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Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción, con Baleares y Valencia a la cabeza
Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se despliegan por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza seguidas de cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.
Alguno de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman casi un centenar de imputados entre cargos y ex altos cargos públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del expresidente Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato.
Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que están siendo investigados judicialmente. Algunos de estos mandatarios envueltos en casos judiciales son alcaldes de ciudades tan importantes como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. A estos se suman varias decenas de concejales también implicados en estos escándalos locales.
La mayoría de los regidores municipales están imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas. Es el caso de los casos Pretoria o Mercurio, abiertos en Cataluña, que investigan presuntas tramas de corrupción en Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres y Sabadell.
Fuente: ep
Los parapolíticos y los crímenes de lesa humanidad
Cuatro años después del destape de la parapolítica, los procesos dan un vuelco y ocho ex congresistas condenados tendrán ahora que responder por crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo llegó la Corte a esta decisión?
Muchos parapolíticos creyeron que purgar una pena de cinco a nueve años por concierto para delinquir por sus nexos con los paramilitares sería el único crimen por el que tendrían que responder ante la justicia.
Pero la decisión de la Corte Suprema de Justicia de investigar a ocho parapolíticos por crímenes de lesa humanidad abre un nuevo episodio del escándalo de las alianzas entre políticos y las Auc.
La Sala Penal abrió investigación preliminar contra Jorge de Jesús Castro Pacheco, Dieb Nicolás Maloof Cuse, José Gamarra Sierra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento.
Según estadísticas de la Corporación Nuevo Arco Iris sobre la ‘parapolítica’, dentro de estos procesos se abrieron investigaciones a 107 parlamentarios y ex parlamentarios, entre los que hay 33 presos por orden de la Corte Suprema de Justicia; 15 han sido condenados hasta el momento, en tanto que se siguen indagaciones a 420 políticos locales, como alcaldes, concejales, diputados y gobernadores, entre otros.
Esta no es la primera vez que la Corte Suprema establece que la justicia debe investigar a políticos por crímenes de lesa humanidad (masacres, desplazamientos, robos de tierras, desaparición) que cometieron los paramilitares.
El primer paso en este sentido se dio cuando el ex presidente de la Corte, Augusto Ibáñez sugirió en noviembre pasado “aplicar al proceso de Justicia y Paz un estándar internacional a los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. También hay que adoptar una postura sobre los aparatos de guerra siguiendo estos estándares. La postura además insta el gobierno para que en el concepto sociológico e histórico se convoque una comisión de la verdad” (Ver artículo: Corte Suprema pide creación de Comisión para la Verdad paramilitar).
En la providencia, el concepto de “aparato militar” incluye ex paramilitares pero también a todo aquél que por acción, complicidad u omisión colaboraron con las autodefensas, y en esta categoría también entrarían los políticos, militares, funcionarios y empresarios que colaboraron con grupos armados.
Así la decisión abrió la vía para que los ‘parapolíticos’ no sólo sean juzgados por concierto para delinquir sino también por homicidio, desplazamiento, desaparición forzada e incluso narcotráfico, entre otros crímenes.
«Si el aparato de guerra se lucra por el narcotráfico, obviamente, los vinculados a la parapolítica podrían ser juzgados por ese delito», sostuvo en ese momento Ibáñez.
La primera jurisprudencia sobre este tipo de proceso fue la que sentó la condena de Salvador Arana, ex gobernador de Sucre, a 40 años de cárcel por el asesinato de Edualdo Díaz, ex alcalde de El Roble (Ver sentencia contra Salvador Arana).
El ex gobernador fue condenado porque se demostró que se alió con paramilitares para asesinar a Díaz, después de que éste denunció en un consejo comunitario, ante el presidente Uribe, que recibió amenazas de ‘paras’. Díaz aseguraba que Arana y los ‘paras’ estaban defraudando el erario en Sucre.
En ese momento la Corte estableció que además del concierto para delinquir, Arana también había sido responsable de los crímenes que cometieron los paramilitares siendo él gobernador.
Nuevamente, en la sentencia contra Álvaro ‘El Gordo’ García, ex Senador, condenado a 40 años de prisión por su participación en la masacre de Macayepo y del homicidio de una maestra de escuela que era testigo electoral en 1997, así la Corte estableció que el político de Sucre no solo fue responsable del delito de concierto para delinquir (Ver sentencia contra ‘El Gordo’ García).
Por eso no fue extraño que la Corte, en la sentencia contra Álvaro Araújo Castro, ordenara a la Fiscalía que reabriera el caso por el secuestro del político cesarense Víctor Ochoa Daza, cometido por paramilitares al mando de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ el 13 de enero de 2002. Para el Alto Tribunal el secuestro del Ochoa Daza, Araújo presuntamente logró beneficiarse políticamente (Ver sentencia contra Álvaro Araújo).
