Naciones Unidas incluyó hoy a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) entre los 16 grupos armados del mundo que violan de manera sistemática los derechos de la infancia.
Las dos fuerzas guerrilleras colombianas aparecen en la lista de los mayores reclutadores de niños soldados del planeta, que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha incluido por primera vez en su informe anual sobre la situación de los niños en los conflictos armados.
Ban acusa a estos grupos armados de ser los «violadores más persistentes» de los derechos de la infancia, por haber aparecido en al menos cinco ocasiones anteriores en este estudio que remite cada año al Consejo de Seguridad del organismo.
Además de los insurgentes colombianos, en este registro se encuentran movimientos rebeldes de Darfur, los talibanes afganos, Al Qaeda, las milicias islámicas somalís Al Shabab o la guerrilla ugandesa del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), así como la policía nacional afgana o el Ejército sudanés.
El secretario general también incluye por primera vez en el documento una lista, con dos nombres, sobre los grupos que matan y mutilan a menores, así como otra, con siete, de los que violan y cometen agresiones sexuales contra niños.
En el caso de Colombia, el informe del secretario general lamenta que en 2009 «el reclutamiento y uso de menores fuera una práctica habitual, sistemática y extendida de los grupos armados ilegales».
Además, denuncia que las FARC y el ELN emplearon a estos niños soldados «en combates, para reclutar otros menores, así como espías, esclavos sexuales y asistentes logísticos».
También cita un reporte de la fiscalía colombiana que habla de 156 casos de reclutamiento de menores entre enero de 2008 y agosto de 2009, que involucran a 633 niños.
«La resistencia o los intentos de escapar han expuesto a algunos de estos niños a la tortura o la muerte», resalta el documento, en el que además se denuncia que muchas menores se quedan embarazadas para evitar ser incorporadas por la fuerza a las filas de los insurgentes.
Asimismo, el documento señala que los grupos armados surgidos de los antiguos paramilitares de las Autodefensas también reclutan a menores.
Por otra parte, se hace eco de las denuncias de que el Ejército colombiano ha utilizado a menores en tareas de inteligencia, particularmente en zonas rurales del Valle del Cauca, y critica programas cívico-militares destinados a los menores, como el de los «lanceritos», que pueden ocasionar represalias por parte de la guerrilla.
El secretario general de la ONU lamenta que la población infantil siga siendo blanco de ataques guerrilleros indiscriminados, o que estos mismos grupos amenazan con matar y ejecuten a menores que sospechan son informantes de las autoridades.
La ONU considera que en un conflicto se producen graves violaciones a los derechos del niños cuando se dan casos de reclutamiento de menores, se mata o hiere a niños, se les viola y secuestra, se atacan sus escuelas y hospitales o se les niega asistencia humanitaria.
De acuerdo a estos parámetros, el informe cita 20 conflictos en los que los combatientes no respetan los derechos de la infancia.
Estos son los que tienen lugar en Afganistán, Burundi, la República Centroafricana, Chad, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Haití, Irak y Líbano.
También menciona los casos de Birmania, Nepal, los territorios palestinos ocupados, Israel, Somalia, Filipinas, Sudán, Tailandia, Sri Lanka, India, Uganda y Yemen.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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Enlaces relacionados:
Una Plataforma de juristas, entre los que se encuentran la juez Manuela Carmena y el fiscal del Tribunal Supremo Félix Pantoja, sostiene que la «cadena perpetua» ya existe en España y se aplica más a otro tipo de delitos que al terrorismo. Algo que consideran «manifiestamente injusto y desproporcionado» porque sostienen que hay «autores de delitos sin sangre que tienen condenas de cadena perpetua efectiva».
Según la Plataforma ‘Otro derecho penal es posible’, que se opone «abiertamente» a la posibilidad de implantar la cadena perpetua por «atentar contra el valor constitucional de la dignidad humana», esta «realidad ya existe en nuestro ordenamiento jurídico».
En este sentido, recuerdan que en las cárceles españolas hay 345 personas –sin contar los condenados por terrorismo– que cumplen condenas superiores a los 30 años. Según exponen, las condenas tienen unos límites máximos: la triple de la pena mayor, 20, 25, 30 o 40 años.
Sin embargo, creen que habitualmente se comete un error, incluso por parte de profesionales del Derecho, porque para que se establezcan esos límites, los delitos se tienen que haber podido enjuiciar en un único proceso. Pero, precisan que si una persona delinque después de que con anterioridad haya sido sentenciada por otro delito «las penas se suman y no se limitan temporalmente, teniendo que cumplir todas las penas, aunque supere los límites anteriormente reseñados».
