El cardenal Rouco Varela se encargará personalmente de entregar al ministro de Justicia el birrete que le distingue por encima del resto de meapilas españoles, además de una condecoración con la imagen del niño Jesús, los dos peucos de oro de la Virgen de los Partos y el fajín púrpura de la Orden de Falopio.
El Gobierno declarará fiesta nacional el día del nombramiento y promulgará un edicto especial prohibiendo el uso del preservativo en todo el territorio nacional durante tres días. “Va a ser la hostia”, ha declarado Rouco Varela.
Los actos oficiales del nombramiento comenzarán el próximo sábado en las inmediaciones del Palacio Real y se prolongarán durante cuarenta y ocho horas, con una exhibición de bailes regionales, la participación de la patrulla acrobática del ejército del Aire y bandas de música.
Se espera que más de cien mil úteros desfilen ante la tribuna desde la que el Gran Hacedor de Vida y diecisiete representantes de la Conferencia Episcopal Española presenciarán todos los actos. El desfile estará vigilado en todo momento por un equipo de ginecólogos castrenses que velarán para que ningún espermatozoide espontáneo altere la formación.
Felipe VI no podrá acudir al evento porque estará de viaje pero ha prometido que dedicará el coito de esa noche con la Reina al Príncipe de los Úteros.
El acto finalizará con una suelta de más de siete millones óvulos que cubrirán el cielo de Madrid durante siete semanas, con sus días y sus noches.
Fuente: Rokambol news
Así, ¿que las mujeres abortan? Inconcebible e indignante. Y siguiendo los dictados de la santa madre iglesia nuestro ministro de Justicia San Alberto Ruiz Gallardón monta en un periquete un ley represiva que ya quisiera Torquemada y asunto arreglado por partida doble: más cristianitos para España y millones de mujeres salvadas del fuego eterno al ser materialmente imposible que pequen «asesinando» a sus zigotos.
¿Que los españoles se divorcian impíamente rompiendo los sagrados votos del matrimonio que tan inconscientemente juraron mantener ante el altar? Pues algo habrá que hacer. Y aquí otra vez nuestro particular cruzado cristiano siempre infatigable en su lucha por nuestras almas pues se saca de la manga una subida de tasas judiciales y así las parejas más pobres (que al paso que vamos a ser todos los españoles) pues se tienen que aguantar con su pareja al no poderse costear el pecaminoso divorcio que les llevaría al Averno por toda la eternidad.
¿Que la gente no tiene apego ninguno a la santa madre iglesia? Pues se dilapida el dinero público rescatando bancos y autopistas para así tener justificación para recortar en derechos laborales, sanidad, educación y ayudas sociales (mire usted es que las arcas públicas están vacías), eso sí manteniendo incólumes los inimaginables 10000 millones de euros que se lleva la conferencia episcopal, para que la legión de desesperados en constante aumento tengan que volver a los buenos y cristianos tiempos en donde mendiguen (con las orejas gachas y sumisos) un poco de caridad a la puerta de las iglesias, para que los sotanados de turno dejen bien claro quién manda de verdad en esta sufrida piel de toro mientras reparten un poco de comida y algo de ropa usada.
¿Que las mujeres maltratadas exigen justicia? Qué vergüenza, ¿no les quedó meridianamente claro el día de su boda que debían ser sumisas y obedecer en todo a su santo propietario? Pues se desmantelan los centros de acogida para maltratadas y ¿a ver ahora quién es la guapa que abandona a su reverenciable esposo?
Ampliar en: Diario de un ateo
La reforma de la justicia universal del PP ha permitido dejar en libertad a ocho narcotraficantes dado que la Audiencia Nacional considera que no tiene «jurisdicción» para «el conocimiento de los hechos» por los que se encuentran en prisión. El barco en el que los ocho detenidos transportaban la droga se encontraba en aguas internacionales en el momento en que fue interceptado.
El juez Fernando Andreu recuerda que la limitación de la normativa de la justicia universal prevé que, en el caso de delitos relacionados con el tráfico de drogas, España será competente para juzgar los casos «en los supuestos previstos en los tratados ratificados» al efecto. En este caso, continúa el magistrado, el Convenio de Viena que rige los casos de narcotráfico restringe las competencias a hechos desarrollados en el territorio nacional o en barcos que enarbolen pabellón sea español. Ninguno de estos dos supuestos se daban en el caso de los ocho detenidos, que se encontraban en aguas internacionales y cuyo barco no tenía bandera.
