La UNESCOdefiende el estado de derecho y, por tanto, que nadie está por encima de las leyes. Defiende los derechos humanos que significa que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos.
También la UNESCO se opone a cualquier “discriminación” o cualquier distinción, exclusión, limitación o preferencia ” en materia de educación. Y proclama y defiende la educación para todos. No obstante, es cierto que el artículo 2 de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza – de 1960- expresa una salvedad: no se entenderá como discriminación “la creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino”. Pero lo hace bajo un condicionamiento decisivo: “en el caso de que el Estado las admita”. Y, además, deja muy claro que el principio general de toda la convención es el que “las discriminaciones en la esfera de la enseñanza constituyen una violación de derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
Por esto, el ministro de educación de España, José Ignacio Wert no tiene razón cuando sugiere que hay contradicción entre las leyes españolas y la citada convención de la UNESCO. Ninguna contradicción entre UNESCO y el estado de derecho en España, porque las leyes españolas prohíben la separación por razones de sexo en los centros educativos y, por tanto, están plenamente en consonancia con la proclamación de no discriminación de la UNESCO. No hay nada, pues, que indique contradicción, ni razón apra el cambio. Así, pues, si el ministro de Educación de España se propone re-insertarnos –como estuvimos ya en el pasado- dentro del ámbito de los países segregacionistas en educación por razones sexistas, es muy libre y muy responsable de hacerlo. Pero la UNESCO no tendrá nada que ver en ello. Ni como razón, ni siquiera como falso pretexto.
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