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Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Los computadores de Uribe y Santos (Colombia) son los testigos jurídicos ideales de toda la historia de la humanidad
Los computadores de Uribe y Santos son los testigos jurídicos ideales de toda la historia de la humanidad
Por: Alberto Salazar
En 1968 dos expertos franceses en computadoras publicaron el libro “Las computadoras. Mitos y realidades”. Allí escribieron: “El público está mal informado sobre la realidad física de las computadoras, sobre su uso. Se le han ofrecido indicaciones equivocadas, secretos de un misterio, fórmulas lapidarias”.
Yo sostengo que en 2010 esa idea sigue estando vigente. Reconozco que una sustancial cantidad de ciudadanos posee ahora alguna computadora digital y posiblemente haya accedido también a la Internet, pero sigue interactuando con esos sistemas a través de interfaces gráficas, que esconden la realidad de cómo operan en verdad las computadoras y la Internet. Los usuarios finales observan papelitos volando de un lado a otro mientras un programa invoca llamadas al sistema para copiar un archivo de datos de la memoria RAM a un dispositivo de memoria removible y portátil con interfaz USB. Ve las imágenes e ignora todo lo que realiza el sistema.
Así por ejemplo, al usuario final le es posible grabar en un DVD grandes cantidades de información, sin conocer la transformación real de formatos que habrá que realizarse con tal operación. O puede conectarse a la red de redes sin comprender en nada el funcionamiento de la pila de protocolos de comunicación del TCP/IP. Es decir, el software de computadoras se diseña deliberadamente para que sea cada vez más fácil de emplear y releve al usuario de tareas engorrosas o especializadas, la mayoría de las cuales le tomaría años en aprender a ejecutar por sí mismo.
De manera que aunque un usuario use un teléfono móvil para recibir en tiempo real los mensajes de a quienes sigue en Twitter, o mantenga actualizado un blog que incluya recientes enlaces a vídeos almacenados por él mismo en Youtube, ello no indica que sea un conocedor cabal de la ciencia de la computación. Revela que es un buen usuario de esos sistemas informáticos; la misma palabra usuario así lo expresa.
Para conocer bien cómo funcionan los computadores y las redes modernas se requiere como base mínima de conocimientos, un amplio saber del álgebra y de los sistemas de numeración. Luego esa teoría debe ser instrumentada con conocimiento de electrónica básica y de circuitos digitales. Saber que servirá de soporte para posteriormente entender las bases de la programación de computadoras y del desarrollo de software. Sin conocer bien esas tres aristas, es prácticamente imposible explicar la interacción básica de los sistemas computacionales de hoy. Mucho menos comprender las operaciones técnicas del accionar real de la Internet.
De esa ignorancia que la mayoría de la gente cree no poseer, se viene valiendo el gobierno colombiano de Álvaro Uribe. Usa a su conveniencia el mejor testigo virtual del mundo. Un soplón que por ser de naturaleza electrónica y digital, luce a una gran mayoría de la gente como enteramente fiable y exacto. Un testigo que por tener capacidad de almacenar millones de bytes, parece conocer todos los eventos delictivos que ese gobierno requiere. Un bocón al que, por procesar datos binarios que guarda en sistemas de archivos bien estructurados, se le atribuye la capacidad de asociar con precisión matemática unas informaciones con otras.
Es decir, el mejor testigo que pudo esperar un fiscal en toda la historia de la humanidad. Uno al que casi nadie le sospechará intereses particulares para falsear su declaración. Uno que estará presto para contar cada delito que el fiscal requiera con el transcurrir del tiempo. Uno al que jueces, periodistas y hasta gobernantes tomarán como el testigo presencial para todo proceso y otorgarán la incapacidad de errar. ¿Qué más se le podría pedir a un testigo tan ideal?
El testigo estrella son entonces los computadores atribuidos a un enemigo muerto. Los computadores que Uribe y Santos, sin evidencia jurídica alguna, dijeron que eran propiedad del comandante Raúl Reyes.
