En el sector informático está bastante extendida la subcontratación ilegal: con el objetivo de abaratar costes y dividir a las plantillas, la empresa A subcontrata a la B, que incluso hace lo propio con la C. Es obvio añadir que en cada escalón las condiciones de los trabajadores son peores.
¿Pero aportan algún tipo de valor las subcontratas en este proceso? Cero. Su intervención es lisa y llanamente realizar el papel de ETTs, mercadeando y proporcionando personas al peso. A menudo sin llegar a poner nunca los pies en ‘su’ empresa y, a veces, sin saber ni cómo se llama. Se trata de las conocidas como ‘cárnicas’.
Los grupos de trabajadores están mezclados con otros de otras empresas, obedecen a superiores que trabajan en otra y son, en definitiva, indistinguibles de la cadena de mando de la empresa madre: estamos ante lo que se cataloga como cesión ilegal de trabajadores o prestamismo laboral.
A veces se entran en absurdos como que la empresa principal, en este caso HP, pague unas cantidades desorbitadas en comparación con que esos mismos trabajadores estuvieran incorporados en plantilla, alimentando capas parásitas de gerentes y directivos de terceras empresas. La #MarcaEspaña del empresariado de este país está para crear estos absurdos y más.
HP y las empresas Axpe, Rawson consulting, A&O Systems, AXIS IT, Solutio outsourcing, Zemsania, Invoin consulting, Sisnet sistemas, VASS consultoria, Innova estudi, Tenea tecnologias, NPR Software y Alten han sido sancionados con un total de 286506€ en sanciones que van desde los 6251€ hasta los 86251€ según la gravedad del caso. Desde la Sección Sindical de CGT en HP denunciamos esta situación ante Inspección de Trabajo quienes, junto a otra denuncia de CCOO, han decidido pronunciarse dando la razón en todos y cada uno de los puntos descritos.
Lamentablemente, la multa no obliga al cumplimiento de la Ley. Habiendo ignorado HP todo intento de acuerdo previo, el siguiente paso que se está realizando es la recogida de demandas individuales para que un juzgado obligue al cumplimiento estricto una vez probada la ilegalidad: incorporación a la empresa madre, con contrato laboral indefinido y la protección de tutela que se deriva de haber realizado un proceso judicial contra la empresa.
Fuente: lamarea
La ciudad inteligente o smart city es un nuevo modelo de gestión de los servicios básicos que está emergiendo en el panorama nacional y que se apoya en las TIC para la gestión y uso más sostenible y racional de los mismos. Eso significa eficiencia y, por tanto, ahorro, un tema nada baladí si tenemos en cuenta el complejo contexto económico social que vivimos, y que implica una fuerte contención presupuestaria e incluso recortes.
Según el informe Spain 20.20, la implantación de redes eléctricas inteligentes ahorrarían 11097 millones de euros; los sistemas inteligentes de producción ayudarían a lograr unos ahorros de 73853 millones de euros, mientras que los transportes inteligentes y servicios a personas, como e-health, e-learning y teleasistencia, supondrían ahorros de 94573 millones y de 122958 millones, respectivamente.
En la actualidad, hay cerca de 500 ciudades en el mundo con más de un millón de habitantes y se prevé que en el año 2050 otras cien más superen esta cifra. En menos de 40 años, se estima que las ciudades acojan al 70% de la población, lo que abre grandes retos para hacer frente a la eficiencia de estos espacios con gran densidad de personas. No hay duda de que esta creciente concentración de la población en los grandes núcleos urbanos plantea y planteará problemas energéticos y ambientales, y que la solución pasa por la necesidad de implantar un modelo sostenible (smart city) para la gestión de los servicios básicos de estas ciudades.
Y para ello nadie ya discute que será necesario realizar una digitalización de las ciudades. Mientras asistimos al incremento exponencial de la digitalización de la sociedad y de los servicios demandados por las personas y las organizaciones, la mayor parte de las grandes ciudades actuales tienen infraestructuras antiguas que se necesitan modernizar.
Este proceso de digitalización implicará el despliegue de infinidad de sensores y elementos activos, que igualmente van a multiplicar en varios órdenes de magnitud las necesidades de los servicios de comunicaciones. Todo ello conllevará la necesidad de una transformación del modelo de operación: se debe disponer de una gran capacidad de respuesta rápida ante escenarios críticos en las infraestructuras, que requiere detección temprana y un análisis integrado, un importante grado de automatización de las operaciones y una recuperación reactiva ante problemas, así como la necesidad de realización de operaciones masivas sobre áreas de la red. Aquí es donde precisamente entran en juego las tecnologías de información, articuladas en los sistemas de gestión de dichas infraestructuras.
Fuente: TICbeat
Foto cc Siemens Worklife
En 1991, España tenía un stock de inversión en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), el 10% del PIB, superior a la media de la Unión Europea y de los Estados Unidos (en torno al 9%). Sin embargo, en estos últimos 20 años se ha producido una importante brecha derivada de las prioridades en la inversión en nuestra economía poniendo el énfasis en el stock del ladrillo y la especulación, tal como se ha ido poniendo en evidencia en estos últimos años, en detrimento de las TIC. En efecto, de acuerdo con el informe Capturing the ICT Dividend: Using technology to drive productivity and growth in the EU , elaborado por la consultora Oxford Economics, vinculada a la universidad de Oxford (Reino Unido) , en la primera década del siglo XXI la economía estadounidense realizó un acopio de capital tecnológico hasta alcanzar un stock de TIC del 30% del PIB, frente a una media del 23% de los principales países de la UE. Sin embargo, España se quedó en algo más de un 16%, con un importante impacto en la disminución de la productividad del país.
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