animales
Si bien en la historia antigua y actual existen numerosos casos judiciales de sentencias condenatorias hacia bestias, ya fueran terrestres, aéreas o cuyo “habitat” fuere el agua, casos como los fueron acontecidos en febrero de 1935 donde fue ajusticiado en Atenas un papagayo, perteneciente al propietario de unos de los restaurantes mas importantes de la ciudad, por la costumbre que tenía de gritar: “Viva Venizelos” …, una vez triunfante la revolución que derribo al político heleno o en la URSS donde la GPU, policía política, fusiló a un loro que cantaba canciones capitalistas y zaristas – en éste caso sus supuestos “maestros de canto” corrieron la misma suerte -.
“El día 10 de enero de 1457 se administraba justicia en los días celebrados en Savigny “bajo la presidencia del escudero Nicolás Quareillan”, juez de lugar. La querellante era la “noble señorita Catalina de Bernault, señora de Savigny”. El procurador de la señorita era Huguenin Martín, demandante, el cual declaró que el martes antes de Navidad.. una cerda y sus seis lechones, al presente presos, fueron cogidos en flagrante delito de asesinato y homicidio en la persona de Juan Martín.”
Nos, juez, hemos dado sentencia definitiva de este modo:
“Decímos y pronunciamos que la cerda de Juan Bailly, por razón de asesinato y homicidio por ella cometido y perpetrado en la persona de Juan Martín sea confiscada para ser castigada y condenada al último suplicio: Ser colgada por las patas traseras de un árbol..Respecto a los lechones de la dicha cerda, por cuanto no está probado que comieran del dicho Juan Martín, nos contentamos con devolverlos a Juan Bailly, mediante caución de devolverlos si a resultas, comieron del dicho Juan Martín…”
Ampliar: La Mentira está ahí fuera
Los trabajadores tendrán que pagar para recurrir las sentencias por la reforma laboral
En los años 50 del pasado siglo, en lo más duro del franquismo, se impuso el sistema de tasas judiciales que penaba el acceso de los ciudadanos a la ley. Claro, que aquello era una dictadura y los impuestos que recaudaba el Estado le llegaban en gran medida por contribución indirecta, ya que la recaudación por la renta era prácticamente inexistente. Un sistema al que puso fin en el año 1986 el Gobierno de Felipe González con una doble idea, más ajustada a un Estado democrática y moderno: facilitar el acceso a los tribunales de los ciudadanos, y que la Justicia se financiara con cargo a los Presupuestos Generales, alimentados con los impuestos que pagamos todos.
En el año 2002 ya José María Aznar dio un primer tijeretazo a esta situación. Entonces, primer periodo de la derecha en el poder, el Gobierno decidió recuperar las tasas, eso sí, tan sólo en los ámbitos civil y contencioso administrativo, y aplicado a las personas jurídicas, es decir, a empresas y bancos principalmente. Dejó fuera del pago de tasas, que no es otra cosa que decir, sin pagar por tener acceso a la justicia, a las personas físicas –los ciudadanos particulares- y los asuntos laborales y penales.
Gallardón completa el ciclo de tasas judiciales que comenzó a imponer Aznar
En este segundo periodo en el poder del Partido Popular, el ministro Alberto Ruiz Gallardón completa el ciclo. Ahora todos los ciudadanos tendrán que pagar para acudir a la Justicia, sea cual sea el ámbito de su demanda, con la lógica excepción del ámbito penal. Y esto incluye por primera vez, desde que se reformó el sistema del franquismo, como decimos, los recursos que se produzcan en el ámbito laboral. Lo que denuncian los sindicatos y los partidos de izquierda es que puesto que el Gobierno que preside Mariano Rajoy no ha traído una rebaja fiscal, sino al contrario, una subida de impuestos, lo que va a hacer cualquier ciudadano al acudir a la justicia y pagar tasas será por tanto un “repago” por los servicios legales que debe ofrecer el Estado.
Ampliar en: elplural.com
Esperanza Aguirre (PP, Madrid) restringirá el acceso a la justicia gratuita para evitar a los extranjeros
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció hoy que el próximo enero el Consejo de Gobierno aprobará un Decreto para modificar los procedimientos y criterios para el acceso a la Justicia Jurídica Gratuita para limitar su acceso a las personas que acrediten la insuficiencia de recursos.
La modificación estará encaminada a evitar la actual ligereza con la que se proporciona la Justicia Gratuita en todos los ámbitos, especialmente en lo relativo a la Ley de Extranjería y a los delitos relacionados con la Seguridad Vial.
La Comunidad de Madrid gasta 50 millones en este servicio.
Noticia completa en Público.es
Bajo licencia Creative Commons
De 7% es la posibilidad de que un homicida sea castigado por la justicia en Colombia, según la UE
Ese es uno de los datos más reveladores de un estudio que divulgó sobre la eficacia del nuevo sistema Penal Acusatorio y que tiene varias alarmas encendidas en Gobierno, Fiscalía y Judicatura.
La cifra sale de sumar los 62.737 homicidios que hubo en el país desde el primero de enero del 2005 hasta mayo del 2008 y confrontarla con los 1.699 casos que terminaron con condenas en el mismo lapso.
La investigación, que fue realizada por dos académicos que se basaron en cifras de la Fiscalía, es hasta ahora el estudio más amplio sobre el nuevo modelo penal en el país.
Aunque la discusión por la validez de sus resultados es fuerte, parece haber consenso en que cuatro años después del arranque del nuevo sistema llegó la hora de hacer ajustes importantes.
El balance es crítico y, de hecho, no es compartido por el Consejo Superior de la Judicatura: «Los cambios de naturaleza procesal poco inciden en la reducción de la criminalidad y de la impunidad -dice el informe de la Unión Europea-(…) La impunidad antes del sistema procesal actual giraba en torno al 95 por ciento; ahora lo hace alrededor del 97 por ciento».
En los primeros tres años del sistema oral hubo 1,4 millones de ‘noticias criminales’. Pero en 612 mil casos no hubo mayores avances y otros 252 mil apenas están en etapa previa; es decir, no hay una investigación formal contra nadie.
Uno de los frentes urgentes es el de los capturados en flagrancia (cometiendo un delito), pues de cada diez casos solo tres terminan en una condena que, se supone, debía estar asegurada.
El mismo presidente Álvaro Uribe ha mencionado en las últimas semanas su preocupación por el problema. El mandatario hizo referencia a dos decisiones de jueces de garantías de Córdoba que dejaron en libertad a 10 personas que, según la Policía, estaban en bandas criminales.
El primer caso ocurrió el pasado 20 de febrero, cuando fueron capturados cinco hombres que tenían en su poder dos fusiles AK-47, un revólver y una pistola calibre nueve milímetros. A uno de ellos le descubrieron cuatro fotografías de las que se supone iban a ser sus víctimas en lo que probablemente sería un nuevo episodio de la guerra entre ‘don Mario’ y ‘Los Paisas’. La captura se cayó porque el juez consideró que fue ilegal.
«Es claro que el sistema debe respetar las garantías, pero no se puede caer en que el exceso de garantismo termine rayando en la impunidad», dice el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos.
La historia se repitió tres semanas después en San Bernardo del Viento, donde cinco hombres fueron capturados. Cuando la Policía llegó hasta el sitio, encontró dos pistolas y 97 paquetes de a kilo que contenían una sustancia blanca. Era coca, pero todos quedaron libres por supuestos errores de procedimiento.
Noticia completa en: ELTIEMPO.COM (Colombia)