Atrás quedarán todas las leyes de Murphy (1), todas las fallas de hardware o software que otros computadores modernos presentan, las caídas de sistemas o pérdidas de línea que sufren hasta las redes de computadores bancarias, las operaciones de limpieza y desinfección de virus o gusanos que demandan recurrentemente nuestros PCs comunes, los extravíos o daños de información en nuestras memorias digitales portables, las actualizaciones de software urgente que los fabricantes de computadoras imponen a sus productos. Nuestro testigo será inmune a cualquiera de esos problemas.
Ni un bombardeo inmisericorde de fuerzas especiales del ejército colombiano, ni las bombas de los cazas estadounidenses en la para entonces arrendada base de Manta, podrán hacer que nuestro testigo virtual pierda un solo bit de cualquiera de sus miles de archivos ¿Qué más se le podría pedir a un testigo tan ideal?
Este testigo deja pequeña a la máquina virtual de Alan Turing (2) y merece sustituirla en todos los pensa de estudios universitarios. Por su capacidad para deducir crímenes, haría palidecer de envidia a Sherlock Holmes y no dudamos que esté revolucionando el derecho informático y todas sus anteriores tesis (3).
Casi nadie usará el cerebro para pensar en las incongruencias de cómo se obtuvieron y procesaron tales computadoras (4). Casi nadie sospechará que un computador es una máquina que no piensa, y que como tal, alguien lo programa, le coloca la información y la manipula a su conveniencia. Casi nadie advertirá que su supuesto dueño fue asesinado y no puede defenderse. Casi nadie solicitará que se verifique la coherencia de lo que indique nuestro testigo con otras fuentes de información -como se haría con cualquier otro testigo-. Casi nadie creerá que se trata de un testigo falso y de un engaño infantil, porque casi nadie entiende a cabalidad de computadoras ¿Qué más se le podría pedir a un testigo tan ideal?
Razón tenía entonces Blaise Pascal cuando expresó: “El hombre está dispuesto siempre a negar todo aquello que no comprende.”
Referencias:
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[1] Wikipedia. “Ley de Murphy”.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Murphy
[2] Wikipedia. “Máquina de Turing”.
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing
[3] Rivera Morales, Rodrigo. “Los medios informáticos: tratamiento procesal”
http://tinyurl.com/ykl6rzx
[4] Salazar, Alberto. “Las nuevas incongruencias en la seguridad digital del supuesto computador de Raúl Reyes”. Portal Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=77396
Fuente: chamosaurio
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La firma de inmunidad para los estadounidenses, por parte del Estado colombiano, es impunidad para los violadores… Uno de los violadores gringos le dijo a la madre de la niña violada: “Sí la violé. ¿Y? ¡Demándeme!… a nosotros no nos pueden hacer nada”… Ya van decenas de casos (conocidos) de niñas colombianas violadas por marines USA…en la impunidad.
La lucha de clases en Colombia está en el paroxismo más absoluto. Para preservar los privilegios de la oligarquía, y sobre todo el saqueo de los recursos que perpetran las multinacionales, el Estado colombiano ha implementado la guerra total contra la población: usando la Estrategia paramilitar y el Terrorismo de Estado, para desplazar a millones de personas, y acallar la reivindicación social. La última fase a la que asistimos horrorizados es la implantación de más bases USA en Colombia: 7 bases militares Usa más, que van a agredir aún más al pueblo colombiano, y a cimentar una posición geoestratégica en la región andino-amazónica.
La guerra en Colombia tiene un origen social y económico
Mujeres Colombianas rechazamos las bases de USA
Ante el saqueo y la correlativa represión por parte de las oligarquías, el Estado y las multinacionales, el pueblo colombiano ha resistido durante decenios. Las guerrillas nacieron por la necesidad del pueblo de salir del empobrecimiento, y ante la imposibilidad de reivindicar por la justicia social sin hacerse asesinar por el Estado o sus fuerzas Paramilitares (en los años 1940- 1960, los paramilitares masacraban campesinos para ensanchar los latifundios de la oligarquía, eran llamados los “pájaros”, y ya en aquella época trabajaban con la coordinación del ejército oficial de Colombia, y financiados por multinacionales, oligarcas, y con dinero público).