Otra de las limitaciones es que los detenidos son de origen extranjero y la reforma del PP establece, como requisito, que las personas que cometan el delito sean de origen español.
«A día de hoy no existe cobertura legal para mantener nuestra jurisdicción a casos como el presente», argumenta el jue, que declara el sobreseimiento de la causa hasta que «no se acredite el cumplimiento de los requisitos» establecidos en la ley que regula la justicia universal.
Fernando Andreu considera en el auto que la reforma de la justicia universal aprobada por el PP en solitario y por la vía de urgencia establece «una serie de requisitos que suponen una muy importante restricción de la competencia de los tribunales españoles».
Ampliar en: eldiario.es
«Bienvenidos a una realidad que debemos evitar». Este eslogan introductorio de la página web de Abortion Travel resume su esencia y lo que ha motivado a la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM) a lanzar esta agencia de viajes ficticia. Ofertas de hoteles, vuelos y clínicas en el extranjero en las que se permite abortar libremente que no se comercializan, sino que intentan concienciar a las mujeres de «los derechos que les va a arrebatar la ley de Gallardón si se aprobase».
«Decide en París». «Tu opción en Lisboa». « Sé libre en Londres«. Folletos con imágenes de las principales ciudades europeas, dignas de cualquier promoción turística, esconden un mensaje que preocupa a muchas asociaciones de mujeres: la interrupción libre del embarazo solo será posible en el extranjero si se aprueba la «ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada» del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, denuncian desde CELEM.
Rosa Escapa, presidenta de CELEM, ha presentado la iniciativa Abortion Travel en el local temporal que estará abierto en Madrid hasta este sábado 12, en la calle Infanta de las Mercedes de Madrid. «El objetivo de la campaña es denunciar que si la ley del ministro Gallardón sale adelante, los derechos de las mujeres se retrotraerán más de 30 años, a la época de la dictadura franquista», critica Escapa.
Ampliar en: eldiario.es
Veo en todos los telediarios a Ruiz-Gallardón explicar la vieja ley, alumbrada de nuevo por la más rancia España, ese proyecto de ley que les da el poder de decidir dentro del propio cuerpo de las mujeres. Se le llena la boca de derechos encontrados, pero hasta para referirse a uno de ellos lo hace en latín, lengua muerta, que es la oficial de ese secular poder que inspira -quizás ordena- el retroceso y la agresión contra las mujeres; por una vez, no habla “de acercar la normativa a los países de nuestro entorno”, esa Europa que, con amplia mayoría, hace muchos años que respeta la integridad de las mujeres.
Este ministro de presunta Justicia me hace recordar tiempos remotos; aquellos años en que la UCD prolongaba sus estertores, y las mujeres -primero las vanguardias feministas, pronto la mayoría social- clamaba por la despenalización del aborto. Tiempos de discretos viajes a Londres, o a Holanda, de jóvenes con posibles; tiempos, también, de cientos, de miles de mujeres desangradas tras intervenciones clandestinas, sin medios ni especialistas adecuados. Tiempos en los que muchos hombres decidimos firmar la (físicamente imposible) autoinculpación, como presión solidaria con las que -ellas sí- sufrían penas de cárcel después de ejercer su libertad.
Tiempos que creíamos perdidos con la Transición, y situaciones de injusticia a las que puso un parche el gobierno de Felipe González con la despenalización del aborto en los tres conocidos supuestos. Hubo que esperar a la segunda legislatura de Zapatero para que se diera el salto cualitativo real y se consagrara el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con la ley de plazos de 2010. Con cautelas y limitaciones temporales razonables, se convertía (¡Por fin!) el DELITO en DERECHO. Un derecho sometido desde el primer día a la renuencia de muchos facultativos, que apelaban a su conciencia para coartarlo; un derecho denostado por manifestaciones, apoyadas por el Partido Popular, e inspiradas y alentadas por la jerarquía católica, esa misma que había bendecido y calificado como “Cruzada” la rebelión contra el régimen democrático, y que miró para otro lado cuando la victoria se tradujo en miles de ejecuciones.
El triunfo electoral del PP en 2011, convirtió la desaparición de ese derecho, y la consiguiente vuelta a treinta años atrás, en una mera cuestión de tiempo y oportunismo: esa era, y es, su doctrina. No les basta con gobernar para los que más tienen, ni siquiera con recortar derechos sociales. Quieren que queden claras sus creencias privadas. No imponen burkas, ni expulsan a las mujeres de la educación; tienen otras formas, menos “agresivas”, pero que en esencia son idénticas a las de cualquier fundamentalismo religioso: traducir en leyes para TODOS, lo que debería afectar en exclusiva a su conciencia individual. Gallardón, al suprimir el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, se revela como un auténtico Talibán.
