Se cumplen diez años del trágico suceso del Yak-42. Los máximos responsables siguen impunes. Seguimos sumidos en una crisis económica y social, proveniente (entre otros) de la burbuja generada por la Ley de Liberalización del Suelo (Ley 6/1998). Los máximos responsables siguen impunes. Pero, lo peor de todo: no reconocen sus errores y venden sus temerarias decisiones como actos audaces.
Cadáveres exhibidos como trofeos de caza. Asesinos sonrientes posando con las víctimas a las que acaban de matar, soldados orinando sobre los cuerpos sin vida del enemigo… Son imágenes, la mayoría tomadas en países inmersos en conflictos bélicos, que corren por las redes sociales y que algunos periódicos, como Los Angeles Times, han recopilado y publicado para denunciar esas conductas.
¿Qué se esconde detrás de estos comportamientos? Guillermo Fouce, presidente de Psicólogos sin Fronteras, afirma que los protagonistas de esas fotografías, que sonríen junto a los cadáveres de sus víctimas «creen que su conducta está justificada». ¿Y cómo se llega a ese punto? «Consideran que ese muerto no es un ser humano que merezca un trato igual al que uno desearía para sí», añade Fouce. En estos casos cobra, asimismo, una especial importancia «la actuación en grupo». Raras veces hay una sola persona en esas imágenes. «El grupo siempre actúa como un potenciador, ya que desinhibe y refuerza esas conductas», indica este psicólogo. En el caso de las guerras se suman, además, otros factores que actúan como paraguas. Esos soldados consideran que «están cumpliendo con un bien superior, ven al enemigo casi como un animal y prevalece el yo o él».
Para Norbert Bilbeny, catedrático de Ética, estas imágenes que ahora llegan de los países en conflicto, no son nuevas. «Las tenemos desde la guerra de Crimea en el XIX, los conflictos entre China y Japón, entre aborígenes y colonizadores, y viceversa, y un largo y macabro etcétera», afirma. Bilbeny apunta que la situación de guerra «presiona al individuo hasta el punto de propiciar estos comportamientos asociales, algo que seguramente no haría en un mundo en paz». Y ahí coincide también Guillermo Fouce. «Estamos en una era de guerras mediáticas y en esos conflictos en los que se degrada al enemigo, suele justificarse cualquier acto que contribuya a hacer pensar que el soldado del bando contrario no merece respeto ni ser considerado como persona humana». Y ahí están, como prueba para justificar esta teoría, «las imágenes en las que el enemigo es mostrado como un trofeo de caza, las exhibiciones de fuerza y las ejecuciones públicas como escarmiento (que también buscan infundir miedo, terror i desmoralización) tomadas como elementos positivos y a potenciar», añade el presidente de Psicólogos sin Fronteras. Para Fouce estas imágenes, que cuando se hacen públicas son criticadas por los mismos políticos que han llevado a esos soldados a la guerra, «no dejan de ser una exhibición de los logros». Norbert Bilbeny indica que esas fotografías de soldados sonrientes con los cadáveres del enemigo «no son peores, en un sentido ético, que aquella en la que el presidente de un país y sus ministros contemplan por televisión y en directo el cumplimiento de la orden de ejecución ilegal, dada por ellos mismos, de un terrorista internacional».
Lo que ocurre en el caso de las guerras es que el soldado que sale en esas fotos no suele sentir ningún remordimiento al creer que esa conducta demuestra que ha cumplido la misión que tiene encomendada. «Es una lógica, por supuesto, enfermiza -apunta Guillermo Fouce- pero que entra dentro de la lógica de la guerra y la de la violencia en general».
En condiciones normales, los expertos consideran que sólo una de cada mil personas (en el caso de psicópatas) se exhibiría y tendría estas conductas, una vez cometido el crimen, con los cadáveres de sus víctimas. «En los casos particulares no existe este paraguas ni justificación de lo que podríamos llamar, en conflictos bélicos, violencia cultural», indica Fouce.
Artículo completo en: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
Tres ex paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) admitieron este miércoles que un capitán del Ejército ordenó matar a dos menores de edad para eliminar a los testigos de la conocida como la matanza de San José de Apartadó.
El integrante del Frente Héroes de Tolová de las AUC Henry De Jesús Palomino ha admitido que la matanza fue perpetrada por un comando conjunto de paramilitares adscritos a la Brigada 17 del Ejército y un grupo de paramilitares. «Los paracos iban adelante y el Ejército iba atrás», explicó, informó la emisora Radio Caracol.