Durante decenios, el Estado colombiano, en vez de acceder a negociar una reforma agraria, y otros cambios estructurales en la sociedad (el reclamo de la guerrilla es reforma agraria y justicia social) ha preferido profundizar la guerra. Esta opción de profundizar la guerra ha sido una constante actitud de los diversos gobiernos de Colombia, siempre al servicio de los intereses de las multinacionales y la oligarquía, y bajo las directrices de Estados Unidos. La CIA, con formadores estadounidenses y del Mossad, ha implementado en Colombia la Estrategia paramilitar a gran escala. La herramienta paramilitar es utilizada por el Estado y el gran Capital privado para inyectar terror en la población, y paralizar así la reivindicación social, por ello usan métodos horrendos como el desmembramiento público de sus víctimas, para lograr aterrorizar a los supervivientes (1) y (2).
Ahora el gobierno de Colombia le ha dado la venia a USA para instalar 7 bases estadounidenses en Colombia. ¿Y qué más neocolonialismo que un gobierno que ha firmado con USA un tratado según el cual los nacionales de USA no podrán ser perseguidos ante el TPI (Tribunal penal internacional), por sus crímenes cometidos o a cometer en Colombia?
El Terrorismo de Estado en Colombia ha desplazado a más de 4 millones de personas mediante los militares y la Estrategia paramilitar. El Terrorismo de Estado en Colombia ha asesinado a todo un partido político: la Unión patriótica: más de 5000 militantes asesinados por el brazo paramilitar del Estado, o por sus cuerpos oficialmente asumidos. El terrorismo de Estado en Colombia ha encarcelado a más de 7.500 personas, criminalizando la reivindicación social. El Terrorismo de Estado en Colombia ha desaparecido a más de 50.000 personas. Se acaba de descubrir en Colombia la mayor fosa común de la historia reciente del continente, una fosa en la que el ejército colombiano ha estado enterrando personas desde el 2005 hasta hoy: ya se han contado 2000 cadáveres (3). Y es ese Estado Terrorista, quién llama a los marines para ayudarlo a luchar contra el “terrorismo”… es el mundo al revés. Neocolonialismo y Expolio. (4)
A continuación el video “Corriendo Bases”, de Botero y Telesur, que habla de las bases USA, a través de la trágica historia de las violaciones perpetradas por los marines USA en Colombia.http://www.youtube.com/watch?v=FXBw8LbRsT4
El video relata la historia de una niña violada por marines USA, que se la llevaron a la fuerza aérea de Melgar, en una camioneta con placas de la embajada de Estados Unidos: allí la violaron, filmaron un video, y la tiraron “como un perro”, testimonia su madre. La firma de inmunidad para los estadounidenses, por parte del Estado colombiano, es impunidad para los violadores… Uno de los violadores gringos le dijo a la madre de la niña violada:
“Sí la violé. ¿Y? ¡Demándeme!… a nosotros no nos pueden hacer nada”… Ya van decenas de casos (conocidos) de niñas colombianas violadas por marines USA…en la impunidad.
NOTAS:
(1) matar picando campesinos vivos: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3525024
(2) ‘H.H’ confiesa más de 3000 asesinatos; será extraditado para callar los nombres de autores intelectuales http://www.kaosenlared.net/noticia/paramilitar-confiesa-mas-3000-asesinatos-sera-extraditado-para-callar-
(3) http://www.lahaine.org/index.php?p=42954
(4) http://www.kaosenlared.net/noticia/democracia-colombia-bases-militares-usa-neocolonialismo-expolio
Fuente: la haine.org
Bajo licencia Creative Commons
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El alcance del paramilitarismo en los partidos uribistas
Durante los últimos tres años, las investigaciones adelantadas en Colombia por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación han empezado a demostrar una nueva dimensión de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las estructuras paramilitares, que confirman los nexos del Estado colombiano y el paramilitarismo, tal y como se ha reiterado en varias sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –COIDH- que ha declarado la responsabilidad del Estado Colombiano por violación a la Convención Americana . Estas recientes investigaciones visibilizan el alcance del paramilitarismo en la rama legislativa y como su accionar responde a una política sistemática y planificada desde los más altos niveles del Estado con el objetivo de consolidar un proyecto político y económico para los intereses de élites locales, nacionales y transnacionales.
