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La web de Maco048. Criminología
Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
El nuevo presidente de Murcia habla sobre el soterramiento del AVE
Se ve que en la Región de Murcia hay un nuevo presidente (yo no sé quién lo ha elegido), porque el anterior quiere jubilarse en Europa. El nuevo, Alberto Garre, ha sido entrevistado por La Verdad. En la web del periódico han colgado un vídeo con 3 minutos de la entrevista.
Es interesante verlo hablar. Nótese que, a lo largo de la entrevista, el entrevistado apenas enseña la mano izquierda, que se refugia bajo la mesa, y en las pocas ocasiones en que sale de su escondite, se agarra al borde de la mesa, haciendo presa en ella; y su mano derecha “repta”, se desliza sobre la mesa casi todo el tiempo.
Me ha llamado la atención que se toque la nariz cuando dice: “La ley lo autoriza así, la Red Natura lo autoriza así” (min. 0:43).
Este gesto, esta microcaricia, es un clásico en los manuales de lenguaje no verbal, y se le atribuye el siguiente significado: «Eso me molesta, pero debería poder ganar sirviéndome de ello. Todo está dicho». Lo destaco especialmente porque es la única vez en todo el tiempo que vemos de entrevista (tres minutos y siete segundos) en que se toca la cara, lo cual no es natural: ha reprimido (supongo que sus asesores se lo habrán dicho) toda microcaricia, microfijación y micropicor. Pero esa se le ha escapado. Es interesante porque la microcaricia en la nariz contradice frontalmente la seguridad que intenta comunicar con su mano derecha.
Como no tiene desperdicio, transcribo la parte de la entrevista referente al soterramiento. Indico entre paréntesis y en cursiva y en negrita algunos gestos significativos que realiza mientras habla:
«Pregunta: ¿El soterramiento es irrenunciable en cualquiera de los supuestos?
Respuesta: (Ocultando las dos manos bajo la mesa) En cualquiera de los supuestos.
Pregunta: Quiero decir, ¿aunque eso suponga el retraso en la llegada?
Respuesta: Bueno, vamos a ver (saca las manos; con la izquierda se agarra a la mesa, con la derecha repite los deslizamientos sobre la mesa), yo creo que nadie entendería, ¿eh?, que hubiera que retrasar la llegada del AVE a que esté el soterramiento hecho, o sea, que no pase el AVE durante tres meses, seis meses, por ejemplo, ¿eh?, por superficie y que puedan aprovechar durante ese tiempo los murcianos eeeee esa nueva forma deeee de comunicarse porque está por hacer un túnel de doscientos o trescientos metros (aquí, min. 1:58, abre y muestra las manos como cualquier político que quiere dar la impresión de seguridad en lo que dice), no lo sé, no conozco las características deeee del soterramiento porque no soy técnico en esa materia. Si puede llegar antes, llegará, y si… y si el túnel, mmmm el soterramiento no está hecho todavía pues se… se hará a continuación, lo que no renunciamos es al soterramiento (min. 2:04, se lleva las manos al pecho, con los pulgares apuntando hacia él y el resto de sus dedos tocándose la corbata), y lo que no renunciamos es a que llegue el AVE lo antes posible. ¿Por qué hay que retrasar la llegada del AVE porque lógicamente una vía soterrada lleva mayor… mayor tiempo? Yo creo que… que es de sentido común, ¿no?, que esto se puede admitir, yo en cualquier caso mañana lo voy a hablar con el presidente de la Plataforma eeeh pro-Soterramiento, y me imagino que él pues me alumbrará más ideas de las que incluso yo pueda tener, ¿eh?, (aquí, min. 2:47, mientras con la mano izquierda se agarra a la mesa, pasa el brazo derecho tras el respaldo de la silla) y a partir de esa entrevista pues… pues a lo mejor aprendo más cosas (min. 2:47, contiene la risa, en consonancia con el gesto de pasar el brazo tras el respaldo), pero yo creo que hay un millón quinientos mil murcianos que lo que quieren es que el AVE llegue lo antes posible, y luego hay, y luego hay un montón de gente también que lógicamente lo que quiere es que llegue soterrado, y nosotros no renunciamos al soterramiento, ¿cómo vamos a renunciar al soterramiento?, si ya se admitió por el anterior gobierno y por este también lo vamos a apoyar (aquí, min. 3:05, coge el bolígrafo).»
Fuente: EL BURDEL DEL DELIRIO
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Suicidio en Murcia al negarse a un matrimonio pactado
Una joven de tan solo 16 años, vecina de Roldán (Murcia), que tras un viaje hace unos meses con su familia a Marruecos, al parecer sus padres habían concertado el matrimonio con un señor de 60 años de edad*. Todos sus compañeros del instituto en Roldán se extrañaron de que en este curso hubiese comenzado a llevar pañuelo en la cabeza. Las personas allegadas si tuvieron conocimiento de que era por el futuro matrimonio.
Sin embargo, ella no estaba dispuesta a ese matrimonio, menos aún siendo menor de edad, y discutía numerosamente en casa por este motivo. Una circunstancia, los matrimonios de forzados, concertados o arreglados (junto con los de conveniencia), no tan lejanos en el tiempo en nuestra cultura y que aun se siguen practicando en diversos ámbitos.
Para esta chica la presión fue tal, que el pasado 21 de febrero, usando ese mismo pañuelo que anudaba en su cabeza, y subiendo a una torre de alta tensión, ponía fin a su existencia. Dejó una nota escrita en árabe en su mochila, de la que no ha transcendido más que parte de su contenido:“No quiero molestaros más” y “no tengo fuerzas para seguir viviendo”. Sus compañeros y profesores de instituto, consternados, reciben atención psicológica para comenzar a superar este trauma. Su familia intenta reunir los fondos para repatriar el cadáver a Oujda (Marruecos), su ciudad natal, tan pronto se le realice la pertinente autopsia.
