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Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
La Fiscalía Anticorrupción estrecha el cerco en torno al alcalde de Murcia y sus presuntos secuaces
La Fiscalía Anticorrupción de Murcia asegura al juzgado que investiga el caso Umbra de corrupción urbanística en la expansión norte de esa ciudad que el ayuntamiento, del PP, no tomó ningún acuerdo sobre el convenio Nueva Condomina sin consultárselo antes a Jesús Samper, propietario del club de fútbol Real Murcia.
Estas afirmaciones se contienen en un escrito en el que el fiscal, Juan Pablo Lozano, pide que se desestime el recurso del exgerente municipal de Urbanismo Pedro Morillas, que ha reclamado que se anule la imputación que pesa sobre él.
El representante del ministerio público aprovecha su informe para asegurar que las «ilegalidades» cometidas con aquel convenio, que fue aprobado por el pleno municipal hace ahora más de 12 años, «no se subsanan por la evidente torpeza de la oposición», en alusión al grupo municipal socialista, que votó a favor.
El fiscal solo salva de esa acusación a la concejala de Izquierda Unida, que no se unió al acuerdo, y añade que «el conocimiento que tenía la alcaldía -asistente a numerosas reuniones y asesorada por los técnicos municipales- no es equiparable a los de los otros».
Lozano considera que Morillas debe seguir imputado en esta causa por ser uno de los que intervinieron en la preparación del convenio, junto con el entonces secretario general de la Gerencia de Urbanismo -ya fallecido- José Luis Valenzuela Lillo y Ana Vidal, ésta libre de imputación desde hace varios meses.
Comenta que los documentos intervenidos en los registros llevados a cabo durante la investigación han permitido acceder a papeles que demostrarían la participación de Morillas en los hechos.
Y para corroborar esa afirmación aporta archivos informáticos de este exgerente de Urbanismo y de Samper, «que acreditan cómo ya desde diciembre de 1999 se estaba gestando la edificabilidad residencial de los terrenos antes de la aprobación provisional del convenio en junio de 2000».
Igualmente incorpora a su escrito «borradores de convenio donde precisamente se estaba tratando de justificar la falta de exigencia del 10% de cesión de aprovechamiento, cuyos textos eran remitidos al propio Samper».
Según el fiscal, los documentos demuestran también «cómo la inicial intención de convocar un concurso público para la construcción del nuevo estadio de fútbol fue sustituida por el encargo directo al Club Real Murcia».
Tampoco se olvida de reiterar que el consistorio, al no exigir a Samper la entrega del 10 % del aprovechamiento -que consideró compensada con la construcción del estadio Nueva Condomina- causó un perjuicio a las arcas municipales que valora, «como mínimo, en 18 millones de euros, que nadie discute ni puede discutir».
Y señala, por otro lado, que «el expediente del convenio nunca tuvo que acceder al pleno municipal, por ser ilegal en sus aspectos fundamentales, además de ser competencia exclusiva del alcalde», Miguel Ángel Cámara, del PP.
Fuente: Murcia Confidencial
Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia (PP) imputado
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| El susodicho con traje y corbata rodeado de pelotillas varios |
Miguel Ángel Cámara Botía, a diferencia de Carlos Dívar, Presidente del CGPJ o Rodrigo Rato,ex Presidente de Bankia, les saca a ambos varios cuerpos judiciales de ventaja y desde hace unos días está imputado por [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE].
Miguel Ángel Cámara Botía es desde 1995 Alcalde genovés de Murcia. Está imputado, como ya es habitual en esa Comunidad Autonóma, por asuntos relacionados con el ladrillo y ajustes urbanisticos a la carta de constructores varios. La operación responde al nombre de Umbra.
En su momento fueron detenidos tres personas, entre ellas el gerente municipal de Urbanismo de Murcia; y la imputación de otras cinco; entre ellas el edil de Urbanismo, Fernando Berberena y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.
Hasta aquí nada nuevo bajo el sol genovés murciano. El caso de Miguel Ángel Cámara Botía es uno más.[Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
Lo relevante de este caso es el doble juego y la doble moral que hacen gala los genoveses murcianos cuando deciden de un lado, abrir expediente informativo al imputado Miguel Ángel Cámara y de otro manifestarle su apoyo y solidaridad. Y no es casual el citado apoyo, ya que resulta que además de Alcalde de Murcia el imputado es, a su vez, Secretario General del PP en la región.
Dicho de otro modo, Miguel Ángel Cámara Botía es juez y parte en la parodia de expediente que sus colegas dicen que le han abierto. Todo queda en casa. Eso si, siguiendo el manual genovés para imputados, ha declarado solemnemente que tiene su conciencia tranquila. Exactamente lo mismo que hoy ha dicho Carlos Dívar a la hora de explicar sus idas y venidas a Puerto Banús a costa del contribuyente. La diferencia, si es que la hay, está en la placa y en la pistola del acompañante.
Fuente: Los Genoveses S.A.