El presente texto pretende dar cuenta del contexto y desarrollo de estas investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, además de la existencia de diferentes aspectos que los han afectado como la renuncia de los congresistas a su fuero como parlamentarios, las maniobras para deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia, la dilación de los procesos investigados por la Fiscalía General de la Nación, las amenazas en contra de los testigos de cargo, las extradiciones de los principales jefes paramilitares y los hostigamientos a la Corte Suprema de Justicia, entre otros aspectos. Igualmente, presenta un balance de condenas y absoluciones proferidas hasta la fecha de esta publicación. Por último, se incluyen como anexos los resultados de un seguimiento y recopilación de artículos de prensa de los procesos judiciales que se han desarrollado desde el mes de septiembre del año 2006 en contra de 133 congresistas y ex congresistas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo.
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- Obstaculos
- Anexo I
- Anexo II
En 2005 el alcance del paramilitarismo como proyecto nacional dentro de la legislatura comenzó a evidenciarse a partir de la afirmación realizada por el entonces jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, quien dijo que el 35 % de los miembros del Congreso eran ‘amigos’ [1], afirmación que después fue ratificada por el jefe paramilitar José Vicente Castaño Gil [2]. Luego, ante los medios de comunicación en 2008, Mancuso aseguró que más del 50 % del Congreso colombiano tenía nexos con el paramilitarismo [3]. Aunque no es objeto de este estudio, es importante recordar que estas alianzas entre funcionarios públicos y el paramilitarismo no se han limitado a miembros del congreso, sino también a otros servidores públicos locales [4]–funcionarios municipales y departamentales, alcaldes, concejales y diputados, que pertenecen a los mismos movimientos políticos de los congresistas investigados– hasta altos funcionarios del Gobierno actual [5] y la misma elección del presidente Álvaro Uribe Vélez en 2002, como fue confirmado por los jefes paramilitares Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, y Salvatore Mancuso Gómez, alias “Santander Lozada”, entre otros [6].
Durante los últimos tres años al menos 133 congresistas y ex congresistas han sido implicados con el paramilitarismo, lo que pone de presente el alcance del paramilitarismo en los partidos uribistas [7]. De estos congresistas, 71 han sido llamados a indagatoria [8], 50 actualmente están detenidos [9], 42 renunciaron a su fuero como congresista [10], 18 están en etapa de juicio [11], 13 aceptaron su responsabilidad por los cargos imputados y se sometieron a sentencia anticipada [12] y siete fueron condenados [13]. Por ejemplo, casi la totalidad de los miembros del Partido Colombia Democrática en el Congreso, fundado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, según su página oficial [14], tiene investigaciones abiertas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo [15], o el hecho de que los presidentes y directivos de los principales partidos uribistas tienen presuntos nexos con la estructura paramilitar, como son Álvaro Araújo Castro de Alas Equipo Colombia, Mario Uribe Escobar de Colombia Democrática-, Luís Humberto Gómez Gallo del Partido Conservador, Luís Alberto Gil Castillo de Convergencia Ciudadana, Carlos Armando García Orjuela del Partido de la U y Dieb Nicolás Maloof Cuse de Colombia Viva [16].
En la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada en marzo de 2009, la Fundación Nuevo Arco Iris presentó una información confirmando que entre el 25% y el 35% de los puestos de elección popular habían sido tomados por la estructura paramilitar. “De los siete partidos que hacen parte de la coalición uribista, existen cinco en donde la totalidad de sus candidatos son procesados por parapolítica. Actualmente, estos partidos siguen teniendo capacidad de influencia dentro de la escena política”, aseguró León Valencia, director de Nuevo Arco Iris [17].