Quedaremos atentos por si, además de esta tristísima pérdida humana, se produce algún tipo de detención o condena, ya que el tema sigue en el juzgado.
Fuente: ¿Qué mal puede hacer?
Licencia CC
Guerra de carteles en un colegio público de Murcia
En el año 2011 por estas fechas ocurrió el siguiente incidente que paso a relatar:
Llevé como cada mañana a mi hija al colegio público en el que está inscrita desde hace 3 años, y para mi sorpresa en la fachada de los dos edificios del centro escolar me encuentro con carteles de DOMUND2011 referente a las obras misionales pontificias. Pienso que alguien que no pertenece al centro escolar o algun padre ha puesto los carteles por voluntad propia y ni corto ni perezoso, arranco los dos carteles. El profesor de gimnasia del Centro denuncia los hechos al director y este me cita a la mañana siguiente. Por lo visto, los carteles si contaban con la parobación del director del colegio.
Acudo a la cita con uno de los socios-fundadores de Athemur (Asociación de Ateos y Agnósticos de la Región de Murcia). En esa reunión se hace ver al director que la diferencia entre la VÍA PÚBLICA y un COLEGIO PÚBLICO perteneciente a un ESTADO ACONFESIONAL, en el que la Conserjería de Educación establece que la propaganda religiosa, política e ideológica de la organización que sea, está totalmente fuera de lugar, actualmente hay más de 800 religiones y cada una de ellas puede venir al centro y pedir permiso para poner su propaganda, en vista de que la Iglesia Católica si que puede, negar la publicación de propaganda de otras religiones en el centro seria una acto de discriminación, la propaganda religiosa de debe impartir en la clase de religión y entre los niños inscritos en dicha clase. Se llega al acuerdo de por mi parte no arrancar más carteles sin consultarlo el director y, el director por su parte acordó no autorizar carteles sin pedir permiso antes a la Conserjería de Educación.
En el año 2012 me vuelto a encontrar con carteles de “DOMUND2012 Misioneros de la Fe”. Solicito ayuda a Athemur, que me pasan el teléfono de uno de los sindicatos más importantes de enseñanza, los cuales me aconsejan hacer un escrito y reunir firmas para que en le reglamento interno del consejo escolar del centro figure la prohibición de propaganda ideológica de organizaciones ajenas al centro.También he llamado a mi sindicato que me aconseja pedir permiso para poner propaganda con contenido ateo y laicista, y si el director se negase, presentar una queja a la inspección del centro. Así que hasta que vea que aliados tengo dentro del centro y si las firmas van a servir de algo, y ya que no tengo propaganda y carteles de EUROPA LAICA, me he tomé la libertad de elaborar un cartel para hacer publicidad de esta asociación. Y y estuvo expuesto durante una semana en el colegio de mi hija.
Este año ha vuelto a pasar lo mismo. Pero esta vez al llevar el cartel en favor de optar por una alternativa y no clases de religión en los centros, q tenis en vuestra web, el director me comenta q ya no es él el que decide si poner o no los carteles en los tablones del colegio, sino q ahora es la comisión del convivencia del Consejo Escolar (en ambos casos el director es el presidente) el q decide mediante una reunión. Así que le he pedido por escrito el extracto del acta de la reunión que tuvieron para aprobar la publicidad religiosa en un centro público de un estado aconfesional. Así mismo he solicitado q se me informe sobre la decisión del consejo escolar sobre el cartel q he propuesto, en defensa del Laicismo.
Fuente: Laicismo.org
La Fiscalía Anticorrupción estrecha el cerco en torno al alcalde de Murcia y sus presuntos secuaces
La Fiscalía Anticorrupción de Murcia asegura al juzgado que investiga el caso Umbra de corrupción urbanística en la expansión norte de esa ciudad que el ayuntamiento, del PP, no tomó ningún acuerdo sobre el convenio Nueva Condomina sin consultárselo antes a Jesús Samper, propietario del club de fútbol Real Murcia.
Estas afirmaciones se contienen en un escrito en el que el fiscal, Juan Pablo Lozano, pide que se desestime el recurso del exgerente municipal de Urbanismo Pedro Morillas, que ha reclamado que se anule la imputación que pesa sobre él.
El representante del ministerio público aprovecha su informe para asegurar que las «ilegalidades» cometidas con aquel convenio, que fue aprobado por el pleno municipal hace ahora más de 12 años, «no se subsanan por la evidente torpeza de la oposición», en alusión al grupo municipal socialista, que votó a favor.
El fiscal solo salva de esa acusación a la concejala de Izquierda Unida, que no se unió al acuerdo, y añade que «el conocimiento que tenía la alcaldía -asistente a numerosas reuniones y asesorada por los técnicos municipales- no es equiparable a los de los otros».
Lozano considera que Morillas debe seguir imputado en esta causa por ser uno de los que intervinieron en la preparación del convenio, junto con el entonces secretario general de la Gerencia de Urbanismo -ya fallecido- José Luis Valenzuela Lillo y Ana Vidal, ésta libre de imputación desde hace varios meses.
Comenta que los documentos intervenidos en los registros llevados a cabo durante la investigación han permitido acceder a papeles que demostrarían la participación de Morillas en los hechos.
Y para corroborar esa afirmación aporta archivos informáticos de este exgerente de Urbanismo y de Samper, «que acreditan cómo ya desde diciembre de 1999 se estaba gestando la edificabilidad residencial de los terrenos antes de la aprobación provisional del convenio en junio de 2000».
Igualmente incorpora a su escrito «borradores de convenio donde precisamente se estaba tratando de justificar la falta de exigencia del 10% de cesión de aprovechamiento, cuyos textos eran remitidos al propio Samper».