Fuente: laicismo.org
«La ayuda a la dependencia es una falacia y por eso no acepto que ningún político, ningún juez, ningún profesional influya en mi decisión de abortar porque soy yo la que va a tener ese niño y la que tendría que cuidar de él». El testimonio de Lucía es uno de los protagonistas de 100.000 mujeres invisibles, un documental elaborado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai) en el que tres mujeres ilustran las consecuencias que tendrá la inminente reforma de la ley del aborto anunciada por Alberto Ruiz Gallardón.
Lucía quería quedarse embarazada, tal y como explica ella misma en el vídeo, presentado hoy en el Ateneo de Madrid. Pero su feto padecía el síndrome de Turner. Si conseguía llegar al término del embarazo, su bebé apenas viviría unos meses. Si superaba ese período, sus múltiples deficiencias le impedirían tener una buena calidad de vida. Lucía, a pesar de haberlo pasado mal —reconoce—, hoy volvería a hacer lo mismo. Lucía es una de las 3.000 mujeres que, si se cumplen las amenazas del titular de Justicia (no se conoce el texto de la reforma), no podrán abortar porque el anuncio de Gallardón restringe el supuesto de daños en el feto a sólo las patologías incompatibles con la vida, es decir, al 0,09% de los casos, según Acai. Por tanto, el 99% de las mujeres
«A Gallardón no le preocupan los datos de la realidad; no piensa que se está jugando con la salud de las mujeres», denunció la vicepresidenta de Acai, Francisca García, insistiendo en el hecho constatable de que «las mujeres que quieran abortar lo seguirán haciendo, pero recurriendo a la clandestinidad». «El legislador aún no ha asimilado que una mujer, con ley o sin ella, interrumpirá su embarazo si está decidida a hacerlo», insistió. «La realidad es lo importante, pero ellos están preocupados por la ideología porque están viendo cómo la ultraderecha está arrasando en Europa y quieren evitar la fuga de votos por la derecha de la derecha», añadió.
Ampliar en: laicismo.org
El proyecto de reforma del Código Penal contraviene la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con diversidad funcional (discapacidad).
El Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID) quiere manifestar que según la reforma del Código Penal que prepara el Ministerio de Justicia que dirige el señor Gallardón, se pretende criminalizar a las personas con diversidad funcional mental. La reforma está claramente en contra de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con diversidad funcional (discapacidad), al propiciar la reclusión de indefinida de estas personas que hayan cometido un delito. Se vulnera así el principio de reinserción que rige el sistema penitenciario español, ya que no se puede retener a nadie de forma indefinida o por los delitos que previsiblemente pueda cometer.
La cadena perpetua no existe en España. Tampoco la libertad vigilada de forma indefinida. Con esta reforma del Código Penal un buen número de personas pueden ser las primeras en ser condenadas de por vida, además de estigmatizadas para siempre. La diversidad funcional mental conlleva hoy en día un estigma social, un rechazo silencioso. Con esta reforma este rechazo se puede agravar y en contra de lo que dice en la Convención de la ONU, en vez de incluir a las personas con diversidad funcional mental en la sociedad, se las va a marcar y apartar.
El FVID considera que, por encima de la condición de cada individuo, está la persona y, con ésta, la dignidad inherente a cada ser humano, que debe ser respetada y protegida en el caso de los más vulnerables. Esta reforma ataca la dignidad de las personas con diversidad mental y por ello el FVID quiere mostrar su rechazo y contrariedad ante esta reforma.
Vamos en la dirección equivocada. En vez de crear una sociedad inclusiva donde todos tengamos cabida y trabajemos por tener los apoyos necesarios para que todas las personas podamos convivir y disfrutar de la igualdad de oportunidades, se crean leyes que continúan discriminando a las personas con diversidad funcional. Por todo ello el FVID invita al ministro Ruiz Gallardón a rectificar en su propósito y cumplir la Convención de la ONU, uniéndose así a todas las personas y colectivos que han mostrado su rechazo a esta reforma. – See more at: http://www.humania.tv/noticias/gallardn-criminaliza-a-las-personas-con-diversidad-funcional-mental#sthash.z88iHqDU.QjXCHUZy.dpuf.