En este punto, exponen que, contrariamente a lo que la opinión pública piensa, no son los delitos de terrorismo los que más frecuentemente carecen de límite de cumplimiento de condena. Sino otro tipo de delitos. Así, recuerdan que suele suceder que cuando se detiene a los terroristas se les juzga «en un sólo procedimiento por todos los delitos», mientras que otras personas que, por delinquir en momentos sucesivos son juzgadas en procedimientos no acumulables «por diversas razones procesales», son castigados «por vía de hecho a penas de prisión perpetuas».
En opinión de esta plataforma «la situación es «manifiestamente injusta y desproporcionada, sobre todo si se considera que autores de delitos sin sangre tienen condenas de cadena perpetua efectivas».
Este tipo de condenas superiores a los 30 años significan, según la citada Plataforma, que «en la mayoría de los casos» los condenados no terminarán de cumplir sus condenas mientras dure su vida. Y, a pesar de reconocer el «respeto que merece toda persona que transita por el dolor», creen que el Estado no debe amparar los «deseos de venganza» porque estos «no brotan de lo mejor del ser humano».
Fuente: EuropaPress
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Enlaces de interés:
– La web de Maco048. Noticias: cadena perpetua
Después de los deseos de paz para el nuevo año llegó una noticia relacionada con el islam que nos recuerda su odio e intolerancia.
El dibujante Kurt Westergaard del diario danés Jyllands-Posten, famoso por sus caricaturas de Mahoma, que desataron la ira de los musulmanes en el mundo, recibió un intento de asesinato en su casa por un musulmán de origen somalí.
El caricaturista logró ponerse a salvo en un baño de su casa adaptado en «bunker», mientras que el integrista gritaba en mal danés amenazas que incluían las palabras «venganza» y «sangre». Afortunadamente el terrorista musulmán fue capturado por la policia.
Cabe aquí preguntarnos, ¿dónde están los líderes musulmanes de Europa rechazando masivamente este atentado?, ¿por qué no parecen condenando este acto tan fanático, de la misma manera como suplican privilegios para su religión?
Sin duda, si alguíen hiciera una caricatura de Jose Smith o de Elena G. de White, no recibiría amenazas de muerte de los mormones y adventistas, respectivamente. Quizás se molestarían, y más de uno se lamentaría aduciendo que es una ofensa contra un profeta de Dios, y que tal caricaturista tendría su paga en el juicio final. Pero de allí no pasaría. Pero este deseo de imposición del islam, y de sus prohibiciones para toda la sociedad es un barbarismo sin igual.
El mayor problema del islam es que pide respeto dondequiera que va, pero no ofrece ninguno.
Terminando el año 2009, Aymán al Zawahiri envió un mensaje pidiéndole a los musulmanes reconquistar Al-Andalus, antiguo nombre de la península ibérica cuando estubo en manos de musulmanes.
El pasado día 25 de diciembre nuevamente se vivieron horas de tensión y temor cuando un joven de nombre Umar Farouk Abdoulmutallab [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] por los aires un avión en pleno vuelo entre Amsterdam y Detroit con 278 pasajeros dentro.
Umar llevaba en su ropa interior una importante carga del explosivo conocido como PETN, con la que consiguió subir al avión [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] del vuelo 253 pero que finalmente (gracias al Dios que prefiera cada uno) no llegó a explotar por otro fallo. Tras los acontecimientos la histeria colectiva se desató y los gobiernos de occidente, capitaneados por EE.UU, respondieron revisando los protocolos de seguridad aérea y con nuevas medidas muy exhaustivas. Pero, un momento, ¿cuáles son las probabilidades reales de que un avión sufra un atentado terrorista?.
Esta pregunta es de vital importancia y la siguiente infografía nos da respuestas contundentes a la misma, que se pueden resumir en una sola frase: es extremadamente complicado verse envuelto en un suceso terrorista contra un avión y mucho más morir en uno de ellos. Sirvan los siguientes datos (referidos a EE.UU pero aplicables a cualquier otro país) para calamar al pueblo. No nos podemos permitir vivir con miedo, ya que entonces “los malos” habrán ganado y “los buenos” tendrán mucho mas fácil colarnos cualquier restricción (incluso anticonstitucionales) con la disculpa de la seguridad.
Vía: Gizmodo
Fuente: ALT1040
Las víctimas del terrorismo afrontan los tratamientos psicológicos con cautela y recelo «porque se han visto muy manipuladas», según el estudio presentado por el psiquiatra Iñaki Markez en el 24 Congreso Nacional de Neuropsoquiatría que se celebra en Cádiz.
Markez ha explicado que las víctimas de terrorismo presentan un patrón de salud sensiblemente peor que la población general, ya que experimentan un sufrimiento crónico e incapacidad para expresar dolor.