Según el fiscal, los documentos demuestran también «cómo la inicial intención de convocar un concurso público para la construcción del nuevo estadio de fútbol fue sustituida por el encargo directo al Club Real Murcia».
Tampoco se olvida de reiterar que el consistorio, al no exigir a Samper la entrega del 10 % del aprovechamiento -que consideró compensada con la construcción del estadio Nueva Condomina- causó un perjuicio a las arcas municipales que valora, «como mínimo, en 18 millones de euros, que nadie discute ni puede discutir».
Y señala, por otro lado, que «el expediente del convenio nunca tuvo que acceder al pleno municipal, por ser ilegal en sus aspectos fundamentales, además de ser competencia exclusiva del alcalde», Miguel Ángel Cámara, del PP.
Fuente: Murcia Confidencial
Escándalo sexual en la Iglesia Católica de Murcia
El obispo de la Diócesis de Cartagena en Murcia (España), José Manuel Lorca Planes, ha destituido este miércoles por la tarde de manera fulminante al párroco de Nuestra Señora de la Encarnación, de Churra, después de que hayan circulado por las redes sociales Facebook y Twitter fotos en las que aparece presuntamente el cura de Churra, Francisco Javier Ruiz, practicando sexo oral con otro hombre. Las imágenes, que han causado un gran revuelo en el seno de la Iglesia murciana y que han dado lugar a que este asunto se haya convertido en ‘trending topic’ nacional –uno de los más comentados en Twitter– se han captado en el coto Los Cuadros de Murcia. (Noticia completa [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]).
Lo que indigna es que curas como ese son los que pretenden imponer la moralidad de la secta católica en la sociedad.
Hace más de un siglo el célebre caso de la Triquina destapó graves deficiencias sanitarias en Murcia
La cerda de Francisco Ortiz, maldita era su suerte, se descomió. Y aquella repentina falta de apetito, como era costumbre, le costaría la vida al pobre animal. Pero también se cobró, cuando menos, la de otros 14 murcianos, sin contar los cientos de enfermos que habrían de maldecir el día en que probaron su carne.
El 23 de noviembre de 1900 se alertó a la Alcaldía de Murcia de la existencia en el barrio de San Antolín de «una enfermedad rara». El Colegio de Médicos abrió una investigación, que pronto determinó que se trataba de triquinosis, una enfermedad parasitaria que se origina por el consumo de carne cruda o mal cocida.
El catedrático de la Escuela de Veterinaria de Madrid enviado a Murcia por el Gobierno denunció que la inspección sanitaria en el matadero era casi inexistente. «No tienen ni microscopio», informó. Tanta presión aumentaría los controles en el municipio, donde surgieron decenas de irregularidades en el sacrificio de animales. Entretanto, algún avispado comerciante hacía su agosto anunciando en la prensa que «para librarse de la triquina beba vinos La Jerezana».
El juicio se fijó para el 25 de octubre de 1904. A lo largo de seis sesiones se fueron conociendo los detalles del caso. Desde el primer día resultó probado que los análisis realizados a la carne despachada por ‘El Potaje’ y ‘El Jumillano’ no habían detectado que estuviera contaminada. El fiscal consideró responsable al Potaje de 4 delitos de homicidio por imprudencia temeraria; al Jumillano de 10 de la misma clase; y a los otros de 14 delitos correspondientes a otras tantas víctimas. Todos se declararon inocentes.
Inexistencia de pruebas
Los abogados basaron su defensa en la inexistencia de pruebas que señalaran la carne como contaminada, junto la dejadez y la falta de medios en los servicios sanitarios públicos que no lograron identificar que la cerda estaba enferma. Ambos argumentos convencerían a la postre al jurado popular que juzgó el caso. Preguntado sobre los controles realizados en el matadero municipal, un testigo llegó a denunciar que los trozos de carne apartados para los análisis «se los comían después los inspectores».
Menos afortunada fue la opinión del letrado que defendía a ‘El Potaje’, de quien aseguró que era «una persona honradísima, intachable, si hubiera encontrado triquina en los trozos de carne [&hellip] lo hubiera manifestado». Obviaba el abogado (y, al parecer toda la sala) que Juan Martínez ya había sido sancionado en otras ocasiones por traficar con carne de cabra y oveja. «¡Ha sido preciso que haya una epidemia para ver de traer un microscopio!», bramaba el abogado. La intervención de otro letrado, Martínez Moya, se describió en la prensa como apoteósica.
‘El Potaje’, como se decía en la huerta, «no tenía compañero». A pesar de su detención y cuando aún estaba a la espera de juicio, protagonizó otro escándalo en abril de 1903 al herir a un inspector de consumo.
Los hechos ocurrieron después de que las autoridades decomisaran en casa del comerciante «quince bombonas de alcohol». Unas horas más tarde, ‘El Potaje’, acompañado por su cuñado y otro individuo, al que se identificó como Antonio el de los higos de pala, le propinaron una paliza al inspector y a su jefe, quien lo acompañaba. Uno de ellos recibió un navajazo en la espalda y, según relató el agredido, «me dieron también un palo en la cabeza».
El jurado concluyó que no existían pruebas suficientes para condenar a los acusados, que quedaron en libertad. Basaron su veredicto en que la cerda no parecía contaminada, los fallecidos se extendían por toda la ciudad y algunos testigos afirmaron haber consumido aquella carne y no enfermaron. El fiscal recurrió y el juicio fue revisado en noviembre de 1905. Todos los acusados quedaron en libertad. La muerte de 14 personas solo sirvió, en apariencia, para que los controles se recrudecieran. Al menos, por un tiempo.
Ampliar en: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción, con Baleares y Valencia a la cabeza
Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se despliegan por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza seguidas de cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.
Alguno de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman casi un centenar de imputados entre cargos y ex altos cargos públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del expresidente Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato.
Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que están siendo investigados judicialmente. Algunos de estos mandatarios envueltos en casos judiciales son alcaldes de ciudades tan importantes como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. A estos se suman varias decenas de concejales también implicados en estos escándalos locales.
La mayoría de los regidores municipales están imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas. Es el caso de los casos Pretoria o Mercurio, abiertos en Cataluña, que investigan presuntas tramas de corrupción en Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres y Sabadell.
Fuente: ep
Los 40 principales imputados del partido Popular
Aunque son muchos más los imputados del Partido Popular – cerca de 300- aquí se muestran los 40 principales . Su difusión depende de todos para que sepamos bien de lo que estamos hablando.
1. Rodrigo Rato Figaredo. Ex Vice Presidente y Ministro del Gobierno de Aznar.Audiencia Nacional. Acusado de un delito de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
2. Ángel Acebes Paniagua. Ex Ministro del Interior, de Justicia y de Administraciones Publicas. Ex Diputado. Ex Secretario General del PP. Audiencia Nacional. Acusado de un delito de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
3. Jaume Matas. Ex Ministro del Gobierno Aznar. ex Presidente de la Comunidad de Baleares y ex Presidente del PP. Juzgado de Instrucción de Palma de Mallorca. Acusado de malversación, fraude, falsedad, prevaricación y tráfico de influencias
4. José Manuel Fernández Norniella. Ex Secretario de Estado con el Gobierno de Aznar. Audiencia Nacional. Acusado de un delito de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
5. Estanislao Rodríguez Ponga. Ex Secretario de Estado de Hacienda con el Gobierno de Aznar. Acusado de un delito de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
6. Luis Bárcenas. Ex Tesorero Nacional y ex Senador por Cantabria.. Audiencia Nacional. Acusado de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública
7. Jesús Merino. Ex diputado por Segovia. Audiencia Nacional. Acusado de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
8. Ricardo Galeote. Ex concejal de Estepona. Audiencia Nacional. Acusado de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
9. Sonia Castedo. Alcaldesa de Alicante y Diputada autonómica. Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana. Acusada de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos.
10. Luis Díaz Alperi. ex Alcalde de Alicante. Diputado autonómico. Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana. Acusada de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos.
11. Carlos Fabra . Ex Presidente de la Diputación Provincial de Castellón y Presidente del PP en Castellón. Audiencia Provincial de Castellón. Acusado de tráfico de influencias ,cohecho, fraude fiscal
12. Miguel Prim. Ex diputado y ex senador. Acusado de tráfico de influencias, siquiera en grado de tentativa.
13. Rafael Blasco. Ex Consejero y Diputado Autonómico. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Acusado de los delitos de fraude, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental
14. Pedro Hernández Mateo. Ex Alcalde de Orihuela. Diputado autonómico . Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Acusado de un delito de falsedad documental y prevaricación.
15. Francisco Javier León de la Riva. Alcalde de Valladolid. Juzgado de Instrucción. Está imputado por la alteración irregular del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2003
16. Miguel Ángel Cámara. Alcalde de Murcia. Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia. Acusado de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
17. Telmo Martín. Diputado al Congreso por Pontevedra. Ex Alcalde de Sanxenxo. El juzgado de Cambados y la fiscalía han acordado remitir al Tribunal Supremo la causa incoada en 2006 por un delito medioambiental. Esta acusado de negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias
18. Alberto López Viejo. Ex Diputado autonomico y ex consejero de Deportes del gobierno de Esperanza Aguirre. Audiencia Nacional. Acusado de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad.
19. Guillermo Ortega. Ex alcalde de Majadahonda y gerente del Mercado Puerta de Toledo. Audiencia Nacional. Acusado de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad.
20. Arturo González Panero. Ex alcalde de Boadilla del Monte. Audiencia Nacional. Acusado de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad.
21. Juan Siguero. Ex alcalde de Boadilla del Monte. Audiencia Nacional. Acusado de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad.
22. Jesús Sepúlveda. Ex Alcalde de Pozuelo. Audiencia Nacional. En la actualidad trabaja como técnico en sede nacional del PP. Ex marido de Ana Mato. Acusado de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad.
23. Ginés López. Ex Alcalde de Arganda del Rey. Audiencia Nacional. Acusado de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad.
24. Benjamín Martín Vasco. Ex Diputado autonómico CAM. Acusado de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad.
25. Alfonso Bosch Tejedor. Ex Diputado autonómico CAM. Acusado de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad.
26. Juan Carlos Clemente Aguado. Ex Viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid. Acusado de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad.
26. Ricardo Costa. Ex secretario general del PPCV y diputado autonómico, Tribunal Superior de Justicia C. Valenciana. Acusado de un delito electoral previsto en el Art. 149 de la LOREG
28. David Serra. Ex Vicesecretario Organización del PPCV y diputado autonómico. Tribunal Superior de Justicia C. Valenciana. Acusado de un delito electoral previsto en el Art. 149 de la LOREG
29. Yolanda García. Tesorera del PPCV y diputada autonómica. Tribunal Superior de Justicia C. Valenciana. Acusada de un delito electoral previsto en el Art. 149 de la LOREG
30. Cristina Ibáñez. Administradora electoral del PP y gerente desde 1995. Tribunal Superior de Justicia C. Valenciana. Acusada de un delito electoral previsto en el Art. 149 de la LOREG.
31. Vicente Rambla. Ex Vicepresidente de la Generalitad. Diputado autonómico. Acusado de delitos contra la Administración, cohecho y prevaricación.
32. Milagrosa Martínez. Ex Consejera de Turismo. Ex Presidenta de las Cortes Valencianas y Diputada autonómica. Acusada de delitos contra la Administración, cohecho y prevaricación.