Fuente: humania.ORG
El debate del aborto echa chispas mucho antes de tener siquiera un anteproyecto de reforma legal que debatir. Porque anuncios ha habido muchos, más o menos confusos, pero la hora de presentar una propuesta concreta se dilata desde el principio de la legislatura, cuando Gallardón sorprendió dando prioridad a la reforma.
Los clichés no funcionan siempre en este asunto, en el que se enfrentan lo ideal y lo razonable, visiones distintas de cuándo comienza lo humano y hasta dónde llega la libertad de la mujer, un peso histórico de la tradición religiosa frente al ejemplo de tolerancia legal en la mayoría de países avanzados. Muchos ingredientes para el simplismo, zonas grises, sensibilidades heridas. Personas que lo tienen muy claro no se han visto en el dramático dilema. Hay quien no aprueba el aborto, pero tampoco que se encarcele a quien llega a esa situación. No puede ser simple la solución a un problema complejo.
No es fácil debatir sobre el aborto tampoco dentro del PP. Buena parte de la derecha, la más laica, se echa las manos a la cabeza pensando en las consecuencias del plan de Gallardón para volver al aborto bajo prescripción médica rigurosa y sin aceptar como causa una malformación, por severa que sea. La idea de volver a ver a mujeres citadas al cuartelillo o sentadas en el banquillo chirría a muchos militantes y simpatizantes; también que se reabra el puente aéreo a Londres. Son muchos quienes no entienden que se abra ese frente, que no parece una prioridad de la ciudadanía, justo ahora, en un momento de emergencia económica y con demasiados conflictos abiertos.
Los dos portavoces parlamentarios del PP, Alonso y Hernando, se han desmarcado abiertamente del plan de Gallardón; Cospedal evita apoyarlo; Rajoy y Santamaría no se mojan o son ambiguos. Luego aparece Fernández Díaz soltando eso de que «el aborto y ETA tienen algo que ver, pero no demasiado«. Faltaba la diputada Beatriz Escudero, que tuiteó lo de que hoy se defiende más «a los cefalópodos y mamíferos porque sufren» que a los no nacidos. La parlamentaria que fue apercibida por el partido no fue ella, sino Celia Villalobos, multada por ausentarse del Congreso para no votar una moción del PSOE contra la reforma de Gallardón.
1. Una ley más restrictiva evitaría miles de abortos. Falso.
2. Una ley de plazos es más permisiva que la de supuestos. Según como se mire.
3. La reforma de Gallardón pretende volver al modelo de 1985. Incierto.
4. La ley de 1985 funcionaba bien. Dudoso.
5. Son las personas más incultas las que abortan. Lo dijo Escudero de forma rotunda y nada elegante, pero ningún dato lo constata.
6. El aborto lo deben decidir los médicos de la sanidad pública. Complicado
7. Las mujeres no irán a la cárcel con la nueva ley. El ministro de Justicia lo afirma con grandilocuencia. Lo cierto es que las mujeres que abortan no iban a la cárcel con la ley de 1985 ni pueden ir con la de 2010, así que no se ve la novedad.
8. Se protege más la vida animal que la del embrión humano. Lo dijo esta semana en Twitter Beatriz Escudero (refiriéndose al cefalópodo) y hace unos años lo decía la Conferencia Episcopal, con aquella [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] que estaba más protegido que un niño talludito.
9. ETA y el aborto tienen poco que ver, algo sí, pero no demasiado. Supongo que lo que quiso decir Fernández Díaz es que ambos fenómenos causan muertes de personas. La afirmación es muy propia de ese discurso político que detesta los matices y adora los mensajes simples.
10. Existe una violencia estructural que empuja a las mujeres a abortar. Otro argumento de Gallardón necesitado de más explicaciones.
11. El número de abortos es muy elevado en España. Esto sí es cierto.
Ampliar en: ElPaís.com
Uno de estos trileros de la moral resulta que es ahora Ministro de Justicia. Responde al nombre de Alberto Ruíz Gallardón y durante años ha tenido engañados a un buen número de ciudadanos y medios de comunicacion. Unos y otros habían creído ver en él una especie de genovés moderado, tolerante y abierto a nuevas ideas, incluidas las ajenas. Tanto fue así que encontró en el camino editoriales y complicidades que alababan sin pudor su supuesto talante de hombre moderno, dispuesto a liderar a la vieja derecha española.
