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El fraude a los inmigrantes que acuden a tramitar documentos al Ministerio de Asuntos Exteriores y que llevó el lunes a este departamento a anunciar nuevas medidas para combatir los trapicheos a las puertas de sus sedes se ha extendido en el último año ante los edificios de diferentes administraciones, como comprobó ayer este diario en varios puntos de Madrid. Lo que empezó como un fenómeno aislado es hoy una estafa que se repite a diario en los aledaños de los ministerios de Educación o de Justicia, así como comisarías de Policía y consulados. Tras los ganchos que abordan a los inmigrantes en plena calle aparecen negocios como Obi Express o J. A. Express Legalizaciones en Cuatro Horas, que actúan como gestorías ilegales. «Se aprovechan del desconocimiento que tienen algunos extranjeros de las leyes», confirman fuentes de la Jefatura de Policía de Madrid. Para que haya una estafa, la ley detalla que tiene que haber engaño y ánimo de lucro, algo que se cumple en la mayoría de estos casos. La Policía insiste en que no actúa ante estas estafas por la falta de denuncias. «No podemos preparar un dispositivo y llevar agentes de paisano sólo en función de los rumores que nos lleguen», explican fuentes policiales. Público ya informó la semana pasada sobre la existencia de estos negocios ilegales. Ayer por la mañana, José Antonio, uno de los ganchos, buscaba clientes en la puerta del Consulado de República Dominicana. «Si me traes la documentación y 150 euros, lo mando por fax a un conocido que tengo en República Dominicana y te consigo el certificado de antecedentes penales en 10 días. Te ahorrarás muchas esperas», ofrecía. En el segundo piso del edificio, en la sede consular, el trámite cuesta apenas 20 euros por vía oficial y la entrega es inmediata. A las puertas del Consulado de Perú, el timo resulta más complicado, porque los funcionarios utilizan un sistema de cita previa nominal e individualizada, por el que las reservas de turno para tramitar papeles se dan exclusivamente a los titulares de los documentos. En la puerta, un captador peruano alternaba ayer su faena con la de repartidor de publicidad. Para contratar las tramitaciones legales o no acompañaba a sus compatriotas a un comercio cercano, donde la dependienta facilita contactos con «especialistas» y tickets de cita previa para el Consulado por dos euros. En la sede oficial son gratuitos. A las ocho de la mañana, antes de que la Comisaría de Policía de Latina abra sus puertas, el trapicheo de reservas es frecuente entre los cientos de extranjeros que hacen cola desde las cinco. El movimiento, no obstante, se ha reducido en los últimos meses. La Policía explica que el nuevo sistema de citación, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha frenado esta práctica. Las gestorías ilegales también ofrecen allí sus servicios. Al final de la jornada, los alrededores de la comisaría están repletos de sus panfletos publicitarios. Irregulares engañados Cuando estas organizaciones cometen un error en la tramitación de documentos, los clientes estafados no tienen derecho a ser compensados. Tampoco suelen denunciar el caso ante la Policía, por miedo, la mayoría de las veces. Muchos de ellos viven aún en situación irregular. El Ministerio de Asuntos Exteriores ya ha anunciado que tomará medidas para evitar la proliferación de estafas. Este organismo pondrá en marcha el próximo lunes una «completa reforma» del sistema de cita previa. El nuevo método incluirá varias medidas antifraude, como la plena identificación y control de las gestorías que soliciten las citas. Además, limitará el acceso a los titulares de los documentos, representantes legales y gestores colegiados. Jhobanny Mercado, director de Obi Express, una de las gestorías ilegales que se verán afectadas por las nuevas medidas y que mueve más dinero, asumió ayer con resignación que Exteriores sólo vaya a permitir el acceso a los gestores colegiados. Mercado vive en situación irregular desde que llegó a España hace tres años y su compañía no está dada de alta en ningún registro ni tiene NIF. «Ellos que hagan lo que tengan que hacer. Yo no voy en contra de la ley, pero, si no me lo impiden, seguiré llevando los papeles», advirtió.

Fuente: Público.es

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