«Iban 60 paracos y se cogieron a los tres civiles y se les obligó a decir dónde estaba la guerrilla, se trataban de ahogar para que hablaran y no querían decir nada, en últimas una muchacha dijo que ellos sí venían escoltados por la guerrilla. Las tres personas, civiles, fueron asesinadas allí mismo por el comandante JL, a machete», explicó el ex paramilitar al prestar declaración ante la Fiscalía.
Palomino admitió que «sólo sobrevivieron dos niños como de 3 o 4 años» que «fueron cogidos por las autodefensas y entregados a los soldados», tras matar a sus padres.
«Luego vino un comandante del Ejército, no recuerdo su nombre, y le entregó los dos niños a los ‘paracos’ y le dijo a un comandante de los paracos llamado ‘Pirulo’ que matara a los niños», continuó. Los niños fueron asesinados por dos reclutas de las autodefensas, explicó.
El también ex integrante de las AUC Francisco Javier Galindo Martínez declaró a la Fiscalía hace ahora dos semanas que fue el capitán del Ejército Guillermo Gordillo como la persona que ordenó degollar a los menores de edad tras sobrevivir la matanza.
«Gordillo mandó ejecutar a los niños porque esos niños más tarde iban a causar problemas, nosotros estábamos aquí atrás cuando él dio la orden, nosotros escuchamos por radio, nosotros estábamos atrás en la tropa», aseguró Galindo en su declaración.
La declaración de otro ex paramilitar, Rober Darío Muñoz, también dejan entrever la negativa del capitán a dejar con vida a los menores. «Incluso yo fui uno de los que les propuse que yo me hacía cargo de los niños, y que si querían me devolvía y al menos buscáramos una casa civil donde pudiéramos dejarlos o entregarlos al gobierno a una familia o algo. El señor del Ejército le dijo a otro comandante que no lo podía aceptar porque la niña estaba grandecita y ella se daba cuenta de lo que estaba pasando», explicó.
10 MILITARES IMPUTADOS
Estos testimonios serán claves para que la Justicia colombiana determine si hay que condenar a un coronel y otros nueve efectivos del Ejército colombiano, imputados como responsables de la matanza de ocho personas perpetrada en el municipio del estado de Antioquia el 21 de febrero de 2005 y cuyo juicio comienza este miércoles.
Además del teniente coronel Orlando Espinoza Beltrán, están imputados por la matanza el mayor José Fernando Castaño López, los tenientes Alejandro Jaramillo Giraldo y Edgar García Estupiñán, así como los suboficiales Ángel María Padilla Petro, Zabarain Cruz Reina, Henry Agudelo, Guasamayán Ortega, Ricardo Bastidas Candia y Darío José Brago Agámez.
Fuente: europa press
____________________
Enlaces relacionados:
– Payasos y aromaterapia para los militares colombianos acusados de ‘falsos positivos’
– Colombia libera a militares imputados por asesinatos
– El alcance del paramilitarismo en los partidos uribistas
– Posible relación entre secuestros y teléfonos celulares en Colombia
– La violencia de género y la discriminación de la mujer en Latinoamérica alcanzan cifras alarmantes
– Sicarios, menos de 800 euros vale una vida en Bogotá (Colombia)
La jornada ‘cívico-militar’, en la que participaron los familiares de los uniformados, se cerró con rifas y el saludo del comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla.
Los uniformados procesados por los ‘falsos positivos’ de Soacha, que quedaron libres por vencimiento de plazos y que fueron confinados en la Escuela de Artillería, al sur de Bogotá, por orden del Ministerio de Defensa, fueron objeto de una jornada que incluyó orientación psicológica, payasos y almuerzo con lechona.
El encuentro, que fue programado por el Departamento de Derechos Humanos de las Fuerzas Militares, incluyó la presencia de las familias de los uniformados, algunas de las cuales fueron trasladadas desde diferentes zonas.
Los 46 hombres hacen parte del grupo de militares que recobró la libertad desde comienzos de este año y que, en tres tandas, fueron «confinados» por orden del Ministerio de Defensa y el Comando de las Fuerzas Militares, hasta que se aclare su situación jurídica. El evento arrancó a las 8 de la mañana con una misa a la que asistieron dos generales de la institución y posteriormente hubo una conferencia a cargo de varios sicólogos.
Hacia la media mañana, uniformados y familiares fueron separados: los militares fueron llevados a uno de los casinos, que estaba acondicionado con velas y aromatizantes. Allí, según contó una persona que estuvo en el evento, tuvieron una larga terapia de relajación y meditación.