Todo se le perdonaba. Era un tipo con suerte. Daba igual que endeudara a generaciones de madrileños con sus alocadas políticas de gastos, muchos de ellos superfluos. Daba igual que designará, sin pasar por las urnas, a Ana Botella, una de las genovesas mas mediocres y más reaccionaría, como su sustituta al frente del Ayuntamiento de Madrid. Por dar hasta dio igual que una vez investido de Ministro se fuera deslizando hacían posiciones ultraconservadoras.Al fin y al cabo, sostenían algunos editores, todos sus » excesos » son pecata minuta si los comparamos con los originales y genuinos genoveses que anda tan ocupados en desmontar el Estado de Bienestar.
Desde este blog y llegados a este punto de la cuestión y del personaje, sin eufemismos ni malabarismos ni rodeos, nos surge una pregunta que de antemano es fácil deducir que nunca jamás será respondida por el autor de esta nueva prohibición : ¿ La doble moral y la triple conciencia, incluida la suya, serían o no un impedimento a la hora de que se aplicarán sus prohibiciones a esas acompañantes de habitación y anisette a las que se refería Sabina , si alguna de ellas , Dios no lo quiera, se quedarán embarazadas ?.La respuesta como siempre está y estará en el aire. A lo sumo la podríamos encontrar agazapada en los confesionarios de usar y tirar que se redecoran durante los domingos y fiestas de guardar.
Fuente: Los Genoveses , SA
El Ministerio de Justicia ha incorporado la «telepatía» como vía para la tramitación de los expedientes de nacionalidad en el Registro Civil. Así consta en el borrador del anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros que ha realizado el departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón.
Aparece, concretamente, en dos ocasiones a lo largo de los pasos que contempla el texto para realizar todo el expediente necesario para lograr la nacionalidad española. Tal vez el error responda a un deseo subconsciente de agilizar los expedientes de nacionalidad que han estado sufriendo abundantes retrasos y que, para deshacer el atasco, se encargaron, por parte del Ministerio de Justicia a los registradores.
Así, en el texto se especifica que se deberá realizar un «acta notarial», en la que se hará constar que el aspirante a la nacionalidad española ha superado el «examen oficial» –cuyos requisitos se establecerán reglamentariamente– que permita acreditar un grado suficiente de conocimiento del idioma español y de integración de la sociedad española.
Pues bien, según el borrador del anteproyecto, ese «acta notarial» se remitirá «telepáticamente» a la Oficina del Registro Civil competente. Obviamente se trata de un error al haber incluido la «telepatía» para sustituir a la «telemática».
Noticia completa en: Público
Imagen: Andres Rueda via photopin cc
La reforma del Código Penal que prepara Ruiz-Gallardón amplía el marco legal para castigar a quienes ayuden a inmigrantes sin papeles. Hasta ahora se castigaba el tráfico ilegal y la inmigración clandestina, pero ahora también será ilegal acoger en casa o ayudar económicamente a inmigrantes indocumentados, que puede conllevar una pena de cárcel de hasta dos años.
Si el Ministerio de Justicia aprueba el anteproyecto del Código Penal, podrá ir a prisión: «El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional (…) a entrar (a España) o a transitar (…) será castigado con una pena de multa de tres a 12 meses o prisión de seis a dos años».
La ley actual castiga con hasta ocho años de cárcel a quienes trafican con seres humanos, con la reforma las penas se reducirán a máximo dos años de prisión y se podrá sancionar a quienes sean solidarios con ellos. «Con la regulación anterior, todos teníamos en la cabeza que lo que se estaba sancionando era la trata de personas. Eso es lo que ahora se va a ampliar», aclara una abogada.
Importe y conceptos de las tasas:
Procesos civiles
Procesos contenciosos-administrativos
Procesos de orden social
Además hay que añadir otra cantidad variable que se calcula en función de la cuantía del proceso y que es del 0,5% hasta un millón de euros y del 0,25% en la cuantía que exceda del primer millón con el tope máximo de 10000 euros a pagar por cada tasa liquidada.
Están exentos del pago de tasas los demandantes de justicia gratuita, las administraciones públicas y los poderes del Estado. Además, los trabajadores que inicien procesos en el ámbito social (laboral) gozan de una exención del 60%. También hay una bonificación del 10% de la tasa cuando el pago se realice por medios telemáticos.
Los procedimientos monitorios y los juicios verbales por reclamaciones inferiores a dos mil euros están exentos del pago de la tasa, exención que no se aplicará cuando la pretensión del cobro se fundamente en documentos de carácter ejecutivo extrajudicial según el art. 517 de la L.E.C.