33. Angélica Such. Ex Consejera de ex Turismo y Diputada autonómica actual . Acusada de delitos contra la Administración, cohecho y prevaricación.
34. Pedro García. Ex Director de la Radio Televisión Valenciana (RTVV). Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana. Acusado de delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública
35. Pablo Crespo. Ex Secretario de Organización del PP en Galicia. Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana. Acusado de delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública
36. José Luis Olivas. Ex Presidente de Bancaja y Ex Presidente de la Generalitad. Audiencia Nacional. Acusado de un delito de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
37. Agustín González González. Presidente de la Diputación Provincial de Ávila y Alcalde del Barco de Ávila. Acusado de un delito de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
38. Mercedes de la Merced. Ex Teniente de Alcalde. Ex eurodiputada. Acusado de un delito de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
39. Ricardo Romero de Tejada. Ex Alcalde de Majadahonda y Ex Secretario General del PP en la CAM. Acusado de un delito de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
40. José Joaquín Ripoll. Ex Presidente del Partido Popular de Alicante y ex Presidente de la Diputación provincial. En la actualidad es Presidente del Puerto de Alicante. Acusado de un delito de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos.
Fuente: Los Genoveses , SA
El ex alcalde franquista Clemente García lleva 37 años orgulloso de apoyar los fusilamientos de Franco
El 27 de septiembre de 1975, cinco jóvenes fueron fusilados en España. Tenían cara y nombre: Juan Paredes Manot, Angel Otaegui, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena Alonso. Sus nombres pasaron a la historia por ser los últimos ejecutados por una larga dictadura de casi 40 años, que empezó matando por la «Gracia de Dios» y terminó haciendo lo mismo.
La única prueba con la que contó el tribunal fue la propia declaración de los acusados, obtenida bajo tortura. Todos estaban condenados de antemano: el Consejo de Guerra que les condenó a la pena capital fue una farsa, sin ninguna garantía jurídica, sin pruebas.
Estas ejecuciones levantaron una ola de protestas y condenas contra el gobierno de España dentro y fuera del país, tanto a nivel oficial como popular.
En Hoyo de Manzanares fueron ejecutados tres. No pudo asistir ningún familiar de los condenados, pese a ser «ejecución pública», según marcaba la ley. El único paisano que pudo asistir fue el párroco de la localidad, que relató después la ejecución: “Además de los policías y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Cuando fui a dar la extremaunción a uno de los fusilados, aún respiraba. Se acercó el teniente que mandaba el pelotón y le dio el tiro de gracia, sin darme tiempo a separarme del cuerpo caído. La sangre me salpicó.”
Cuando el viernes 26 de septiembre el Consejo de Ministros por unanimidad y siguiendo las directrices del general golpista apruebó el fusilamiento de cinco de los once condenados a pena de muerte se produce una inmensa conmoción. Franco había ignorado todas las peticiones de clemencia que le habían llegado, desde el Papa Pablo VI hasta su hermano Nicolás Franco pasando por el primer ministro sueco Olof Palme o el presidente de México Luis Echeverría Álvarez.
En el País Vasco se decretaba una Huelga General en pleno Estado de Excepción que era seguida mayoritariamente, por las diferentes ciudades españolas se multiplicaban los paros y las protestas y en el mundo el clamor contra las ejecuciones no cesaba.
El peloteo del alcalde de Murcia a Franco
En Murcia fué enterrado uno de los fusilados. Y desde Murcia salió uno de los escasos apoyos legitimadores a semejante atrocidad con unos jóvenes en la veintena. El alcalde y jefe local del Movimiento, a la sazón el abogado y funcionario de la extinta Diputación Provincial, Clemente García García, envió al Palacio del Pardo su apoyo más entusiasta a Franco y su mano dura con unos activistas de izquierda en lucha por la democracia, proceso que estaba ya en marcha ante los estertores de la Dictadura y que ha llegado malherida hasta nuestros días.
El citado alcalde todavía vive y el pasado nueve de junio fué recompensado por otro extremista de derechas, el presidente Valcárcel, con la medalla de oro de la Región de Murcia para mayor escarnio de esa democracia disminuida y la memoria de los familiares y amigos de los fusilados en la flor de su vida pese a no representar ningún peligro objetivo, todo lo contrario que el propio Clemente García para la credibilidad de un sistema herido de muerte por su pecado original de haber dejado 37 años en la vida pública a semejante tétrico personaje del fascismo más ramplón.
Fuente: MurciaConfidencial
Cierra 7RM, la TV regional de Murcia y del PP
El 31 de julio González Pons anunciaba en La Linterna de la Cope el posible cierre del canal autonómico 7RM (7 Región de Murcia) para horas después desmentirlo y pedir disculpas vía twitter: “Pido disculpas a los trabajadores de la tele de Murcia y al Presidente Valcárcel. De mi entrevista de anoche en @cope_es se ha derivado de un malentendido que quiero atajar. No tengo más información sobre ese asunto que la que es pública. Lamento haber provocado confusión esta noche”. 17 días después era el propio presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, el que aseguraba “La 7 no se cierra”. Ayer, día 29 de agosto, nos encontramos con que la 7 no cierra, si no que se privatiza tras rescindir el contrato con GTM.
En el año 2005 se adjudicó por concurso público la gestión de 7RM al grupo GTM. De esta forma el gobierno de Ramón Luis Valcárcel ponía en manos privadas la gestión del ente público, de la misma forma que ya son gestionados muchos hospitales en Madrid y Valencia. La comunidad autónoma pagaba las facturas mientras era el grupo GTM quien dirigía la cadena.
La gestión de la televisión pública murciana se entregó a miembros del PP, empresas constructoras e inmobiliarias y a pequeños caciques murcianos.
