Primero fue una carta filtrada y [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] por el embajador de Estados Unidos en España donde advertía al país de un posible castigo si la Ley Sinde no era aplicada con urgencia. El “riesgo”, según la filtración, entrar a formar parte de una lista negra de comercio con Estados Unidos donde se verían “dañadas” las futuras inversiones. Al ver que la aplicación no se iba a dar con el gobierno saliente, la Cámara de Comercio de Estados Unidos instó al gobierno de Rajoy a “recuperar el consenso alcanzado” en el pasado.
No es nada nuevo que Estados Unidos presione a España para la aplicación de leyes contra la “piratería”. De hecho han pasado muchos meses desde que se supo a través de los cables de WikiLeaks que era una realidad y que el gobierno estadounidense había presionado para aplicar una ley a gusto del lobbye.
Fueron 100 cables filtrados donde se mostraba como Estados Unidos había ayudado a redactar la nueva regulación sobre derechos de autor conocida como Ley Sinde.
Ahora y tras su aprobación, otra fuga diplomática ha puesto de relieve cómo los Estados Unidos expresaron primero a José Luis Rodriguez Zapatero, el presidente saliente, una carta en el mes de diciembre. En la misma expresaban su profundo rechazo a que la Ley no haya sido aprobada tal y como se había redactado antes de dejar su cargo. Más tarde, otra carta al gobierno entrante donde se le pedía la aplicación.
La primera de ellas estaba fechada el día 12 de diciembre. Redactada por el embajador de Estados Unidos Alan Solomont, la carta fue enviada al gobierno. En la misma se expresaba la “profunda preocupación” por la falta de la aplicación de la propuesta:
El Gobierno, por desgracia, no ha podido terminar el trabajo por razones políticas, todo ello en detrimento de la reputación y la economía de España. El Gobierno de España adquirió compromisos ante los dueños de los derechos y ante el Gobierno de Estados Unidos. España no puede permitirse ver cuestionada su credibilidad sobre este asunto.
Junto a las peticiones en la carta, que también fue enviada a González-Sinde, Solomont señalaba que España se encontraba en el informe Special 301, un informe anual redactado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), donde señalaba las “barreras al comercio” relativas a la propiedad intelectual que llevarían consigo la no aplicación.
Una amenaza donde no dudaba en afirmar que el país se degradaría más y se colocaría en la lista de países “piratas” con vigilancia prioritaria, añadiendo el embajador que España se encontraba en incumplimiento de los acuerdos comerciales y por tanto podría ser sometido a un serie de medidas de represalia.
Al parecer y según TorrentFreak, las medidas de presión pasaron al gobierno entrante de Mariano Rajoy. Una nueva fuga de cables han puesto de manifiesto que la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Españaescribió a Mariano Rajoy advirtiéndole sobre el potencial riesgo en la inversión extranjera de España, instándole a tomar medidas urgentes sobre la aplicación de la ley. En la misma se decía:
La falta de ley antes de las elecciones ha sido un duro golpe a la seriedad del país en este asunto de tanta importancia. Le instamos a recuperar el consenso alcanzado.
El final ya lo sabemos. La regulación de la Ley Sinde se aprobó a los 10 días de asumir el cargo. Un 30 diciembre del 2011.
Fuente: ALT1040
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A continuación se muestra la relación de 56 presos de ETA condenados a más de 30 años por acumulación de penas y que salieron en libertad en el periodo 1996-2004.
Contiene nombre del recluso, condena acumulada, período de inicio de pena, fecha de excarcelación y Ministro que firmó su salida de la cárcel.
En todos los casos el Presidente del Gobierno era José María Aznar
Algunos de ellos han estado involucrados posteriormente en actos violentos.
Fuente: Apodérate
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El PSOE se prepara para hacer frente a la ofensiva del PP sobre la supuesta existencia de escuchas ilegales a dirigentes populares ordenadas por el Gobierno. Para eso, la dirección socialista ha distribuido un argumentario entre los miembros de la Ejecutiva en el que se acusa directamente a Mariano Rajoy de cometer un delito de calumnias.
El texto del PSOE cita expresamente el artículo 205 del Código Penal, que asegura que «es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad». Y añade: «Eso es exactamente lo que el PP está haciendo durante este verano». Obviamente, los socialistas no tienen ninguna intención de llevar a Rajoy a los tribunales, como tampoco la dirección del PP prevé denunciar ante la justicia las supuestas escuchas ilegales.
La tesis del argumentario es la de equiparar las denuncias sin pruebas del PP con su estrategia sobre el 11-M en la anterior legislatura. En este caso, aseguran los socialistas, se trata de tapar sus responsabilidades en casos de corrupción, especialmente el caso Correa. «Para tapar un escándalo, fabricar un escándalo mayor. Ésta es la estrategia del PP: consiste en calumniar a otros para tapar las propias vergüenzas», sostiene el PSOE.
El paralelismo con el PP de la anterior legislatura lo argumentan asegurando que «lo que están haciendo ahora es la repetición de lo que hicieron con la famosa teoría de la conspiración del 11-M». «Entonces intentaron justificar el engaño masivo de la ciudadanía tras el 11-M, ahora ha sido el caso Gürtel y similares: grandes escándalos que afectan al PP y a sus dirigentes. Entonces se trataba de camuflar a toda costa la gran mentira del 11-M. Ahora se trata de camuflar a toda costa una trama corrupta dedicada a conseguir contratos millonarios de los gobiernos del PP a cambio de regalos y recompensas».
El objetivo del PP, según los socialistas, es «consolidar un espacio de impunidad política y jurídica para sí mismo y sus dirigentes. Lo que el PP está diciendo a los jueces, a los fiscales, a la policía, a los medios informativos es que dejen de hacer su trabajo. Es un plan de disuasión basado en la difamación, la calumnia y en la amenaza».
Noticia completa en: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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