Si a lo largo del proceso llegamos a un acuerdo con la otra parte, nos devuelven el 60% de la tasa pagada.
El Gobierno dio ayer luz verde a la reforma más dura del Código Penal, que contempla, entre otras medidas, la prisión permanente revisable, cercana a la cadena perpetua, y la incorporación del gin-tonic servido en vaso de tubo como delito grave. También acarreará penas de hasta un año de cárcel el hecho de despedirse de una persona diciendo “chaíto” o “besis”, ya sea oralmente o por escrito. Doblar las hojas de los libros en vez de usar un punto se castigará con multas de hasta 600 euros.
Otra de las grandes medidas de la reforma del Gobierno es la decisión de castigar la “divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones de las vacaciones familiares, incluso si se han obtenido con consentimiento de la víctima”. Se pretende así erradicar esas situaciones tan incómodas en las que hay que soportar el eterno visionado de escenas vacacionales sin interés y con un exceso de zooms que en ocasiones provocan mareos e incluso la pérdida del conocimiento.
Según el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el propósito de endurecer el castigo en delitos “especialmente reprochables como dar golpecitos con los dedos repetidamente en una superficie dura sabiendo lo mucho que esto enerva a los demás” es el que ha impulsado la modificación de la normativa penal. “Esta reforma pone cerco a estas pequeñas cosas que desgastan la convivencia entre los españoles, como dejar la mantequilla fuera de la nevera o no decir nada cuando tu mujer se ha hecho algo en el pelo”, ha insistido el ministro.
Fuente: EL MUNDO TODAY
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este jueves el Anteproyecto de Código Penal más duro de la democracia, que introduce la pena de prisión permanente revisable para los delitos más graves y una nueva medida de privación de libertad denominada custodia de seguridad, que puede mantener en la cárcel a un penado diez años más tras cumplir su condena si se le considera peligroso.
Desde la asociación progresista Jueces para la Democracia, su portavoz Joaquim Bosch destaca que «en España, con una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa, y uno de los porcentajes más altos de presos por habitante, la severidad de las actuales penas son suficientes, y no se necesita una reforma que los endurezca más».
Añade que, sin datos objetivos de incremento de la delincuencia ni mayor inseguridad ciudadana, sólo «una finalidad populista» explica el proyecto de endurecimiento de penas.
«En vez de apoyar la prevención social frente al delito, apuestan por la solución más fácil y menos comprometida, que es elevar las penas.Y no atacan ni la alta delincuencia económica ni la corrupción política», destaca Bosch.
En cuanto a la prisión permanente revisable, cree primero que es innecesaria porque las penas en España ya son muy altas (40 años de prisión en casos de los supuestos más graves de terrorismo) y, en función de cómo se articule, considera que puede ser inconstitucional y anulada por tanto en el futuro por el TC porque, según marca la Carta Magna, el fin de la pena es la reinserción del recluso.
Lo mismo opina de la nueva pena de custodia de seguridad, porque supone una prórroga de la prisión que puede vulnerar los principios de presunción de inocencia y seguridad jurídica.
Noticia compelta en: Público.es
Entre los muchos lemas que las mujeres latinoamericanas utilizan para reclamar el derecho a decidir sobre su maternidad, encontré este: «aborto seguro para no morir». Una frase contundente y significativa porque llama la atención sobre la defensa de su salud y su vida. En muchos lugares del mundo, las mujeres se movilizan en estos días a favor de los derechos sexuales y reproductivos. A ellas nos hemos sumado las españolas tras conocer la intención del Gobierno del PP de convertir la interrupción voluntaria del embarazo de nuevo en un acto clandestino, como consecuencia de penalizar nuestra libertad de decisión.
Hasta que la amenaza del actual Gobierno se cumpla, este país dispone de una ley que responde a sus necesidades, puesto que excluye el aborto del Código Penal y permite a las mujeres decidir libremente durante las primeras 14 semanas de embarazo, y hasta la semana 22, siempre que exista alguna motivación relacionada con su salud o cuando se haya producido una violación.
La ley sobre salud sexual y reproductiva, que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010, ha permitido la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura para las mujeres, las familias y los/as profesionales de la sanidad. Tendríamos que recordar que se aprobó tras ciertos episodios vergonzosos, que incluyeron la violación de la intimidad y las historias médicas de algunas mujeres que simplemente habían acudido a clínicas legalmente acreditadas.
