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El Gobierno y los sindicatos de la Función Pública CC.OO., UGT, CSI-CSIF y CIG firmaron hoy un acuerdo que permitirá que los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) que cumplan determinados requisitos puedan teletrabajar hasta el 50% de su jornada laboral semanal, frente al porcentaje del 40% que se barajaba en la propuesta inicial del Ejecutivo.

Así lo explicó hoy el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, tras suscribir con los sindicatos un acuerdo sobre el funcionamiento del teletrabajo en la Administración General del Estado, acuerdo que se ha plasmado en un Real Decreto que el Consejo de Ministros aprobará esta misma semana o la próxima.

Aunque la norma comenzará su vigencia de manera inmediata, cada Departamento deberá negociar con los sindicatos el plan de actuación que permitirá implantar esta nueva modalidad de trabajo entre los funcionarios. El Ministerio calcula que en junio ya habrá personal de la AGE que esté teletrabajando.

La elección del teletrabajo será voluntaria y no implicará menos sueldo para el funcionario que se incline por esta modalidad laboral, cuyo éxito quedó demostrado con un programa piloto que puso en marcha el año pasado el Ministerio de Administraciones Públicas y en el que participaron más de un centenar de funcionarios, buena parte de ellos mujeres y muchos con hijos a su cargo.

El ámbito de aplicación de este decreto sobre teletrabajo será el de la Administración General del Estado, que comprende a unos 220.000 funcionarios, sin contar policías y militares, a quienes no afectará esta modalidad laboral.

En total, Sevilla calcula que unos 20.000 empleados públicos de la AGE se acogerán al teletrabajo, es decir, el 10% del total. El objetivo de esta medida, reseñó el ministro, es contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar dentro de la administración pública.

El teletrabajo en la administración está prohibido actualmente por el reglamento de horarios, donde se exige el trabajo presencial. El sistema voluntario que establecerá este decreto será mixto, es decir, que el funcionario tendrá que acudir a la oficina el 50% de su jornada semanal, pudiendo desarrollar el resto del trabajo desde casa o desde otro lugar.

Así, por ejemplo, un inspector de Trabajo que teletrabaje podrá enviar sus informes desde la empresa o la obra que ha ido a visitar, sin necesidad de pasar por la oficina, como ocurre en la actualidad. No todos los puestos se ajustan a esta forma de organizar el trabajo, de manera que los funcionarios que prestan asistencia en ventanilla no podrán solicitar una plaza para teletrabajar.

Sevilla se mostró convencido de que esta regulación del teletrabajo en la AGE «va a desencadenar» medidas similares en el resto de administraciones, tal y como ocurrió cuando se lanzó el Plan Concilia. De hecho, el Ministerio explicará esta iniciativa a las comunidades autónomas, una vez pasadas las elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo.

Junto a su intención de que se implanten medidas similares en el resto de administraciones públicas, Sevilla también manifestó su deseo de que este decreto abra un debate en el seno de las empresas privadas para dar mayor impulso a esta figura.

SATISFACCIÓN SINDICAL

En los mismos términos se expresaron los representantes sindicales. Desde CC.OO., Miguel Segarra, subrayó que éste será el primer decreto que, en el seno de las relaciones laborales, regule el teletrabajo, por lo que instó al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, a «tomar ejemplo» para promocionar esta modalidad laboral en las empresas privadas.

Segarra explicó que aunque el teletrabajo ha sido objeto de los acuerdos interconfederales de negociación colectiva firmados entre CC.OO., UGT y CEOE-Cepyme, apenas 10 de los 6.000 convenios que existen en España incluyen medidas relacionadas con esta materia. Entre ellos se encuentran el convenio de prensa diaria y el de la industria química.

Por su parte, la secretaria de la AGE de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Yolanda Palomo, destacó la «valentía» que ha demostrado el Ministerio de Administraciones Públicas para, junto a los sindicatos, adoptar medidas y acuerdos que suponen un «verdadero hito». «Hemos sido capaces de encontrar un texto que va a posicionar a esta administración en el siglo XXI», añadió.

Desde CSI-CSIF, su presidente, Domingo Fernández, se felicitó de haber conseguido con este acuerdo uno de los objetivos que Gobierno y sindicatos de la Función Pública se habían marcado en la declaración del diálogo social de septiembre de 2004. Asimismo, instó a trasladar estos acuerdos al resto de las administraciones públicas.

Por último, el representante de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Xaime Rey, aplaudió esta iniciativa, que calificó de «casi pionera», y dijo que con ella las nuevas tecnologías estarán al servicio de los individuos y no al revés.

Fuente: Europapress