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La responsable de Igualdad con Zapatero cree que la reforma se debe a un pacto entre Gobierno, la Conferencia Episcopal y los grupos provida.

“La ultraderecha y el nacionalcatolicismo han ganado la batalla”, sentencia Soledad Murillo, responsable de las políticas de Igualdad en el primer Ejecutivo de Rodríguez Zapatero (2004- 2008) y artífice de las leyes de Violencia de Género e Igualdad. Sitúa esas fuerzas dentro del propio Gobierno y cree, además, que la reforma restrictiva del aborto tiene mucho que ver con “un pacto implícito entre el Gabinete de Rajoy, la Conferencia Episcopal y los grupos provida”; un pacto que se produce “precisamente cuando el papa Francisco ha calificado como ‘obsesión’ la lucha contra el aborto”. “Las españolas volverán a tener que viajar al extranjero para interrumpir la gestación”, advierte.

“Hemos vuelto a los años ochenta del siglo pasado”, critica Murillo, veterana feminista. Esta “involución” desplaza a España hasta situarla “al nivel de los países de la UE con legislaciones más restrictivas sobre interrupción del embarazo”. “Ahora el Gobierno limita el aborto a dos supuestos que son irrenunciables, según la doctrina de Naciones Unidas: la violación y el peligro para la salud de la madre”. Pero además, introduce “obstáculos añadidos”, como la necesidad de dos dictámenes médicos y la ampliación del plazo de reflexión de tres a siete días. “El resultado es que se criminaliza a las mujeres que quieran interrumpir la gestación”, asegura esta experta. Añade otra objeción: con la reforma se perderá el contenido sobre prevención del embarazo y aliento a la educación sexual que sí figuraba en la legislación de 2010, la que estableció el aborto como derecho —sin necesidad de tener que alegar causas en las primeras 14 semanas—. Murillo también lamenta las futuras limitaciones al aborto que establece la ley Gallardón cuando haya malformación del feto.

“La nueva ley genera una enorme incertidumbre entre las mujeres. El ministro debe explicar qué es eso de que no habrá reproche penal, porque el Código Penal no reprocha, sino que castiga. ¿Qué pasará además si alguna clínica privada orilla la ley?”, plantea la socióloga. Cree que las españolas volverán a verse obligadas a viajar al extranjero para interrumpir la gestación, como ocurría antes de la despenalización de 1985. “Allí podrán hacerlo sin sentirse victimizadas y sin tener que dar razones”, puntualiza. Recuerda que, históricamente, en la gran mayoría de los abortos se ha aducido el riesgo psicológico para la mujer, un supuesto que quedará muy limitado con la contrarreforma del PP.

“Hay una involución general en lo que a derechos de las mujeres se refiere”, concluye Murillo. A la restricción al aborto suma la “derogación de facto” de la Ley de Dependencia —miles de mujeres han dejado de cotizar como cuidadoras y no hay nuevos beneficiarios— o la intención de que las amenazas en violencia machista dejen de ser delito para convertirse en falta.

Fuente:  laicismo.org