En este momento, el PP en el Gobierno, está devolviéndoles el precio de su apoyo. Gallardón inició su cruzada con algunas frases célebres como “la violencia de género estructural que obliga a las mujeres a abortar «o “La libertad de maternidad es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres», componiendo así un discurso que ha intentado manipular las palabras y los conceptos y que han conseguido un gran rechazo social.
La propuesta del Partido Popular sobre los derechos sexuales y reproductivos está claramente alineada con sus otras propuestas políticas. Los recortes que este Gobierno está aplicando sobre el Estado del Bienestar son ideológicos y muestran ese modelo de sociedad conservadora en el que las mujeres volvemos a “redescubrir la vida en el hogar”. La crisis está sirviendo de coartada para eliminar derechos laborales con una reforma que hace imposible la conciliación de la vida familiar y profesional. También es una gran excusa para derogar, en la práctica, la ley de dependencia, para eliminar las ayudas a Escuelas Infantiles, a comedores escolares, y a todo un incipiente sistema de apoyos que, en los últimos años, ha permitido que el Estado se ocupara de una parte de los cuidados que hacían tradicionalmente las mujeres, para que estas, junto a los varones, pudieran participar en el empleo, la política y la vida social.
Artículo completo en: ElPaís.com
El secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, ha criticado hoy al Gobierno por lanzar la propuesta de reforma del Código Penal, “una vez más sin hablar con nadie y solo para tapar los problemas internos del PP”.
Hernando considera que es “muy grave” que el Gobierno anuncie esta reforma hoy “solo para tratar de frenar la división interna que ha provocado en el PP el caso Bolinaga”.
El dirigente socialista lamenta, además, que el PP se deje llevar “por el sector más extremista de su partido a la hora de reformar una ley tan importante como la del Código Penal” y denuncia que el ministro de Justicia “vuelve a mostrar su verdadero rostro de derecha radical”.
Antonio Hernando censura que Rajoy vuelva a legislar “en caliente” sobre “asuntos muy delicados y que han provocado una gran conmoción social”. A su juicio, “no es el mejor momento, ni el mejor método” para afrontar esta reforma.
El Secretario de Relaciones Institucionales coincide con la asociación Jueces para la Democracia en que la derecha “tira de populismo penal siempre que gobierna y tiene que hacer frente a problemas sociales”.
[Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]n anunció este verano que, con la nueva ley, la malformación o minusvalía del feto dejará de ser un supuesto legal para poder abortar, alegó que modificaría esa parte de la ley por convicción pero también porque la [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] le “obliga” a hacerlo. Explicó que la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España suscribió en 2008, emitió un informe a finales de 2011 en el que “obliga” a suprimir el supuesto de aborto por malformación, porque lo considera una forma de discriminación de las personas discapacitadas.
En realidad, el informe de la ONU, de octubre de 2011, no “obliga” a España: solo le “recomienda” que “suprima la distinción en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente”.
El informe de la ONU, en todo caso, no solo no contiene una obligación tajante sino que lo que viene a decir es que los plazos para abortar un feto sano y uno con malformación deben ser iguales, para evitar discriminación. Eso podría cumplirse eliminando el supuesto de malformación pero también haciendo lo contrario: elevando los plazos de todos los supuestos hasta equipararlos al de la malformación (22 semanas actualmente). Es decir, ampliando en la práctica la ley de plazos actual. En eso no se mete la ONU.
Ampliar en: Elpaís.com
En la toma de posesión como presidente del Gobierno ante el Rey, Mariano Rajoy juró su cargo colocando primero la mano izquierda sobre la Biblia y luego la derecha sobre la Constitución Española. Sabía Rajoy sobre qué texto estaba jurando su cargo? ¿Le habían informado del contenido de la página donde estaba poniendo su mano izquierda? Me gustaría informarle para, en caso, de que tenga que repetir el juramento. La Biblia estaba abierta por el capítulo 30 del libro de los Números -cuarto libro del Pentateuco-, que regula lo referente a los votos o juramentos y contiene las normas relativas a los votos hechos por las mujeres. El libro es fiel reflejo de una sociedad en la que la mujer ocupaba una posición subordinada. Según el texto bíblico, un voto hecho por una mujer estaba sujeto a la autoridad del varón, excepto en el caso de que fuera viuda o hubiera sido repudiada, es decir, cuando no había ningún hombre que se hiciera responsable de ella.. Si la mujer era soltera y el padre desaprobaba el voto o juramento, no podía cumplirlo. Si daba su pláceme, tenía que cumplirlo. Si una mujer estaba casada y hacía un voto, debía cumplirlo si el marido no lo objetaba; si lo hacía, no debía cumplirlo.
