La web de Maco048. Criminología

La cerda de Francisco Ortiz, maldita era su suerte, se descomió. Y aquella repentina falta de apetito, como era costumbre, le costaría la vida al pobre animal. Pero también se cobró, cuando menos, la de otros 14 murcianos, sin contar los cientos de enfermos que habrían de maldecir el día en que probaron su carne.

El 23 de noviembre de 1900 se alertó a la Alcaldía de Murcia de la existencia en el barrio de San Antolín de «una enfermedad rara».  El Colegio de Médicos abrió una investigación, que pronto determinó que se trataba de triquinosis, una enfermedad parasitaria que se origina por el consumo de carne cruda o mal cocida.

El catedrático de la Escuela de Veterinaria de Madrid enviado a Murcia por el Gobierno denunció que la inspección sanitaria en el matadero era casi inexistente. «No tienen ni microscopio», informó. Tanta presión aumentaría los controles en el municipio, donde surgieron decenas de irregularidades en el sacrificio de animales. Entretanto, algún avispado comerciante hacía su agosto anunciando en la prensa que «para librarse de la triquina beba vinos La Jerezana».

El juicio se fijó para el 25 de octubre de 1904. A lo largo de seis sesiones se fueron conociendo los detalles del caso. Desde el primer día resultó probado que los análisis realizados a la carne despachada por ‘El Potaje’ y ‘El Jumillano’ no habían detectado que estuviera contaminada. El fiscal consideró responsable al Potaje de 4 delitos de homicidio por imprudencia temeraria; al Jumillano de 10 de la misma clase; y a los otros de 14 delitos correspondientes a otras tantas víctimas. Todos se declararon inocentes.

Inexistencia de pruebas

Los abogados basaron su defensa en la inexistencia de pruebas que señalaran la carne como contaminada, junto la dejadez y la falta de medios en los servicios sanitarios públicos que no lograron identificar que la cerda estaba enferma. Ambos argumentos convencerían a la postre al jurado popular que juzgó el caso. Preguntado sobre los controles realizados en el matadero municipal, un testigo llegó a denunciar que los trozos de carne apartados para los análisis «se los comían después los inspectores».

Menos afortunada fue la opinión del letrado que defendía a ‘El Potaje’, de quien aseguró que era «una persona honradísima, intachable, si hubiera encontrado triquina en los trozos de carne [&hellip] lo hubiera manifestado». Obviaba el abogado (y, al parecer toda la sala) que Juan Martínez ya había sido sancionado en otras ocasiones por traficar con carne de cabra y oveja. «¡Ha sido preciso que haya una epidemia para ver de traer un microscopio!», bramaba el abogado. La intervención de otro letrado, Martínez Moya, se describió en la prensa como apoteósica.

‘El Potaje’, como se decía en la huerta, «no tenía compañero». A pesar de su detención y cuando aún estaba a la espera de juicio, protagonizó otro escándalo en abril de 1903 al herir a un inspector de consumo.

Los hechos ocurrieron después de que las autoridades decomisaran en casa del comerciante «quince bombonas de alcohol». Unas horas más tarde, ‘El Potaje’, acompañado por su cuñado y otro individuo, al que se identificó como Antonio el de los higos de pala, le propinaron una paliza al inspector y a su jefe, quien lo acompañaba. Uno de ellos recibió un navajazo en la espalda y, según relató el agredido, «me dieron también un palo en la cabeza».

El jurado concluyó que no existían pruebas suficientes para condenar a los acusados, que quedaron en libertad. Basaron su veredicto en que la cerda no parecía contaminada, los fallecidos se extendían por toda la ciudad y algunos testigos afirmaron haber consumido aquella carne y no enfermaron. El fiscal recurrió y el juicio fue revisado en noviembre de 1905. Todos los acusados quedaron en libertad. La muerte de 14 personas solo sirvió, en apariencia, para que los controles se recrudecieran. Al menos, por un tiempo.

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