Además por lo menos 11 de los reemplazos de los congresistas investigados por sus nexos con paramilitarismo a su vez enfrentan procesos en su contra por sus propios presuntos nexos con estas mismas estructuras, lo cual evidencia que nunca desarticularon estos lazos entre el Congreso y el paramilitarismo y en cambio se han mantenido vigentes hasta el día de hoy [18]. Tampoco se han tomado las medidas necesarias para evitar que en las próximas elecciones legislativas familiares o aliados políticos de estos congresistas aspiren a curules y mantengan estas alianzas con organizaciones criminales. Según informó la Revista Cambio, el 13 de agosto de 2009, existen múltiples casos en este sentido, incluyendo Arlet Casado de López (esposa del ex senador Juan Manuel López Cabrales), Araceli Olivares de Morris (esposa del ex representante Erick Morris Taboada), Teresa García (hermana del ex senador Álvaro García Romero), Hernando De La Espriella Burgos (hermano del ex senador Miguel Alfonso De La Espriella Burgos), Francisco Jattin Corrales (hermano de la ex representante Zulema Jattin Corrales) y Raimundo Méndez Bechara (heredero político del ex senador Reginaldo Montes), entre otros [19].
Ver informe completo y anexos en: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
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El Gobierno de Colombia oculta la violencia sexual
«Llegaron 500 paramilitares a la aldea, que se halla en territorio de la guerrilla. Mataron a muchachas, chicos, hombres y mujeres. No se nos permitió recogerlos y los perros se comieron los cadáveres. Ahorcaron a algunos niños y mutilaron sus órganos sexuales. Violaron a muchas mujeres».
«Un grupo de hombres armados nos echó abajo la puerta de casa mientras dormíamos. Ataron a mi padre a una silla. Me abrieron de piernas y me ataron una pierna a un armario y otra a la cama. Nos violaron a mi hermana y a mí».
Son dos de los brutales testimonios recogidos en un informe, publicado ayer, de la organización Intermón-Oxfam, que denuncia cómo todos los grupos armados del conflicto colombiano utilizan la violencia sexual como un arma de guerra con total impunidad.
«El Gobierno colombiano ha negado y silenciado este delito», dijo la investigadora Paula San Pedro, autora del informe.
Persistente negación
«La persistente ocultación y negación de este delito por parte del Estado ha permitido perpetuar un entorno de impunidad en el que este tipo de delitos ni se investigan ni enjuician, ni se castigan a los responsables», señala el informe.
El documento resalta cómo, lejos de ser esporádica, la violencia sexual es una práctica «sistemática y generalizada» que ha pasado a formar parte del conflicto armado.
San Pedro explicó cómo «las mujeres son un blanco en el conflicto y son violadas para causar el terror en las comunidades, provocar la huida de la población y conseguir objetivos estratégicos y militares», uno de los factores que define en el derecho penal el uso de la violencia sexual como arma de guerra.
«Todos los grupos armados cometen estos abusos: paramilitares, Ejército y guerrilla», señaló por su parte la directora de Estudios de la ONG, Irene Milleiro. Pero la falta de visibilidad y la impunidad han normalizado la práctica, condenando a miles de víctimas al olvido. La invisibilidad es tal, subraya Intermón, que no es posible decir cuántas mujeres han sufrido alguna modalidad de violencia sexual en cinco décadas de conflicto armado. No hay cifras oficiales al respecto.
Sólo 20 investigaciones
La periodista colombiana Jibeth Bedoya, que fue secuestrada y agredida sexualmente hace nueve años, citó estimaciones de varios estudios que cifran entre 12.000 y 14.000 el número de mujeres víctimas de violencia sexual en los últimos diez años en el marco del conflicto.
«Sólo hay 20 casos denunciados por las víctimas ante la Fiscalía. La desproporción es devastadora», dijo Bedoya.
A falta de avances por parte de la justicia colombiana para juzgar las violaciones de guerra, pronto será posible recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI). Colombia firmó una moratoria de siete años cuando firmó el Estatuto de Roma que creó el tribunal. «Esa moratoria, no renovable, termina el próximo noviembre y a partir de ahí la CPI podrá investigar los crímenes de guerra que en adelante se comentan en Colombia», señaló Milleiro.
«Tengo esperanza de que esto se mueva en la CPI», agregó Bedoya, víctima ella misma de la impunidad. En 10 años de investigación de su agresión, ninguna persona ha sido llamada a declarar, ni siquiera como testigo.
Fuente: Público.es
Bajo licencia Creative Commons
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