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Importe y conceptos de las tasas:

Procesos civiles

• Verbal y cambiario: 150 euros
• Ordinario: 300 euros
• Monitorios, demanda incidental en concurso: 100 euros
• Ejecución extrajudicial y oposición a ejecución: 200 euros
• Concurso necesario: 200 euros
• Apelación: 800 euros
• Casación y extraordinario por infracción procesal: 1.200 euros

Procesos contenciosos-administrativos

• Abreviado: 200 euros
• Ordinario: 350 euros
• Apelación: 800 euros
• Casación: 1200 euros

Procesos de orden social

• Suplicación: 500 euros
• Casación: 750 euros

Además hay que añadir otra cantidad variable que se calcula en función de la cuantía del proceso y que es del 0,5% hasta un millón de euros y del 0,25% en la cuantía que exceda del primer millón con el tope máximo de 10000 euros a pagar por cada tasa liquidada.

Están exentos del pago de tasas los demandantes de justicia gratuita, las administraciones públicas y los poderes del Estado. Además, los trabajadores que inicien procesos en el ámbito social (laboral) gozan de una exención del 60%. También hay una bonificación del 10% de la tasa cuando el pago se realice por medios telemáticos.

Los procedimientos monitorios y los juicios verbales por reclamaciones inferiores a dos mil euros están exentos del pago de la tasa, exención que no se aplicará cuando la pretensión del cobro se fundamente en documentos de carácter ejecutivo extrajudicial según el art. 517 de la L.E.C.

Si a lo largo del proceso llegamos a un acuerdo con la otra parte, nos devuelven el 60% de la tasa pagada.

En los años 50 del pasado siglo, en lo más duro del franquismo, se impuso el sistema de tasas judiciales que penaba el acceso de los ciudadanos a la ley. Claro, que aquello era una dictadura y los impuestos que recaudaba el Estado le llegaban en gran medida por contribución indirecta, ya que la recaudación por la renta era prácticamente inexistente. Un sistema al que puso fin en el año 1986 el Gobierno de Felipe González con una doble idea, más ajustada a un Estado democrática y moderno: facilitar el acceso a los tribunales de los ciudadanos, y que la Justicia se financiara con cargo a los Presupuestos Generales, alimentados con los impuestos que pagamos todos.

En el año 2002 ya José María Aznar dio un primer tijeretazo a esta situación. Entonces, primer periodo de la derecha en el poder, el Gobierno decidió recuperar las tasas, eso sí, tan sólo en los ámbitos civil y contencioso administrativo, y aplicado a las personas jurídicas, es decir, a empresas y bancos principalmente. Dejó fuera del pago de tasas, que no es otra cosa que decir, sin pagar por tener acceso a la justicia, a las personas físicas –los ciudadanos particulares- y los asuntos laborales y penales.

Gallardón completa el ciclo de tasas judiciales que comenzó a imponer Aznar

En este segundo periodo en el poder del Partido Popular, el ministro Alberto Ruiz Gallardón completa el ciclo. Ahora todos los ciudadanos tendrán que pagar para acudir a la Justicia, sea cual sea el ámbito de su demanda, con la lógica excepción del ámbito penal. Y esto incluye por primera vez, desde que se reformó el sistema del franquismo, como decimos, los recursos que se produzcan en el ámbito laboral. Lo que denuncian los sindicatos y los partidos de izquierda es que puesto que el Gobierno que preside Mariano Rajoy no ha traído una rebaja fiscal, sino al contrario, una subida de impuestos, lo que va a hacer cualquier ciudadano al acudir a la justicia y pagar tasas será por tanto un “repago” por los servicios legales que debe ofrecer el Estado.

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