La promesa o el juramento de los cargos presidenciales o ministeriales en la Zarzuela ante la Biblia y el Crucifijo me parece un resto de nacionalcatolicismo que no resulta fácil entender, y menos justificar, salvo por el deseo expreso de los reyes, conforme a sus creencias católicas. Pero dichas creencias deben permanecer en la esfera privada, nunca explicitarse en el espacio público, y menos aún en un acto político de tanta relevancia como la toma de posesión de un gobierno en pleno. Es menos justificable aún tras más de treinta años de democracia y de no confesionalidad del Estado. Poner a Dios por testigo en el juramento de cargos políticos constituye un acto de teísmo político que termina por convertirse en una crasa manipulación de Dios. Hacerlo en presencia de la Biblia y del Crucifijo viene a ser una sacralización de la actividad política, lo más contrario a la secularización de la política, que es la seña de identidad de la modernidad. Sorprende que, tras treinta y cuatro años de vigencia de la Constitución España que afirma “Ninguna confesión tendrá carácter estatal” (art, 16,3). se comience transgrediéndola en un acto de tanta trascendencia para la vida política como la toma de posesión de un Gobierno del Estado Español surgido de la voluntad popular. Y eso viene sucediendo ininterrumpidamente desde el primer gobierno constitucional, con gabinetes de todos los colores: de derecha, de izquierda y de centro.
Artículo completo en: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
Querido Señor Gallardón:
Soy una médico pediatra que acaba de terminar una guardia de 24 horas sin dormir y mi capacidad de entendimiento puede estar algo mermada pero… ¿He entendido bien?. ¿Va usted a obligar a mujeres a tener hijos con malformaciones graves para luego abandonarles a su suerte sin ayudas económicas para la mayoría de estas personas?.
Como pediatra he conocido a muchas familias con hijos nacidos con malformaciones graves, bien porque no se conocía su condición antenatal o bien porque los padres, conociendo la malformación, decidieron voluntariamente seguir adelante. Le puedo garantizar que en los casos graves los pacientes y sus familias pasan auténticos calvarios con múltiples cirugías largas y complicadas y con largos periodos de estancia en unidades de cuidados intensivos para luego ser dados de alta con secuelas y tener una calidad de vida, en muchos casos, nefasta. Usted habla de derechos, si hubiera vivido de cerca algún caso sabría que estos niños sufren mucho física y emocionalmente y desgraciadamente, precisamente por ser niños, en algunos casos son objeto de ensañamiento terapéutico por no querer rendirnos a su enfermedad. La mayoría de estas familias acaba desestructurada con problemas de salud física y mental y con problemas económicos por no recibir suficiente ayuda por parte de las administraciones. Le invito a que pase el postoperatorio de una cirugía cardiaca de una cardiopatía compleja en la unidad de cuidados intensivos (pueden ser meses) día y noche con una familia para saber de qué estoy hablando.
Ya dejando de lado mi parte humana y médica y poniéndome en la postura política (que afortunadamente no soy) esta medida ahorrará dinero en abortos practicados por la sanidad pública y ganará votos conservadores (además de desviar la atención) y como no van a dar ayudas a las familias no supondrá mucho gasto…pero las cirugías, estancias hopitalarias, consultas, rehabilitación, bajas por depresión paternas, etc… cuestan mucho, mucho dinero, se lo digo en el idioma que entiende.
Hasta ahora llevo los recortes con indignación como el resto de los españoles e intento no opinar de economía porque no es mi campo. Hasta hace dos días no sabía lo que era la prima de riesgo. Ahora ha entrado usted en mi campo y sólo puedo sentirme frustrada y con ganas de llorar.
De verdad que como ministro de justicia ¿no tiene nada mejor que hacer? Hay muchos ladrones, defraudadores y demás calaña (no tiene que buscar usted muy lejos) que deben responder ante la justicia y los ciudadanos. Céntrese.
¿Le había dicho que estaba saliente de una guardia de 24 horas? ¿sabía que según las leyes europeas es ilegal y en España nos las saltamos a la “torera”? ¿algo que opinar como ministro de justicia?. Es demasiado fácil hablar desde la ignorancia.
Una Pediatra con ganas de llorar.
Fuente: Yo madre