Una y otra vez hemos asistido a tristes espectáculos que demuestran que nuestros políticos, independientemente del partido en el que militen, de su nivel de sueldo e incluso de su eficiencia como administradores, son proclives a las más diversas formas de la charlatanería y a una desconfianza cuando no recelo y rechazo a la ciencia (como lo han demostrado demoliendo la estructura de investigación de España).
Todo mundo recuerda la «Powerbalance» de Leire Pajín, denunciada por el blog el retorno de los charlatanes, aunque convenientemente suelen olvidar que esa denuncia incluía también al senador del PP Gustavo de Aristegui.
Menos ganas tienen de recordar algunos que el 11 de diciembre de 2007 el grupo de Izquierda Unida-Inciativa per Catalunya Els Verds presentó al Congreso de los Diputados una proposición no de ley para crear «un grupo de trabajo entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas para propiciar una reflexión conjunta que concluya con un informe, a efectos de una futura regulación de las terapias naturales en nuestro país». La proposición, aprobada irracionalmente por todos los partidos, llevó a un estudio que duró cuatro años y costó a saber cuánto dinero, todo para concluir una vez más, como siempre, que las pseudoterapias no funcionan.
Y aún más intensa es la amnesia cuando se recuerdan las andanzas de Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, médico (al menos en el papel) y creyente en el «antiantenismo» que también ha hecho alguna proposición de ley promoviendo esta forma de pánico a despecho de toda la información y estudios científicos ya realizados en todo el mundo, y que además se ha subido al carro de los antivacunas proclamando que la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) es «insegura» y «tiene efectos adversos», pese a que todos los estudios científicos existentes demuestran que es segura y no tiene efectos adversos (aunque hay un debate respecto a su eficacia, oportunidad y si vale la pena gastar en ella para proteger contra el cáncer a «pocas» mujeres, pero ese debate no tiene nada que ver con esta falsedad) y presentando la correspondiente proposición no de ley para retirar la vacuna VPH de la sanidad pública el 28 de septiembre de 2012.
Una ministra de la ultraderecha como Fátima Báñez (PP), que cobra –y no poco– por hacerse cargo de la política laboral del país, en vez de asumir su responsabilidad le encomiende la solución a la Virgen del Rocío.
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