La configuración accionarial al inicio de GTM, era:
Intereconomía fue fundada por Julio Ariza, ex diputado del PP. (Actualmente el principal accionista)
Prodher S.A es propiedad de León Heredia Carmona, representante de Estopa, Bertín Osborne, Los del Río etc…
Palatino 2002: está constituida por Issos empresa dedicada a la construcción, promoción, rehabilitación, compraventa y alquiler de toda clase de edificios inmuebles, y cuyo presidente ejecutivo es Miguel Boyer Salvador. Entre las empresas participadas por Issos se encuentra Marina Golf, Residencial Finca Fuente Higuera o las Canteras de Abanilla. La empresa Delfos 2002 también forma parte de Palatino 2002 y también se dedica a la construcción.
Grupo Polaris: Construcción. (actualmente ya no es accionista)
Palprom 2004: constituida un mes antes de la constitución de GTM y que, al finalizar el ejercicio de 2005, tenía un resultado negativo de unos 2500 euros. Su director ejecutivo y administrador único es el exportador hortofrutícola local José Hernández Navarro, propietario de Agrícola Paloma, y sobre el que recayó una denuncia judicial que después sería archivada por cumplirse los plazos reglamentados para su instrucción por una tubería que pincha el trasvase del Tajo-Segura en Alhama de Murcia y llega hasta el Saladillo, en Mazarrón, justo al lado del campo de golf del mismo nombre.
Mediterránea de Inversión 4 S.L: en manos de la constructora Terrapilar y Golosinas Vidal.
Grupo Corporativo Fuertes S.L: Empresa inmobiliaria (Productos cárnicos El Pozo).
En seis años la 7 ha costado un total de 242 millones de euros y ha conseguido que la 7 no tenga instalaciones y equipos propios pero sí se los ha facilitado a GTM. Desviando de esta forma dinero público a una empresa privada. En el año 2009, según las cuentas de GTM en el Registro Mercantil, los ingresos de GTM por ejecución de contrato fueron de 35.8 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 6.48 millones. En 2010 los ingresos fueron de 32.78 millones pero obtuvieron un beneficio antes de impuestos de 7.1 millones de euros. Obtuvieron mayores beneficios a pesar de ingresar menos gracias al despido de 27 empleados. En 2010 las “reservas voluntarias” de GTM ascendían a 20 431 534 millones de euros. En esos dos años Prodher S.A. la empresa de León Heredia Carmona, factura a GTM 8.8 millones de euros en concepto de compra de programas. En 2009 el consejo de administración recibió unas retribuciones de 840000 euros mientras que la alta dirección en concepto de sueldos percibió 221000 euros. Al año siguiente el consejo de administración recibió la misma cantidad pero los directivos subieron sus retribuciones hasta los 223000 euros. En 2009 y 2010 sólo había seis empresas participantes en GTM y un total de 14 consejeros, lo que hace un gasto de 60000 euros para cada consejero simplemente por acudir a unas pocas reuniones al año.
Artículo completo en: Murcia Confidencial
Un participante en la ‘Alerta ovni’ de Iker Jiménez provoca un incendio en Murcia
Un joven de 29 años vecino de Cartagena (Murcia) provocó, en la noche del sábado al domingo, un incendio en la Sierra de La Muela al lanzar un cohete para que le localizaran los amigos con los que había quedado para participar en la Alerta ovni convocada por el programa Milenio 3, dirigido por Iker Jiménez en la Cadena SER, según informa Europa Press. El fuego se declaró a las 0.58 horas del domingo, fue controlado once horas más tarde y arrasó una superficie de una 15 hectáreas. El autor del incendio fue detenido ayer por la Guardia Civil.
Una Alerta ovni es un encuentro de creyentes (sin ningún fundamento científico) en las visitas extraterrestres que consiste en una salida nocturna para ver supuestas naves de otros mundos. La primera la organizó en España el 14 de agosto de 1979 el periodista Antonio José Alés, también desde la Cadena SER.
Ampliar en: Magonia
Seis periodistas velan por la imagen del alcalde de Murcia
Con categoría de personal eventual, el alcalde del PP de Murcia, Miguel Ángel Cámara, tiene a su servicio a un grupo de periodistas muy bien pagados con cargo al Ayuntamiento para mantener su imagen e impedir, en la medida de lo posible, que pueda verse empañada por los avatares de la política y de los asuntos polémicos que siempre se suscitan en el discurrir de la vida municipal.
Según ha podido saber Elpajarito.es de fuentes municipales, el gasto total anual que este selecto círculo de comunicadores le suponen a las arcas del Ayuntamiento es de 350.360 euros brutos. No se computa, en este caso por ser un cargo más político que periodístico, el coste del director del gabinete de la Alcaldía, Eduardo Martínez-Oliva, que asciende a un total de 84.090,47 euros, también brutos.
Si hace apenas una semana el alcalde, preguntado por la propuesta de Esperanza Aguirre de reducir el número de representantes públicos, se mostró favorable a la reducción del número de concejales –Murcia cuenta con 29–, no extendió la idea de la presidenta madrileña a la posibilidad de disminuir los cargos de confianza que el alcalde designa y que, en muchos casos –como ahora veremos–, disfrutan de mejor sueldo y mayor estabilidad, digamos laboral, que la de los políticos.
Miguel Ángel Cámara mantiene, desde 1995, año de inicio de sus sucesivos mandatos en el Ayuntamiento de Murcia, como mujer de confianza y directora de Comunicación a Ana de la Cierva, cuyo sueldo bruto este año asciende a 67553.82 euros. En este organigrama de Comunicación, inmediatamente después le sigue, como jefa del Gabinete de Relaciones con los Medios de Comunicación, Paloma Manzano, con un sueldo bruto anual ligeramente inferior (65567.59 euros).
Como apoyo, en la estructura del gabinete de prensa del Ayuntamiento, trabajan también las periodistas María Trinidad Abellán, Ana García Salvago y María Soler, y cada una de ellas tiene adjudicado un sueldo bruto anual de 50557.03 euros.