En una encuesta realizada a más de 2000 ciudadanos del País Vasco y a 40 víctimas directas de la violencia terrorista, familiares de fallecidos en atentados terroristas o personas que han sufrido esos ataques, Markez ha analizado el resultado de esa violencia colectiva sobre la sociedad vasca en general.
En una entrevista con Efe, Markez comenta que «el sufrimiento crónico de las víctimas es extensible a toda la sociedad, y puede llegar a mitigarse con el tiempo, pero no desaparece».
No obstante, Markez asegura que «en el País Vasco no vivimos siempre con miedo como podría deducirse de algunos comentarios políticos o periodísticos».
Según Markez, la violencia colectiva (denominación clínica de la violencia terrorista) «no es una enfermedad, no existe la personalidad terrorista como pretenden algunos psicólogos: la violencia colectiva es un hecho sociopolítico pero que tiene consecuencias en la salud colectiva e individual de una sociedad».
Markez advierte sobre «el riesgo de considerar a los terroristas como enfermos» y denuncia que la polarización existente en el País Vasco, «a veces conlleva paradojas como condenar el terrorismo pero decir luego ‘es que en Madrid no nos hacen caso’, y esas contradicciones a nivel social perjudican la salud mental de un pueblo».
Sin embargo, Markez también ha expuesto que «el papel de la psicología en la violencia colectiva no es sólo detectar las deficiencias de salud mental, sino trabajar para superarlas».
«No se puede mejorar la salud mental colectiva con un diagnóstico pero individualmente la de las víctimas sí, y así también mejorará la salud mental de la sociedad en general», enfatiza el psiquiatra.
Markez también aboga por que en la sociedad en su conjunto se trabaje con políticas de perdón, el fomento de la tolerancia, la corresponsabilidad de un problema que es social y el fomento de conductas pro-sociales.
Fuente: adn.es
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Enlace relacionado: Asignatura Victimología. Licenciatura Criminología. UMU
Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en accidentes con víctimas por minas antipersonales, con más de mil casos anuales, señalaron organismos internacionales al celebrarse este martes por primera vez el día mundial contra esos artefactos.
Un grupo de entidades encabezadas por el Observatorio de Minas Antipersonales de la Vicepresidencia colombiana indicó que el país, con 1.060 víctimas en el 2005, entre muertos y heridos, «ocupa ahora el triste primer lugar» de casos debidos a esas armas, y que «le siguen Camboya y Afganistán».
Al conmemorarse el Día Internacional para la Sensibilización sobre Minas Terrestres y la Asistencia contra las Minas, la Campaña Colombiana Contra las Minas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hicieron un llamado contra dichos artefactos.
La efeméride se celebra por primera vez desde que fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Colombia ratificó en el 2001 la Convención de Ottawa, que proscribe las minas, y en desarrollo de ese instrumento adoptó el Plan de Acción contra las Minas.
«La manera más contundente de enfrentar esta constante amenaza que afecta a las poblaciones más pobres y vulnerables, es expresar nuestro rechazo al uso de las minas en concordancia con los postulados de la Convención de Ottawa», afirmaron los organismos. Agregaron que urge multiplicar la información y la conciencia de todos sobre los riesgos que miles de colombianos de todas las edades corren a diario.
«Hoy somos uno, no sólo en Colombia sino en el mundo entero. En cualquier país del planeta donde las minas acechen, gobiernos, sociedad civil, comunidad internacional y organismos multilaterales cierran filas», expresaron.
De acuerdo con estudios oficiales, el primer accidente con una mina en Colombia se registró en 1990 y desde entonces, alrededor de 660 municipios del país, que representan más de la mitad de los existentes, se han visto afectados de una u otra forma por el problema de estas armas no convencionales. Un informe del Monitor Mundial de Minas señala que en Colombia se registran en promedio tres víctimas diarias y desde 1990 hasta la fecha ha habido 4.804, de ellas 1167 muertos y 3637 heridos.
Agrega que aunque existen minas industriales importadas, en el país se utilizan las elaboradas de forma artesanal, que son más difíciles de detectar, el 97 por ciento de los accidentes ocurren en zonas rurales, están afectados 31 de los 32 departamentos y el año pasado resultaron muertos o heridos 1.060 colombianos.
Además, desde 1990 han sido víctimas de las minas 479 niños. El departamento más afectado por dichas armas es Antioquia, con 1766 casos; le sigue Santander, con 657, y Meta, con 632. En el Valle del Cauca se contabilizan 92 incidentes desde 1990. Según los mismos estudios, en Colombia hay entre 70000 y 100000 minas sembradas y cada una puede mantener unos 50 años su capacidad para estallar.
Fuente: emisora de radio RCN (Colombia)