Simultáneamente, las esposas, madres y hermanas de los uniformados recibieron tratamiento de ‘spa’ en el otro casino. Les hicieron mascarillas, masajes y tintes a cargo de una reconocida marca de belleza. Entre tanto, los niños quedaron a cargo de un grupo de payasos.
Malestar entre familias
EL TIEMPO habló con cinco de las familias que asistieron a la jornada y señalaron que los militares alcanzaron a ser enviados de vacaciones una vez se les ordenó la libertad, pero cuando el Ministerio dio la orden de confinarlos fueron devueltos a Bogotá inmediatamente.
«El general nos dijo que lamentaba nuestra situación y que estaba para respaldarnos a nosotros y a nuestros muchachos, pero que había que esperar el resultado de la justicia. Pero para nosotros esa fiesta que nos hicieron fue una bofetada», señaló la madre de uno de los militares.
Todos intentaron hablar con Padilla, pero una vez saludó a cada uno de los familiares abandonó la unidad militar. Ese mismo día cada uniformado recibió una ancheta con mercado y el tiquete de regreso a sus sitios de origen para sus familiares.
Consultado por este diario, el comando de las Fuerzas Militares confirmó la reunión e indicó que «la intención era que los familiares verificaran que los militares estaban en perfectas condiciones, y que para eso tuvieron acompañamiento psicológico».
Fuente: ELTIEMPO.COM
___________________
Enlaces relacionados:
– Colombia libera a militares imputados por asesinatos
– El alcance del paramilitarismo en los partidos uribistas
– Posible relación entre secuestros y teléfonos celulares en Colombia
– La violencia de género y la discriminación de la mujer en Latinoamérica alcanzan cifras alarmantes
– Sicarios, menos de 800 euros vale una vida en Bogotá (Colombia)
La puesta en libertad de 17 militares implicados en ejecuciones extrajudiciales, a la que se esperaba que siguiera ayer la de otros 20, debido a que sus crímenes han prescrito gracias a las numerosas maniobras dilatorias en los procesos ha causado conmoción en Colombia.
La liberación de los sospechosos, cuyos abogados defensores son aportados por el propio Ministerio de Defensa, es vista como una muestra de impunidad para crímenes de lesa humanidad cometidos contra miles de personas inocentes que fueron asesinadas por militares y presentadas luego como «guerrilleros muertos en combate». Son los llamados «falsos positivos». Hay más de 1.200 casos y unos 400 militares involucrados.
En los chiringuitos de Soacha, un municipio pobre próximo a Bogotá, varios desconocidos, civiles o militares camuflados, fueron embaucando a lo largo de 2008 a jóvenes desempleados unos 30 casos se han investigado hasta ahora, ofreciéndoles empleos con ingresos fijos en lejanas haciendas. El transporte estaba incluido. Uno a uno fueron apareciendo muertos en regiones lejanas, como Norte de Santander, a veces con una pistola en la mano, en ocasiones vistiendo uniformes de la guerrilla.
Ante la falta de noticias de sus hijos, algunas madres iniciaron indagaciones, con la ayuda de defensores de Derechos Humanos. Se establecieron coincidencias entre algunos supuestos muertos en combate y enterrados como NN (No Nominados, es decir, sin identificar) y la identidad de jóvenes que salieron de su pueblo para un día aparecer muertos como supuestos guerrilleros abatidos muy lejos de su casa, en «heroicas acciones» del Batallón Santander o de la Brigada Móvil 15.
La Inspección del Ejército y los organismos oficiales de Derechos Humanos empezaron a sospechar. La confesión de algunos militares de bajo rango destapó la trama: altos jefes de unidades militares, necesitados de «resultados en el nivel estratégico» (enemigos muertos), y aconsejados por los servicios de inteligencia, decidieron importar jóvenes desde los municipios del cinturón de miseria de la capital bogotana.
«El objetivo era dar muerte a hombres que cometieron el error de creer en un trabajo que no era otro que ser víctima dentro de un supuesto combate», afirman las conclusiones del fiscal del caso Soacha.
Luego llegaban las recompensas, los ascensos y las felicitaciones, como la que recibió el Batallón Santander en Enero de 2008 por la Operación Soberanía, hoy reducida a un proceso ignominioso por el asesinato de 11 jóvenes inermes.
A las unidades militares de Colombia se las ha venido calificando y ascendiendo en los últimos años según los muertos en combate. El cómputo de cuerpos para medir resultados se ha revelado como una práctica habitual en este desdichado país. A cualquier precio.
Fuente: Público.es
Bajo licencia Creative Commons
_______________
Enlaces relacionados:
– La web de Maco048. Noticias: Colombia