El último fichaje de Miguel Ángel Cámara como asesor en esta parcela y con el cargo de director de Proyectos y Programas fue el de Antonio Ángel Botías, famoso en la profesión por sus asombrosas crónicas de las procesiones de Semana Santa en el diario decano de la Región, en las que, con una prosa más digna de la mística que del tradicional género periodístico, conseguía hacer pensar al lector medio que las escribía en plena levitación. Cámara también le puso un buen sueldo a Botías: 65.567 euros anuales brutos, según las mismas fuentes.
En siguientes entregas de este apasionante capítulo desglosaremos otros sueldos que, con cargo a las arcas municipales, recibe otro personal eventual, y no solamente de los colocados por el PP y afines en el Ayuntamiento.
Fuente: ElPajarito.es
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Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia (PP) imputado
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| El susodicho con traje y corbata rodeado de pelotillas varios |
Miguel Ángel Cámara Botía, a diferencia de Carlos Dívar, Presidente del CGPJ o Rodrigo Rato,ex Presidente de Bankia, les saca a ambos varios cuerpos judiciales de ventaja y desde hace unos días está imputado por [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE].
Miguel Ángel Cámara Botía es desde 1995 Alcalde genovés de Murcia. Está imputado, como ya es habitual en esa Comunidad Autonóma, por asuntos relacionados con el ladrillo y ajustes urbanisticos a la carta de constructores varios. La operación responde al nombre de Umbra.
En su momento fueron detenidos tres personas, entre ellas el gerente municipal de Urbanismo de Murcia; y la imputación de otras cinco; entre ellas el edil de Urbanismo, Fernando Berberena y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.
Hasta aquí nada nuevo bajo el sol genovés murciano. El caso de Miguel Ángel Cámara Botía es uno más.[Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
Lo relevante de este caso es el doble juego y la doble moral que hacen gala los genoveses murcianos cuando deciden de un lado, abrir expediente informativo al imputado Miguel Ángel Cámara y de otro manifestarle su apoyo y solidaridad. Y no es casual el citado apoyo, ya que resulta que además de Alcalde de Murcia el imputado es, a su vez, Secretario General del PP en la región.
Dicho de otro modo, Miguel Ángel Cámara Botía es juez y parte en la parodia de expediente que sus colegas dicen que le han abierto. Todo queda en casa. Eso si, siguiendo el manual genovés para imputados, ha declarado solemnemente que tiene su conciencia tranquila. Exactamente lo mismo que hoy ha dicho Carlos Dívar a la hora de explicar sus idas y venidas a Puerto Banús a costa del contribuyente. La diferencia, si es que la hay, está en la placa y en la pistola del acompañante.
Fuente: Los Genoveses S.A.
Se crea una plataforma en la Región de Murcia para que los ciudadanos puedan denunciar anónimamente la corrupción
El Movimiento 15M en la Región de Murcia ha creado la Asociación por la Transparencia Política y Administrativa (‘Atrapa‘), que permite a cualquier ciudadano denunciar casos de corrupción conservando el anonimato, según informó a Europa Press el abogado y portavoz de esta plataforma, José Mateos Martínez.
Así pues, cualquier persona que tenga noticia o información sobre algún caso de corrupción se puede poner en contacto con ‘Atrapa’, cuyo personal analizará si las pruebas son lo suficientemente sólidas. En caso de que la denuncia tenga fundamento, la Asociación presentará una querella contra quien esté incurriendo en la ilegalidad correspondiente.
La Asociación no limita su ámbito de actuación a los políticos o administraciones corruptas, sino que pretende actuar contra «cualquier violación de la legalidad que vaya contra los derechos de los ciudadanos».
Por ejemplo, el portavoz de Atrapa insta a denunciar a aquellos funcionarios que conozcan casos de corrupción, trabajadores que sepan que su empresa está cometiendo irregularidades o vecinos de un barrio en el que se sabe que se está haciendo una obra ilegal.
En este sentido, ‘Atrapa’ garantiza el anonimato de los denunciantes. Martínez explica que hay gente que «tiene información pero tiene miedo a dar la cara. Si la población contacta con la Asociación, nadie va a saber que han sido ellos los que han revelado el asunto», asegura.
Los ciudadanos pueden ponerse en contacto con ‘Atrapa’ a través de la página de Facebook ‘atrapamurcia’, y de la dirección de correo electrónico ‘atrapamurcia@gmail.com’.
En la Asociación, los denunciantes podrán obtener apoyo legal de un gabinete de cinco personas, todos ellos abogados y procuradores con formación jurídica, como el propio Martínez, que es doctorado en Derecho por la Universidad de Bolonia (Italia) y trabaja como letrado.
Este gabinete permite ahorrar los costes económicos de emprender procesos legales. Además, ‘Atrapa’ tiene que depositar fianzas mucho más reducidas por presentar querellas que si se tratara de una iniciativa particular, ya que está constituida jurídicamente como asociación y entre sus principios está perseguir este tipo de ilegalidades.
Martínez explica que ‘Atrapa’ se propone como objetivo iniciar la vía judicial de los casos de corrupción, y advierte que están dispuestos a llegar a instancias como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Estrasburgo.
DOS CASOS INVESTIGADOS
‘Atrapa’, que se puso en marcha hace dos meses y se registró como asociación hace apenas un mes, ya ha empezado a trabajar en dos casos, uno de ellos todavía conservado en secreto porque afecta a un ayuntamiento que, en caso de enterarse, podría «destruir pruebas», advierte el portavoz de la Asociación.
De momento, ‘Atrapa’, está recabando información sobre este asunto, que tiene que ver con facturas ilegales de un consistorio murciano. La Asociación cuenta ya con la documentación suficiente para presentar una querella, pero sigue investigando porque «la cosa parece ser más gorda de lo que se había planteado», según Martínez.