En la sentencia queda claro que la Corte además de condenar a Araújo por concierto para delinquir, también dijo que el ex congresista “hacía parte de estructura criminal” por lo cual también “debe responder penalmente por el conjunto de crímenes que se le atribuyen a los comandantes o jefes de los bloques, frentes o unidades que hacían parte de la asociación criminal”
Ahora, la última decisión que tomó la Corte de abrir una investigación contra los parapolíticos fue la condena Jorge Castro Pacheco en mayo de 2010 quien está pagando siete años de prisión por sus nexos con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ (Ver sentencia contra Castro Pacheco).
En esa sentencia la Alta Corte ratifica el hecho de que Castro Pacheco hacía parte de la organización criminal y como tal, abrió espacios para que los ‘paras’ pudieran aplicar su estrategia de tomarse todas las instancias de poder.
Por eso la Corte concluye que Castro Pacheco también debe responder por los crímenes de los ‘paras’ y ordena compulsar copias para que se investigue a Castro Pacheco junto a Dieb Maloof, José Gamarra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento porque se beneficiaron de pactos políticos con ‘Jorge 40’.
Artículo completo en: Semana.com (Colombia)
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Cadena perpetua: ignorancia e irrealidad
Las últimas semanas se ha encendido, en nuestra sociedad, un debate tan irracional como absurdo: la cadena perpetua. La chispa ha saltado con algún delito espeluznante. La gasolina la han aportado políticos demagogos y osados (al estilo de la añosa Esperanza Aguirre) en su búsqueda del voto casposo.
Finalmente, una cobertura mediática insana y oportunista, así como la ignorancia (quiero creer que bienintencionada) de los “padres espectáculo” han alimentado esta hoguera de sinrazón.
En realidad, este debate sobre “el endurecimiento de las penas mediante la cadena perpetua” es un árbol torcido que hunde sus raíces en el desconocimiento de la criminología y la legislación en vigor.
De hecho, la implantación de la cadena perpetua en España implicaría una rebaja sustancial de las penas privativas de libertad.
Así, nuestro Código penal vigente establece en su artículo 76 que el límite máximo de cumplimiento de las penas privativas de libertad podrá llegar… ¡hasta los cuarenta años!
Por otra parte, mientras una cadena perpetua permitiría excarcelar a un recluso a los quince años de cumplimiento, el artículo 78 de nuestro Código determinaría, en el mismo supuesto, que el régimen abierto o la libertad condicional no pudiera alcanzarse hasta que se hubiera cumplido más de treinta años de privación de libertad…
… Pero, ¡Dios mío! ¿Por qué los políticos charlatanes, los “padres espectáculo” y algunos “todólogos” no se molestan en leer la ley antes de opinar sobre su reforma?
Y olvidamos una cuestión de especial trascendencia: el endurecimiento de las penas no implica la disminución de la delincuencia.
Por ello, el combate al crimen precisa de medidas mucho más profundas. Poco pueden conseguir las penas duras frente a legiones de jóvenes que son carne de fracaso escolar, frente a hombres y mujeres cuyo futuro es un empleo mal retribuido y precario… Obviamente, atajar las causas reales de la delincuencia no interesa a la derecha política, mediática y económica.
Dejando de lado los conflictos psicológicos (psicopatías, esquizofrenias, etc.), la ciencia criminológica enseña que el crimen se origina por causas tan conocidas con la estigmatización social derivada de la pertenencia a otras etnias o a niveles económicos muy bajos, desigualdades sociales, consumo de drogas o alcohol…
A esto habría que añadir la influencia de los medios de comunicación que estimulen la violencia, el desprecio al débil y la obtención de bienes materiales por cualquier medio.
En esta línea, la Directiva de la ONU para la prevención de la delincuencia juvenil (resolución 45 / 112 de 14 de diciembre de 1990) recomienda en el capítulo IV, inciso B, punto 21: “Enseñar los valores fundamentales y fomentar el respeto de la identidad propia… las características culturales, los valores sociales del país, de las civilizaciones diferentes de la suya y de los Derechos Humanos y libertades fundamentales”.
Desgraciadamente, en España se han sustituido los valores por la moralina que expende la derecha en cápsulas gazmoñas de sexualidad medieval y conceptos etéreos, vacíos (familia, patria, etc.). A esto han añadido inyecciones de demagogia y agitación de las bajas pasiones con el pretexto de alarmantes delitos.
Sin embargo, los valores fundamentales que cimientan una sociedad son reales. Hablo de inculcar la solidaridad, el respeto a las minorías y a los desprotegidos, la honradez, el espíritu de superación, la grandeza de los Derechos Humanos…
¿Significaría todo eso acabar con la delincuencia? Por supuesto que no. Pero combinar esos valores con una política social justa y un uso no irracional ni ignorante de las leyes disminuiría notablemente los delitos.
Lamentablemente, a nuestra derecha no le interesan los valores reales, la igualdad social y el conocimiento de la ley.
Gustavo Vidal Manzanares es jurista y escritor
Blog de Gustavo Vidal Manzanares
Fuente: elplural.com
Bajo licencia Creative Commons
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