El otro caso en el que está trabajando ‘Atrapa’ es el asesoramiento y apoyo a los padres de los niños de guarderías de Totana, que han puesto una querella contra el responsable de la gestión de los centros infantiles por un delito de estafa y por un delito contra la salud pública.
Martínez recuerda que el Ayuntamiento de Totana decidió externalizar el servicio y otorgó su gestión a un individuo «que tiene antecedentes por haber estafado reiteradamente en Andalucía con distintas empresas que ha ido creando con tal fin».
Al parecer, el empresario «empezó a dar comida en mal estado a los niños de Totana, como un plato de guisantes cubierto con moho, porque quería ahorrar costes, y estuvo haciéndolo durante más de dos meses», según el portavoz de ‘Atrapa’.
Asimismo, el acusado estableció un «contrato laboral de explotación a los trabajadores y despidió a cinco empleados por el mero hecho de reivindicar su sueldo, porque estuvieron más de dos meses sin cobrar».
Además, Martínez critica que ese individuo «no puede contratar con la administración pública, porque tiene unas deudas brutales con la Seguridad Social, y la Ley de Contratos de las administraciones públicas lo prohíbe».
En este caso, ‘Atrapa’ se ha puesto en contacto con la concejala de Educación del Ayuntamiento de Totana, Josefa María Sánchez, y la propia alcaldesa, Isabel Sánchez, quienes al parecer admiten que el acusado «no puede contratar con la administración», pero el servicio que presta «resulta muy barato» para las arcas municipales.
«Como el Ayuntamiento no tiene dinero y no hay nadie que se lo haga más barato.
Según el corruptódromo, Valencia y Murcia (gobiernos del PP) lideran la corrupción en España
El Corruptódromo confirma que ninguna comunidad es ajena a esta plaga de actividades ilegales, aunque destacan especialmente el litoral levantino y la Comunidad de Madrid. Por partidos políticos, el color azul del PP se impone, seguido del rojo de los socialistas. En Cataluña: el partido con más denuncias resulta ser CiU, seguido del PSC y finalmente del PPC.
Los últimos datos que maneja la Fiscalía General del Estado hablan de 730 causas abiertas y señala a Madrid, Málaga, Sevilla y Baleares como las provincias que más investigaciones policiales han concentrado: 560. Desde 2004, se han detenido a más de mil personas e intervenido numerosos bienes valorados en más de 3 000 millones de euros. En todos los escándalos hay un punto en común: los municipios afectados tienen entre manos importantes desarrollos urbanísticos, lo que conlleva recalificaciones de suelo y un aumento importante de la población.
La corrupción se cuela por el sistema de financiación de los ayuntamientos, que trabajan a través de convenios urbanísticos, “una vía de penetración perfecta”, explican fuentes sindicales. La trama casi siempre es igual: un alcalde, o un concejal de urbanismo, necesita a promotores que compren terrenos al precio más bajo posible, para volver a vender el solar con un coste mucho más elevado. “El dinero que se ahorra en la compra-venta lo dedican a pagar los favores tanto a los que han conseguido el terreno como a los corruptos del ayuntamiento implicado”, aseguran las mismas fuentes. En la corrupción política de alto nivel, tipo Gürtel, aparecen elementos causales. “Entre otros, la necesidad de financiación de los partidos. La cual, a su vez, tiene su origen e cambios en la cultura política”, asegura Villoria.
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En Murcia un centenar de personas se quitan la vida cada año
Lograr predecir el suicidio a través del tratamiento de las conductas autodestructivas es el gran reto de la psiquiatría, ya que, según la Organización Mundial de la Salud –OMS– cada 40 segundos muere una persona por este motivo. En el caso de la Región de Murcia, los datos resultan llamativos porque cada día son atendidos en los servicios de Urgencias tres personas que han intentado quitarse la vida, aunque la cifra de los que realmente lo consiguen sea mucho menor. Aún así las autoridades sanitarias aseguran que se encuentran dentro de los parámetros normales de los últimos años y en la media del resto de autonomías, ya que cada año fallecen cerca de un centenar de murcianos por esta causa.
En el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, centro de referencia en la Región, atienden diariamente a un paciente por este motivo, según afirmó el jefe del servicio de Psiquiatría de la Ciudad Sanitaria, José Hernández, quien explicó que hace unos años una de las doctoras hizo una tesis y baremó las tentativas suicidas, «de ahí extrajimos los ítem –elementos– que tenían más peso específico en la mayoría de los casos». Con estos resultados iniciaron hace un año un nuevo proyecto con el que han establecido una escala con el objetivo de medir el riesgo suicida. El protocolo se aplica a los pacientes que llegan al servicio de Urgencias y que han intentado quitarse la vida y en él se preguntan aspectos como la edad; si tienen hijos; los antecedentes somáticos –síntomas físicos–; situación laboral; grado de desesperanza; conciencia de la gravedad; y tratamientos anteriores, entre otros aspectos.
El resultado se puede dividir en cuatro niveles de IGC –Impresión Clínica Global–: riesgo muy alto, alto, medio o bajo. Así, se hace un seguimiento del paciente y se le cita cada tres, seis, nueve y doce meses, para analizar su situación y los cambios. El proyecto no ha concluido, según manifestó el doctor Hernández, aunque hasta el momento ya han sido evaluadas unas doscientas personas y «queremos establecer unos patrones que realmente funcionen y midan el riesgo real de suicidio», ya que la escala anterior fallaba bastante. En una ocasión llegó una persona que había intentado suicidarse y el protocolo indicaba que tenía riesgo bajo de repetirlo, aunque tras salir del hospital se tiró de un edificio.
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Enlace relacionado:
– La web de Maco048. Noticias criminología: Suicidio
